Brasil
El Gobierno Lula, prisionero de las maniobras del Congreso brasileño

Este sábado 1 de febrero se efectuó la elección del nuevo presidente del Senado y de la Cámara de Diputados de Brasil. El electo para el Senado casi por unanimidad fue Davi Alcolumbre, del Partido Unión Brasil, que obtuvo 73 votos de un total de 81 senadores. Y para presidir la Cámara de Diputados fue escogido el candidato notoriamente favorito, Hugo Motta, del Partido Republicanos, con 444 de un total de 513 votantes. Lo que también es un hecho indesmentible es que, ya desde antes de la proclamación de ambos candidatos, las demandas y presiones que sobre el Gobierno ejerce el grupo de partidos que domina ampliamente el Congreso Nacional —el llamado Centrão—, se va a profundizar ahora que se conocen los resultados de la última contienda.

En efecto, los líderes del Centrão celebran este triunfo como una clara demostración del poder ampliado que poseen sobre el Gobierno para aumentar su influencia sobre los fondos públicos, precisamente en un momento de caída de popularidad del presidente Lula.

La composición del Congreso Nacional ha sido francamente adversa para Lula, debiendo ampliar la base de su administración a partidos de derecha que hasta hace muy poco formaban parte del Gobierno Bolsonaro

Se prevé que la actual gestión deberá realizar un ajuste ministerial en los próximos días. En ese contexto, los nuevos presidentes del Senado y de la Cámara, ya comenzaron a discutir los posibles escenarios de un rediseño del Gobierno con la retomada del control sobre las enmiendas parlamentarias y la distribución de cargos ministeriales.

El argumento de los líderes de la Cámara es que solo van a negociar con el presidente Lula, pues es él quien tiene la discrecionalidad de decidir al final los cupos ministeriales que reivindican los miembros del Centrão. A pesar de que el cargo de Alexandre Padilha, del Partido de los Trabajadores, cuenta con el pleno apoyo de Lula y es parte del andamiaje institucional, los diputados no reconocen su legitimidad para realizar las negociaciones sobre el futuro de la composición ministerial.

Ahora fortalecidos con esta holgada victoria, los líderes del grupo han pasado a defender un viraje radical en la estructura de la administración actual, que puede incluir una reducción del peso del PT en las decisiones emanadas de la coordinación del Gobierno.

Ellos también le hicieron llegar al Palácio do Planalto la información de que prefieren que en esta negociación no participen los líderes de los partidos de la amplia coalición, sino que los acuerdos sean realizados directamente por los presidentes de ambas Casas del Congreso Nacional. Para ello, se sabe que existe un esquema con todos los cambios propuestos para la reforma ministerial, con candidatos marcados para asumir los nuevos cargos, todos de partidos de derecha que, hasta hace poco tiempo atrás, habían formado parte del anterior Gobierno Bolsonaro. 

En un acto de chantaje político directo, descarado y sin escrúpulos, los líderes del Congreso vienen señalándole al Gobierno que esa es la única manera de mantener los actuales equilibrios de fuerzas entre ambos Poderes del Estado, lo que a su vez es una condición que permitiría afirmar y garantizar la gobernabilidad de la presente gestión.

De hecho, en la primera mitad de este tercer mandato del Gobierno Lula ha sido evidente la falta de colaboración y de presiones ejercidas por los congresistas, quienes se han dedicado a boicotear la mayor parte de los vetos realizados por el Ejecutivo, desconociendo la voluntad del presidente y reponiendo prácticamente todos los proyectos propuestos por el Legislativo, que tiene la prerrogativa de dar la palabra final para la aprobación de las medidas provisorias y las leyes.

Actualmente, las enmiendas parlamentarias son el principal instrumento utilizado por los diputaos para reforzar sus corrales electorales, quienes destinan gran parte del tiempo de su labor legislativa a gestionar los recursos para obras e inversiones en sus reductos y articulando con los poderes locales y estaduales mayores cuotas de poder que les permitan la reproducción de su actuación política en esos territorios.

Desde 2015 hasta la fecha, los valores de las enmiendas fueron adquiriendo un crecimiento acelerado que las ha llevado a ocupar un impactante volumen dentro del presupuesto nacional, algo así como 50.000 millones de reales (aproximadamente 8.500 millones de dólares). Además de este enorme caudal de dinero, el Congreso aprobó la ejecución obligatoria para la mayor parte de estos fondos, inclusive con las contraindicaciones y bloqueos realizados por el Supremo Tribunal Federal, quien ha tratado de velar por la transparencia y trazabilidad de los dineros transferidos desde los cofres públicos.

Con los montos abultados que han acumulado las enmiendas impositivas, que en muchos casos superan los presupuestos de determinados ministerios, el poder de negociación y la influencia de los congresistas viene, en consecuencia, aumentando considerablemente. Anteriormente, tanto la ocupación de ministerios como los fondos públicos destinados a diversos tipos de emprendimientos daban una gran capacidad de negociación a los gobiernos. Actualmente, esta capacidad se encuentra definitivamente concentrada en el parlamento.

Los representantes de la derecha y la extrema derecha tienen una presencia mayoritaria en las decisiones más significativas de la legislatura, la mayoría de ellas marcadas por corrupción y cooptación del aparato institucional del país

El carácter desmedido que ha tomado este empoderamiento de las huestes del atraso fisiológico del Congreso, coincide con la derrota sistemática que vienen sufriendo las fuerzas progresistas y de izquierda en las últimas elecciones parlamentarias y municipales, lo que les otorga a los representantes de la derecha y la extrema derecha una presencia mayoritaria en las decisiones más significativas de la legislatura, la mayoría de ellas marcadas por corrupción y cooptación del aparato institucional del país. En efecto, tales sectores se encuentran más habituados con las prácticas de esta índole durante décadas en la historia política brasileña.

Si bien es cierto Lula da Silva ganó las elecciones de 2022 —y, dicho sea de paso, por un margen estrecho—, la composición del Congreso Nacional le ha sido francamente adversa, debiendo ampliar la base de su administración a partidos de derecha que hasta hace muy poco formaban parte del Gobierno Bolsonaro. De esta manera, Lula tuvo que distribuir al inicio de su mandato nada menos que nueve ministerios entre partidos de esta amplia coalición, entre ellos, Unión Brasil, Partido Social Democrático (PSD), Movimiento Democrático Brasileño (MDB), aumentando después la transferencia de nuevos ministerios para otros dos partidos ontológicamente de derecha, el Partido Progresistas (PP) y Republicanos.

No obstante, a pesar de participar en esta “amplísima” base de Gobierno, muchos diputados y senadores que militan en los partidos indicados anteriormente, siguen siendo en los hechos de oposición, apoyando en escasas oportunidades las iniciativas emanadas desde el Ejecutivo o directamente boicoteando los proyectos presentados por el Palácio do Planalto. Representantes de estos partidos han alertado al Gobierno que no basta una simple acomodación de sus siglas en el gabinete ministerial de Lula, sino que exigen mayores cuotas de participación en la elaboración de los programas a ser implementados.

Este tercer mandato del presidente Lula es claramente más deficitario en la promoción de programas sociales de gran impacto, como es el caso de los Programas Bolsa Família, Fome Zero, Minha Casa/Minha Vida

Si a ello se suma la amenaza siempre latente de una sanción contra el jefe del Ejecutivo por causa de una posible acusación por irresponsabilidad fiscal, el panorama mediato se hace todavía más incierto. Por lo mismo, la consecuente aplicación de medidas de contención de gastos promovidas por su actual Ministro de Hacienda, Fernando Haddad, permite constatar que este tercer mandato del presidente Lula es claramente más deficitario en la promoción de programas sociales de gran impacto, como es el caso de los Programas Bolsa Família, Fome Zero, Minha Casa/Minha Vida o los diversos tipos de apoyos a la investigación científica y la formación universitaria.

Presionado por una oposición activa, grupos económicos decididamente contrarios, una prensa hostil y acosado por sus propios errores, el gobierno Lula parece una administración debilitada que debe enfrentar a un Congreso empoderado, manipulador y turbinado por el conjunto de enmiendas parlamentarias que le otorgan un poder expresivo a la hora de decidir sobre las políticas públicas y otro sinfín de materias. Estos órganos asumieron un nivel de protagonismo no solamente dentro del proceso político sino especialmente en la definición de las prioridades del presupuesto fiscal, que en concreto son las prioridades de los intereses de cada uno de los “excelentísimos” diputados y senadores.

Lejos del escrutinio popular, los parlamentarios no tienen que rendirle cuentas a nadie, menos a los electores y ciudadanos brasileños que hasta ahora han aceptado pasivamente el curso de los acontecimientos. Es decir, nos encontramos frente a una institución que detenta poderes casi absolutos y que actúa sin grandes contrapesos institucionales. Ello permite vislumbrar un escenario sombrío y trágico que va a requerir de la movilización activa, comprometida y permanente de la sociedad civil y de los otros poderes, para garantizar una mayor transparencia y un ejercicio efectivamente democrático en los procesos políticos decisorios por parte de los diversos agentes que conforman ambas Casas Legislativas. Si no es así, el despotismo parlamentario puede comprometer seriamente el porvenir de Brasil.