Armamento policial
Un proveedor de balas foam de la Ertzaintza elaboró el informe que avala el protocolo para usar pistolas Taser

En los últimos años, los medios de comunicación han puesto de manifiesto la falta de transparencia de la Ertzaintza en torno a sus protocolos para el empleo de sprays paralizantes, balas foam y dispositivos eléctricos incapacitantes conocidos como pistolas Taser. La elaboración de estos por parte de la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco utiliza como referencia diversos informes.

En el caso de los sprays que anteriormente ha utilizado la Ertzaintza, el informe fue encargado a un recurso propio, la Unidad Técnica Auxiliar de la Policía, poco antes de la muerte en comisaría de Juan Calvo en 1993 por uso de este tipo de gases lacrimógenos. El informe de las balas foam lo elaboró la entidad pública Tecnalia, después del fallecimiento de Iñigo Cabacas en 2012 por una actuación de la Ertzaintza con pelotas de goma.

Sin embargo, para diseñar el protocolo para las pistolas Taser –utilizadas al menos en 32 ocasiones entre los años 2018 y 2022 y un material que, según expertos consultados por familiares de Eneko Valdés, habría sido empleado para inmovilizarlo antes de su fallecimiento el pasado mes de febrero– la Ertzaintza se guió por un informe cuyo autor era uno de los proveedore de balas foam de la propia Consejería de Seguridad.

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Opacidad del protocolo policial

La historia de la opacidad del protocolo en el empleo de pistolas Taser se remonta al año 2017, cuando el Gobierno Vasco gastó 50.687 euros en su primera compra de pistolas del modelo Taser X26. Para esta compra dispuso de un informe que llevaba el sello de “Confidencial”, titulado “El Taser: Lo que nadie quiso decirle nunca”. El documento remarcaba que este modelo de pistola “salva vidas” y “actúa por igual independientemente de que el agresor esté bajo los efectos del alcohol y/o drogas o sea un enajenado mental”.

Por entonces, la Ertzaintza estaba elaborando el protocolo de utilización de las Taser, y la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco afirmó que “se ajustará a la normativa técnica establecida por el fabricante”, guiándose por “el documento correspondiente”, en referencia al informe confidencial.

Según datos recabados por Hordago-El Salto, el autor del informe, Andreu Soler i Associats, es a su vez el proveedor de balas foam para la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco.

En 2020, la Ertzaintza compró balas foam como las utilizadas recientemente en Tolosa, Gasteiz y Donostia, con el resultado de varios heridos, algunos de gravedad, por valor de 899.998 euros. Vino precedido de otro suministro de “munición de varios calibres” que ascendía a 600.000.

Sobre este material, otro informe, en este caso elaborado por Tecnalia, cuestionaba algunas indicaciones de la ficha técnica del fabricante, cuyo distribuidor era la firma Eurodis, representada por Andreu Soler Mercadal, administrador de Andreu Soler i Associats. 

En 2020, la Ertzaintza compró a Eurodis “munición de calibre 40 mm menos letal”, es decir, balas foam como las utilizadas recientemente en Tolosa, Gasteiz y Donostia, con el resultado de varios heridos, algunos de gravedad. Este contrato, por valor de 899.998 euros, vino precedido de otro suministro de “munición de varios calibres” que ascendía a 600.000 euros y estaba fechado en 2017. Durante los años 2017 y 2018, también vendió a la Ertzaintza iniciadores para cartuchos calibre 40mm por valor de 43.000 euros.

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Denegación de información

El pasado 16 de enero, la periodista Ter García denunció en la plataforma Civio que el Gobierno Vasco estaba ocultando información sobre el protocolo de la Ertzaintza de uso de pistolas Taser. Según datos recabados por Hordago-El Salto, en septiembre de 2023, la Comisión Vasca de acceso a información pública resolvió que “la divulgación de estos procedimientos de actuación, al dar a conocer la forma de ejecución, acarrearía un riesgo real para la eficacia de las intervenciones de los agentes e incluso un riesgo para la integridad física de agentes y ciudadanas y ciudadanos, en detrimento del cumplimiento de la misión encomendada a las fuerzas policiales”.

La resolución termina afirmando que “cabe concluir que el interés particular de acceso a la información ha de ceder en este caso frente al perjuicio efectivo de la seguridad pública”.

En este contexto de opacidad, Telefónica suministró el año pasado a la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco 16 pistolas Taser X7 que llevan incorporadas minicámaras, un contrato con un coste de 90.266 euros. La empresa de telecomunicación también ha suministrado a la Ertzaintza más de un millar de bodycam de la firma norteamericana Axon Enterprise, fabricante de las pistolas Taser.

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32 incidentes con las Taser

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se interesó por este tipo de armas durante su visita a la Comisaría de la Ertzaintza de Bilbao realizada en abril de 2021. Tras la visita, solicitó al Gobierno Vasco información ampliada sobre los “casos en los que se ha hecho uso de estas armas, con expresión de casuística de cuándo se entienden empleadas (por ejemplo: que haya procedido a su extracción de la funda con carácter disuasorio; que se haya procedido a su extracción de la funda con carácter disuasorio y se active el dispositivo; que se haya hecho uso del interruptor del arco de advertencia o que se haya efectuado un disparo/carga contra una persona)”.

También instó a la Ertzaintza a informar “si la persona a la cual se haya disparado una carga ha sido examinada por un médico en un centro de salud y si el parte facultativo ha sido adjuntado a las diligencias practicadas”.

Según la información oficial, el uso de las pistolas Taser “se ha visto incrementado desde el 2018”, cuando se utizó en dos ocasiones, ascendiendo a 12 en 2022

La Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco contestó que “el empleo de estos dispositivos se ha efectuado siempre por la Brigada Móvil” y “todas las actuaciones se han videograbado”. Según la información oficial facilitada, “siempre que se han utilizado, se ha realizado un informe médico a la persona que ha recibido el disparo” y “su uso se ha visto incrementado desde el 2018 (2 ocasiones, en 2018; 5, en 2019; 6, en 2020; 7, en 2021 y 12, en 2022)”.

No obstante, el Defensor del Pueblo pudo constatar que “los informes-comparecencias de los agentes no siempre recogen la advertencia a la persona que va a sufrir el disparo de la presencia y eventual uso de estas armas (actuaciones de fechas 14/09/21, 13/11/21 o 25/11/21)”, a pesar de recogerse en la Orden operativa 011 que regula la utilización del dispositivo electrónico de control (Taser).

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Proveedor denunciado por fraude 

Andreu Soler, autor del informe que guió la elaboración del protocolo para el uso de las Taser y a su vez proveedor de balas foam, lleva muchos años trabajando para la Ertzaintza. En 2002, suministró “defensas extensibles”, es decir, porras de acero desplegables. Para adiestrar a los agentes en el empleo de estas “defensas extensibles”, herramienta que portaba un ertzaina de paisano infiltrado entre manifestantes el pasado 3 de marzo en Gasteiz, la Academia Vasca de la Policía contrató los servicios de la estadounidense Armament Systems and Procedures (ASP). De estos cursos se hizo eco la revista del sector policial y militar denominada Tactical, editada por Andreu Soler y por entonces una publicación de habitual referencia en la biblioteca de la Academia de Arkaute. 

Otro de los productos que distribuía Andreu Soler era el visor de puntería Aimpoint, un producto que, según la revista Tactical, era utilizado por “ertzainas de la Brigada Móvil”, así como por “equipos antidisturbios franceses enfrentándose a algaradas en los suburbios de París”, “profesionales de la seguridad privada estadounidense actuando en escenarios calientes” o “personal de equipos de protección que dan escolta a VIP’s argentinos”. En 2018, Eurodis, firma representada por Soler, suministró a la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco material de este tipo por valor de cerca de 20.000 euros.

Pero en 2006, el sindicato CC.OO denunció al proveedor por “actuaciones fraudulentas y prácticas engañosas” vinculadas al suministro de chalecos anti-bala para la Ertzaintza. El Gobierno Vasco remitió al Ministerio de Interior la acusación de supuesto “fraude en relación  a la eficacia” de los cahalecos. Andreu Soler suministraba este material a la Ertzaintza como distribuidor oficial de la marca estadounidense American Body Armor.

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