Brasil
Brasil sigue cayendo

La incerteza, qué sensación jodida. Brasil hoy es el país de la incerteza. Se ve en la calle, hablando con la gente. Desesperanza, descreimiento, apatía. Desde que un golpe parlamentario destituyó a la presidenta Dilma Rousseff en 2016, el país se embarcó en una desnacionalización neoliberal profunda, y en una grave crisis política que no parece tener perspectivas aún de resolverse. La crisis económica ya venía de antes, pero el Gobierno de Michel Temer no ha logrado revertirla. En el único lugar donde la economía mejora es en las páginas y en las pantallas de la Red Globo.

Entre tantas otras cosas, el Gobierno y su base aliada en el congreso congelaron las inversiones estatales por 20 años, aprobaron una reforma del trabajo que flexibilizó radicalmente los derechos laborales, recortaron planes sociales y entregaron el mayor yacimiento petrolífero de Brasil al capital transnacional.

Ahí había una certeza: la persona indicada para parar ese desmonte es Lula. Apoyado por casi la totalidad de las fuerzas progresistas del país, al expresidente (2003-2011) las encuestas lo dan como el candidato preferido de los brasileños en todos los escenarios. En medio del descreimiento y la apatía total hacia la política, es el único político que todavía consigue tocar alguna fibra en el pueblo, y despertar esa mística que va del endiosamiento a lo terrenal. Está recorriendo el país en ómnibus, y ha reunido multitudes. Pero no la tiene fácil.

de tribunales

El expresidente Lula fue condenado en primera instancia a nueve meses de prisión por el juez Sergio Moro, “héroe nacional” de los movimientos que defendieron el impeachment y quieren al petista preso. El delito alegado es el de corrupción pasiva y lavado de dinero, en un caso que incluye la supuesta compra y reforma de un apartamento en Guarujá, ciudad costera del litoral de São Paulo, que la empresa OAS habría dado a Lula a cambio de favores en contratos con la petrolera estatal Petrobras. El proceso fue a medida de los deseos de la televisión, y llegó a incluir la conducción coercitiva de Lula para declarar —con la Policía invadiendo su casa a las seis de la mañana— aunque él habiendo dicho que concurriría a declarar en cuanto fuese convocado; grabaciones ilegales entre él y sus abogados, interceptación de conversaciones con Dilma Rousseff, entre otras.

El miércoles 24 de enero, el Tribunal Regional de la 4ª Región, confirmó en segunda instancia la condena, y pidió el aumento de la pena a 12 años. El Frente Brasil de Juristas por Democracia, que incluye a un gran número de juristas que denuncian que en Brasil se ha instalado un “estado de excepción”, publicó un documento divulgado por el periódico Brasil de fato en el que afirman que “Lula fue condenado por el contenido de delaciones de empresarios de la construcción acusados y condenados por la Lava Jato, que cambiaron sus versiones y pasaron a citar al expresidente. Esto es ilegal porque los relatos de colaboraciones premiadas solamente pueden ser usados como fundamento para sentencias si están acompañados y validados por otras pruebas, como documentos”.

Y agregan: “El punto central de la acusación contra Lula es que él habría recibido un apartamento a cambio de beneficiar empresas de construcción civil en contratos con la Petrobras. El inmueble sería fruto de dinero desviado. Pero no se demostró cómo el dinero habría sido desviado, ni se comprobó ninguna relación de Lula con la Petrobras en ese sentido”. Nacional e internacionalmente el fallo ha sido más cuestionado que celebrado. Para William Nozaki, profesor de Ciencias Políticas y Economía en la Fundación Escuela de Sociología y Política de São Paulo, dijo a El Salto que “esta condena abre una nueva fase del golpe. En un primer momento transitamos una judicialización de la política, y ahora pasamos a un segundo momento en el que el activismo jurídico adquirió un grado tan intenso que podemos llegar a pensar en una politización del poder judicial, que adquirió un protagonismo exacerbado, y explicitó la parcialidad del proceso”.

En una nota oficial después del resultado, el Partido de los Trabajadores (PT) publicó una nota en la que afirma que el resultado del juicio “configura una farsa judicial” que confirma el “vínculo político-partidario de sectores del sistema judicial, orquestado por la Red Globo y con el objetivo de sacar a Lula del proceso electoral”. El jueves 25, en una reunión ampliada de la Comisión Ejecutiva Nacional del partido, fue confirmada la precandidatura de Lula, que hay plazo hasta el 15 de agosto para inscribir oficialmente.

De urnas

Para Michel Neil, politólogo y doctor por la Universidad de Brasilia, Lula tiene dos opciones. La primera: llevar al límite legal su supuesta inviabilidad electoral, presentando recursos para refrendar su candidatura. Pero esa “es una opción arriesgada, porque él sabe que en términos institucionales la chance es casi nula”, dice Neil, pero explica: “Lo que consigue es postergar y darse respiro haciendo ruido, y Lula haciendo ruido incomoda mucho. El mercado se incomoda con Lula independiente de si él puede ser o no candidato, se incomoda con Lula hablando. Mismo adentro de una celda él consigue hacer campaña”.

Pero llevar al límite esta opción, argumenta Neil, “puede llevar al PT al aislamiento. Y en Brasil, así como no se gobierna solo, no se ganan elecciones solo”. La segunda opción es la del plan B. En la presentación de la candidatura, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, dijo: “Ellos (los grandes medios) quieren implantar esa discusión del plan B dentro del partido para debilitarnos, para restarnos fuerza”. Para el PT, “la elección sin Lula no existe”. Neil: “Lula es un político pragmático. Por más de que su discurso adhiere al sentimiento de buena parte de la sociedad, siempre fue pragmático y actuó así durante los ocho años de gobierno”. Por eso, explica, “él siempre va a decir que es candidato, que no tiene por qué refrendar una decisión del poder judicial, pero en la práctica él ya está movilizándose para poder trabajar un plan B”.

Un fantasma que aparece en escena es el de Jair Bolsonaro, un militar de ultraderecha, homofóbico, racista, misógino, entre tantos etcéteras. Neil analiza que Bolsonaro “está en un extremo del espectro político en que no divide votos con mucha gente”, por lo que “teóricamente, si su candidatura no se deshidrata durante la campaña, es un candidato competitivo para ir al segundo turno”. Pero afirma: “Suerte de quien vaya contra él, porque Bolsonaro no da garantías de nada, ni institucionales ni democráticas, de funcionamiento mínimo”. La izquierda votaría contra él, la derecha de centro, la derecha pragmática. Es un poco lo que acontece en Francia con Le Pen, compara. Este “quizás sea el escenario de mayor imprevisibilidad desde la elección de 1989. Estamos a nueve meses de la elección y ni siquiera tenemos seguridad acerca de los candidatos”, cierra.

De calles

Los movimientos populares y sindicales apoyan en pleno la candidatura de Lula. Se han movilizado en todo el país, y dicen que lo seguirán haciendo. Montaron un campamento en Porto Alegre en el que estuvieron hasta que se realizara el juicio. En ese contexto, João Pedro Stedile, coordinador del Movimiento Sin Tierra (MST), dijo que “Lula dejó de ser el candidato del PT, porque quien decidió que Lula va a ser candidato es el pueblo”. Para Nozaki, más que nunca es necesario un dialogo entre el campo progresista para intentar rearticular la idea de un “frente amplio en defensa de la democracia”, una unión de fuerzas “en torno a un programa que tenga como foco el debate de la soberanía popular, y el crecimiento económico con justicia social y política”.

La fijación del día 24 de enero como fecha del juicio contra Lula aceleró el calendario jurídico, e impuso una aceleración del calendario político en el país, que arranca a funcionar después del carnaval. Pero otra fecha acelera el panorama, el 19 de febrero, fecha que el Gobierno marcó para votar la reforma jubilatoria. Temer volvió del Foro Económico Mundial en Davos con la reforma jubilatoria con esa prioridad, iniciar las gestiones en los bastidores para conseguir los votos necesarios, un proceso que se ha normalizado en base a compras de votos, intercambio de favores, medidas provisorias y liberación de ministros para votar.

Temer ha dicho que la reforma es urgente para que el país no quiebre y para equilibrar las cuentas públicas. Sin embargo, en los movimientos para intentar aprobarla a fines del año pasado, el gobierno federal desembolsó cerca de 14 billones de reales a cambio de votos, es decir, “ayudas” a Estados, a intendentes y alcaldes, y benefició a la “bancada ruralista”, representante del agronegocio en el Congreso, con perdón de deudas. Lo mismo hizo para que el Congreso detuviera los procesos que lo investigan por corrupción. Para Nozaki, “la correlación de fuerzas puede cambiar en el proceso de aprobación de la reforma jubilatoria —quizá la medida más polémica del Gobierno— y es necesario mantener e intensificar la oposición del conjunto de los trabajadores. La fecha de votación será el primer termómetro para medir la fuerza de la resistencia popular, que será fundamental para el futuro —todavía incierto— del país.

*Al cierre de esta edición, la Justicia retuvo el pasaporte del expresidente, que iba a viajar a un debate en la ciudad de Adis Abeba, en Etiopía, donde participaría en un debate de acciones de combate al hambre.