Catalunya
Un ahorro de hasta 495 euros al mes con la nueva ley de regulación de alquileres

De 515 a 1010 euros. Ojalá los salarios se incrementaran también un 96% en siete años, como el alquiler. Pero no. Los sueldos continúan depreciados tras la crisis de 2008, mientras los arrendamientos siguen disparándose a bordo del bólido de la gentrificación y los fondos buitre. Sobre todo, en Barcelona. La ley aprobada el 9 de septiembre por el Parlament de Catalunya, auspiciada por el movimiento social Sindicat de Llogateres, paralizará el alquiler de Diana Virgós, una joven que, junto con su pareja y el Sindicat, se plantó frente a las presiones del fondo buitre Vivenio que pretendía aumentarle el alquiler un 46% en 2020 y elevarlo hasta el 96% en 2023. 

Lejos queda 2017, ese año en el que las cajas de sardina aún se podían pagar a duras penas, compartiendo lecho y sueldos. 39m2 a 515 euros, en el centro de Barcelona, el barrio de El Raval. Entonces, Diana Virgós tenía 24 años y muchas ganas de emanciparse. Se olía que aquella vieja fábrica rehabilitada en 2007 para ofertar 48 apartamentos en alquiler gestionados por Solvia podía terminar fagocitada por un fondo buitre. Así ocurrió en 2018, por Vivenio, una Socimi patrimonial.

Virgós firmó el contrato el 31 de agosto de 2017 por una duración de tres años. Vencía hace once días. El 9 de junio, la nueva titularidad del edificio le envió un burofax que venía a decir que, o bien abandonaba el piso el 31 de agosto, o bien aceptaba un incremento del 46% en el alquiler durante los siguientes tres años (750 euros, incluyendo las costas de la comunidad, el IBI y un seguro de arrendamiento) y del 96% a partir del cuarto (1.010 euros).

El BOE del 7 de julio la salvó: ampliaba el plazo de dos a seis meses tras el fin del estado de alarma para otorgar una prórroga de medio año a los contratos vencidos durante ese periodo. Ya tenía la respuesta que necesitaba: su contrato de alquiler seguía vigente hasta febrero de 2021, previa notificación a la propiedad. 

Mientras decidía qué hacer, Virgós encarteló la escalera, tocó la puerta de sus vecinas y habló con todas las que pudo. Encontró a una en su misma situación, que ya había aceptado vía web la subida de alquiler. El portero tuvo que arrancar los carteles y llamar a la empresa propietaria. Al día siguiente, la inquilina recibió una llamada de la entidad que gestiona los alquileres del fondo buitre: le ofrecieron una rebaja de la subida, hasta dejarla a 700 euros al mes los tres primeros años y matizar algunas cláusulas abusivas del contrato, como pagar una mensualidad por año si marchaba antes de 2023.

—Todo esto si te dejas de hacer presiones y poner papeles por ahí —añadió la voz al otro lado del teléfono. Virgós se hizo “la longuis” y pidió que le mandaran la propuesta por escrito. No le llegó jamás. 

Asegura que algunos de sus vecinos se han afiliado al Sindicat de Llogateres y que, en el grupo de whatsup que crearon tras la reunión, van comentando la jugada. 

La semana que viene celebrarán otra reunión en la escalera. Se palpa la inquietud ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional tumbe la ley catalana. Precedentes no faltan. De momento, el presente está de su parte.

Las vecinas que firmaron contratos de alquiler a partir de 2018, que ya pagan entre 700 y 800 euros, tendrían derecho a negociar una bajada de su alquiler hasta los 630 euros, según establece la nueva normativa

Día histórico en la lucha por la vivienda: Catalunya aprueba la ley que regula los alquileres

Martín Cúneo

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Catalunya

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Después de más de un año de trabajo legislativo y muchos más años de presiones desde la calle, Catalunya se suma a los territorios europeos más avanzados en la regulación del precio de los alquileres. Tras el bloqueo inicial de JxCat, las negociaciones de última hora han dado resultado y la ley ha sido aprobada este 9 de septiembre.

Aprobación histórica

La ley catalana de regulación de los alquiles fue aprobada el pasado miércoles en el Parlament después de tres años de negociaciones. Sitúa a Catalunya en la vanguardia del Estado a la hora de proteger a los vecinos frente a las empresas que obtienen sus beneficios de la especulación inmobiliaria. El Partido Popular y Ciudadanos han anunciado que recurrirán la norma ante el Tribunal Constitucional. La ley establece topes a los grandes tenedores en los municipios con más habitantes de Catalunya. En el caso del edificio del Raval donde vive Diana Virgós, las personas que firmaron contratos de alquiler a partir de 2018, que ya pagan entre 700 y 800 euros, tendrían derecho a negociar una bajada de su alquiler hasta los 630 euros, según establece la nueva normativa, que toma como referencia un índice de alquiler público. 

Es decir, en el caso de que la propiedad no amplíe el contrato firmado en 2017 de tres a siete años, según la ley actual de 2019, el apartamento de Virgós tampoco podría salir al mercado al precio que solicita Vivenio.

“Cuando se aprobó la ley, estábamos fuera del Parlament y sentí unas ganas enormes de abrazar a las compañeras”, recuerda Virgós. La austeridad emocional impuesta por el covid la contuvo, pero desde ese día duerme más tranquila. Cuando recibió el burofax, se planteó mudarse, pero los gastos de la fianza de un nuevo piso, los honorarios de la inmobiliaria (el 10% de la anualidad) y, en algunos casos, los gastos de formalización del nuevo contrato (300 euros) elevan la búsqueda de piso en la ciudad condal a 3.500 euros. Optó por quedarse y luchar, “lo que no esperaba encontrar es una escalera tan combativa”, explica orgullosa. 

En 12 años, el precio del alquiler en Barcelona ha aumentado un 43,6% (979 euros de media). Según el Observatori d'Emancipació Juvenil, el porcentaje del salario que un joven debe destinar a alquilar un piso en Catalunya en 2019 se sitúa en un 119,7%. Las cuentas no cuadran.