Opinión
Nadie quiere el anteproyecto de ley educativa presentado por el PNV

Bajo la máscara del consenso, los textos del Departamento de Educación enfadan a quienes queremos transformar el sistema educativo vasco.
Bildarratz
El Consejero de Educación Jokin Bildarratz intenta sacar adelante una nueva ley educativa vasca (Foto: Íñigo Sierra)

Secretario general de CCOO Irakaskuntza

5 nov 2022 06:56

Esta no es la ley educativa que Euskadi necesita y CCOO Irakaskuntza no la aceptará. El proceso de renovación de la Ley de la Escuela Pública Vasca se está enredando tanto como nos temíamos todos los agentes implicados en el proceso desde el principio. Bajo una máscara de participación y de búsqueda de consensos, todos y cada uno de los textos que el Gobierno Vasco, el Departamento de Educación y, por ende, el PNV van publicando logran cada vez más enfadar a asociaciones de padres y madres, a trabajadoras y trabajadores, a sindicatos y a otros muchos agentes que vemos la oportunidad y la necesidad de transformar ya nuestro errado sistema educativo.

Con una sociedad en continua transformación, el sistema educativo vasco, dividido en dos redes claramente diferenciadas (la pública y la privada, concertada y no concertada), adolece de una característica segregadora por nivel socioeconómico capaz de avergonzar a todos los que nos movemos en este mundo. Fuertemente enraizada, la preferencia por la educación privada, bien de carácter religioso, bien de carácter sociopolítico, nos caracteriza como sociedad. La creencia de que la relación endogámica entre las personas que nos sentimos parte de una suerte de élites garantizará el éxito económico y social de nuestros hijos e hijas, o de que servirá para preservar nuestra lengua y cultura, hace que nuestra sociedad prefiera mantener con dinero público una educación que nos separa, segregando al resto de la ciudadanía que no puede o no quiere pertenecer a dichas élites.

“Una abrumadora mayoría parlamentaria acordó 43 medidas concretas que deben definir la futura ley educativa vasca, lo que supuso la desconvocatoria de una huelga”

Es triste, pero esta es la realidad que tenemos. No es de olvidar el reportaje que El Correo realizó entrevistando a algunos padres y madres de varios centros educativos concertados vascos. Mostraban su disgusto y desconfianza tras la noticia de que la nueva ley conllevaría la desaparición de las cuotas que se pagan en dichos centros: en resumidas cuentas, dicha carga económica es el elemento diferenciador de esas familias, el que les confiere distinción y exclusividad, así como la herramienta para “protegerse” de otros tipos de familia no deseados, a causa de su origen, nivel socioeconómico o cultural.

Acuerdo Educativo

Ante este panorama, y tras las dos fallidas legislaturas lideradas por la también fallida consejera Uriarte, nuestro nuevo e impecable consejero Bildarratz se propuso dar el impulso definitivo a lo que el PNV pretende que sea la ley de la legislatura: la Nueva Ley Educativa Vasca, que ya desde su nueva denominación ha eliminado la palabra “pública”, lo que denota, claramente para algunos de nosotros y nosotras, sus intenciones.

Tras contactos previos de fuerzas políticas mayoritarias en el Parlamento vasco durante el verano de 2021, se inicia en septiembre de dicho año un proceso participativo, a través de una comisión parlamentaria, para recabar las opiniones e impresiones de un gran número de agentes educativos, instituciones, organizaciones y particulares de prestigio, en la cual participamos también CCOO Irakaskuntza. De aquel proceso surgió, como síntesis, un infame documento firmado por el presidente de la comisión, que, aparte del rechazo de toda la comunidad educativa vasca, generó dos importantes movimientos: por un lado una intensa y eficaz negociación entre las fuerzas políticas más relevantes del arco parlamentario vasco y, por otro, la convocatoria, por parte de CCOO Irakaskunza, Steilas, ELA y LAB, de una jornada de huelga, en respuesta a las intenciones sobre el futuro de la educación vasca, que vista la síntesis del presidente de la comisión parlamentaria parecían claras. La consecuencia del primer movimiento, impulsado sin duda por el segundo, fue el denominado “Acuerdo Educativo Vasco” firmado por PNV, EH-Bildu, PSE y Elkarrekin-Podemos, es decir, por una abrumadora mayoría parlamentaria, que establecía 43 medidas concretas que deberán definir la futura ley educativa vasca y que llevó a CCOO Irakaskuntza a dejar de secundar una huelga que, finalmente, quedó desconvocada.

El “Acuerdo Educativo”, a través de sus 43 medidas, se marcaba el propósito de renovar por completo el sistema educativo vasco presente. Sus objetivos principales eran la erradicación de la segregación escolar y la garantía de aprendizaje y conocimiento por todo el alumnado del euskera y la cultura vasca, independientemente de su origen y lugar de residencia, así como del castellano y el inglés a través de un sistema plurilingüe con el euskera como eje. Se comprometía también con la descentralización del sistema, implicando a los municipios, y con la mejora en la calidad educativa.

Borrador de la ley

Pero he aquí que, la reciente publicación del anteproyecto de ley con su primera propuesta de articulado nos ha situado a todos y todas en la casilla de salida. El documento supone uno o dos pasos hacia atrás en lo que debiera ser una evolución lógica hacia el progreso y la mejora. El anteproyecto de ley es contrario a la propuesta de CCOO Irakaskuntza y a lo que la educación vasca necesita para poder evolucionar y solucionar sus problemas. Es un anteproyecto redactado desde un punto de vista muy reaccionario y clasista. Procura, desde el inicio mismo de su declaración de intenciones, dar continuidad en el tiempo y garantía de pervivencia a una educación privada y segregadora, enfocada a las élites económicas y socioculturales, relegando así a la escuela pública a ejercer un papel complementario de garantía educativa básica para las clases populares y la población inmigrante.

“El anteproyecto de la ley educativa vasca es reaccionario, clasista y garantiza la educación privada segregadora y el papel complementario de la escuela pública”

Es, en suma, una vergüenza de texto. En primer lugar, el texto, que se supone ha de ser legislativo, se permite el lujo de entrar a hacer juicios de valor, con un claro sesgo político. Defiende que la ley de la Escuela Pública Vasca de 1993 ha permitido transformaciones de calado en la educación vasca, a pesar “de las restricciones que imponía la legislación básica del Estado”. Esa afirmación caracteriza plenamente a las personas que han redactado este articulado de ley, que no menciona en ningún momento el obviamente necesario marco de referencia estatal, europeo y mundial. Hacen como si Euskadi fuese una realidad autárquica, no necesitada de enlaces y enfoques externos a sí misma.

En segundo lugar, y esto es gravísimo, toda la ley está articulada para dar naturaleza pública a la totalidad de un servicio que, en casi un 50% responde, irrefutablemente, a intereses privados. Es el caso, y solo por poner un ejemplo evidente, de la educación católica y su misión evangelizadora. En este sentido, el texto afirma que la nueva ley, “a diferencia de la anterior”, no solo regulará la educación pública. Esto querría decir que los centros concertados y privados carecen ahora de ley que los regule, lo que es cierto. El PNV evidencia así sus verdaderas intenciones, declarando el legislador que “esta ley no se olvida del protagonismo que en el sistema educativo vasco corresponde a la escuela pública vasca”. ¿Cómo pude una ley educativa vasca afirmar que no se olvida de la escuela pública? ¿Cómo olvidarse de lo que ha de ser el centro y guía de nuestro sistema educativo? Traidoras palabras que hablan a las claras del espíritu que encierra el texto, como la batería de calificativos que posteriormente afirman que la Escuela Pública será referente “básico” que “garantice el acceso universal del alumnado”, dotándole de una “financiación suficiente” y que “convivirá” con la escuela concertada.

País Vasco
Educación PNV y EH Bildu solo recaban el respaldo de la escuela cristiana y de las ikastolas en su blindaje a la red privada
Steilas, Comisiones Obreras, LAB, la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro, Euskalgintzaren Kontseilua, Elkarrekin Podemos-IU y PSE han mostrado sus críticas o reticencias hacia el documento 'Bases para una educación del siglo XXI'.

Continúa el texto, en su afán por lograr la cuadratura del círculo, transitando por el camino de equiparar como servicio público a la escuela pública y la privada, estableciendo como uno de sus fines “desarrollar un modelo de educación basado en la laicidad de las enseñanzas – sin hablar de un modelo laico en sí– en los centros educativos financiados con fondos públicos, con respeto del carácter propio del centro”. Es decir, intentan hacernos creer que se puede respetar el carácter propio de un centro religioso (la religión) impartiendo “enseñanzas laicas”, como si eso fuera posible hacerlo de una forma aislada, dentro de un centro cuyo organigrama, carácter propio, fines y valores determinan, ya no solo la propia dinámica educativa diaria, sino la justificación de su propia existencia.

El borrador termina, en este aspecto, creando un ente indefinido en su forma, pero muy claro en sus intenciones, “Servicio Público Vasco de Educación”, que establece la “tipología de centros” que lo integran, públicos y privados concertados, siendo la verdadera razón de ser de este anteproyecto de ley educativa. El texto llega, para tal fin, a afirmar que “en virtud de su financiación pública, los centros concertados serán considerados de interés social”, lo que, para que nos entendamos bien, quiere decir que el hecho de recibir financiación pública convertirá a Pureza de María (Bilbao) u Olabide ikastola (Gasteiz), por poner solo unos ejemplos significativos, en centros de interés social. Y que nadie vea aquí una censura a las prácticas e intereses legítimos de estas dos empresas educativas. La censura directa es para el legislador que pretende hacernos creer que algo privado es público.

Soluciones sin concretar

El anteproyecto, y lo afirmamos rotundamente, es un mal texto. Con una intención clara de contentar a unos y a otros y de no molestar a nadie, no profundiza en ninguno de los aspectos en los que el sistema educativo actual peca de fallido o poco exitoso. Aspectos que quedarán en manos de ulteriores desarrollos de normativas específicas, concretándose a través de decretos, sin necesidad de los consensos amplios tan publicitados ahora. De ahí que para CCOO Irakaskuntza las preguntas se amontonen: ¿Qué medidas concretas se establecerán para impedir que los centros concertados y algún público seleccionen a su alumnado y para lograr un reparto heterogéneo del mismo?; ¿Qué medidas concretas de control se impondrán para erradicar el cobro directo e indirecto de cuotas de las familias, o para el uso del precio de actividades complementarias y extraescolares como herramienta segregadora? ¿Se pondrá en marcha la creación de un sistema único, de una ventanilla única, pública, y, por qué no, municipal, de matriculación de todo el alumnado?

En aspectos tan importantes como el tratamiento que habrá de darse al euskera, al castellano como nuestra lengua cooficial y al inglés, como lengua imprescindible en este mundo globalizado, el anteproyecto cae en el terreno de la ambigüedad y la indefinición, evitando términos como “lenguas vehiculares” disfrazándola con el eufemismo “lenguas de aprendizaje”. Intentando no provocar el enfado de nadie, se habla de un “sistema multilingüe”, “cuyo eje es el euskera, y que se articula a través de dos lenguas oficiales y al menos una lengua extranjera” pero no establece ninguna medida, ni itinerario ni estructura concreta, más allá de definir la aspiración a unos perfiles de salida B2 en Euskera y Castellano y B1 en ingles, que se lograrán a través de la concreción de un proyecto lingüístico de centro. Se dar así definitivamente por superados a los modelos A, B y D que, y esto lo sabemos todos y todas, no han cumplido su objetivo de euskaldunización y de progreso en el inglés, devaluando también el conocimiento que el alumnado logra del castellano.

“Todo el anteproyecto de la ley educativa vasca es un despropósito que no sacia ninguna de las pretensiones inclusivas de las formaciones que defendemos el valor de lo público”

Por último, no se anuncia nada concreto en la pretendida descentralización del sistema educativo vasco, a través de una gobernanza de centros más municipalizada y con más implicación de los equipos docentes a través del incentivo de la labor de dirección. Ni en una mayor democratización y transparencia de la gobernanza de los centros privados concertados, ni en el futuro papel de los berritzegunes y la inspección educativa, ni en la trascendencia y capacidad de gobierno de los consejos escolares de Euskadi, municipales y de centro se avanza tampoco nada en el texto.

Todo el desarrollo del anteproyecto de ley un despropósito en sí. No sacia ninguna de las pretensiones que las formaciones, sindicales o no, más progresistas, más inclusivas y más centradas en el valor de lo público, como CCOO Irakaskuntza, ponemos en el desarrollo de esta ley. Una ley que está muy, pero que muy lejos, incluso en el camino opuesto, de suponer una puerta abierta para la solución de los problemas estructurales de los que adolece nuestro sistema educativo.

Hace mucho sabemos que los parches nunca tendrán la misma capacidad de contener el aire que una rueda nueva. Y eso es lo que necesita nuestro sistema educativo: unas buenas ruedas nuevas. Por todo ello, esta no es y no será la ley que CCOO Irakaskuntza quiere y que la sociedad vasca necesita.


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