Municipalismo
Indultar o no indultar, esa es la cuestión

Cuando la gente escucha la palabra prevaricación se escandaliza, y se le viene a la cabeza la Gürtel o el caso Nóos. Nuestra mente se llena de indignación y también de cifras exorbitantes de dinero conseguidas mediante el uso abusivo de posiciones de poder. Pero prevaricación administrativa pueden ser muchas cosas, y no todas tienen que ver con dinero. Puede suceder que la prevaricación se produzca por exceso de trabajo. Eso es lo que le ha pasado a Alberto Cañedo, ex-alcalde de Carcaboso.

Sus oponentes políticos (los hermanos Bueno, concejales del PSOE en el ayuntamiento) saturaron con escritos el registro y consiguieron que Alberto Cañedo se retrasara en las respuestas. Así de simple, así de cruel, pero un juez puede considerarlo delictivo si considera que hay dolo. Quienes conocemos el caso, sabemos que no había dolo pero no somos quienes dictamos sentencia.

Este exceso de celo por parte de la justicia y de los políticos es sospechoso cuando se trata de una persona común y corriente

Una vez agotadas las vías legales que se han seguido para pedir Justicia para Alberto, se ha intentado la vía del indulto y nos hemos encontrado con que también esta puerta se nos cierra. Y hablo en plural, porque realmente este exceso de celo por parte de la justicia y de los políticos es sospechoso cuando se trata de una persona común y corriente, una persona de a pie que entra en política para hacer realidad la utopía del Bien Común y de la sostenibilidad medioambiental. Una persona cualquiera, como cualquiera de las que leen El Salto.

En el BOE del 28 de enero, nos informan de nueve indultos. Haciendo un resumen rápido, se rebajan penas a condenados por delitos de hurto, se indulta el impago de pensiones y la insolvencia punible; también hay indultos para personas que han traficado con estupefacientes, incluso un padre que secuestró a sus hijos ha recuperado la posibilidad de verlos. Y lo más asombroso, dos personas de los cuerpos de seguridad del Estado (un policía local y un guardia civil) que han abusado de su poder mediante falsificación de documentos oficiales, han sido indultados.

Condenado por no responder en tiempo a cinco de los 700 requerimientos informativos que le lanzó la oposición en dos años y por prevaricación urbanística

Sin embargo, Alberto Cañedo, condenado por no responder en tiempo a cinco de los 700 requerimientos informativos que le lanzó la oposición en dos años y por prevaricación urbanística, por haber concedido cédulas de habitabilidad a cinco viviendas donde cinco familias estaban en riesgo de perder los ahorros de su vida, ha recibido la denegación del indulto. El razonamiento, no sentar precedentes.

Y uno no puede dejar de preguntarse dónde está la Justicia en el derecho y en la política. El 23 de enero supimos, con igual dosis de asombro que de indignación, que el Juzgado de Instrucción nº38 de Madrid había archivado la causa penal contra Ana Botella y parte de su Gobierno por vender vivienda pública a fondos buitre aduciendo que "no existen elementos suficientes que permitan la continuación del procedimiento".

Vivimos en un país que solo en 2018 ha sido condenado ocho veces por el tribunal de Estrasburgo, por no respetar los Derechos Humanos. En el balance publicado por Rights International Spain se asegura que "los casos descritos parecen señalar que España muestra cierto nivel de reticencia en cuanto a la realización efectiva de algunos derechos relacionados con la disidencia política". Estoy segura de que al final también en el caso de Alberto Cañedo se va a reconocer que se ha cometido una tremenda injusticia, pero mientras eso llega, se esta condenando a vivir cada día un infierno a una persona que es esencialmente buena, que entró en política movido por la responsabilidad, que siempre actúa en conciencia, y pensando en el Bien común.