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Consultoras
Campo y Ochandiano concentra el 40% del mercado de selección de personal de los entes públicos vascos
Durante la última legislatura, la Administración Pública Vasca ha gastado, al menos, 4,6 millones de euros en contratos con consultoras de selección de personal. La cifra asciende a 6,9 millones cuando la búsqueda se amplía a contratos realizados entre los años 2008 y 2023.
La plataforma por la transparencia Gardena ha investigado los contratos públicos destinados a este servicio, la selección de personal, que afectan a cargos de la Administración. El trabajo revela que este sector también ha sido monopolizado por una consultora mimada por el PNV, como Campo y Ochandiano, firma que facilita el acceso a cargos públicos a personalidades del partido y simpatizantes.
Solo los entes dependientes del Gobierno Vasco acumulan 5,4 millones desde el 2008, de los cuales 3,3 millones se concentran desde el 2019 hasta julio del 2023. La distribución del gasto por institución está encabezada por la entidad pública Eusko Trenbideak con cerca de 1,2 millones, la Sociedad Informática del Gobierno Vasco (EJIE) con 684.171 euros y la Agencia Vasca de Internacionalización con 600.792.
La consultora preferida
La consultora Campo y Ochandiano concentra el 40% del gasto total de los entes públicos vascos en materia de selección de personal. En total, más de 2,7 millones facturados desde 2008 a lo largo de más de 360 adjudicaciones públicas, la mayoría de ellas mediante contratos menores. En segundo lugar, figura Atlas Servicios Empresariales (anteriormente ADECCO), con 900.000 euros, y en tercera posición ieTeam Consultores, con 600.000. La directora de Internacionalización de esta última es Leire Iturbe, cuñada de Alexander Arriola, exdirector de la Spri que ahora trabaja en la empresa privada Eurocybcar, contratista precisamente de la entidad pública Spri.
Gardena considera “llamativo” que “una consultora de selección con una media de tan solo 8 empleados (cifra que no ha experimentado crecimiento desde el 2019)” pueda “abordar todos los procesos de selección que le son encomendados”.
La cifra de Campo y Ochandiano podría ser muy superior, ya que no todos los entes públicos registran sus contratos en los Portales Oficiales de Contratación. Según Gardena, comparada con empresas similares de su sector, “Campo y Ochandiano se dispara en cuanto a los criterios de Margen y Rentabilidad. Por el contrario, “la Solvencia (parámetro clave en los procesos de adjudicación público) o el Endeudamiento no son, claramente, sus puntos fuertes”. Gardena considera “llamativo” que “una consultora de selección con una media de tan solo 8 empleados (cifra que no ha experimentado crecimiento desde el 2019)” pueda “abordar todos los procesos de selección que le son encomendados”.
Gardena advierte que “no son pocas las ofertas de empleo público que se publican sin cumplir con la normativa vigente en cuanto a publicidad, lamentablemente también son prácticas habituales la ambigüedad en la definición de los perfiles o la omisión de los criterios que regirán la baremación de méritos”.
La plataforma por la transparencia también denuncia que “todo proceso de concurrencia competitiva que se celebre en una institución pública debe regirse por los principios de Igualdad, Mérito, Capacidad, Transparencia y Seguridad Jurídica.” Sin embargo, indica, “muchos procesos de selección de personal público acaban pareciendo un Réquiem por dichos principios en vez de en los garantes de su cumplimiento”. Y concluye: “ofertas con perfiles que parecen definidos ad hoc, a las que no son pocas las candidaturas que se presentan y que, pese a cumplir con los requerimientos, son descartadas, sin pruebas adicionales y sin argumentar motivación alguna”.
La plataforma apoya estas declaraciones con un dato relevante: si te presentas a una oferta de Metro Bilbao, de las Autoridades Portuarias de Bilbao o de Pasaia o a alguno de los Parques Tecnológicos de Euskadi, tienes un 100% de probabilidades de que la empresa que lleve a cabo el proceso de selección sea Campo y Ochandiano.
Las polémicas selecciones de Campo y Ochandiano
Hace algunos meses, José A. del Moral recordaba en Crónica Vasca que el exburukide Asier Atutxa, ahora al frente de la consultora PWC en el área Norte, empezó a trabajar en la empresa de su mujer y, con menos de 30 años, se colocó como flamante director de recursos humanos del recién inaugurado Museo Guggenheim en 1997. Esta contratación generó polémica y obligó al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas a investigar lo que había ocurrido en lo que aparentaba ser un “enchufazo”. Para ello pidió toda la información a la agencia que se había encargado del proceso de selección, Campo y Ochandiano, y la consultora respondió que la había destruido, por lo que no se pudo comprobar si alguno de los otros 200 candidatos estaba mejor capacitado que Asier Atutxa.
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha reprochado en varias ocasiones algunos de estos servicios contratados con Campo y Ochandidano y el Ararteko lleva varios años recibiendo denuncias por supuestas irregularidades en procesos de selección encargados a esta consultora.
Si te presentas a una oferta de Metro Bilbao, de las Autoridades Portuarias de Bilbao o de Pasaia o a alguno de los Parques Tecnológicos de Euskadi, tienes un 100% de probabilidades de que la empresa que lleve a cabo el proceso de selección sea Campo y Ochandiano.
Asier Atutxa estuvo acompañado en el museo vasco de un viejo conocido de su familia. Fernando Ordorika, exertzaina que ejerció de escolta del consejero de Interior Juan Mari Atutxa, fue coordinador de Seguridad del Guggenheim cuando Asier Atutxa ejercía de jefe de personal del museo. El proceso de selección para el puesto en el área de Seguridad también había sido encargado a la consultora Campo y Ochandiano. En 2014, Ordorika fue seleccionado de nuevo por Campo y Ochandidano como Jefe de División de Protección en la Autoridad Portuaria de Bilbao, con Asier Atutxa en la presidencia del Puerto.
Mientras la consultora preferida por la Administración Pública venía eligiendo personalidades del PNV para ocupar cargos públicos, coincidiendo con el octavo día de huelga de los orientadores y orientadoras del Museo Guggenheim, los huelguistas conocieron en agosto del 2016 que serían despedidos. Denunciaron entonces que no tendrían oportunidad de participar en el nuevo proceso de contratación encargado a Campo y Ochandiano, “muy vinculada al Patronato del museo”.
Un caso significativo de los resultados de este tipo de procesos de selección encargados a Campo y Ochandiano data del año 2015. Por entonces, la Fundación Euskadi Kirolak abrió un proceso selectivo para coordinador de la entidad al que se incorporaron 183 aspirantes. Entre los cuatro primeros elegidos por la consultora se encontraban: Olatz Legarza, exteniente alcalde de Kortezubi por el PNV; Sabin Anuzita, exedil jeltzale en el Ayuntamiento de Bilbao que se había incorporado a la empresa privada Tecuni, a su vez contratista del consistorio bilbaíno; e Iñaki Mujika, miembro de la candidatura nacionalista al Ayuntamiento de Artea.
Condenados por corrupción, seleccionados
El exburukide Koldo Ochandiano, condenado en 2019 por su participación en la trama de corrupción denominada “caso De Miguel”, había fichado como contable en una entidad pública, el parque tecnológico de Miñano, tras superar un proceso de selección a través de Campo y Ochandiano. Pese a la condena, Koldo Ochandiano siguió manteniendo su puesto de trabajo hasta enero de 2023. No es el único jeltzale condenado por corrupción que accedió a un cargo público a través de Campo y Ochandiano.
En 2011, EH Bildu criticó la contratación de Sorkunde Aiarza, exalcaldesa de Zamudio por el PNV condenada a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación cuando era coordinadora del Museo de Reproducciones de Bilbao, puesto de trabajo que sigue ocupando en la actualidad. El PP fue más allá y denunció los criterios de selección aplicados por la consultora Campo y Ochandiano, “siempre la misma” añadió. Además, el PP llegó a afirmar que varios candidatos “están francamente cabreados, pero no pueden protestar porque entrarían a conformar la lista de los descartados a priori”. Seis años después, en 2017, EH Bildu volvía a denunciar posibles contrataciones irregularidades en torno a un proceso de selección de un técnico o una técnica de comunicación a la Entidad Bilbao Bizkaia Museoak a través de una oferta publicada en prensa por la empresa Campo y Ochandiano.
Ochandiano, condenado por su participación en la trama del “caso De Miguel”, había fichado como contable en una entidad pública tras superar un proceso de selección a través de Campo y Ochandiano.
Toda la oposición en Juntas Generales de Bizkaia (EH Bildu, Podemos, PP y Grupo Mixto) coincidieron en poner bajo sospecha el proceso de selección para un puesto en la entidad pública Zugaztel, encargado en el año 2016 a Campo y Ochandiano. La consultora eligió como candidata a una edil del PNV en Loiu, Ana María Soto. Hay que reseñar que en las Juntas Generales de Bizkaia se ha requerido en varias ocasiones información sobre diversos procesos de selección contratados con Campo y Ochandiano.
En el sector privado, Campo y Ochandiano también ha protagonizado polémicas en procesos de selección de personal. En el año 2000, los sindicatos de Tubacex la acusaron de actuación discriminatoria contra las mujeres. Cuando Confebask decidió en 2010 que el proceso interno para sustituir a su director general fuera por invitación directa, este criterio aplicado por la empresa adjudicataria del servicio, Campo y Ochandiano, permitió que “la primera nómina de candidatos seleccionados reflejara”, según palabras del diario El País, “una significativa mayoría ligada a opciones nacionalistas”.
Dispendio a costa del erario público
El gasto público en contratación de consultoras de selección de personal ha generado iniciativas en el Parlamento Vasco. Por un lado, el parlamentario Josu Estarrona (EH Bildu) ya solicitó la información sobre el gasto de los entes públicos dependientes del Gobierno Vasco en Consultoras de Selección externas para sus procesos de selección entre los años 2008 y 2018.
Según el análisis realizado por el periodista Iker Rioja en torno a la respuesta del Gobierno Vasco a la pregunta parlamentaria, “la cuota de mercado de Campo & Ochandiano crece, además, cuando la que hace el encargo es una sociedad dependiente de un Departamento con un consejero del PNV”. El 66% de la facturación de la empresa procedía de adjudicaciones realizadas por los nacionalistas vascos.
De hecho, el proceso de selección era mucho más económico y, en ocasiones, incluso gratuito si lo gestionaba el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) o el Instituto Vasco de la Administración Pública (IVAP). Este tipo de polémicas generadas por la contratación de la consultora han traspasado las fronteras vascas. A finales del año pasado, los costes para el erario público de los servicios de Campo y Ochandiano generaron preguntas parlamentarias y titulares de prensa en La Rioja.
En 2011, el sindicato LAB ya había denunciado “el dispendio que supone convocar una nueva selección de empleados” a través de Campo y Ochandiano” “cuando ya existe una bolsa de trabajo” en Metro Bilbao.
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Ojalá hiciesen algún programa de investigación sobre este tema, da igual a lo que el candidato se inscriba: hace entrevistas, pierde el tiempo, nunca recibe respuesta. Es vox populi y ninguna autoridad hace nada por pararlo, de vergüenza.
Gracias a la periodista por sacar este tema, que a nivel local, es un secreto a voces. Hay otras consultoras locales, algunas de ellas ya se mencionan, que hacen uso de prácticas similares; aunque ninguna de forma tan descarada como C&O.
Que a día de hoy, todavia se siga con este tipo de prácticas corruptas y además sabiendo de donde vienen como se gestionan quienes las encauzan para que el final de la adjudicación sea el requerido por la entidad que contrato a la empresa osea el Gobierno Vasco no tengamos una entidad que inmediatamente paralice este desastre que beneficia a los caciques y no a la población en general gestionando las arcas públicas como sí fuera su Cortijo. Ya basta de tanta impunidad y hagamos públicos dichos actos de corrupción institucional