Personas refugiadas
El colapso para pedir asilo político y la saturación de los recursos de acogida en Madrid deja a niños en la calle

Cuando repetimos una y otra vez lo complicado que es acceder, por ejemplo, a la red de protección internacional, la mayoría de las veces nos quedamos ahí, en el mensaje. Unas palabras sirven para contar la injusticia que supone, pero en pocas ocasiones somos conscientes de lo que esa realidad supone. Desde luego, no ocurrió lo mismo con la familia de georgianos que hace unas semanas llegaron a la capital, con cuatro hijos de 2, 10, 11 y 13 años de edad.

Huyeron de su país, pero lo que se han encontrado en Madrid ha sido el total colapso para iniciar los trámites de petición de asilo político, un Samur Social saturado y varias noches durmiendo con los pequeños en la calle. Eso ocurrió hasta que aceptaron separarse de sus hijos mediante una guarda temporal ofrecida por la Policía municipal. Aunque actualmente la familia ya se encuentra unida en un recurso de primera acogida del Ayuntamiento de Madrid, la tensión en el sistema continúa.

Edurne Aroca, trabajadora social que desempeña sus funciones en el Samur Social, atendió en primera instancia a la familia. “Tenemos una sede donde la gente puede acudir directamente, pero nosotros no tenemos la competencia de acoger a personas que solicitan asilo y refugio, aunque sí ciertas plazas de emergencia que siempre están llenas. Quien tiene las competencias de ello es el Ministerio de Inclusión, pero están bloqueados también”, relata la empleada del servicio de emergencia del Consistorio madrileño.

La familia procedente de Georgia entró a Europa por Polonia. Aroca tuvo que explicarles mediante un traductor, pues ninguno de ellos hablaba nada de español, que no tenían ninguna solución para ellos. “Cuando les decimos que no, se buscan la vida como pueden. Las parroquias y la ciudadanía les suelen ayudar hasta que entran en la red de protección internacional, desde donde sí es más sencillo disfrutar los recursos de primera acogida de la Cruz Roja”, relata la trabajadora.

Dejar a niños en la calle

“Este caso fue muy sangrante porque se quedaron a dormir en la puerta del Samur Social, a 42 grados, y lo más impactante es que, que yo recuerde y soy la más veterana del equipo, nunca se habían quedado niños en la calle. Ni siquiera les podemos dar comida cuando nos la piden, así que el barrio se movilizó para ello. En algún momento, alguien debió llamar a la Policía Municipal”, agrega Aroca. Fue ahí cuando el grupo de Agentes Tutores del cuerpo ofrecieron una guarda temporal y voluntaria a los progenitores, que la aceptaron. Al final, los cuatro menores fueron a un dispositivo de la Comunidad de Madrid y su madre y su padre e otro del Ayuntamiento de la capital.

Desde el Ministerio de Inclusión y su Secretaría de Estado de Migraciones no despejan la duda de por qué no se realiza ningún traslado desde hace dos meses

Aroca apuntilla que “existen recursos para familias, pero ellos no cumplirían con un criterio que ha determinado el Samur Social para entrar, y es que sean una familia de extrema vulnerabilidad”. Asimismo, esta empleada critica fervientemente los cambios de criterios que ella y sus compañeras sufren por parte de la dirección de forma constante. “Es algo aleatorio, las indicaciones que nos dan son totalmente distintas y disparatadas de un día a otro, y supone un desgaste muy importante decirle a una familia que trabajamos así, además de discriminatorio”, en sus propios términos.

Por el momento, los seis se hospedan en el recurso para familias Mejía Lequerica, tal y como informa el Área de Familias del Ayuntamiento de Madrid. La entidad local, pese a no ser su competencia, apoya al Gobierno central con algunos recursos de emergencia. “El Gobierno lleva más de un mes y medio sin trasladar solicitantes de asilo a sus propios recursos, incumpliendo así sus competencias, vulnerando los derechos de los solicitantes y saturando la red municipal de Emergencia Social”, afirman. Según el Consistorio madrileño, el 31 de mayo fue el último día en el que el Gobierno de Pedro Sánchez trasladó a alguien.

Masificación en los dispositivos

Desde el Área de Familias son conscientes que la familia georgiana tuvo que pernoctar en la calle durante la ola de calor, aunque insisten: “El Ayuntamiento cuenta con 368 plazas en la red para el perfil de solicitante de asilo, pero en este momento acoge a 460 solicitantes, por lo que se están ocupando plazas destinadas a otros perfiles, como familias vulnerables”.

Ante dichas acusaciones, desde el Ministerio de Inclusión y su Secretaría de Estado de Migraciones no despejan la duda de por qué no se realiza ningún traslado desde hace dos meses. Hasta la fecha, señalan, han atendido a más de 130.000 personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, de ellas un 76% son personas beneficiarias de protección temporal que han huido de Ucrania con motivo de la guerra. “En los dispositivos de Ayuntamiento no hay ni un solo solicitante de nacionalidad ucraniana, la atención a estas personas ha sido asumida por la Secretaría de Estado en exclusiva sin ningún apoyo por parte del Ayuntamiento”, añaden.

Más de un centenar de personas por acoger en la red

Asimismo, sostiene que el sistema de acogida ha establecido un cauce privilegiado con los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, que ha permitido la derivación de 427 personas en lo que va de año. “Están pendientes de derivación desde los dispositivos de acogida del Ayuntamiento al sistema de acogida 110 personas solicitantes de asilo, de ellas un 46% son venezolanas y un 26% colombianas, el resto de otras nacionalidades”, tal y como expresan desde el Ministerio de Inclusión.

Todas estas idas y venidas, cruce de acusaciones, datos y cifras no son nada en comparación con el sufrimiento que muchas familias padecen dada la saturación de los procesos. Mónica López, directora de Programas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), asegura que “hay dificultades de acceso al sistema de acogida porque ahora mismo es muy complicado iniciar el procedimiento de asilo, por la saturación de las comisarías y de las citas, aunque solo sea para manifestar voluntad de pedir el asilo”.

De esta forma, recalca esta experta, sería imposible ayudar a alguien, ya que no habría ningún documento que acreditara que es solicitante de asilo y le permitiera entrar en la red de protección internacional. “Ese es el principal problema que nos encontramos en casi todas las provincias, el tiempo que tardan en dar las citas, hasta a los cuatro meses”, enfatiza. Si no han conseguido el documento y tampoco tienen recursos, esas personas quedarían en situación de calle, cuya atención es responsabilidad de los servicios municipales.

De la primera acogida a la autonomía

En el caso de que hayan accedido a la red de protección, accederían también al sistema de acogida, siempre que haya plazas. “Nosotros, como CEAR, en las provincias en las que gestionamos la primera acogida sí que tenemos capacidad y no tenemos que dejar a nadie en situación de calle ni recurrir a los ayuntamiento, aunque en determinados momentos el sistema se pueda saturar, sobre todo en Madrid y Barcelona”, agrega López.

En España, según los datos aportados por la directora de Programas, el 80% de las peticiones de asilo son denegadas. “Puedes estar en el sistema de acogida como solicitante de asilo que, cuando te deniegan finalmente la solicitud, pasarías a tener una situación jurídica de irregularidad y tendrías que salir del sistema”, desarrolla la trabajadora de CEAR. También puede pasar lo contrario, como ha ocurrido con los cientos de refugiados ucranianos llegados a España tras la invasión rusa: “Tras la elaboración de un informe por alguna trabajadora social, será el Ministerio de Inclusión quien decida si esa familia con esas características va a ir a un centro de acogida y de qué provincia”.

Una vez en ese centro y junto a las trabajadoras sociales de la entidad y del dispositivo, elaborarán un itinerario de integración en el que se tendrán en cuenta aspectos como la escolarización de los menores, sus necesidades sanitarias, atención psicológica si la precisaran, búsqueda de empleo o aprendizaje del idioma. Después pasarían a una segunda fase de autonomía, en donde buscarían una vivienda que se pagaría con ayudas del propio sistema. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Ministerio valore su caso y tengan algún tipo de resolución sobre su expediente de asilo. El tiempo máximo que pueden estar en el sistema de acogida son 24 meses, un periodo al que no suelen llegar las oficinas de asilo al resolver antes los expedientes, determina López.

Tal y como concluye la directora de Programas de CEAR, “en España, un país con compromisos internacionales que deberían facilitar el procedimiento a cualquier persona que quiere pedir asilo y acceder a la red de protección internacional, no debería suceder en ninguno de los casos lo ocurrido con la familia georgiana”.