Referéndum del 1 de octubre
Denunciar la represión, nexo de unión de un independentismo discorde

Dentro de 3 días, Roger Umpiérrez irá a juicio. La Policía Nacional le acusa de haberles insultado y de darles un manotazo al requerirle que se identificara. Todo ocurrió delante de la comisaría de Via Laietana de Barcelona después de una movilización en noviembre de 2017. Roger niega los hechos y, de hecho, denunció que los policías le habían maltratado. La Audiencia Provincial afirmó que, efectivamente, existían indicios de vejación y que los agentes implicados deberían ir a juicio. Entonces, la pena que le pedía Fiscalía pasó de los 2 años iniciales, a los 3 que le piden ahora. El de Roger, es uno de los 10 juicios en relación al proceso independentista que tienen que celebrarse este trimestre. Esta semana también se ha juzgado al periodista Antonio Baños y la diputada de la CUP Eulàlia Reguant por haberse negado a testificar ante Vox en el juicio de los presos políticos. Desde hoy, toca a casi un juicio por semana antes de terminar el año. 

El quinto aniversario del 1 de octubre coincide con “el pico de los juicios de las protestas que se produjeron después de que se publicara la sentencia de los presos políticos”, sostiene el portavoz de Alerta Solidària, Martí Majoral. Tanto Alerta Solidària como Òmnium Cultural, las dos principales entidades que se dedican a hacer frente a la represión contra el independentismo, corroboran que a día de hoy hay más de 90 causas judiciales pendientes de resolución. Sin embargo, la cifra de afectados varía. Según Alerta, estas causas afectan a 188 independentistas mientras que Òmnium eleva la cifra a las 563. “Seguimos inmersos en una causa general contra el independentismo y, por tanto, en una persecución sistemática de la disidencia”, afirma Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural.

En los últimos cinco años hay un total de “4.200 personas represaliadas” alrededor del Procés, afirma la entidad. Desde el Centro de Defensa de Derechos Humanos Iríada, también recuerdan que hay 65 agentes de la Policía Nacional investigados por su actuación durante el 1 de octubre de 2017 en los centros de votación de Barcelona ciudad. La fase de investigación ha concluido, informan, y están a la espera del juicio.  

La represión aglutina un independentismo dividido en la estrategia

“Es evidente que la represión sigue. Los juicios que deben celebrarse son una muestra de ello”, aseguran fuentes de la presidencia de la Generalitat. Unas afirmaciones que defienden y aglutinan a todo el espectro independentista. No es tarea simple. La unidad que se exhibía en Catalunya hace cinco años en defensa del referéndum de autodeterminación parece hoy un espejismo. La fractura interna en el gobierno, las desavenencias y las divergencias en el camino a seguir dibujan un soberanismo con mayor división que proyecto capaz de generar consenso.

La muestra está en que, admitido que la represión no cesa, las diferencias estratégicas afloran y tensionan. Desde la presidencia de la Generalitat insisten en la necesidad de la mesa de negociación. “El Govern trabaja para la desjudicialización del proceso independentista. Éste es uno de los acuerdos a los que se ha llegado con el gobierno español”, explican. Y añaden: “Está previsto que a finales de año ya se vean los primeros resultados de esta desjudicialización”. El propio socio de gobierno, Junts, pero, critica abiertamente esta estrategia. Alerta Solidària también denuncia que “no se puede hablar de desjudicialización efectiva” cuando “este trimestre deben celebrarse 11 juicios políticos” contra independentistas.

Por otro lado, Pau Juvillà, el ex secretario de la mesa del Parlament de Catalunya que perdió el escaño a principios de año por haber desobedecido y no haber descolgado unos lazos amarillos del Ayuntamiento de Lleida en período electoral, lamenta que actualmente “hay un intento de invisibilizar la represión” y defiende: “A pesar de la mesa de diálogo y el intento de pacificación del Estado y de una parte de los partidos independentistas, la represión sigue vigente cuando se envía la mesa del Parlament ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para debatir sobre la monarquía o la autodeterminación, cuando estos debates se han dado sin ningún problema en el Parlamento gallego”.

El Gobierno se aferra a la “seguridad nacional” para no aclarar si conocía el espionaje masivo contra políticos independentistas

Ter García

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Espionaje

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Distintas evidencias señalan al Estado como responsable del espionaje a 65 políticos y personalidades catalanas y vascas a través del software Pegasus. Una investigación de Citizen Lab detalla cómo y cuándo se infectaron los teléfonos y sugiere la responsabilidad del CNI.

Menos detenciones, penas más altas y métodos de la lucha antiterrorista

Tras la brecha que representó la pandemia y a raíz, también, de las tensiones internas, el movimiento independentista de hoy está más debilitado, genera menos movilizaciones y, en general, participa menos gente de ellas. Esto explica, según Martí Majoral, que ahora no “exista ni mucho menos una represión activa policial que genere nuevas causas como pasaba en otoño de 2017 o de 2019, al conocerse la sentencia de los presos políticos”. La represión se mantiene pero “se adapta al nivel de lucha que se da en cada momento”, defiende la abogada Norma Pedemonte. En este sentido, afirma que hoy hay menos detenciones pero, en cambio, se da “una lucha sin tregua por parte de Fiscalía por pedir penas muy altas” a los encausados.

La evolución que más preocupa al conjunto del movimiento es la asunción del relato que asimila al independentismo con el terrorismo. Martí Majoral, defiende que “el Estado ha apretado el acelerador y ha puesto mucho dinero en aplicar métodos que se han utilizado habitualmente en el País Vasco como el espionaje o la infiltración de agentes a los movimientos políticos” y recuerda “la imputación genérica por terrorismo a gente que sólo se ha manifestado”. Concebir independentismo como terrorismo, explica, “se hace para justificar internamente el uso de medios que vulneran derechos fundamentales como el espionaje o la infiltración y crear un relato que permita casos como el de Tamara Carrasco o la Operación Judas”, que comportó la detención de 9 miembros de los Comités de Defensa de la República acusados ​​de terrorismo. 7 de ellos estuvieron tres meses en prisión provisional. Ahora, parte de las diligencias de investigación están siendo reclamadas por las defensas y negadas por el juez instructor.

En este sentido, hace 4 meses, la Directa y el diario Ara destaparon que la Policía Nacional había infiltrado a un agente en el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, en la asamblea por el derecho a la vivienda Resistim el Gòtic y el Casal Popular Lida Òdena de Barcelona entre junio de 2020 y mayo de 2022. Se trata de una infiltración, pues, que se inicia en la fase en que la movilización en la calle va a la baja. El mismo cuerpo policial intentó captar a Enric Pérez como confidente de Jovent Republicà, las juventudes de Esquerra Republicana, i Batec.

Ante estas informaciones, Òmnium presentó un recurso contencioso en la Audiencia Nacional. La respuesta fue un informe del ministerio de Interior, de agosto de 2022, en el que se justifica y considera “legítimo, idóneo y oportuno” la infiltración de agentes al movimiento independentista dado su carácter “violento”. Xavier Antich, presidente de la entidad, argumenta que “hay una estrategia de Estado para vincular independentismo con terrorismo” y considera “muy grave que, para justificar vulneraciones de derechos flagrantes como es infiltrarse en organizaciones juveniles, un Estado pretendidamente democrático se invente prácticas violentas inexistentes”.

El papel de la Generalitat genera tensiones

El papel de los Mossos d'Esquadra también genera discrepancias en el seno del independentismo. Esquerra y la CUP, en el acuerdo al que llegaron para investir a Pere Aragonès como presidente de Catalunya, acordaron que la Generalitat se retiraría de las causas judiciales relacionadas con el independentismo en las que se había presentado como acusación particular si se acreditaba que no existían lesiones a los agentes de la autoridad.

Según fuentes de la presidencia, así lo han hecho. Asumen que se han “ido retirando de todas las causas” aunque “actualmente, todavía hay unas cuantas causas abiertas que se están analizando caso a caso para aplicar este criterio de retirada de acusaciones”. Alerta Solidaria, lo certifica pero critica que deben “batallar mucho” y “ejercitar presión mediática” para que el compromiso se haga efectivo. En palabras de Martí Majoral, “ni Junts ni ERC”, cuando han estado al frente de los Mossos, “no han tenido la valentía de hablar claro y admitir que en Catalunya hay un problema con ciertos policías y trabajadores”. “La Generalitat pretende lograr compromisos de un cuerpo policial que no quiere o no puede controlar”, añade la abogada Norma Pedemonte.

Ante este escenario complejo e incierto, Òmnium Cultural tiene claro que la represión seguirá mientras haya lucha independentista. “Estos cinco años nos demuestran que la lucha antirrepresiva, por ser realmente efectiva, debe ser, esencialmente, estratégica. Para cohesionar el movimiento, fortalecerlo individual y colectivamente y avanzar en los objetivos políticos que la represión quiere romper.” En la misma línea, Pau Juvillà reclama que “las tensiones no deberían existir en el contexto antirrepresivo”. Unos llamamientos a la unidad antirrepresiva que habrá que seguir cómo evolucionan en medio de la crisis del Gobierno catalán.