Coronavirus
Vieja normalidad y nuevas normas

Y es que esta fase que todavía estamos viviendo ha servido para que el Estado y sus servidores hayan experimentado con las muchas posibilidades de control y manipulación que el miedo frente a un peligro desconocido genera en la población. La capacidad de crear una verdad oficial, indiscutible y asumida por la ciudadanía, se ha visto multiplicada durante los meses más duros de la pandemia, así como las facultades de vigilancia y represión de los cuerpos policiales. La versión oficial no ha triunfado por que fuera la más científica y fiable, sino porque era la única que los medios, todos los medios, nos transmitían. Esa opinión indiscutible sobre aspectos de las diferentes medidas que se han ido adoptando (mascarillas, aislamiento, toques de queda, tipos de vacunas, etc.) ha cambiado a lo largo del proceso sin que la población haya mostrado dudas generalizadas sobre la veracidad de cada una de esas modificadas versiones oficiales.

Es indudable que esta experiencia supone una mayor impunidad frente a cualquier otra incursión gubernamental en medidas que limiten las hasta ahora sagradas libertades individuales. El poder ejecutivo sale fortalecido de esta crisis y la ciudadanía queda a merced de la autoridad, tenga esta razón o no en sus recorte de derechos y facultades considerados inherentes a las personas en un sistema democrático.

Tampoco ha levantado grandes debates y protestas la más que aparente supeditación de la salud de la población a los intereses de la economía. En varias ocasiones se han suavizado restricciones para posibilitar la movilidad de turistas, nacionales o extranjeros, lo que ha provocado preocupantes nuevas olas de contagios y fallecimientos. En otros casos ha sido la relajación en los horarios de cierre de comercio y hostelería lo que ha puesto en peligro los resultados del trabajo del personal sanitario y del resto de servicios implicados en la lucha contra la pandemia. Se ha comprobado que, misteriosamente, el optimismo de autoridades y medios aumentaba ante la proximidad de puentes o periodos vacacionales de verano, Semana Santa o Navidad y más de una comunidad autónoma relajaba sus restricciones en esas fechas para facilitar la movilidad y el consumo.

Durante más de un año la pandemia y la promesa de un pronto regreso a la normalidad han reinado totalmente sobre el resto de la actualidad en debates, noticiarios y conversaciones familiares. Sin embargo no han sido pocas las leyes y normas que, aprovechando ese momento de miedos y controles, nos han ido modificando sin apenas críticas en contra.

Durante más de un año la pandemia y la promesa de un pronto regreso a la normalidad han reinado totalmente sobre el resto de la actualidad en debates, noticiarios y conversaciones familiares. Sin embargo no han sido pocas las leyes y normas que, aprovechando ese momento de miedos y controles, nos han ido modificando sin apenas críticas en contra.

Todo se ha ido aceptando como normal, como lo único que se podía hacer en tales circunstancias. Normal parece ya que se siga aplicando la Ley mordaza para sancionar a participantes en concentraciones y para impedir la solidaridad con familias que se enfrentan a un desahucio cuando lo normal, porque lo habían prometido los partidos que ahora forman gobierno, es que tanto la ley mordaza como los desahucios estuvieran ya suprimidos.

Para capear la caída de la actividad económica se han ido adoptando algunas decisiones que, más que ayudar a las familias que peor lo están pasando con la pandemia, parecen destinadas a complementar los resultados de las empresas. Así, en lugar de obligar a compañías con cuantiosos beneficios como la banca o las eléctricas a bajar sus precios, se ha preferido renunciar a parte de los impuestos que recauda el Estado (y con los que se financian servicios sociales, entre otras cosas) y dejar que nos atraquen en el recibo de la luz o las comisiones por tener una modesta libreta de ahorro.

Igualmente no parece muy normal que se haya negociado con tanto sigilo un nuevo acuerdo para retrasar  “voluntariamente” la edad de jubilación. Ante un dato tan negativo para este país como tener el 45% de paro entre jóvenes menores de 25 años lo racional hubiera sido adelantar la edad de jubilación, pero lejos de derogar la reforma anterior, que nos está llevando al retiro a los 67 años, ahora se pactan diversas medidas para ir empujando a los trabajadores a jubilarse mucho más tarde.

En fin, que no sabemos cuándo volverá la dichosa normalidad que nos prometen pero sí podemos ir viendo ya el conjunto de normas, nuevas o retocadas, que nos van a amargar la vida durante y después de la Covid-19.