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Pensiones
¡Mira quien fue a hablar de pensiones!
Cada vez es más frecuente que viejas glorias de los partidos políticos mayoritarios copen las portadas de los medios con declaraciones y opiniones que, en buena lógica, deberían dar a conocer los líderes en activo de tales organizaciones. Los fijos en estas labores son, desde hace tiempo, los expresidentes González y Aznar, tan aparentemente incisivos y brillantes en sus ocurrencias como desmedidos con su ego.
No obstante el eco garantizado de cualquier boutade que salga de estas bocas irrefrenables, lo cierto es que también se suelen sumar al circo revival expresidentes autonómicos (como Bono, Ibarra, Pujol o la siempre locuaz Aguirre) y hasta los exministros se animan a meter baza; generalmente para decir –sin rubor alguno- que ellos lo hacían mejor cuando eran titulares de esas añoradas carteras negras.
No es clara ni unánime la razón que empuja a estos patéticos personajes a salir a la palestra cuando lo más prudente y aconsejable sería permanecer callados. Hay quien piensa que sufren de incontinencia verbal, pero no faltan quienes opinan que se ven empujados a reaparecer, una y otra vez, porque deben considerar que los dirigentes que les han sucedido no tienen su elevado nivel político ni su tirón electoral.
El último en liarla parda, sin que viniese a cuanto, ha sido el ex casi todo Carlos Solchaga, agarrado a los cargos públicos a la temprana edad de 35 años (1979), y sirviendo al pueblo -con muy buenos sueldos, eso sí- ininterrumpidamente hasta 1994. Pero no piense el lector que tras esa dilatada vida laboral Solchaga se acogió a la merecida jubilación; ni mucho menos, su voluntad de aportar saberes y esfuerzos le condujo a montar una asesoría para empresas y a formar parte de los consejos de administración de un puñado de ellas.
A sus 74 años sigue en lo suyo y se embolsa no menos de 900.000 € anuales. Aproximadamente lo mismo que 75 pensionistas.
Sabiendo como él sabe esos datos (para eso es economista) y enterado como debe estar del cabreo de los jubilados por los recortes de las pensiones y la congelación de los aumentos anuales, sorprende y mucho que aparezca públicamente en este momento para decir que los pensionistas no tienen razón en sus demandas y que las movilizaciones masivas de los últimos meses obedecen poco menos que a las confabulaciones judeo-masónicas de otros tiempos.
Desde luego que una persona con el pasado político y el presente empresarial de Carlos Solchaga no era la más indicada para criticar la lucha de los pensionistas. Y no lo es por dos razones. La primera por sus escandalosos ingresos pasados y actuales, y en segundo lugar porque sus críticas son injustas y absurdas. Dice el que fuera ministro de Industria de Felipe González en la etapa en que los socialistas privatizaron casi todas las empresas estatales y, mediante la reconversión industrial, destruyeron prácticamente todo el tejido productivo del país, orientando la economía hacia el sector servicios y el ladrillo, que tantos disgustos nos está dando años después, que los jubilados no hemos aportado ni la mitad de lo que vamos a cobrar y que exigir que las pensiones se revaloricen según el IPC de cada año es una irresponsabilidad que nos puede llevar a la quiebra del sistema público.
Tenemos que discrepar del autor de la famosa frase “España es el país donde más rápidamente te puedes hacer rico” porque los que, al contrario que el señor Solchaga, hemos visto como cada mes, durante más de 40 años, se nos retenía el 20% de nuestras nóminas para contribuir a todos los gastos del Estado (incluidas las pensiones) también somos los que producíamos la parte del león que se quedaba el empresario; la plusvalía que decían estos socialistas cuando todavía leían a Marx.
Solchaga, que también fue ministro de Economía y un alto cargo en el FMI, sabe que si todo lo cotizado a la Seguridad Social durante una larga vida laboral hubiera permanecido en un banco, generando intereses incluso, nos permitiría vivir mejor de lo que viven la gran mayoría de los pensionistas actuales.
Pero en el peor de los casos, en el supuesto de que vivamos más años de los que recomiendan los banqueros y nuestras cuentas con el erario público arrojen un saldo negativo, es incuestionable e irrenunciable que corresponde al Estado cargar con el gasto de las pensiones; igual o con más razón que lo hace con los abultados presupuestos del ejército, la casa real, el clero y la propia clase política.