No son las terroristas quienes amenazan nuestra democracia

Tras los atentados terroristas de Barcelona, uno de los puntos más polémicos ha sido la identidad y el papel de las abogadas que defienden a los presuntos terroristas detenidos.

concentracion atentado barcelona
Concentración en Las Ramblas tras los atentados del 17 de agosto. Dani Gago
Socio y abogado de Red Jurídica Cooperativa

publicado
2017-09-13 08:30:00

"Vine buscando jueces, pero solo veo fiscales"
Raymond de Sezesi


Un Irma en la orilla de nuestro Estado de Derecho. Y como suele pasar, venía fraguándose en mar abierto desde hacía ya mucho. Tras los atentados terroristas de Barcelona, uno de los puntos más polémicos ha sido la identidad y el papel de las abogadas que defienden a los presuntos terroristas detenidos. Una situación similar ya había ocurrido con los atentados del 11M de 2.004 y su posterior juicio. En ambos casos medios de comunicación, cargos políticos y administrativos, y muchas ciudadanas, y no solo del ámbito conservador, han puesto en duda la catadura moral de las letradas por el mero ejercicio de su profesión,han hecho comparaciones perversas y de manera más que generalizada, se ha vinculado directamente el ejercicio de la abogacía con la complicidad "a posteriori" de estos crímenes.

Así que aprovechamos este vendaval y la oportunidad que nos da este nuevo Blog para reafirmanos y proclamar a los cuatro vientos (huracanados de más de 200 km/h) una idea fundamental a la que no podemso renunciar: El mayor enemigo de la democracia no es el terrorismo, sino el autoritarismo del Estado. Un país cuyo gobierno utiliza la alarma que los atentados han provocado en la sociedad para reducir las libertades y garantías de sus ciudadanas es infinitamente más peligroso que cualquier atentado, porque la concentración de poder en el Gobierno dinamita de raíz la separación de poderes y con ello la posibilidad de asegurar el respeto a los derechos de sus gentes.

Los valores democráticos que inspiran nuestra sociedad (aun estando a años luz de ser una plena democracia, entendiendo la democracia como un proceso y no un estado fijo o definitivo) no se han obtenido mediante concesiones graciosas y benevolentes del Poder. Ni siquiera luchando contra amenazas exteriores, como sería ahora el terrorismo. No, nuestros derechos y libertades se han conquistado arañándolos centímetro a centímetro y de trinchera en trinchera a todos esos reyes, dictadores y gobiernos que consideraban que su opinión personal, inspirada por gracia divina o castrense, bien merecía imponerse por la violencia a sus súbditos.

Por eso los ataques a la propia profesión de la abogacía suponen un paso más para erosionar el Estado de Derecho. No podemos poner en entredicho la universalidad, igualdad e incondicionalidad del derecho a la defensa. Al deber que tiene el Estado de investigar, enjuiciar y sancionar a las ciudadanas que hayan cometido un delito, cualquier delito, se le opone el derecho que tiene toda persona de combatir dicha acusación.

La jurisprudencia estadounidense, que desarrolló en su origen este concepto, lo proclama en su Quinta Enmienda: "Ni la vida ni la libertad ni la propiedad pueden quitársele a un ciudadano sin un proceso debido". En Europa lo hemos denominado “derecho a un proceso equitativo” y lo hemos recogido el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En España el "derecho a la tutela judicial efectiva" es nuestro art. 24 de la Constitución y el derecho de defensa forma parte inescindible e imprescindible de él.

Es que no puede haber juicio justo si el Estado, una de las partes en el proceso, ha gozado de mayores facilidades, mayores recursos y mayores privilegios legales para hacer valer su pretensión de acusar. Sin una defensa con garantías y medios no hay contradicción en un juicio; sin contradicción ese juicio no puede ser justo porque la sentencia estaría determinada de antemano; y sin un juicio justo, nuestra concepción de Estado de Derecho se desmorona y acabamos cediendo a la arbitrariedad del Gobierno o de los Jueces para condenar sin pruebas.

En este marco, defender a una persona, independientemente de quién sea o qué delito haya cometido, solo contribuye a afianzar nuestra democracia y nuestros valores. Asegurar sus derechos, y muy particularmente el derecho de defensa, a quién por ciertos actos se ha colocado al margen de la democracia, es precisamente el gesto que revela que nuestro sistema es mejor que sus ideas autoritarias. ¿Qué ideas autoritarias? Las del acusado, pero también las del Estado.

Bajo estos vientos mediáticos huracanados en que nos bombardean con mensajes de que hay delincuentes con derechos y delincuentes tan terribles que ni siquiera merecen derechos, hemos de mantenernos firmes y serenos y rechazar en voz alta las modificaciones legales que restrinjan el derecho de defensa de las ciudadanas, empezando por un paso fundamental: Proteger a las abogadas que con su trabajo diario se interponen como un escudo entre el ciudadano y la maquinaria inexorable y aplastante del Estado. Defiendan a quien defiendan.

Hemos de reconquistar, nuestros derechos. Dentro y fuera de los estrados.

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