Migración
2020, el año de las oportunidades perdidas para la política migratoria española

El año 2020 podría haber sido un buen año para las personas migrantes en el Estado español. Pocos días antes de que empezara, un acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos alejaba la posibilidad de que una coalición de derechas que había hecho campaña a costa de exacerbar el discurso anti inmigración, accediera al gobierno en los próximos años.

Sin embargo, el documento firmado por ambas formaciones políticas hace justo un año, no le daba mucha cabida a la inmigración o al refugio, aunque hablaba de promover políticas migratorias justas y solidarias en la UE y facilitar el asilo. Compromisos un poco vagos y muy lejanos a lo que proponía el partido minoritario en el gobierno, que incluía, en el punto 146 de su programa electoral para las elecciones del 10N, el cierre de los CIE.

Justamente, el año comenzó con movilizaciones contra a la reapertura del CIE de Matorral en la isla de Tenerife. Reapertura que, tras la reactivación del Centro de Barranco Seco en noviembre de 2019, hubiese supuesto contar con tres CIE abiertos en el archipiélago, convirtiéndose en el territorio con más instalaciones de este tipo. La situación en las islas Canarias, donde desde el verano anterior habían repuntado las entradas por mar ha concentrado en gran medida la atención de los medios y los debates. 

Nuestra Lesbos

“Canarias lleva 25 años recibiendo personas desde que llegó el primer cayuco, lo que nos sorprende es la falta de previsión”, comentaba Txema Santana a El Salto. Este trabajador de CEAR recordaba una preocupación que ha sido central para quienes han ido llegando en los últimos meses. “Canarias es África, las personas que llegan a veces se sienten aisladas. Para estas personas, muchas veces, Canarias significa una cárcel a cielo abierto. En sus procesos migratorios han llegado hasta aquí, pero después, ¿cómo salen?”

Antes del cierre de fronteras y después son muchos quienes no han salido de las islas como deseaban, sino que fueron deportados a Mauritania, tras reactivarse un acuerdo de 2003. Entre ellos, denunciaban ya a principios de año las organizaciones, muchos malienses, es decir, procedentes de un país cuya situación de conflicto comporta el derecho a asilo de sus ciudadanos. En lugar de asilo lo que el Estado español les tenía deparado era el retorno a territorio mauritano y allí, en muchos casos, la devolución al país del que huían.

Tras el verano, miles de personas fueron quedando taponadas en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria a la espera de una PCR. La imagen de cientos de personas hacinadas en malas condiciones en el puerto llegaban después de la polémica por la acogida de migrantes en espacios turísticos vacíos por la pandemia. “Uno de los riesgos de transmitir esa imagen de inmigrantes aglomerados en un muelle, y no es un riesgo menor, es que sirva de gasolina para los racistas. Se han visto comentarios en redes sociales diciendo que ‘la gente aquí pasándolo mal y ellos en apartamentos’. Decir esto es de una torpeza enorme”, declaraba el profesor de Antropología de La Universidad de La Laguna, José Antonio Batista, a El Salto.

A finales de septiembre el Ministerio de Interior dio la orden de reabrir los CIE empezando por el de Barranco Seco. CIE y deportación seguían siendo variables centrales en las políticas migratorias. Mientras los empresarios turísticos iban recuperando sus instalaciones con la idea de retomar el negocio, las administraciones se coordinaron para crear miles de plazas de acogida temporales tras el desalojo a principios de diciembre del muelle. Las personas migrantes empezaban a viajar por su cuenta a la península: enfrentando los bulos racistas que los utilizaban para atacar al gobierno, y las redadas en los aeropuertos destinadas a retener sus esfuerzos de salir del limbo canario.

Los centros que no pudieron permanecer cerrados

“El pasado 6 de mayo la liberación de la última persona migrante que quedaba retenida en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras marcó un hito en la lucha contra los CIE, fue la primera vez en sus 35 años de funcionamiento que esos dispositivos de encierro quedaban ociosos”, apuntaba Pablo ‘Pampa’ Sainz en un artículo publicado en verano en el que repasaba los momentos más oscuros de los CIE en su historia ante el ineludible fin de ese extraño episodio en el que las personas migrantes en situación irregular no estuvieron expuestas a dar con sus huesos en uno de estos centros.

No fue fácil, desde el Estado de Alarma, decretado el 14 de marzo, hasta el 6 de mayo pasaron cincuenta días. Fueron muchas las voces que se alzaron para forzar al Ministerio de Interior a poner fin a lo que consideraban un sinsentido que solo ponía en peligro la salud e integridad de las personas internas: mantenerlas encerradas y expuestas cuando las fronteras estaban cerradas y no había posibilidad de deportación. Las organizaciones civiles, el defensor del pueblo, o las mismas personas internadas consiguieron así que el Ministerio diera su brazo a torcer. No fue por mucho tiempo, cuando no se hacía otra cosa que hablar de la segunda ola, a finales de septiembre, se anunció la reapertura de los CIE y la reactivación de las deportaciones.

Marlaska y el blindaje de la península

Si la situación canaria estaba mediada por la cuestión insular, en los enclaves de Ceuta y Melilla fueron miles de personas las que quedaron varadas ante el cierre de las fronteras. La emergencia sanitaria agravó en gran medida la situación de las personas migrantes residentes. El hacinamiento en los centros de estancia temporal, motivó numerosas protestas. La preocupación se centró también en las niñas y niños que permanecían por meses en esos centros en condiciones de insalubridad.

Aunque no hay frontera entre ambas ciudades y el resto del Estado español y el mismo Tribunal Supremo dictaminaba el pasado julio que las personas solicitantes de asilo tienen derecho a desplazarse por todo el Estado, como ya sucede en el archipiélago canario, el Ministerio del Interior sigue negándose a los traslados al otro lado del Estrecho, a pesar de la disponibilidad de plazas de acogida. 

Organización migrante

Mientras el gobierno comunicaba mediante un oficio del Ministerio difundido el 23 de septiembre la reapertura de los CIE, una proposición no de Ley se debatía en el Congreso. Elaborada por el movimiento #RegularizaciónYa y la coordinadora Obrim Fronteras, la iniciativa era la primera de estas características presentada, pensada y promovida por los propios colectivos racializados y migrantes. El debate de la PNL era un hito tras meses de trabajo horizontal surgido al calor de la pandemia y con los antecedentes de procesos de regularización limitados pero novedosos en países como Portugal e Italia.

El movimiento #RegularizacionYa se hacía visible en primer lugar en las redes tras la entrega de una carta a las autoridades del gobierno firmada por más de mil colectivos de personas migrantes en la que se reclamaba una regularización extraordinaria y amplia de las personas en situación irregular residentes en el país, que serían más de 600.000, según afirmaban, y que estarían entre las más perjudicadas por la emergencia sanitaria y económica.

Hoy hemos registrado en el Congreso la PNL que insta al Gobierno a iniciar un proceso de #RegularizacionYa para más de 600.000 personas migrantes en situación irregular que residen en España, junto a @CoordinadoraOF y con el apoyo de 32 Diputadxs de distintos partidos políticos. pic.twitter.com/UOPCpGKW1X

— #RegularizacionYa Cuenta Oficial (@RegularizacionY) June 19, 2020

Horizontal y asambleario, el movimiento #RegularizacionYa ha sido representado por una serie de portavoces que mostraban a través de su propia experiencia la manera en la que el racismo institucional condiciona la vida de millones de personas en el Estado, especialmente las de aquellas cuya situación es irregular. Manteros desprovistos de un día para otro de sus medios de vida, trabajadoras domésticas dejadas atrás por el escudo social y condenadas a la servidumbre por la Ley de Extranjería o jornaleros encargados de garantizar la alimentación de la sociedad que no pararon en plena pandemia y se vieron expuestos al riesgo al contagio. Mientras que en Italia temporeros y trabajadoras del sector cuidados entraban en los supuestos de la regularización, en el Estado español apenas se barajó esa posibilidad.

El apoyo mutuo y las cajas de resistencia se convertían en el único modo de afrontar la situación para miles de personas, teniendo en algunos casos que enfrentar la criminalización. Mientras, y a pesar del reclamo de los colectivos migrantes, el gobierno excluía a las personas en situación irregular, a solicitantes de asilo, y a otros muchos migrantes que no cumplían unas condiciones que se han revelado muy duras, del acceso al Ingreso Mínimo Vital, medida presentada como último recurso para no dejar a nadie atrás.

Fuego y abandono

En diciembre una nave ardía en Barcelona, acabando con la vida de tres personas que malviven en su interior y dejando atrás decenas de heridos. Son personas migrantes las que se hacinan en un espacio al que, tras un incendio “llega antes la policía que los bomberos”. La idea del fuego trae a la mente antecedentes no muy lejanos, los diversos incendios que han arrasado los campamentos donde jornaleros migrantes pernoctaban durante las diversas temporadas agrícolas.

Han sido varios los municipios de Lepe donde los hogares temporales de las personas migrantes han ardido con todas sus pertenencias dentro. La falta de alojamiento para quienes en pleno año pandémico han cargado sobre sus hombros la recogida de alimentos ha sido una constante. Las imágenes de personas durmiendo en la calle en Lleida, Albacete o Jaén, se han extendido por todos los medios. Una cobertura que en ocasiones, más que para motivar una presión social para que los derechos de estos trabajadores se vean cubiertos, ha servido para reforzar el estigma e incluso acusar a temporeras y temporeros de ser los responsables de nuevos focos de contagio.

Por su parte, las temporeras contratadas en origen en Marruecos han visto un año más sus derechos vulnerados. Mientras lo más importante en su contratación ha sido siempre el hecho de que vuelvan terminada la cosecha, este año cientos de ellas se quedaron varadas en la península, ante el cierre de fronteras de Marruecos. Semanas de consumir el dinero ganado, de abandono, hasta que finalmente se puso en marcha su retorno.

La falta de voluntad de mejorar la situación de estos trabajadores esenciales se hizo patente bien al inicio del confinamiento, cuando al contrario de lo que demandaban temporeros y hasta la misma patronal, el gobierno no introdujo medidas extraordinarias de regularización para garantizar que hubiera mano de obra suficiente en el campo y que esta tuviese derechos: se limitó a prorrogar los permisos de residencia hasta finales del estado de alarma para las personas migrantes y habilitar a los ex-tutelados para trabajar, frente a la normativa habitual que les deja, una vez fuera de la custodia del estado, sin permiso de trabajo.

Ni regularización extraordinaria ni citas de extranjería

El pasado 18 de diciembre, día internacional de las personas migrantes, los colectivos protagonizaron varias protestas ante la dificultad, a ratos imposibilidad, de hacer trámites imprescindibles para su vida en el Estado. El problema de las citas de extranjería se ha agravado este año hasta el punto de que conseguir un turno representa una misión imposible. El cierre de las dependencias de extranjería durante el Estado de Alarma supuso un duro revés para quienes llevan años luchando por conseguir citas.

Si bien el gobierno posibilitó prorrogar la validez de la documentación durante un tiempo, tras el fin del confinamiento y la reapertura de las citas presenciales el sistema ha entrado diversas veces en colapso, abocando a la población migrante a sufrir la discriminación que supone que el acceso a documentación sea mucho más difícil frente a las personas nacionales.

Con los CIE reabiertos, la PNL por la regularización rechazada y los vuelos de deportación de nuevo en marcha, no poder tener la documentación al día por el colapso de la administración genera situación de temor ante la detención por perfilamiento racial. Si esta sigue siendo la política del gobierno más progresista de la historia, las 600.000 personas en situación irregular que viven en el país, y todas aquellas que se les irán sumando como resultado de las trampa burocráticas y un mercado laboral contraído entrarán en el 2021 con miedo, pero también más organizadas que nunca.