Libertades civiles
¿Es el Derecho Fundamental de reunión y manifestación un privilegio de los ricos?

Ante los recientes acontecimientos relacionados con el Derecho Fundamental de Reunión y Manifestación, resulta absolutamente necesario hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo en estos momentos de crisis sanitaria, económica y social, y recordar a su vez lo que sucedía antes de la declaración del estado de alarma.

En primer lugar, afirmamos de manera taxativa nuestra firme apuesta por que el Derecho Fundamental de Reunión y Manifestación pueda desarrollarse de la manera más amplia y flexible posible; y ello es así porque, en cualquier sociedad (más aún en estos tiempos de desinformación, en el que tanto los medios de comunicación, como incluso las redes sociales, se encuentran cada vez más controladas por intereses económicos) constituye una de las principales, sino la más importante, forma en que sus integrantes pueden expresar sus ideas, converger con iguales para abordar objetivos comunes y difundir ideas y pensamientos por sus propios medios, sin depender de instrumentos que escapan a la ciudadanía de a pie. Y ello implica que debemos tolerar las expresiones de los demás, de la misma manera que exigimos que se toleren las propias, con los únicos límites que puede exigirse a cualquier ideología o pensamiento, que no son otros que los que lindan con el respeto a los Derechos Humanos.

En fechas recientes el TSJA de Sevilla afirmaba literalmente que “la administración, en este caso, no ha actuado con la debida diligencia para la salvaguarda del ejercicio de un derecho fundamental como el de reunión"

Sin embargo, con la misma firmeza debemos denunciar el terrible agravio comparativo que se está produciendo en estos días con la autorización o denegación de según qué manifestaciones, y la represión estatal que se ceba, una vez más, de diferente forma en función del barrio que se trate; desde la propia experiencia podemos asegurar que el control que la administración pública puede imponer sobre el Derecho de Reunión, en base a la Ley Orgánica 9/1983, se constituye en multitud de ocasiones en un instrumento con el que arbitrariamente se cercena el ejercicio de ese Derecho. Y todos esos límites se amparan en un término que se constituye en verdadero cajón de sastre con el que se camuflan estos abusos; se trata de un “concepto jurídico indeterminado” contra el que grupos y asociaciones de defensa de colectivos vulnerables debemos luchar continuamente, incluso en los Tribunales, sin encontrar amparo en la mayoría de ocasiones.

Así vimos como en recientes fechas el TSJA de Sevilla dio la razón a esta asociación en el recurso que formuló frente a la denegación que recibimos de la Subdelegación del Gobierno de Sevilla para celebrar una concentración el pasado mes de noviembre, en solidaridad y recuerdo de una persona sin hogar que falleció en la calle en nuestra ciudad, afirmando literalmente que “la administración, en este caso, no ha actuado con la debida diligencia para la salvaguarda del ejercicio de un derecho fundamental como el de reunión”.

Las sanciones administrativas impuestas en este estado de alarma se han cebado con barrios de renta baja, mientras la desobediencia colectiva de barrios de rentas altas no sólo no es penalizada de la misma manera, sino que incluso cuenta con la complacencia de los cuerpos de seguridad del estado

En estos momentos de grave crisis de Salud Pública, el concepto de Orden Público adquiere una verdadera dimensión, y sin embargo, asistimos con estupor e incredulidad a ver grupos de personas que salen a manifestarse sin respetar las normas sanitarias vigentes, sin comunicar a las correspondientes Subdelegaciones de Gobierno, e incluso muchas de ellas enarbolando gravísimos mensajes de odio, todo ello sin que las autoridades hayan procedido a tomar medidas al respecto. También hemos visto cómo se denegaban manifestaciones en vehículos para la celebración del 1 de mayo, y se autoriza otra del mismo tipo convocada por la ultraderecha. Y también hemos asistido a ver cómo las sanciones administrativas impuestas en este estado de alarma se ha cebado con barrios de renta baja, mientras la desobediencia colectiva de barrios de rentas altas no sólo no es penalizada de la misma manera, sino que incluso en multitud de ocasiones cuenta con la complacencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Nos parece deplorable que un gobierno que aboga por la derogación o modificación de la restrictiva Ley Mordaza, la haya utilizado a discreción.

En ningún caso abogamos por el fomento de las sanciones o denuncias; la cuestión es que si la hipocresía antes era evidente, en estos momentos no se sostiene. Y el mayor problema es el mensaje que parece que se está lanzando, en el que se ve con claridad una arbitrariedad en el trato a según qué personas o ideas, o a según a cómo se realicen, en un momento en el que millones de ciudadanos en nuestro país se encuentran en exclusión social o en riesgo de estarlo. ¿Qué ocurriría si este grupo mayoritario en nuestra sociedad decidiera salir a manifestarse por estos motivos violando las normas sanitarias vigentes? Mucho nos tenemos que no habría demasiadas concesiones a su protesta.

El Estado deje de actuar de manera arbitraria en el ejercicio del Derecho de Reunión y Manifestación, con un grave sesgo ideológico hacia determinados grupos y afinidades políticas, más acordes con un sistema económico que privilegia los intereses de los de arriba

Afortunadamente, la mayoría de la sociedad está embarcada en un gran esfuerzo colectivo como podemos comprobar con las múltiples redes de apoyo solidario creadas, y los encomiables esfuerzos que la gente hace para sostener a sus iguales, como ya ocurriera con la anterior crisis.

Y es a esto a lo que deben volcarse todos los esfuerzos, para lo cual exigimos a la administración que ponga todos los medios para que esta nueva crisis económica, que era anterior a la pandemia y que ésta ha agravado, no la vuelvan a pagar los mismos.

Pero igualmente exigimos que el Estado deje de actuar de manera arbitraria en el ejercicio del Derecho de Reunión y Manifestación, con un grave sesgo ideológico hacia determinados grupos y afinidades políticas, más acordes con un sistema económico que privilegia los intereses de los de arriba, y que garantice que se pueda ejercer en condiciones de igualdad y seguridad para todas las personas, las que disienten y las que no lo hacen.