Andalucía
Un viaje al origen de la desigualdad en Andalucía

“Disculpe, su hija no puede venir al colegio porque no tenemos los recursos económicos para ello”. Es la imagen que Lola Contreras nos lanza para explicar el porqué de las reivindicaciones de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABBII) que preside. “Imagina que te dijeran eso en la puerta del colegio. Nos echaríamos a la calle porque la educación es un derecho garantizado por el Estado del bienestar. Pero ¿por qué no pasa lo mismo con el derecho al empleo o a la vivienda?”.

Andalucía es líder en pobreza y de­sigualdad, ambas de la mano. Casi el 42% de la población vive en riesgo de exclusión social, según los datos de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza (EAPN-Andalucía) correspondientes a 2017, mucho más que en País Vasco (16%), Catalunya (18%) y Madrid (21%). Poniendo la lupa de Despeñaperros hacia abajo, como hacen los geógrafos María José Blazquez y Francisco Javier Sánchez en el II Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía (ODA, publicado en junio de este año), encontramos que los barrios más pobres de España están en este sur, con una renta familiar mensual de 1.000 euros en zonas como Polígono Sur o Los Pajaritos (Sevilla), 1.300 euros en Polígono Guadalquivir y Las Palmeras (Córdoba) o 1.400 euros en Palma Palmilla (Málaga). Un barrio de clase alta andaluza ronda los 4.000 euros. En Madrid o Barcelona superan los 8.000 y 9.000. El borrador de la Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía que la Junta está puliendo desde primavera de 2017 recoge 185 localizaciones, pero se ocupará de 93 barrios.

Casi el 42% de la población andaluza vive en riesgo de exclusión social, según datos de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza

La desigualdad adentra sus raíces en procesos históricos y económicos de largo recorrido. Uno de ellos es el modelo productivo andaluz. ¿Qué tienen en común un noble al que los Reyes Católicos entregan un latifundio hace 500 años tras ganar la guerra en Al-Andalus con una mujer pobre andaluza con la mala pata de haber nacido 50 metros al noroeste del Río Guadalmedina en la ciudad de Málaga —barrio de Palma Palmilla— en la actualidad? Suena a chiste, pero no tiene gracia; al menos para Manuel Delgado, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla.

“Hay una relación entre la mal llamada Reconquista y el modelo productivo actual de Andalucía, ya que en aquel tiempo se define un tipo de agricultura muy polarizada en la que la gran propiedad tiene un peso importante y está basada en salarios muy bajos, más bajos que en otros lugares”, añade. Esa agricultura pervive gracias a unas condiciones impuestas para darle estabilidad. Y esa estabilidad fue la que impidió el tránsito hacia la sociedad industrial, ya que la burguesía agraria no tenía ningún interés en una industrialización que hubiera supuesto el trasvase a la industria de mano de obra del campo y el encarecimiento de esta. Manteniendo las cosas así “se obtenían grandes beneficios con un riesgo mínimo”, detalla el catedrático.

Delgado compara en el informe del ODA a qué se dedica cada comunidad autónoma. Andalucía se especializa en el sector primario —agricultura, minería y pesca— y en el turismo. “Está al principio de la cadena de producción. El valor añadido, y por tanto el monetario, se genera en otras partes de la geografía estatal situadas al final de la cadena”, dice. Así, Andalucía tiene una dependencia desigual respecto a comunidades más industrializadas “y eso conlleva que nos dediquemos a las actividades peor remuneradas por el sistema”, explica Delgado. “De hecho, aunque el sector servicios es de los que más valor aportan a los productos, el turismo es la actividad peor pagada dentro de los servicios”, añade.

Los geógrafos Blázquez y Sánchez entienden que esta desigualdad del sistema económico andaluz afecta a determinados barrios donde una gran clase social inferior forma “guetos urbanos” al carecer de formación y tener mala ubicación para conseguir trabajo.

Desde la AABBII la lupa se acerca a ras de suelo, del suelo de los 21 barrios empobrecidos en los que tiene representación. “Son los cuartos trasteros de las ciudades —asegura Contreras—. Tras 30 años de políticas sociales, todavía no se ha conseguido sacar de la exclusión a estas zonas. Los servicios sociales asistieron al abuelo, al hijo y, hoy, al nieto porque se atiende de forma individualizada en lugar de actuar sobre la familia en su conjunto. La Ley de Servicios Sociales de Andalucía, aprobada hace dos años, potencia el trabajo comunitario para que familias empobrecidas y familias que no lo están creen un nuevo barrio. Pero esto no se está cumpliendo”.

La Administración andaluza debería aplicar desde enero la Renta Mínima de Inserción, un asunto que está siendo investigado por el Defensor del Pueblo Andaluz al no llegar a la gente por la dureza de sus requisitos. “Si trabajas un día, no te puedes beneficiar de esta ayuda”, asegura Contreras, quien muestra su enfado porque estas medidas se diseñan desde los despachos sin contar con la realidad de quienes trabajan y sufren la exclusión. El Gobierno anunció en junio que cambiaría la normativa.

Andalucía se especializa en el sector primario, y “eso conlleva que nos dediquemos a los trabajos peor remunerados”

El presidente de la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA), Luis Pernía, considera que, en el mundo, un grupo selecto “medra” a una mayoría que no percibe el crecimiento económico. Lo ve aquí y en Perú, uno de los lugares donde esta ONG desarrolla proyectos de cooperación: “Aquí somos una muchedumbre empobrecida y debemos hacer solidaridad con el otro gran Sur. En Perú, el PIB crece exponencialmente, los recursos naturales son explotados por unos pocos y la mayoría de la población es muy pobre. También lo vemos en el barrio donde tenemos nuestra sede, en Segalerva. La gente dice que va a Málaga a pesar de que es la misma ciudad, porque es el lugar donde la gente tiene posibilidades, no su barrio. Este modelo económico no funciona”.

Entonces ¿para qué sirve la economía? En este punto, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres López, pone el dedo en una llaga de la historia de la economía. En su prólogo al informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía, Torres López explica que los manuales de economía posteriores a la Segunda Guerra Mundial fijaban como objetivo de esta disciplina la búsqueda de la equidad. Después ganaron peso en la literatura los teóricos neoliberales, resucitando conceptos del siglo XIX y recluyendo el problema de la desigualdad a las soluciones de la moral y la caridad. Así, lo que pasó a enseñarse en clase era que la función de la economía debía ser la eficiencia de los mercados para maximizar el lucro.

Sin embargo, las cosas cambian. O se matizan. Incluso el Fondo Monetario Internacional —nada sospechoso de azuzar a la vanguardia izquierdista planetaria— reconoce que la desigualdad dificulta la consecución del mantra liberal del crecimiento. La pobreza es generada por las políticas económicas y, por tanto, debe preverse cómo impactan las decisiones económicas en la sociedad, según el FMI.

Comunicación y desigualdad

La realidad y las expectativas de cambiarla son, en buena medida, de la manera en la que nos las cuentan. Si los manuales de economía pueden influir en miles de personas clave para orientar las políticas económicas que inciden en la desigualdad de esta, aquella o la otra manera, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en una Andalucía líder en desigualdad? Para el catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga, Manuel Chaparro, la estructura mediática andaluza también es latifundista y dependiente del norte. Abunda en ello en un capítulo del informe del Observatorio de Desigualdad.

El contenido andaluz en la prensa de la comunidad es casi inexistente dado el enfoque provincialista de los periódicos. Andalucía no exporta información al resto del territorio, “más allá de sus hiperexplotados potenciales turísticos y folclóricos”, asegura Chaparro. “La opinión del territorio fuera de él se expresa poco y mal, y en ello tiene mucho que ver esa construcción de imaginarios que hace Andalucía y, como consecuencia de ello, que se hacen sobre Andalucía”.

Chaparro sostiene que la radiodifusión privada se ha entregado a las grandes corporaciones que apuestan por recortar la programación local. La radiotelevisión pública tiene horarios de máxima audiencia “insulsos y casposos” y contenidos de utilidad en horarios marginales. El envejecimiento de la audiencia de Canal Sur Televisión denota “una falta de sintonía con una parte de la población”, que este catedrático considera perjudicial “para la conformación de un sentir cultural que trabaje la memoria y las nuevas conquistas sociales”.

Respecto a las emisoras municipales, la Junta ha concedido más de 300 licencias, pero apenas 116 funcionan con regularidad y una treintena han sido privatizadas en fraude de ley, a pesar de lo cual se da voz a 600 colectivos, 2.000 personas y se generan 400 puestos de trabajo, detalla Chaparro, quien atribuye un efecto dinamizador a la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía.

Mientras, las emisoras comunitarias, las más pegadas a barrios y movimientos sociales, funcionan bajo constante amenaza de cierre, sanción e interferencias y sin poder acceder a incentivos, según denuncia la Red de Medios Comunitarios (ReMC). Con este “fracaso” en las políticas de comunicación de los gobiernos andaluces, Chaparro considera que no se puede abordar el debate de la desigualdad en Andalucía ni de Andalucía respecto a otras comunidades, ya que faltan medios “pegados al territorio” que posibiliten la discusión.

La acción

Tras 30 años en los que el artículo 9 de la Constitución obliga a todos los poderes públicos a eliminar los obstáculos que impidan la plenitud de “la igualdad efectiva”, tras tres décadas depositando la Administración parte de esa responsabilidad en el tejido asociativo, la desigualdad sigue aquí. Políticas económicas que subordinan, políticas de comunicación que ahondan en esa visión e impiden el debate sobre las causas profundas, políticas sociales infradotadas y que apenas tienen efectos positivos. Ante esto, ¿qué se puede hacer y qué se está haciendo?

AABBII critica la Estrategia de Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía. “El diagnóstico es correcto para que la UE suelte el dinero, pero la Junta quiere gastarlo solo en contratación de personal, nada para ayudas ni políticas”, denuncia Contreras. El coordinador de dinamización del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar, Carlos Torres, matiza que la estrategia fija un órgano evaluador en el que están las administraciones y los barrios: “es algo que nunca ha existido y será el espacio donde reclamar lo que falte”.

Contreras defiende la creación de una Renta Básica de Corresponsabilidad (RBC) que aporte a las familias en exclusión unos ingresos mínimos equivalentes al salario mínimo interprofesional. A esto se sumaría un proceso de acompañamiento de la familia para dignificar su situación habitacional, el retorno educativo y la formación de padres y madres para obtener empleo, entre otras medidas. En esta RBC, tendría que darse un esfuerzo coordinado de la Administración local y andaluza “para evitar que las familias tengan que ir departamento por departamento buscando los recursos”.

La unión y la transversalidad en la acción es un punto en común en los esfuerzos contra la desigualdad. Ángel Madero coordina la iniciativa Stop Rumores para luchar contra los estereotipos, especialmente los de pelaje racista. “Debemos construir una identidad que nos una. Ya pasó la época en la que el concepto clave era el proletariado. Quizá debe sustituirse por el de vecindad. Hayas nacido aquí o fuera, tú quieres unos servicios públicos adecuados y que funcionen. La gente debe darse cuenta de eso para dejar de ver al extranjero como alguien ajeno. Conocer al otro ayuda a mejorar la convivencia e impide la competencia por las migajas mientras los ricos nos roban a espuertas”.

En Proyecto Hogar llaman a ese concepto ‘vecindario’. “Es la suma de toda la gente que vive y trabaja en el barrio”, explica Torres. Esta iniciativa aglutina a administraciones públicas (responsables y plantilla), asociaciones y ciudadanía no organizada para diagnosticar qué pasa en ese barrio malagueño y qué compromisos deben alcanzar todas las partes para mejorar la situación. “Nadie debe echar balones fuera, ni administración ni ciudadanía ni asociaciones. La forma de trabajar es sentarnos juntos”, añade Torres.

Tras más de diez años en marcha, Torres considera que la principal mejora se ha dado en las relaciones entre los actores del barrio y la eficiencia de lo que se hace. Palma Palmilla es uno de los pocos barrios con implicación pública en el trabajo comunitario y en red, con más apoyo del Ayuntamiento de Málaga que de la Junta. Torres considera que la participación de la institución abre muchas puertas. “Se facilita mucho que los recursos municipales puedan ser usados por las asociaciones y que trabajadoras sociales y personal de colectivos se conozcan y trabajen conjuntamente”.

Esa vocación de unidad está ligada a uno de los términos que se han popularizado en el mundillo asociativo: el trabajo en red. ¿Quizá se enarbola más de lo que se practica? Cuando se trata de diferentes campos, “las entidades tienen una misión que no pueden hacer sin trabajar otros aspectos. Lo migratorio no puede dar la espalda al movimiento feminista, la vivienda o la salud”, explica Madero. Pero cuando se trata de organizaciones del mismo campo, “el problema se encuentra más en los egos personales que en las siglas de las asociaciones, en la necesidad de sentirse importante y escuchado y en que alguna entidad se sienta por encima de otras. La mejor vacuna para eso es escuchar. Nuestra educación se basa en responder, pero a veces son las preguntas las mal planteadas”.

Desde la asociación sevillana La Transicionera, que ofrece formación en nuevos modelos económicos y relacionales, Noemí González Palanco considera que sí existe una dinámica de trabajo en red, aunque admite que no se realiza tanto como se desearía. “Sin embargo, entre las ONG y las entidades que dependen de subvenciones creo que hay más competitividad”.

La coordinadora de la asociación Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza (EAPN), Pilar Gil, matiza que la crisis económica dio un revés al tercer sector, al mismo tiempo que aumentó el número de personas que atender y la gravedad de su situación. Por otra parte, “el hecho de que el 15M se produjera fuera de las asociaciones fue un revulsivo y un punto de inflexión que nos obligó a darnos cuenta de que no estábamos en las calles”.
¿Cómo se están abordando las cuestiones más relacionadas con el modelo de economía y sociedad? González Palanco subraya que la alternativa al modelo productivo actual es asentarlo en el territorio para favorecer las economías locales y la producción cercana a quien consume. “Que la persona consumidora sea también productora”. En una praxis cercana al decrecimiento, los grupos de consumo que vinculan directamente huertas y gente que compra son un ejemplo, así como las monedas sociales que funcionan en Sevilla y Jaén o cooperativas de movilidad sostenible como la sevillana Santa Tecla —bicicletas—.

Intered es una de las ONG de cooperación al desarrollo con otros países y sensibilización a la población andaluza. Desde 2012 impulsa la campaña “Actúa con cuidados”, que pretende que los trabajos de crianza, cocina, limpieza, etc., tradicionalmente considerados como femeninos, sean reconocidos y valorados como fundamentales para la vida y la sociedad.

Y justo el desarrollo de una “economía de los cuidados de las personas y el medio ambiente” es la apuesta que hace la catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo Olavide Lina Gálvez en el informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía. Entre otras cosas, porque esos sectores están más a salvo de la automatización y robotización que ya ha comenzado y que destruirá muchos puestos de trabajo en economías más industrializadas que la andaluza.

El catedrático Delgado descarta que la industrialización sea, hoy, una opción para Andalucía “porque ni tenemos la capacidad de decisión sobre los procesos económicos ni los instrumentos. Lo que nos queda es situarnos fuera del sistema cubriendo nuestras necesidades con nuestros recursos, como una agricultura que satisfaga la demanda interna de Andalucía sin comprar en el exterior. Para eso se necesita una conciencia grande por parte de mucha gente”. Delgado entiende en ese marco los modelos económicos del decrecimiento.

Por eso González Palanco defiende la importancia de las formaciones como las de La Transicionera: “Plantamos pequeñas semillas de alternativas. Cambiar nuestros hábitos no es tan difícil. Y pasamos de diagnosticar a actuar”.

La última frontera de ese pensamiento parece coincidir con el lugar donde más se expresa la exclusión. Carlos Torres considera “muy difícil” que un concepto como el decrecimiento cale en un barrio como el suyo, con un 58% de desempleo según el Observatorio de Desigualdad de Andalucía. “Mucha gente de Palma Palmilla asume que su vida es así y punto”. Plantear usar menos coche —algunas personas no se lo pueden permitir— y reclamar mejor transporte público va en contra de casi todas las expectativas de vida, progreso y éxito transmitidos por medios de comunicación y videojuegos. También pasa fuera de los barrios empobrecidos.