Iglesia-Estado
Antimilitarismo y anticlericalismo

Las personas de izquierda que conocemos la historia de las asonadas militares en España, además de ser pacifistas por ideología nos vemos impulsadas a ser antimilitaristas por las consecuencias nefastas para el desarrollo en lo social, lo cultural y en lo económico que han supuesto los militares en nuestro país.

La institución militar no ha actuado sola, ha gozado también del apoyo de la Iglesia Católica, unas veces solapado y otras de forma abierta desde los púlpitos y sus medios de difusión y propaganda.

La institución militar y la religiosa han estado al lado y a las ordenes de las oligarquías financieras, industriales y terratenientes latifundistas para reprimir todo intento del pueblo de huir del hambre y de la incultura. Sin importarles el número de muertes de inocentes, los encarcelamientos y los destierros llegando incluso a la usurpación de bienes; desposeyendo aún más a quienes nada tenían. Por ello al antimilitarismo hay que añadir el anticlericalismo.

España es un país con una larga tradición en asonadas militares, intentos de golpes de estado contra el poder establecido, que si bien no lograban su objetivo último si condicionaban el desarrollo del devenir de los asuntos públicos.

Los envenenamientos y el uso de sicarios para conseguir el poder eran moneda de uso corriente en todos los reinos e incluso en la jerarquía eclesiástica. El primer intento de hacerse con el poder a través de un golpe militar se produce en 1677 por don Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe IV. El siglo XIX se caracterizó además de por las asonadas militares y el inicio de las guerras carlistas apoyadas por el clero y en la última mitad del siglo ocupando los “espadones” los Consejos de Ministros. Haciendo desaparecer a la I República y estableciendo la Restauración borbónica.

Estos antecedentes son el caldo de cultivo para que en el siglo XX las oligarquías militares se arroguen el derecho una y otra vez de salvar la patria. Es decir, defender los intereses de la aristocracia terrateniente y latifundista, la oligarquía financiera sin escrúpulos y las grandes industrias que no dudaron en utilizar el pistolerismo profesional para eliminar a los sindicalistas que luchaban por unas condiciones laborales más justas.

El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera, con el visto bueno del Alfonso XIII, implanta un directorio militar eliminando los derechos sindicales, las Cortes y en definitiva todo lo que estuviera referido a la incipiente democracia en el país. La dictadura contó con el apoyo de algunos partidos políticos y estuvo auspiciada por el triunfo de Mussolini en Italia. Al fracasar la Dictadura en los aspectos económicos, las oligarquías le retiraron su apoyo provocando la caída de Primo de Rivera que es sustituido en enero de 1930 por el general Baldomero Berenguer que no pudo evitar el derrumbe de la monarquía. Entre 1923 y 1930 los partidos de derechas pudieron comprobar de forma fehaciente que efectivamente las bayonetas habían defendido sus intereses pero no les sirvieron para alcanzar el gobierno ni a Alfonso para seguir mangoneando.

Una vez proclamada la II República, el gobierno constituyente empezó a redactar leyes que perseguían mejorar la situación de la clase trabajadora y además poner al día al país social, cultural y económicamente. Leyes que nunca llegaron a desarrollarse plenamente y menos a aplicarse. Los partidos de derechas empezaron a agitar, con su vocinglera habitual, de nuevo la situación política y social sin escatimar en medios económicos y de difusión.

Aunque el gobierno provisional surgido en 1931 intentó la separación de Iglesia y Estado, no lo iba a conseguir de hecho en ningún momento. La Iglesia Católica estaba fundida con la monarquía y estaba dispuesta a seguir formando parte del Estado no como un poder más, sino como el primer poder del Estado. Las líneas que siguen son de la pastoral de Pedro Segura, arzobispo de Toledo, en 1931 sin apenas dar tiempo al gobierno provisional a empezar a gobernar: «En estos momentos de angustiosa incertidumbre, cada católico debe medir la magnitud de sus responsabilidades y cumplir valerosamente con su deber. Si todos ponemos la vista en los intereses superiores, sacrificando lo secundario en obsequio de lo principal; si unimos nuestros esfuerzos para luchar con perfecta cohesión y disciplina, sin vanos alardes, pero con fe en nuestros ideales, con abnegación y espíritu de sacrificio, podremos mirar tranquilamente el porvenir, seguros de la victoria».

El hostigamiento de la Iglesia Católica hacia el gobierno fue brutal desde el primer momento y efectivo ya que se hacía a diario desde los púlpitos de todos los templos. Apelando a los más altos designios, aprovechándose del pensamiento supersticioso del pueblo, producto de su ignorancia.

Bajo este clima, el general José Sanjurjo no dudó en dar un golpe de estado el 10 de agosto de 1932 con el objetivo de salvar a la Patria de las hordas rojas y defender los intereses de las distintas oligarquías, golpe de estado que fracasó. Sanjurjo contaba con el beneplácito de los partidos de derechas y de la Iglesia. Tras las elecciones de noviembre de 1933 en las que sale vencedora la coalición de derechas, aunque tuvieron menos votos que los partidos de izquierdas, una de sus primeras medidas fue indultar al general Sanjurjo.

Tras las ambigüedades calculadas de Gil Robles, líder de la CEDA, y la presión que ejercían los monárquicos a través de José Calvo Sotelo (2), Alcalá Zamora, presidente de la república, convoca nuevas elecciones para el 16 y 23 de febrero de 1936.

Durante el bienio negro, como si anticiparan el triunfo futuro de republicanos y partidos de izquierda, los partidos monárquicos y de derechas van preparando el terreno para dar un golpe de estado. Los monárquicos han aprovechado el tiempo para crear sus propias milicias. Al mismo tiempo los líderes de Falange Española y de la JONS también van formando sus propias fuerzas paramilitares y establecen relaciones con las cúpulas militares más reaccionarias y conservadoras. Tanto unas como otras no dudan en cometer asesinatos selectivos para crear un clima de inseguridad social y así justificar un golpe de estado.

Los periódicos de derechas no paraban de atizar el fuego, entre ellos El Debate, de la Editorial Católica. Ángel Herrera Oria, que había sido director de dicho periódico y creador de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, ya estaba conspirando y estableciendo relaciones entre los partidos de derechas y el generalato desde el mismo momento en que triunfó el Frente Popular, lo cual significa que ya estaba planificado desde antes que fueran las elecciones. Las cantidades de dinero que pusieron sobre la mesa las distintas oligarquías fue grande, tanto para la compra de armas como para asegurar un retiro dorado a los generales implicados en el golpe de estado si este no triunfaba.

La jerga utilizada por la derecha y los propagandistas católicos hacía un uso abundante de los conceptos: comunista, socialista, anarquista… vendiendo la patria a los intereses de Rusia. Las derechas sí que estaban en negociaciones con Mussolini y con Hitler para que les apoyaran en el aprovisionamiento de armas, dinero en efectivo, y les ayudaran en la formación de milicias y en la propaganda. Y tanto de uno como de otro consiguieron ayuda aunque en menor medida de la que pretendían. Aquellos patriotas no dudaban en poner a España al servicio de Mussolini y de Hitler.

La verdad es que los socialistas no quisieron entrar en el gobierno después de las elecciones de 1936 y los comunistas obtuvieron sólo 17 escaños. El gobierno estaba presidido por Casares Quiroga, que en ningún momento creyó, o no quiso creer, las informaciones que le llegaban de algunos militares y de algunos parlamentarios avisándole de que el golpe de estado era inminente.

El golpe de estado que se venía gestando fue aplazado varias veces y lo llevaron a cabo cuando consideraron que la situación les era propicia y no porque lo provocara el asesinato de José Calvo Sotelo como nos han dicho una y otra vez, a posteriori, para justificar el golpe.

No hace falta que recordemos que la Guerra Civil significó la muerte de muchas y muchos españolas/es, el destierro y la miseria. Las fosas de los cadáveres siguen sin abrirse y no se ha reparado a las familias en ninguno de los sentidos. El atraso cultural, social y económico que originó lo estamos sufriendo todavía.

Una de las claves de la España vaciada podemos encontrarla en la política que se siguió después de la guerra, consistente en enviar jornaleros, sin formación sindical y arrastrando muchas miserias, a las zonas industriales de España para que las oligarquías financieras e industriales los explotaran a placer.

En el golpe de estado de 1936 también los partidos de derechas pudieron comprobar, Gil Robles el primero, que las bayonetas no les habían servido para alcanzar el gobierno. Eso sí, las distintas oligarquías en menor a mayor medida gozaron de todas las prebendas pero los políticos que lo propiciaron se vieron condenados al ostracismo más absoluto. Exceptuando, claro está, a los políticos surgidos de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas en los primeros años y después los surgidos de las filas del Opus Dei.

Las intentonas golpistas del otoño de 1980 y de febrero de 1981 también tenían detrás una serie de personajes civiles que las apoyaban y sin lugar a dudas contaban con apoyo financiero. Pero para saber lo que había detrás tendremos que esperar a que la documentación sobre ambos casos, puede que en realidad sean el mismo caso, se desclasifique si antes no se pierde parte de ella por el camino. Después de cuarenta años tenemos derecho a que se desclasifique y que podamos saber la verdad.

Después del recorrido histórico por la tradición golpista del país y de cómo la Iglesia está incrustada en las estructuras de poder del Estado, voy a lo que vemos de la actualidad.

La derecha no ha dejado de ser vociferante y como no tiene argumentos sólidos recurre a la descalificación y al insulto de forma sistemática. No tienen el menor pudor en inventarse noticias, la posverdad, la manipulación de los medios, las mentiras descaradas publicadas a los cuatro vientos y esto se ha incrementado con el gobierno de coalición y la llegada del “licenciado” Pablo Casado a la presidencia del Partido Popular.

Hay una serie de periodistas en los medios escritos ya sean digitales o en papel que han perdido todo el sentido de lo que debe ser la información y se dedican sólo y exclusivamente a intentar formar opinión distorsionada de la realidad. Otros desde sus púlpitos de la radio y la televisión se autoproclaman como poseedores de la verdad más absoluta y van a degüello con todo lo que signifique avanzar en libertades y en bienestar social. Periodistas que hace años pensábamos, por lo que hacían y decían, que eran personas éticas. Al final hemos descubierto que les ha interesado más el dinero, cobrar sueldos desorbitados, que la ética y la profesionalidad. Por eso hoy desde sus púlpitos vociferan y dejar correr bulos para defender los postulados de una derecha que añora tiempos pasados en los que gozaban de privilegios a costa de desposeer al resto de la población de los más elementales bienes y libertades.

La Iglesia Católica sigue ahí agazapada pero enseñando la patita cada vez que considera que pierde un privilegio y siguen como siempre dando mítines todos los días y desde todos los púlpitos.

Como bien venía a decir El Roto en una de sus viñetas en El País, los curas utilizan las misas para hablar de política. Para distorsionar la realidad social y política del Estado, para llevar el agua a su molino, a sus intereses privados y en contra del bien común y del progreso.

La nueva Ley de Educación, sin profundizar en ella, viene a cuestionar dos errores de las dos últimas leyes. El error de la Ley de Rodríguez Zapatero que en la introducción de la misma venía a consolidar los dos sistemas de educación, la pública y la concertada, el otro error es de la ley del ministro Wert en la cual se recoge por primera vez que el castellano es la lengua vehicular, una prueba de la catadura del exministro. Pues ahí tenemos a la Iglesia Católica reivindicando su privilegio de adoctrinar a niños y niñas porque se discrimina a la educación concertada. El derecho que pretenden defender todas personas del lazo naranja, las “desconcertadas”, no es un derecho, es un privilegio ya que sólo lo tienen unas pocas familias. ¿Cuántos colegios concertados hay en las zonas rurales? Está claro que montan sus colegios para educar a las élites que dirigirán el país en el futuro y los montan donde además les son rentables económicamente desde el primer momento.

Hace unos días salía en un canal de televisión un “santo varón” defendiendo el derecho a la educación concertada y se identificaba con la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, es decir, están ahí detrás de la mata para atacar cuando menos lo esperemos.

¿Qué ha dicho la Conferencia Episcopal española sobre los WhatsApp de los militares retirados y no retirados? Yo no he visto nada escrito ni he escuchado nada, la Iglesia Católica está a otra cosa.

Por lo visto esto no pertenece a su ámbito, aquí no pierde ningún privilegio. Sus capellanes siguen en los cuarteles asistiendo espiritualmente a los militares, incluidos estos que quieren fusilar a más de 26 millones de rojos.

La Iglesia Católica se manifiesta y se opone siempre que aparecen leyes que pretenden igualar a la mujer en derechos con los varones, cuando se iguala a las personas homosexuales en derechos con otras personas, cuando se defiende el derecho a morir dignamente, cuando se pretende que la educación forme a personas librepensadoras y con pensamiento racional, científico y crítico. La Iglesia Católica tiene como objetivo mantener a las masas en la ignorancia para poder seguir fomentando en ellas el pensamiento supersticioso.

Hoy en día la derecha parlamentaria ha cambiado la jerga llamando al gobierno socialista comunista y bolivariano. Llenando además su discurso de mentiras y palabras soeces y se quedan tan panchos y sus corifeos aplauden y llenan las redes de esos vómitos y de esa incontinencia verbal.

Llamar al gobierno socialista "comunista y bolivariano” es demostrar su falta de cultura política o bien derramar su mala baba.

El Partido Socialista por su forma de gobernar hasta ahora ha sido más bien un partido que podemos tildar de centro y por las propuestas que está haciendo UP se encuadran más como propias de una formación socialdemócrata. Por tanto ni van a cuestionar la propiedad ni tenencia de la tierra, el papel de la banca y los engaños de las élites financieras, ni de los fondos buitre, ni la forma de Estado, ni van a sacar una ley laboral que dé el poder a las organizaciones sindicales, ni van a dejar de subvencionar a la Iglesia Católica -que debería ser autosuficiente desde 1988-, los recursos económicos para la transición energética y ecológica se los llevarán las grandes empresas y gran parte se perderán por el camino...

Respecto a los WhatsApp de los militares, jubilados y activos, podemos despreocuparnos y mirar para otro lado y considerar que son producto de la demencia senil y la añoranza de la dictadura de una tropa adoctrinada en los cuarteles. Es decir, podríamos hacer como Casares Quiroga, primero no darle importancia y después cuando se presenta el problema dimitir y salir corriendo.

La postura de Felipe VI en el discurso de la Pascua Militar del día 6 de enero se parece bastante al de Casares Quiroga, la postura de la ministra de Defensa, Margarita Robles, parece que ha ido un poco más allá, pero no mucho más allá.

Las soflamas desde los púlpitos, las manifestaciones de la educación “desconcertada”, los WhatsApp de los militares, el jefe de Estudios de una Escuela de la Marina conmemorando el hundimiento de un submarino “rojo” en el tablón de efemérides gloriosas, las demandas de la Asociación de Abogados Cristianos, y tantos otros despropósitos más de la derecha son la punta del iceberg de ese nacionalcatolicismo que sigue ahí pudriendo todas las instituciones y que nos impide avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Ahí está la diputada Olona diciendo que esos militares son de ellos y ahí está el Partido Popular pronunciándose con retraso sobre el hecho y sin apenas aclarar qué piensan. La derecha no ha aprendido nada de la historia de las asonadas militares, esperemos que al menos sepan que las bayonetas no sirven para sentarse sobre ellas.

No podemos mirar para otro lado, no podemos quitarle importancia a esas manifestaciones, hay que ir a la raíz del problema y sacar al nacionalcatolicismo de todas las instituciones porque si no lo hacemos ellos acabarán con las instituciones democráticas convirtiéndolas en meras marionetas de sus intereses.

(1) Talleyrand, ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón.

(2) Olaya Morales, F. 2005. Las verdades ocultas de la Guerra Civil. Ed. Belacqua.