Agricultura
Una breve panorámica del campo extremeño: ASAJA y AFRUEX siguen bordeando sus obligaciones en el pago del Salario mínimo

La lucha de clases aparece con intensidad un verano más en el campo extremeño. En este período, de una manera clara y nítida, se desnudan los intereses de las diferentes clases que conviven en la sociedad extremeña y a su vez, queda al descubierto el papel político de la Administración Pública en esta pugna de tendencias contrapuestas.

Comenzaremos por describir muy sintéticamente algunas de las entidades más significativas que desfilan por este escenario representando a los diferentes sectores sociales. ASAJA Y AFRUEX, son colectivos que encarnan a las Patronales Agrarias; la UPA, organización que agrupa a sectores de los pequeños agricultores; la Asociación 25 de marzo, que ha tomado las riendas en la defensa de los intereses de la clase obrera.

Hasta la fecha no hemos escuchado una palabra de la consejera del ramo o de algún dirigente institucional denunciando el abuso y la explotación que se está dando en el campo extremeño

En toda esta colisión de intereses, la Administración Pública, la Junta de Extremadura en manos del PSOE, aparece como un espectador pasivo que se desentiende de lo que sucede en la realidad. La imagen pública que quiere transmitir de ausencia en el conflicto, como si fuera una figura ajena al enfrentamiento de intereses económicos y sociales, es incapaz de ocultar un posicionamiento político favorable a unos pocos y muy alejado de los intereses de la mayoría social. Esta actitud se puede comprobar en el hecho de que hasta la fecha no hemos escuchado una palabra de la consejera del ramo o de algún dirigente institucional denunciando el abuso y la explotación que se está dando en el campo extremeño, cuando es de sobra conocido que los Patronos Agrarios y las Centrales hortofrutícolas oponen serias resistencias al cumplimiento de la legalidad salarial con sus empleados y a la compra de la fruta a los pequeños agricultores.

Las organizaciones agrarias, ASAJA y AFRUEX, intentan bordear y soslayar las obligaciones que el nuevo régimen salarial ha aprobado el gobierno de España. En este orden de cosas, vienen desarrollando una intensa campaña mediática que tiene como eje fundamental la insistencia en pronosticar un inminente desastre en el mundo rural extremeño por culpa de estos incrementos salariales. Una y otra vez en los medios de comunicación nos profetizan un cúmulo de sucesos dramáticos para la economía y la sociedad extremeña. Estas ideas que tienen un reflejo practico en el comportamiento empresarial a la hora del cumplimiento de la legalidad establecida en el Laudo, también, influyen de modo decisivo en el retraso voluntario para la negociación de un nuevo convenio colectivo en el que de modo ineludible deberán influir las nuevas expectativas laborales derivadas del incremento del salario mínimo.

No tienen perjuicios algunos para identificar sus intereses particulares, y sus beneficios empresariales, con los del conjunto de la sociedad, y así argumentan que si los salarios suben las empresas agrícolas y centrales hortofrutícolas caerán en la ruina

En concreto, nos quieren engañar con la burda y manoseada opinión mil veces utilizada de que el encarecimiento de la mano de obra perjudica la competitividad y la caída de las ventas de los productos extremeños en los mercados nacionales e internacionales, como si aquél fuera el factor decisivo del precio del bien agrícola considerado. En el fondo del asunto, para esta gente el crecimiento del beneficio empresarial sólo tiene una dirección, se fundamenta en comprar la fuerza de trabajo todo lo barata que sea posible. No tienen perjuicios algunos para identificar sus intereses particulares, y sus beneficios empresariales, con los del conjunto de la sociedad, y así argumentan que si los salarios suben las empresas agrícolas y centrales hortofrutícolas caerán en la ruina, el desempleo crecerá y se producirá el despoblamiento del mundo rural.

Desde la Asociación 25 de marzo, y también desde el Campamento Dignidad de Extremadura, se trabaja para informar a la clase obrera, para ello se recorren los centros de trabajo y se hacen asambleas en diferentes localidades informando a los jornaleros y jornaleras

Desde algunos movimientos sociales, muy especialmente desde la Asociación 25 de marzo, y también desde el Campamento Dignidad de Extremadura, se trabaja para informar a la clase obrera, para ello se recorren los centros de trabajo y se hacen asambleas en diferentes localidades informando a los jornaleros y jornaleras agrícolas de las condiciones laborales que establecen las normativas legales. Los activistas de estos movimientos sociales están dando pasos firmes para que se organice la clase trabajadora en su lucha contra la tremenda explotación laboral.

Los datos estadísticos que describen el declive de la situación económica de la población extremeña son bastantes concluyentes a pesar de las fantásticas y alegres opiniones de nuestros dirigentes políticos, que día tras día nos anuncian a bombo y platillo, un futuro brillante con las inminentes potencialidades para el desarrollo económico que se ofrecen en nuestra tierra. Sin embargo, las desigualdades sociales son cada vez más evidentes como resultado de los bajos salarios, la precariedad y el desempleo que son los sellos que caracterizan y atormentan a un importante número de familias extremeñas. 

Uno de los sectores sociales que más ha sido y está siendo castigado a consecuencia de la estructura económica de la región es el de los jornaleros y jornaleras agrícolas. En el caso de los obreros agrícolas eventuales, el período durante el cual están empleados es sólo de unos meses al año. Durante el verano, la mayor parte de las tareas laborales que realizan están relacionadas con las frutas con una duración de semanas, que con suerte se suelen prolongar durante el período veraniego con otras actividades como la vendimia, la recolección del tomate para enlazar a finales del año con la recogida de aceitunas, etc.

Parece que un asunto que se debe resolver lo antes posible es la negociación de un nuevo convenio colectivo para el campo dado que el anterior estuvo vigente hasta diciembre de 2018

Si cumplen ciertos requisitos administrativos y laborales cobran la renta agraria o el subsidio agrario mientras están desempleados hasta un máximo de seis meses, por lo general unos 430 euros/mes. Por lo demás la mayoría de los emolumentos los días que se trabaja no llegan a los 45 o 50 euros. En la actualidad, después del laudo dictado deben cobrar 46,30 euros/día. En algunas fincas y centrales hortofrutícolas, a pesar de las tan cacareadas “recomendaciones de AFRUEX” se está pagando bastante menos de esta cantidad.

Parece que un asunto que se debe resolver lo antes posible es la negociación de un nuevo convenio colectivo para el campo dado que el anterior estuvo vigente hasta diciembre de 2018. En este nuevo compromiso la clase obrera debe conseguir unas condiciones laborales y unos emolumentos que superen las cantidades ridículas que actualmente se están pagando.

La situación de crisis económica-social en el campo extremeño afecta con especial intensidad a los pequeños y medianos agricultores

La situación de crisis económica-social en el campo extremeño afecta con especial intensidad a los pequeños y medianos agricultores. No solamente son los movimientos sociales quienes denuncian la explotación laboral y los bajos salarios, también, en estos días, desde la UPA, su secretario general Ricardo Huerta, pone de manifiesto la total impunidad con la que las centrales hortofrutícolas actúan respecto a los pequeños agricultores.

El dirigente agrario denuncia que las prácticas que siguen las centrales en las compras de las frutas están aplastando a los campesinos. Según indica, aquellas compras sufren unas restricciones importantes que materialmente vienen reflejadas en el establecimiento de cupos de entrada, la imposición de dimensiones determinadas de las frutas con el objetivo de dejar fuera a gran parte de la producción o rechazando determinadas variedades, y a su vez pagando precios ruinosos que están llevando a la bancarrota a muchos pequeños agricultores que, ante esta tesitura, se ven obligados a arrancar sus frutales y a vender sus parcelas. Es decir, la UPA pone, negro sobre blanco, que son las mismas centrales hortofrutícolas las que se están cargando la producción y provocando situaciones que perjudican gravemente a la población trabajadora extremeña y al campesinado.

Hasta hace unos días no hemos escuchado ningún pronunciamiento que salga de la boca de la consejera Begoña García. Así, hemos conocido que en una reunión con AFRUEX alentaba a los empresarios de las frutas

Entendemos que el dirigente de la UPA viene a pedir una racionalidad en el mercado en el que se desenvuelve este sector de la producción agrícola regional, algo fundamental para la supervivencia de los agricultores y trabajadores agrícolas. Para ello es muy urgente una intervención de la Administración Regional en todo lo relacionado con la planificación de la producción y comercialización de los productos agrícolas, junto a otro conjunto de medidas políticas que trataremos en otros artículos.

Ante este conjunto de hechos que suceden en el campo extremeño, la Administración regional ha permanecido y permanece en el más estricto silencio. Hasta hace unos días no hemos escuchado ningún pronunciamiento que salga de la boca de la consejera Begoña García. Así, hemos conocido que en una reunión con AFRUEX alentaba a los empresarios de las frutas.

La consejera también realizaba unas declaraciones en favor de la paz social en el campo, y en ese sentido consideraba muy positivo que esta organización recomendara a sus asociados que pagaran el salario de 46,34 euros; posteriormente, ensalzaba la importancia del sector de las frutas en la economía extremeña. Poco más se ha escuchado de ella o de otras personalidades de la Junta de Extremadura. No sabemos si la responsable de la agricultura extremeña conoce los salarios que pagan las centrales hortofrutícolas ni lo que ocurre en otros aspectos relacionados con los productores.

En todo caso, lo que debe estar claro para la clase obrera y los campesinos (pequeños y medianos agricultores) es que no se van a arreglar las cosas pidiendo la paz social. Lo que quiere la consejera del ramo es una entelequia que se fundamenta en la benevolencia y la generosidad de los empresarios agrarios. La paz social tiene varias interpretaciones y básicamente es la consecuencia de la relación de fuerzas entre las clases sociales. El estado de las cosas que se manifiestan actualmente en el campo es tal que la clase obrera no tiene fuerza política ni sindical y se ve obligada a aceptar lo que le ofrece el empresariado. Desde la Asociación 25 de marzo están trabajando para cambiar el contenido de la paz social. Para ello, paso a paso, día a día, avanzan en la organización para modificar la relación de fuerzas con el objetivo de conseguir una sociedad extremeña más justa y de mayor bienestar.