Argentina
Argentina se estremece tras el acuerdo con el FMI

Argentina, que ya sufrió impagos y un corralito en el 2001, vuelve a estar en problemas con los organismos financieros internacionales. ¿Qué ha sucedido?
Manifestación en el aniversario del 24 de marzo desde la ex-Esma hasta Plaza de Mayo. En la foto, simpatizantes de La Campora.
El pasado 24 de marzo, dos semanas después de la ratificación en el Congreso del acuerdo, la Cámpora realizaba una demostración de fuerza. 100.000 militantes arroparon a Máximo Kirchner y marcharon por Buenos Aires en el Día de la Memoria, Verdad y Justicia de las víctimas de la dictadura, tras dos años sin poder realizarse.
Daniel Ripa

Exdiputado de Podemos en Asturias.

29 abr 2022 06:00

Un clima de desorientación recorre Buenos Aires, la megaurbe de 15 millones de habitantes donde se concentra el grueso del poder político y económico de Argentina. Su presidente, Alberto Fernández, electo por la coalición progresista Frente de Todos, acaba de acordar con el Fondo Monetario Internacional un compromiso de pago a 10 años para abonar los 44.000 millones de dólares que restan por pagar de un crédito inicial de 57.000 millones asumido por su predecesor. ¿Habrá ajustes y recortes? ¿Existirá supervisión trimestral de los hombres de negro y control diario de las operaciones? Argentina, que ya sufrió impagos y un corralito en el 2001, vuelve a estar en problemas con los organismos financieros internacionales. ¿Qué ha sucedido?

Una deuda heredada de Macri

En los estertores de su mandato, el expresidente conservador Mauricio Macri necesitaba financiación para que su castillo de naipes neoliberal no se viniera abajo. Los acuerdos con los fondos buitre le habían permitido acceso al crédito, pero a costa de agravar el endeudamiento y la fuga de capitales. Un callejón sin salida. Así resumía entonces el diario El País la política económica de Macri: “El peso se ha derrumbado frente al dólar, la deuda externa se ha multiplicado, la actividad económica ha caído, la inflación se ha disparado y la pobreza y el desempleo han crecido. Macri heredó un PIB de 643.000 millones dólares y entregará uno de 450.000 millones”. Pero el ex empresario, que había conducido a Boca Juniors en su etapa más gloriosa, antes de tirar la toalla, jugaba su última baza. Con el país ya en crisis, en 2018 una llamada a Donald Trump obraría el milagro. El FMI, tras unas negociaciones secretas, entregaría ipso facto 57.000 millones de dólares al ex presidente. Una cantidad de recursos descomunal que debía servir para reactivar la economía … aunque nada de eso sucedió.

Ninguna gran obra de infraestructura ni inversión pública salió de esa inmensa suma de dinero. ¿A dónde fue a parar el dinero de ese crédito? Los informes señalan que fue utilizado para financiar una nueva fuga de capitales, convirtiendo en dólares los bienes de inversores y grandes fortunas. Según los estatutos del FMI, no se podía haber destinado un crédito para ese fin, pero aún así hicieron entrega del préstamo a Argentina. Con el país endeudado, unos pocos afortunados (otra vez) salvaron sus patrimonios millonarios. No es de extrañar la crisis económica que se heredaría después.

La esperanza del Frente de Todos

Volvamos atrás. Era 2011 y la Casa Patria Grande se inauguraba como sede de la diplomacia e integración latinoamericana. En el patio de ese edificio, se pintaría un mural con la cara de los presidentes Néstor Kirchner (que había fallecido recientemente), Evo Morales, Hugo Chávez, Rafael Correa, Fidel Castro, y Lula, entre otros. Eran los tiempos de Cristina Fernández Kirchner, la líder peronista más sensible a la integración latinoamericana. Sin embargo, pese a la agenda conjunta de esos referentes políticos, poco durarían sus símbolos. 

Una de las primeras tareas de Macri al alcanzar la presidencia en 2015 fue paralizar esa integración regional de Argentina, basculando nuevamente hacia Estados Unidos. A la vez, necesitaba borrar el pasado y, con ello, los símbolos de Néstor y Cristina Kirchner, que comenzaban a emerger en la cultura popular como unos nuevos Evita y Juan Domingo Perón. Por eso, al llegar al poder, convertiría Casa Patria Grande en una oficina de bajo rango del Ministerio de Cultura, sustituyendo el mural, que representaba por igual integración regional y kirchnerismo, por unas extrañas curvas de colores.

Cristina Fernández Kirchner, tan querida como odiada, había ido generando enemigos entre sus aliados durante su último mandato (2011-2015), perdiendo apoyos a derecha e izquierda

Los símbolos de la utopía de Simón Bolívar eran parte del pasado. Una nueva ola conservadora llegaba a Latinoamérica tras los golpes judiciales contra Dilma, la persecución a Correa, y las derrotas electorales en Perú, Paraguay o Uruguay. En Argentina, también hay que decirlo, ayudó a ello la división del peronismo, el movimiento político que había gobernado casi ininterrumpidamente los últimos 80 años (siempre que los frecuentes golpes de estado no se lo impedían). Ello supuso una autopista hacia el poder para el líder neoliberal. Una larga oscuridad, parecía inevitable. O eso creyó Macri. 

Cristina Fernández Kirchner, tan querida como odiada, había ido generando enemigos entre sus aliados durante su último mandato (2011-2015), perdiendo apoyos a derecha e izquierda. El Partido Justicialista, que agrupaba al peronismo de todas las ideologías, se dividió. Poco después, al igual que en Brasil o en Ecuador, se impulsó un lawfare que buscaba inhabilitar a la ex presidenta. En respaldo a Cristina quedó la Cámpora, el movimiento político que surgió en apoyo a Néstor Kirchner en 2006 y que buscaba revivir la Juventud Peronista de los 70. “Cristina no sabe llegar a acuerdos”, o “Cristina genera enemigos y polariza el país”, eran algunas de las expresiones que repetían los medios de comunicación, frente a un Macri que se vanagloriaba de su talante.

Por eso fue aún más sorprendente el atípico gesto de generosidad de la ex presidenta en 2018. A pesar de que su fuerza política era la mayoritaria, para lograr una candidatura unitaria, se apartaría y apoyaría a un candidato justicialista externo a su núcleo duro. El elegido sería Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de su gobierno que se había ido en 2008 por la derecha y había dejado durante una década un amplio historial de declaraciones contra ella. Sin rencores, poco a poco, se lograría unificar una coalición, el Frente de Todos. Agrupaba desde los sectores neoliberales del peronismo (el propio Alberto Fernández o el presidente del Congreso, Sergio Massa) hasta la extrema izquierda. No olviden esta frase atribuida a Perón, grabada a fuego en el justicialismo: “La política se hace con buenos y malos. Si se hace sólo con los buenos, resultan ser muy poquitos”. Cristina se reservaría la vicepresidencia y, por tanto, la presidencia del Senado. La descomposición del macrismo haría el resto.

¿Cómo resumir la esperanza que generó el Frente de Todos? “Vuelve el asado”, proclamó Alberto Fernández en uno de sus spots de la campaña. Una imagen icónica que vincula un recuerdo de bienestar asociado al peronismo y a la identidad argentina. Los buenos tiempos. Y es que “la patria siempre vuelve”, enfatiza habitualmente Cristina Kirchner, una convicción grabada a fuego en la mentalidad de unas bases peronistas que han sobrevivido a golpes de Estado, dictaduras e intervenciones de las instituciones económicas internacionales. 

Argentina
Argentina El acuerdo con el FMI fractura al Gobierno de los Fernández
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el pago de una deuda adquirida por el anterior Gobierno neoliberal despierta la indignación en las calles y fuerza la división dentro del ejecutivo.

La deuda estrangula al Gobierno

La victoria en 2019 parecía abrir un nuevo ciclo de transformaciones sociales. Pero a los tres meses de alcanzar el poder, llegó la pandemia. Requirió una importante inversión sanitaria y en ayudas de emergencia social, como la creación del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que se abonó en tres ocasiones y llegó a nueve millones de personas. Hubo también gestión, como recuerda la profesora de ciencia política en la Universidad de Buenos Aires, Giuliana Mezza: “El Ministerio de Salud contó con los recursos y las competencias para hacer frente a la pandemia, se incrementó el apoyo al cooperativismo, se recuperaron carteras ministeriales que habían sido degradadas al rango de Secretaría durante el mandato de Macri, como Trabajo, Cultura, Ambiente o Ciencia y Tecnología, o se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y el de Desarrollo Territorial y Hábitat, que daba respuesta a nuevos retos del país”. Sin embargo, los compromisos previos con el FMI, la crisis económica mundial post-pandémica y el déficit por el gasto social y sanitario fueron obligando al ejecutivo a limitar el gasto público, estrangulando las políticas del gobierno. 

¿Podrá reactivarse la agenda de transformaciones, una vez superado el contexto más duro de la pandemia? Aunque los más optimistas creen que sí, esa afirmación está en entredicho. Hay brotes verdes: “Hace más de un año que el empleo crece ininterrumpidamente, la desocupación bajó a siete puntos, la menor de los últimos seis años; además, la tasa de empleo en mujeres alcanzó el 46,4 %, la más alta desde 2003. Finalmente, durante 2021 se produjo el mayor crecimiento de actividad económica en los últimos 18 años”, recuerda Mezza. Pero a pesar de ello el crédito con el FMI ha sido una losa muy pesada desde el inicio de la legislatura, que ha limitado el alcance de las políticas públicas. Y su efecto podría ser mayor en el futuro. 

La hipótesis política de Alberto Fernández es que los ajustes son compatibles con la victoria electoral, porque después de la pandemia iba a venir una fase de recuperación económica, como en parte ha sucedido. Desgraciadamente, al limitarse la política pública expansiva y con un incremento exponencial de la inflación, la calidad de vida del pueblo no necesariamente mejoró. Los datos macroeconómicos siguieron siendo extraños para buena parte de la población y entre septiembre y noviembre del 2021 el gobierno sufriría su primer varapalo electoral en las midterm elections, donde perdería casi cinco millones de votos y con ello el control del Senado.

La hipótesis política de Alberto Fernández es que los ajustes son compatibles con la victoria electoral, porque después de la pandemia iba a venir una fase de recuperación económica, como en parte ha sucedido

Si bien las urnas suponían un problema, la crisis interna era aún más preocupante: Cristina Fernández Kirchner publicaba en septiembre del 2021 una dura carta contra Alberto Fernández, donde le pedía que honrara la decisión de haberle designado presidente. Señalaba que se había reunido en 18 ocasiones con él y le había alertado de la “delicada situación social (...) atraso salarial, descontrol de precios -especialmente en alimentos y remedios- y falta de trabajo”, así como “la falta de efectividad en distintas áreas de gobierno” y la decisión de llevar a cabo “una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad”. Según ella, todos sus toques de atención habían sido infructuosos. Una diputada kirchnerista iría más allá y en un audio a sus compañeros definía al presidente como “enfermo”, “mequetrefe” y “okupa”. 

Impasible ante las críticas, el presidente siguió su hoja de ruta para acordar con el FMI el pago de los 44.000 millones de dólares restantes, solicitando un nuevo crédito para afrontar los vencimientos de la deuda durante los próximos dos años. El argumentario crítico de La Cámpora señala que, durante las negociaciones, el equipo del presidente había prometido dos condiciones: ampliación del tiempo de pago de 10 a 20 años y eliminación de los intereses. Nada de eso se produjo. Como consecuencia, el FMI impondría ajustes fiscales y económicos de manera trimestral en un crédito que podría llegar a ser impagable (de hecho, la inflación del 50% hace más difícil afrontar los pagos). Entre los logros del acuerdo, por su parte, se apunta el haber excluido de las condiciones algunos de los típicos requerimientos del FMI: los relativos a las reformas laborales y de pensiones, que parece que no están sobre la mesa. 

¿Se ahonda en una línea equivocada? Así lo cree Claudio Lozano, líder de Unidad Popular y director del Banco Nación de Argentina, para el que “la explicación de la derrota electoral del otoño pasado es el ajuste, se perdieron cinco millones de votos, y el acuerdo con el FMI profundiza eso”. El histórico dirigente político fue el primer líder del gobierno en rechazarlo y denunciarlo judicialmente. Más preocupante, en su opinión, es el horizonte a medio plazo: “Se ha hecho una coalición parlamentaria con la derecha para aprobar el acuerdo, que implica un ajuste fiscal de gasto público (salarios, jubilaciones, pensiones). Se está reconstituyendo el bloque de poder”. ¿Cuáles eran, para él, los tres actos ilícitos del FMI? Primero, el FMI prestó a un país al que no podía hacerlo, según su normativa, porque estaba en situación de fuga de capitales; segundo, el crédito superó el tope que era legal para Argentina (en torno a 23.000 millones de dólares, menos de la mitad de la cantidad finalmente recibida); y tercero, no interrumpió la asistencia financiera al comprobar que cada uno de los dólares que se ingresaban, terminaban fugándose. “Cada dólar que entraba por una ventanilla salía por otra, evadido a otros países”, añade.

Le acompañan en esa visión los sectores de izquierda como los sindicatos ATE y CTA autónoma (herederos del Frente Nacional contra la pobreza) que exigieron, junto a Unidad Popular, desde el principio un impago de la deuda, el default e impulsaron el proceso judicial -que aún continúa- para declarar la ilegalidad del crédito y del destino de esos fondos. En opinión de Lozano, había alternativa y la hoja de ruta debía haber sido la siguiente: al llegar al poder, mantener la suspensión de los pagos (Argentina ya estaba en suspensión de pagos con Macri), investigar el endeudamiento para declarar su nulidad desde los tres poderes argentinos (el parlamento, el ejecutivo y, posteriormente, el judicial), salirse de un marco de debate centrado en lo financiero y politizar al pueblo con una consulta popular para decidir qué hacer con la deuda y, finalmente, llevar las irregularidades del FMI a Naciones Unidas y a la Corte Internacional de Justicia. No obstante, la realidad es que nadie apostó en serio por esa vía. y el gobierno -todos sus sectores- nada más llegar al poder reanudó los pagos.

Crítica es también Ofelia Fernández, diputada en Buenos Aires de la coalición por el partido de izquierda internacionalista Frente Patria Grande, que resume el dilema actual: “si sólo queremos cumplir las metas con el Fondo, y ser amables, y creer que tienen un rostro humano que les va a llevar a entender los problemas de Argentina, cuando no hay precedentes de ningún Fondo comprensivo, no creo que nos vaya muy bien. Tenemos que negociarles nosotros a ellos”. Tanto el Frente Patria Grande como Unidad Popular apuestan por la unidad de los sectores que se han opuesto al FMI.

Varias fuentes del ejecutivo reconocen que el formato de coalición tampoco está funcionando: con cargos cruzados de cada partido dentro de cada ministerio, unos se bloquean a los otros y la eficiencia brilla por su ausencia

Y tras el acuerdo, todo explota

Al llegar el momento de la ratificación del acuerdo, explotaba la bomba. Máximo Fernández Kirchner, el hijo de Néstor y Cristina y líder de La Cámpora, dimitía como líder del grupo parlamentario del Frente de Todos para evitar defenderlo. Semanas después, cuando a mediados de marzo se producía el refrendo parlamentario del acuerdo, la votación alcanzaba el surrealismo. “Nadie sabía lo que iba a hacer Máximo. La gente modificó su voto en el último momento para no quedar a la derecha del kirchnerismo. Pensaban que se iba a abstener pero, al ver su voto en contra, los que se dieron cuenta a tiempo cambiaron de la abstención al no”, comenta una fuente parlamentaria. La ruptura continuaba su curso y el 2 de abril, en el 40 aniversario de la guerra de las Malvinas, Cristina y Alberto, impulsarían a pocos kilómetros y minutos, actos separados

El movimiento de los Kirchner ha generado desorientación entre muchos miembros de la coalición. “¿Qué hace Cristina? ¿Acaso cree que no le va a afectar lo que haga este ejecutivo, que ha armado ella, y que se puede desmarcar del gobierno?”, se pregunta otra fuente. Considera que “para salvarse ella estaría perdiendo buena parte de las alianzas que se habían construido, lo que hará imposible reeditar el gobierno”. Un militante cristinista de La Cámpora lo ve desde otra perspectiva: “Cristina habla poco, pero cuando lo hace, nunca defrauda. Es la única que tiene un proyecto de país y el pueblo empatiza con ella”. La ruptura de las últimas semanas, tiene, en opinión de los kirchneristas, una explicación: “El gobierno tendrá que realizar ajustes tras el acuerdo con el Fondo y eso tendrá impacto en la vida de la gente. Ya lo está haciendo. Podrían perderse las elecciones de 2023. Es mejor que quede claro que rechazamos ese modelo y que veíamos posible otra línea de actuación”, señala esa misma fuente.

Este sector apuesta por refugiarse en el gobierno regional de Buenos Aires, comandado por su delfín, el reconocido economista Axel Kicillof, que aún criticado por su falta de tablas políticas, ha ganado popularidad por su gestión de la pandemia, su gabinete técnico y su perfil honesto. Si la ciudad de Buenos Aires es de derechas, el cinturón bonaerense (el 40% de la población de Argentina) incluye a barrios populares y una densidad de cargos políticos que suponen la base militante del kirchnerismo. A pesar de todo, aún hay optimistas en La Cámpora, que ven alguna posibilidad en 2023 si se renegocian las condiciones o si Alberto Fernández desiste de la reelección, en favor de otro candidato más afín. Para dirigentes de otros espacios, la realidad es que la política argentina sigue siendo imprevisible y 2023 es una incógnita. 

La respuesta no es sólo institucional. El pasado 24 de marzo, dos semanas después de la ratificación en el Congreso del acuerdo, la Cámpora realizaba una demostración de fuerza. 100.000 militantes arroparon a Máximo Kirchner y marcharon por Buenos Aires en el Día de la Memoria, Verdad y Justicia de las víctimas de la dictadura, tras dos años sin poder realizarse. Sin ellos, no hay gobierno posible. Sólo con ellos, tampoco. Ahí está la disyuntiva de este momento político.

Un momento en el que es evidente que el Frente de Todos está sufriendo una crisis. Una fuente de la coalición alerta de que “Alberto no es el dueño de los votos. Intenta modificar la coalición original, aliándose con las derechas. Su hipótesis es que el gobierno pierde votos porque es izquierdista y kirchnerista, pero se equivoca”. Por si fuera poco, varias fuentes del ejecutivo reconocen que el formato de coalición tampoco está funcionando: con cargos cruzados de cada partido dentro de cada ministerio, unos se bloquean a los otros y la eficiencia brilla por su ausencia. La gestión tiende a paralizarse. A poco más de un año de las elecciones, tiempo es precisamente lo que falta.

Los excluidos no se pueden permitir perder el Gobierno

Alberto Fernández, tras perder el apoyo del kirchnerismo, se refugia en el resto de actores que conforman la coalición: gobernadores, grandes sindicatos y movimientos sociales. Entre ellos, el ex guerrillero de Montoneros Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, y hombre fuerte de la política social y de la economía popular argentina. Juntos, en mitad de esta crisis, compartían escenario en el acto político del congreso del movimiento Evita en Buenos Aires. Un millón de planes (ayudas sociales que buscan convertir en empleo y proyectos económicos) dependen de esta organización. Y es que el presupuesto en políticas sociales se ha disparado bajo el mandato de Alberto Fernández. El Evita, nacido como movimiento piquetero de trabajadores desocupados, pronto se convirtió en el ala popular revolucionaria en el primer mandato de Néstor Kirchner. Instalado en cada barrio de Argentina, con decenas de miles de militantes, combina una profunda ética militante con movilización de los sectores depauperados y un alto pragmatismo político.

La hipótesis del Evita es distinta a la de La Cámpora. “En el peronismo, el líder es quien gobierna”, es decir, Alberto Fernández, señala habitualmente Pérsico. Consideran que las elecciones de 2023 no están perdidas si se movilizan los sectores populares. Es más, advierte que a millones de personas les va la vida en mantener el gobierno, por lo que permitir la vuelta del macrismo no es para él una opción: “Hay quien piensa que cuanto peor, mejor. Pero no es verdad. Cuanto mejor, mejor. Si el gobierno es mejor, hay más políticas sociales y más inversión en la economía popular, y eso eleva la capacidad de conciencia y movilización y articulación de los sectores más excluidos”. En una línea similar se posiciona Mezza: “Necesitamos que nuestra alternativa vuelva a ganar elecciones en 2023. El desánimo y  las rupturas internas nos debilitarán ante las derechas y esa es la peor condición para el pueblo. Por eso no podemos perder de vista los avances a preservar de esta gestión”. 

Sobre el acuerdo del FMI, como tantos otros sectores de la coalición, Pérsico se lo plantea de un modo más realista. El acuerdo es terrible, pero, ¿cuál es la alternativa? “No se puede amansar el capitalismo, es inamansable”, recuerda el líder del Evita, en relación a las presiones de los fondos internacionales. Es un miedo habitual en otras fuentes de la coalición, que reconocen en privado que no hay alternativa al acuerdo: no acordar agravaría aún más la crisis social y económica en Argentina. ¿Es viable un default? Alejandro Olmos Gaona, en el periódico La Vaca, lo duda. Es pesimista sobre la declaración de la deuda como ilegal o ilegítima, ya que fue autorizada de acuerdo a la ley argentina -que demanda cambiar- y por el directorio del FMI, tras un memorándum que recogía la política económica. 

Para Pérsico, lo que sí puede hacer el gobierno es “impulsar sectores económicos desconectados del capitalismo, como un queso gruyere donde se erosiona el capitalismo impulsando alternativas”. Recuerda que éste es “un gobierno de transición” que ha de institucionalizar avances en la economía popular y abrir otros horizontes de lo posible en futuros ejecutivos. Un ejemplo de estas demandas sería la puesta en marcha del largamente demandado Ministerio de Economía Popular. La calle también empuja, impulsada por los sectores piqueteros. Entre ellos se encuentra el Frente de Unidad Piquetera, del que forma parte el Frente de Organizaciones en Lucha. Poco después de la firma del acuerdo, el pasado 1 de abril, colapsaban con movilizaciones el centro de Buenos Aires exigiendo un incremento de fondos y ayudas sociales y para el empleo y vivienda. Crecerán sus movilizaciones.

La derecha acecha: qué consecuencias tendrá el acuerdo

Si caminas por las calles de Buenos Aires más de cinco minutos es difícil no encontrar un cartel de una zona con obras con el lema “La transformación no para”. Es parte de la campaña del alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el mirlo blanco de la derecha argentina, que ha cultivado un perfil moderado y de gestión que recuerda al del líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, a la vez que ha avalado actuaciones policiales desproporcionadas para mantener el orden. Buscando una alianza que incluya a los sectores neoliberales del peronismo, al anti-peronismo y a la derecha macrista, Larreta es uno de los posibles candidatos para las presidenciales de 2023. No es extraño que la revuelta contra el gobierno llegue desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La capital federal (CABA), donde sólo vive una quinta parte de la población de la provincia de Buenos Aires, es distinta al resto del país, más blanca y europea, con más clases medias, con una reivindicación histórica por hacerse con el control económico del puerto. 

Aunque históricamente han estado en minoría en Argentina, las derechas pueden regresar en 2023. Ahora Macri reconstruye su pasado de manera ficticia: “Yo me endeudé con el FMI para pagar las deudas que tenía el gobierno anterior de Cristina”, se exculpa. Alerta la diputada Ofelia Fernández: “Macri sólo puede reivindicarse de forma retroactiva, los que estuvimos allí supimos la basura que fue y el impacto negativo que tuvo en todos los lugares de la vida. Pero si puede volver es porque a nosotros no nos está yendo bien”. 

Las consecuencias del acuerdo con el FMI pueden acelerar la legitimidad de las derechas. Los salarios se han reducido a la mitad en los últimos cuatro años. Para Lucas Pedulla, del medio de comunicación La Vaca, “la deuda es un shock para empobrecer y controlar vidas y territorios”, y recuerda que, como consecuencia, para obtener divisas se impulsan las políticas de deforestación y macroproducciones agrícolas, de materias primas, que generan una deuda ecológica e impactan en la salud de las poblaciones locales. Ahonda en esa impresión Carlos Lozano, que recuerda que se “está planteado un cogobierno con el FMI hasta el 2034. Es un acuerdo que garantiza la impunidad de Macri. El Fondo quería condicionar al gobierno que seguía, el de Alberto Fernández, y ahora le ha prestado al gobierno de Alberto para controlar y condicionar Argentina de aquí al 2034”. No olviden que Argentina es uno de los principales productores de litio, materia prima que es vital para las empresas tecnológicas chinas. ” Hay geopolítica, como recuerda Lozano: “fue un crédito, donde Estados Unidos, que hizo violar al FMI sus normas, buscaba cuidar su patio trasero frente a la posible injerencia china en la región”. Para él, la única forma de ganar las elecciones en 2023 es “pensar cómo incumplir y sacarse al FMI de encima”. Voces críticas existen también desde fuera de la coalición, donde el trotskista Frente de Izquierdas, que cuenta con cuatro parlamentarios, ha llamado a la movilización social contra el acuerdo.

Para el peronismo, la situación no se resume ni en autocrítica ni en un proceso de discusión colectiva: “Necesitamos conducción”, dice un joven de la izquierda kirchnerista
Para el director Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Eduardo Vasco Murúa, que se encadenó durante el mandato de Macri al Banco Central “hay que decir la verdad”. La deuda, al ser impagable, podría requerir refinanciaciones y, por lo tanto, se estaría sometido a un control político constante. Según él, no se pretendía ayudar a Macri con ese crédito, sino que fue preparado por el gobierno de Estados Unidos y el FMI para “condicionar al próximo gobierno de Argentina, porque sabían que la derecha, que había logrado algo histórico como ganar en elecciones como nunca había pasado, no iba a durar más de cuatro años”. Parece que lo están consiguiendo. No lo olviden: el imperialismo americano siempre piensa a escala latinoamericana. 

Para el peronismo, la situación no se resume ni en autocrítica ni en un proceso de discusión colectiva: “Necesitamos conducción”, dice un joven de la izquierda kirchnerista; es decir, liderazgos que tengan claridad política de hacia dónde ir. Y es que es una característica del peronismo: hiper-liderazgos y una visión patrimonial del poder, que dificulta como consecuencia la relación con sus aliados políticos: “El movimiento político de Cristina ocupa el espacio pero lo obtura, no da debate social ni permite alianzas y, con quienes se alía, los absorbe”, señala un dirigente social.

Y aún así es posible

Gabriel Boric vencía este invierno en las elecciones chilenas y nombraba a la nieta de Salvador Allende como ministra de Defensa. Gustavo Petro lidera las encuestas en Colombia para las presidenciales de Junio, tras escapar con vida de varios intentos de atentados. Lula da Silva puede alcanzar en Octubre la presidencia de Brasil, país que es el primer socio comercial de Argentina. México con López Obrador y Bolivia con Luis Arce siguen adelante. En España por primera vez hay un gobierno con (algunos) ministros afines. El viento latinoamericano sopla de nuevo a favor y ese aliento puede sostener el cambio en Argentina. 

El Frente de Todos, pese a su crisis, sigue teniendo fortalezas. Es lo más parecido a un partido-movimiento que existe en la política internacional. Una red de organizaciones sociales, como el movimiento de Juan Grabois (MTE), integrado en el Frente Patria Grande, o el Movimiento Evita, con cientos de miles de afiliados, hacen tejido social en los barrios populares argentinos, y representan la conexión del gobierno con la calle. Estos partidos tienen, incluso, cuotas ‘pobres’ en las instituciones, gente que se parezca al pueblo, ayudando a articular a la economía popular y a otros colectivos excluidos como sujetos políticos. “Estamos con el último de la fila”, suele recordar Emilio Pérsico, que aboga por ir “desde abajo hacia arriba y desde la periferia hacia el centro”. Mientras, las confluencias entre las organizaciones de lo social avanzan a buen ritmo. Lo social impulsa lo político y quien está en política tiene la obligación moral de militar en lo social porque, apunta Cristina Kirchner: “la patria es el otro”. 

El peronismo cuenta también con la memoria de tiempos pasados. Su resistencia a la dictadura, la recuperación económica tras el corralito, incluso, más allá, los avances laborales y el estado del bienestar, obtenidos gracias a Perón y sus alianzas populares y sindicales. Como me dice un joven militante de la izquierda: “Mi abuela ama a Cristina Fernández Kirchner. Para ella, representa los buenos tiempos de Argentina”. 

Lo que parece indudable es que el gobierno del Frente de Todos no se reeditará si no se aprovecha bien este último año de mandato. Es obvio que Argentina no camina al socialismo del siglo XXI, pero debiera existir margen para consolidar su estado del bienestar y afrontar la pobreza estructural. Hay avances que preservar. Y, aunque la gestión de la pandemia fue aceptable y la vacunación ha alcanzado cotas elevadas, parece urgente ajustar la inflación, gravar a las grandes fortunas, avanzar en la economía popular y generar una política expansiva, con crédito para la producción y la redistribución, que evite que millones de personas caigan en la pobreza. Sin ello, la combinación de las derechas y antiperonistas, el distanciamiento de la izquierda parlamentaria y la movilización de los sectores populares en las calles plantea un horizonte complicado. Pero, al menos esta vez, los vientos de cambio latinoamericanos soplan en favor de los proyectos populares.

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Los habitantes de la residencia Gerocastillo, de Villaviciosa de Odón (Madrid), no han sido evacuados mientras se despliegan unas obras en la planta de arriba que han provocado la ruptura del techo, tal y como denuncia CC OO.
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