Derecho a la vivienda
El Gobierno prorroga hasta noviembre el decreto antidesahucios criticado por los grupos por el derecho a la vivienda

El Gobierno ha decidido prorrogar casi tres meses más el llamado decreto de escudo social, que prevé distintas medidas de paralización temporal de desahucios de grandes tenedores de vivienda, prórrogas forzosas del alquiler y prohibición de cortes de suministros. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros. Con una advertencia: “ojalá los indicadores sanitarios permitan que podamos pasar esa fecha sin el escudo social, dadas las nuevas oportunidades que podrán tener los hogares más desfavorecidos”, ha señalado. 

La portavoz no ha dado detalles sobre qué medidas se prorrogan. Lo publicado hasta ahora en la prensa señala que el decreto extenderá hasta el 31 de octubre (exactamente 12 semanas más) la prohibición de los cortes de suministros (luz, gas y agua), la suspensión de los desahucios en viviendas propiedad de grandes tenedores (más de 10 viviendas en propiedad, según la norma) y la prórroga de seis meses de aquellos contratos de alquiler que expiren durante ese periodo. Con una condición: con la excepción de la prórroga del alquiler, en todas estas situaciones los servicios sociales habrán tenido que certificar que las personas beneficiarias se encuentran en situación de vulnerabilidad, y el juzgado habrá tenido que aceptarlo.

Es aquí donde se encuentra una de las fallas en la mecánica judicial del decreto. La norma, que expiraba este 9 de agosto, ha sido criticada por insuficiente por organizaciones por el derecho a la vivienda y sindicatos de inquilinos, especialmente después de que se conocieran las cifras de lanzamientos judiciales (desahucios) correspondientes al primer trimestre de este año, que mostraron un aumento del 13% con respecto al mismo periodo de 2020. Desde enero, ya estaba vigente la ampliación del decreto original de escudo social, que incluía situaciones de “vulnerabilidad” (en la terminología del decreto) anteriores al coronavirus y ponía vías para la suspensión no solo de los desahucios de inquilinos sino también algunos lanzamientos de personas en precario y con procedimientos por usurpación (mediáticamente conocidos como okupas). Esto no impidió que se multiplicaran los desahucios con respecto al periodo anterior, incluidos los lanzamientos hipotecarios, que tienen además su propia moratoria hasta el año 2024. 

“O falla la legislación y es imprescindible mejorarla, o la judicatura se la salta y es necesario denunciarlo”, señalaba la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en un comunicado. Entre la casuística documentada por la PAH, se encuentran las denegaciones de justicia gratuita, de informes de los servicios sociales o la propia tendencia de algunos juzgados a no aceptar estos últimos documentos como pruebas para dar por válida la situación de vulnerabilidad. No obstante, otros motivos apuntan a razones más estructurales: el decreto no detiene los desalojos instados por propiedades con 10 viviendas o menos apuntadas a su nombre, y deja en la interpretación del juzgado la decisión sobre la vulnerabilidad. En un caso extremo, un juzgado barcelonés se negó a detener el desahucio de una vecina de Barcelona por ignorar si Sareb, la empresa semiestatal creada para comprar el parque inmobiliario invendible procedente de la crisis de 2008, es gran tenedor de vivienda. 

Diversas organizaciones impulsoras de la campaña de huelga de alquileres de 2020 criticaron el decreto original de escudo social por no imponer una moratoria en el pago de rentas, lo que, adelantaban, haría que se fueran acumulando los procedimientos judiciales. Solo en el caso de los procedimientos por impago de alquiler, hay pendientes 41.000 procesos de desahucio en los juzgados españoles.