Argentina
Poderosas: las mujeres que alimentan las villas miseria de Argentina piden derechos

“Hoy no picamos cebolla, hoy se pica otra cosa”, dice y sonríe María Claudia Albornoz, la Negra, cuando entra al Palacio del Congreso. Desde hace pocos meses es la referente nacional de La Poderosa, una organización villera de base que surgió en Buenos Aires hace 14 años pero que ya sembró asambleas populares a lo largo y ancho de Argentina y en países vecinos como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Detrás de la Negra serpentea una fila de delantales. Mujeres con sus atuendos cotidianos esperan también el turno de ingreso al Anexo A de la Cámara de Diputados. Llegaron temprano desde todos lados para acompañar la presentación de un proyecto de ley que propone reconocer con un salario y derechos laborales el rol fundamental de las 70.000 cocineras comunitarias que en Argentina garantizan la comida diaria de diez millones de personas.

“No es un número ficticio ni que inventamos, es un número real que crece porque en nuestros comedores y merenderos todos los días se acerca un vecino o una vecina más a pedir la vianda. Y esto no es nuevo. La pobreza estructural en Argentina hace mucho que no baja. Está en el 30% y pasan los gobiernos y esa pobreza estructural no cambia. Por eso decimos que llevamos 40 años de democracia alimentando esa democracia. Hay diez millones de personas que necesitan asistencia alimentaria en nuestro país. Imagínate diez millones de personas sin tener garantizado por lo menos un plato de comida por día. Sin nosotras, sin las cocineras de los barrios populares, este país hubiera explotado hace rato. Mientras trabajamos para la comunidad sostenemos condiciones de pacificación”, vuelve a decir la Negra, pero ya no sonríe.

Mucho más que comida

Según Unicef, en Argentina existen 5.687 barrios populares. Dos de cada tres niñas y niños son pobres o están privados de derechos básicos —como acceso al agua, a la educación, a protección social, a una vivienda o a un baño adecuado—, y el 57% de quienes asisten a comedores o merenderos son niñeces y juventudes.

Otilia Ledezma es la responsable de Tacitas Poderosas, un merendero que funciona de lunes a sábados en el Barrio 21-24 Zavaleta. Al sur, es el asentamiento más grande y populoso de la ciudad de Buenos Aires: 64 manzanas y 60.000 habitantes que toleran de cerca el curso —y las pestilencias— del Riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo.

“Recibimos a 150 chicos cada tarde. Cuando menos vienen, son 80. Los viernes y sábados organizamos la olla y ahí entregamos 200 raciones de comida al mediodía. Los sábados especialmente nos toca hacer malabares porque cierran los otros comedores y se acerca gente en situación de calle. Lo peor igual fue la pandemia. Fue como el fin del mundo. De un día para el otro empezó a llegar al merendero gente de distintos barrios, personas grandes, personas que hacían changas. Fue muy desesperante. Porque encima escuchábamos por la tele que había que cuidarse del virus, pero acá teníamos una cola sin fin de personas. Nos sentimos muy solas en la época del coronavirus. Si no hubiéramos estado organizadas, la pandemia nos hubiera destrozado”, recuerda Ledezma.

El estudio cualitativo La situación de la pobreza en barrios populares, realizado de manera conjunta entre la Oficina de Unicef de Argentina y La Poderosa, señala que en 2019 la incidencia de la pobreza rondaba el 35% y la indigencia, el 8% de la población. Para el primer semestre de 2021 las cifras habían ascendido al 41% y al 11%, respectivamente. Cabe destacar que todo se agrava en los barrios populares, donde durante el primer año de pandemia la pobreza superó el 80%, con mayores impactos sobre niños, niñas y adolescentes.

Existen 34.782 comedores y merenderos inscritos y validados en los que trabajan 134.449 personas, en su mayoría mujeres

“A veces hay chicos que no se retiran del merendero porque no tienen a dónde ir, y usan el lugar de contención. Quizás sus familias están en situación de consumo de drogas o trabajando muchísimas horas y se sienten solos. Si una criatura de seis, siete u ocho años nos pide quedarse, nosotras no los podemos echar. O nos llaman a la una de la madrugada porque tienen hambre, o porque no tienen zapatillas para ir al colegio. Las cocineras comunitarias no tenemos horarios. Y también pasa que los niños se toman la confianza y nos empiezan a largar cosas. Nos cuentan situaciones de abuso, por ejemplo. Yo no soy una especialista, pero esos niños buscan un refugio. ¿Cómo lo hago entonces? Te quedas pensando a la noche, nos consultamos entre las compañeras, porque al día siguiente ese niño te va a buscar. No es fácil, no es que le llenas la panza y ya está. Se trabaja desde muy profundo con los niños porque nos preocupan. Es un laburo muy desgastador, muy grande, todo el día, todos los días y día a día”, lamenta la responsable de Tacitas Poderosas.

“El Estado vive de nosotras”

A Otilia la llaman la Oti. Nació en Concepción, a cinco horas de la capital de Paraguay, y migró a Buenos Aires hace 17 años. Con su exmarido y sus dos hijos se instalaron en el Barrio 21-24 Zavaleta: “Vinimos directo para acá. Yo lloraba ni bien llegamos. El barrio no era como ahora. Las ratas eran enormes. Convivíamos con las ratas y yo lloraba”.

La Oti soportó 23 años de violencia machista, hasta que el acompañamiento y la red de La Poderosa la ayudaron a tomar y a sostener la decisión de separarse. Casi en simultáneo, inauguró Tacitas Poderosas, junto con ocho vecinas. “Desde muy temprano —recuerda— empezamos a trabajar con las compañeras porque pensamos qué cocinar, cómo lo hacemos, qué tenemos que conseguir, a dónde buscamos alguna donación. Si podemos caminar, caminamos; o nos tomamos colectivo o vamos con un carrito. No son dos horas, ni tres ni cuatro de trabajo. Son un montón de horas. Tenemos además que inventar cosas para vender y con esa plata comprar la garrafa o pagar el alquiler del local. En este momento por ejemplo estamos haciendo trueques: cambiamos pollos por leche para poder responder en el merendero. Pero no sabemos hasta cuándo. Y estamos usando edulcorante porque no tenemos azúcar”.

En el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19, el Ministerio de Desarrollo Social creó en agosto de 2020 el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom), una iniciativa del Estado Nacional que ofrece información precisa acerca de los comedores y merenderos que distintas organizaciones de la sociedad civil llevan adelante en los barrios de la Argentina brindando asistencia alimentaria de forma gratuita a personas en situación de vulnerabilidad social. Hasta el momento existen 34.782 comedores y merenderos inscriptos y validados en los que trabajan 134.449 personas, en su mayoría mujeres.

Para la Negra Albornoz, el Renacom es tanto política pública de lucha contra el hambre como una seria tomadura de pelo. “Las cocineras comunitarias somos explotadas por un Estado que nos reconoce al reconocer nuestros comedores en el Renacom. Pero, ¿quién cocina? La cocinera es la que dedica un tiempo muy importante en la elaboración de alimentos para las familias de su barrio, y cuando está cocinando no puede estar trabajando afuera. O sea, no puede ir a limpiar la casa de otra persona, no puede salir a la venta ambulante o a cartonear, ni puede hacer ninguna changa porque está cocinando para la comunidad. Por eso pensamos en este proyecto de ley para las cocineras comunitarias. En definitiva tiene que ver con hacer justicia en un sector muy amplio del país, porque sobre el lomo de las que estamos en la base de la pirámide social hay explotación. Nosotras hacemos lo que no hace el Estado. El Estado no cocina, cocinamos nosotras. El Estado no acompaña a las mujeres y a la infancia en situaciones de violencia, acompañamos nosotras. Entonces, no es que nosotras vivimos del Estado, el Estado vive de nosotras y, sin embargo, somos las invisibles”.

Que sea ley

El Proyecto de Ley para el Reconocimiento Salarial de las Cocineras Comunitarias —conocido como la “Ley de las Cocineras”— propone la creación de un Programa Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Comedores Comunitarios que reconozca y otorgue un salario mínimo, vital y móvil —entendido como la menor remuneración por jornal necesaria para satisfacer necesidades básicas—, vacaciones, obra social o cobertura médica, un seguro de riesgos de trabajo, licencia por enfermedad y/o accidente, aguinaldo, licencia por maternidad y paternidad, jubilación y licencias especiales a quienes desempeñen un rol como trabajadora o trabajador en comedores y merenderos populares. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación se plantea como la autoridad responsable de la implementación.

El pasado 5 de junio a las 11h, la diputada nacional Natalia Zaracho, del Frente Patria Grande, ingresó el proyecto de ley al Congreso. Decenas de cocineras se apretujaron en el salón del Anexo A para participar del acto formal.

De este lado del Atlántico se vivían los primeros fríos del otoño, esos que calan hondo porque se perdió la costumbre, pero nada opacó el clima de fiesta, la sensación de “haber llegado”. Selfies, abrazos, risas y la pregunta repetida: “¿Cuántas veces las villeras entramos al Congreso?”. Con esa premisa a cuestas, las cocineras se apropiaron enseguida del espacio legislativo, un espacio que suele sentirse lejos, indiferente a los temas de la ciudadanía de a pie. En particular, si esos pies deambulan por el barro.

“Es fundamental que nuestras compañeras de los comedores y merenderos sepan los derechos que tienen, porque cuando sabés que tenés derechos, luchás. Para eso vinimos al Congreso: a que nos reconozcan como trabajadoras y luchar por nuestros derechos. Y estamos tan convencidas que lo vamos a conseguir”, arengó desde un pequeño estrado la Negra. A su lado cebaba mate la Nati Zaracho. Las dos dirigieron el jolgorio y hasta imaginaron pedir unas cumbias para “bailar un ratito”.

De fondo los cantos arrastraban las vocales. “Que nos vengan a veeeeer, que nos vengan a veeeeer, somos las cocineras, estamos luchando por nuestra leeeeey! ¡Luche, luche, luche que se escuche! ¡Luche, luche, luche que se escucheeee!”.

Los cálculos de La Poderosa indican que poner en marcha la ley representaría un presupuesto equivalente al 0,07% del producto bruto interno. Poca cosa si se tiene en cuenta que la exención del pago de ganancias que goza el Poder Judicial representa una pérdida para el Estado argentino equivalente al 0,16% del PBI. “No es una locura. Sabemos lo que estamos pidiendo porque sabemos que hacemos mucho trabajo en los barrios populares. Cuando no hay política estatal, hay política barrial. Y ahí estamos nosotras organizadas, pensando siempre comunitariamente. Y ese es nuestro mayor logro: aprender a salir adelante en conjunto. Nadie se salva solo es una frase bonita, pero en nuestros barrios es una realidad. Nos salvamos en comunidad”, dice la Negra y, de nuevo, sonríe.