Migración
Nuevo reglamento de extranjería: una lectura entre las líneas triunfalistas del gobierno

El pasado 19 de noviembre un nuevo reglamento de la ley de extranjería era aprobado por el Consejo de Ministros, una iniciativa que venía siendo anunciada en los pasados meses, tras un verano en el que las migraciones habían encontrado un eco alarmista en los medios de comunicación, medios que lograrían situar la cuestión de la llegada de personas extranjeras como supuesto problema principal percibido por la población estatal según el CIS. Pasado el pánico social migratorio post estival, cuando las migraciones ya habían sido eclipsadas por el  casi imposible acceso a una vivienda entre las preocupaciones de la gente, el PSOE presentaba finalmente un documento que, según se apuntaba desde el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e inmigración: “se adapta a la situación actual del fenómeno migratorio y a la legislación europea, además de tener en cuenta las demandas de nuestro mercado laboral, las necesidades de los migrantes y los retos demográficos de nuestro país”.

El nuevo reglamento,  publicado en el BOE el 20 de noviembre,  y que se empezará a aplicar seis meses después, el 20 de mayo de 2025, se ha presentado como un marco facilitador del arraigo, acortando plazos y simplificando los requisitos y procesos. En efecto, algunas de las nuevas medidas desgranadas en su articulado, que viene a sustituir el de 2011 han sido bienvenidas por las organizaciones que aprecian mejoras en los procedimientos. Sin embargo, también se han señalado sus limitaciones.

Ayer 25 de noviembre, varios días después de que se hiciera público el reglamento, seis organizaciones que trabajan a favor de los derechos de las personas migrantes, unidas en alianza, emitían un análisis sobre el alcance de la nueva legislación. El veredicto encajaba con algunas de las críticas que ya se habían manifestado desde el momento en que la ministra, Elma Saiz, anunciara el reglamento: “la nueva normativa establece mejoras, pero no logra un cambio sustancial y definitivo, dejando atrás objetivos clave”, apuntaban.

La alianza, que incluye a Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes, señala que entre las facetas positivas del acuerdo —facetas que desde su aprobación se han repetido en las declaraciones desde el gobierno y reproducido en los medios— estaría la reducción de un año para poder conseguir la autorización por arraigo (pasando de tres a dos), así como la introducción de requisitos más flexibles o la apuesta por los visados como vía regular de entrada.

Desde el movimiento Regularización Ya atribuyen los avances cristalizados en esta nueva propuesta a la presión ejercida estos años por los colectivos migrantes y exigen que se avance con la ILP

Sin embargo, alertan, después de cuatro años analizando colegiadamente las políticas de extranjería, y haciendo propuesta de mejoras a distintos ministerios, no les parece que haya habido escucha a sus propuestas. Y es que, el nuevo reglamento traería una contraproducente contracara que afecta a las personas solicitantes de asilo. Actualmente, señalan, hay 190.000 personas esperando la admisión o la resolución de sus solicitudes de asilo. Personas cuya solicitud, atendiendo a las altas tasas de rechazo que se manejan en España, podría no ser admitida, quedando un 88% de estas personas excluidas del estatuto de protección internacional, lo que les dejaría en la irregularidad durante al menos seis meses, a la espera de que empiece a aplicarse el reglamento.

Así, se generaría inseguridad jurídica para estas personas solicitantes de asilo, un hecho que se contradice con las intenciones manifestadas por la ministra respecto a “la protección de los derechos de las personas migrantes”. Preocupan especialmente pues generaría “Las personas que durante el periodo de tramitación de la solicitud, que suele estar entre uno y dos años, cuentan con una autorización para permanecer y trabajar en el Estado español”. A estas personas solicitantes de asilo, el nuevo reglamento puede precipitarles a la irregularidad durante un tiempo. O, dicho de otra forma por las seis organizaciones: “el nuevo Reglamento de Extranjería genera que personas y familias que se encuentran trabajando formalmente, cotizando, y desarrollando sus proyectos de vida con reconocimiento de derechos en España, sean penalizadas dejándolas en situación administrativa irregular, perdiendo los derechos reconocidos”.

Las entidades sociales que firman el análisis creen que una de las consecuencias del reglamento, es desincentivar a las personas a solicitar protección internacional en España. Se busca de esta forma reducir el número de solicitudes de asilo, pues la administración ya se ha mostrado claramente insuficiente para gestionar las solicitudes de asilo en el país.

Las organizaciones señalaban que este reglamento en todo caso no serviría para regularizar a todas las personas que siguen en situación administrativa irregular en el país, y, junto a otros actores, marca como prioritario aprobar la ILP Regularización Ya, promovida por las propias personas migrantes. Y es que son varias las voces que apuntan a que esta propuesta de gobierno pretende sustituir o rebajar la Iniciativa Legisativa Popular que cuenta con 700.000 firmas, y el respaldo de varios partidos, entidades o administraciones.

En este sentido, el movimiento Regularización Ya, instaba al Ministerio en sus redes a “poner el contador a cero”, regularizando extraordinariamente a quienes residen en el país, como llevan reivindicando desde hace cuatro años, ya antes de que la ILP hubiera incluso arrancado, y ya hicieron en el pasado tanto el PSOE como el PP. Desde el movimiento atribuían los avances del PSOE cristalizados en esta nueva propuesta como un logro de la presión de los colectivos migrantes a lo largo de estos años. Sin embargo, recuerdan que lo prioritario es la regularización ya porque “siempre se quedan personas y vidas fuera de estas medidas”.

‼️Desde el Movimiento #RegularizacionYa hemos realizado un trabajo de lucha e incidencia política con voz propia, necesaria para movilizar al Gobierno en materia de garantía de los Derechos de las personas migrantes.
Continuamos exigiendo la aprobación de la #ILPRegularizacion pic.twitter.com/E2TGgexbjV

— ✳️ RegularizacionYa Cuenta Oficial (@RegularizacionY) November 19, 2024

Las medidas anunciadas

Como han reseñado las entidades, el reglamento introduce medidas positivas cuya aplicación facilitaría la vida de muchas personas migrantes. La principal de estas mejoras tiene que ver con la simplificación de los requisitos para conseguir permisos de trabajo y residencia por la vía ordinaria. Así, tras una primera autorización de un año, la renovación sería por cuatro años.

Sobre el papel, la reforma también facilita la complementación de estudio y trabajo: para aquellas personas que acceden al país como estudiantes, el número de horas laborales permitidas se incrementa de 20 a 30 horas. Además, el visado de búsqueda de empleo se ampliaría de tres meses a un año, dando más margen a estas personas para transitar del permiso de formación a la contratación que habilite adquirir la autorización de residencia y trabajo. La idea también sería facilitar la transición de un tipo de situación de residencia a otra, por ejemplo, no sería necesario abandonar el territorio para pasar de una residencia temporal a otra de larga duración.

La figura del arraigo, principal puerta de entrada a la regularización para muchas personas se amplía a cinco supuestos: uno de los más destacados es el de segunda oportunidad, que permite a personas que han estado en situación regular en los últimos dos años —sea porque han tenido algún problema a la hora de renovar su permiso, sea porque han entrado como solicitantes de asilo, y la protección internacional les ha sido rechazada—, optar a regularizarse de nuevo. Ya el pasado martes, una de las organizaciones que integran la alianza, CEAR lamentaba que, “esta reforma penaliza a las personas que solicitan asilo, que no podrán acogerse al arraigo si no renuncian a su petición o si no la tienen ya denegada definitivamente”. “Además”, señalaban en sus redes sociales, “el régimen transitorio previsto les obliga a permanecer seis meses en situación irregular para poder solicitar arraigo, siempre y cuando cumplan el resto de requisitos”, algo que se anuncia como una mezcla de incertidumbre y limbo legal.

⚖️ [1/5] La reforma del Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería supone un paso adelante para reconocer a muchas personas migrantes como sujetas de derecho. No obstante, hay algunas cuestiones que nos preocupan y pueden dejar a muchas personas atrás. 🧵👇 pic.twitter.com/e8R58k6yOq

— CEAR (@CEARefugio) November 19, 2024

Las otras figuras de arraigo incluyen el social, el sociolaboral, el socioformativo, y el arraigo familiar. En todos estos casos, el plazo para iniciar la regularización será de dos años tras la entrada en el país en lugar de tres. Por otro lado, según el Ministerio, se priorizará la regularización de quienes tengan vínculos familiares con residentes en el país. También se simplifica la acreditación de los requisitos económicos necesarios para acceder al arraigo, aceptando contratos de un mínimo de 20 horas laborables (frente a las 30 horas que se exigían hasta ahora) y permitiendo presentar varios contratos concatenados para sumar las horas necesarias.

Respecto al arraigo socioformativo, se flexibiliza la acreditación de la matrícula de los cursos de formación, ampliándose los plazos, y también los tipos de formación válidos para acceder a este tipo de arraigo. Se espera así superar límites mostrados tras la introducción de arraigo por formación de la reforma del Reglamento firmada por el anterior ministro, Jose Luis Escrivá, en el 2022, cuando muchas personas no conseguían transitar del permiso de formación al permiso de trabajo. 

La figura del arraigo familiar prioriza la regularización de familiares de personas con nacionalidad española, ampliando la edad de los hijos e hijas de los 21 a los 26 años. También permite incluir parejas que puedan acreditar una relación afectiva sin necesidad de estar casadas. Así como a hijos y progenitores de víctimas de trata, violencia sexual o de género. La medida facilitará la agrupación familiar para quienes han obtenido la ciudadanía en los últimos años. Cabe destacar que la medida favorece más a algunas personas migrantes que otras según su nacionalidad, pues mientras la mayoría de las personas provenientes de América Latina pueden acceder a la nacionalidad en un plazo de dos años, para la mayoría de africanos, el trámite demora una década.

El discurso

“Es la reforma más integral y ambiciosa que se ha realizado en 13 años”, destacaba el pasado martes la ministra, apuntando que, la nueva normativa, “representa un equilibrio entre la extensión y protección de los derechos de las personas migrantes y el rigor jurídico y la atención a las necesidades de España”. El marco promovido dialécticamente por el PSOE en el que los derechos humanos de las personas migrantes deben mantener un equilibrio con las “necesidades de España”, encaja en un paradigma que pone en el centro el mercado laboral y el escenario demográfico del país. Por otro lado, quedan también por definir cuáles son las necesidades de España, ¿son las de los empresarios de encontrar mano de obra asequible y bien dispuesta? ¿son los de la ciudadanía, personas migrantes incluidas, de poder acceder a una vivienda digna?

La ministra también afirmaba que el nuevo texto “va a servir para combatir a las mafias, el fraude y la vulneración de derechos”. Cabe hacerse otra pregunta, los mercados paralelos que surgen a la sombra de los derechos negados: tanto en el tránsito cuando no hay vías legales y seguras, como una vez en destino cuando la gente se encuentra ante un callejón burocrático que no desemboca en ningún sitio habitable, o los abusos laborales, ¿pueden neutralizarse a través de mejoras en el reglamento de la Ley de Extranjería, mientras sigan quedado miles de personas en situación irregular?

Por último, desde el Ministerio también se afirmaba: “El Reglamento se adapta a la situación actual del fenómeno migratorio”. Cabe preguntarse qué reside debajo de esta expresión: pues el “fenómeno migratorio” en este momento destaca por la securitización y cierre de las fronteras, miles de personas que pierden la vida intentado acceder a Europa en un contexto de externalización de las fronteras  y ausencia de vías legales y seguras, junto a la denegación masiva de visados: una de cada tres personas africanas, por ejemplo, que intentan acceder a un visado para entrar en el espacio Schengen ve rechazada su solicitud, y esto en un marco donde cada vez se presentan menos peticiones de visado, por la dificultad de cumplir con los requisitos pero también por la misma experiencia de rechazo. La denegación de visados también puede ser consecuencia de que se juzgue que el país de origen no está haciendo lo suficiente para permitir el retorno de sus nacionales cuando atraviesan la frontera de manera irregular. Este viene a ser el marco del “fenómeno migratorio”, un marco en el que el propio PSOE introducía nuevas trabas en esa negación de garantizar vías seguras, imponiendo visados de tránsito para países que hasta hace pocos meses no los necesitaban, como Sudán, Chad o Senegal. 

En cuanto a las demandas del mercado laboral, de nuevo impera la razón laboral, algo que ya impregnaba la reforma del reglamento de extranjería de 2022, muy centrado en la contratación en origen y en garantizar abastecer de mano de obra a algunos sectores como la hostelería, los cuidados, o el campo. Una reforma que ya fue criticada en su momento por utilitarista y por insistir en este tipo de migración circular, otro consenso aparente del gobierno, como pareció mostrar el presidente en su viaje a Senegal, Gambia y Chad a finales del verano. La razón laboral aparece incluso cuando se anuncia que los permisos concedidos a descendientes de ciudadanos españoles, pasan de concederse hasta los 21 años, sino que será hasta los 26, con el fin de que “los jóvenes puedan integrarse en nuestro mercado laboral”- 

Además desde el ministerio se recordaba que Saiz ha destacado también la importancia de la “cooperación con países de origen y tránsito”. En este ámbito la ministra hablaba del fortalecimiento de relaciones de cooperación y la reducción de riesgos en el tránsito migratorio. Las organizaciones denuncian cómo la cooperación en muchos casos está supeditada al apoyo en las políticas migratorias (retener salidas y aceptar retornos), y como es difícil “reducir los riesgos en el tránsito migratorio”, cuando las políticas migratorias están más centrada en complicar las rutas migratorias obligando a la gente a hacer viajes cada vez más peligrosos, mientras se debilitan los servicios de salvamento marítimo.

Las cifras

Para defender el nuevo reglamento la titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hizo gala también de una serie de cifras que respaldarían la pertinencia de este nuevo marco normativo. La ministra alegaba en la rueda de prensa posterior a la aprobación que ya durante el 2023, tras la implementación del reglamento de extranjería propuesto el año anterior por Escrivá, se había incrementado en un 30.5 por ciento las personas que se habían acogido a la autorización por arraigo, una cifra que en términos cuantitativos implica 85.000 personas más con este tipo de autorización que el año anterior, alcanzando a 210.000 el número de personas regularizadas bajo este permiso. En base a estos números, la ministra apuntaba a que en los próximos tres años, podría regularizarse 300.000 personas al año, gracias a las nuevas fórmulas de arraigo. 

Una cifra que encaja perfectamente con “lo que necesita España”, según declaraciones de la misma ministra que apunta: “España necesita entre  250.000 y 300.000 trabajadores extranjeros al año para sostener su estado de bienestar”. Sin embargo, según los números barajados por la ILP se calcula que ya habría unas 500.000 personas en situación irregular en territorio español, con lo cual, muchas de estas personas quedarán fuera de este proceso, tenían que continuar esperando, como siguen esperando los colectivos y activistas migrantes de Regularización Ya a que se atiendan sus reclamos desde que enviaron una primera misiva a Pedro Sánchez en lo peor de la pandemia exigiendo una regularización extraordinaria.

Por otro lado, las proyecciones cuantitativas recuerdan a otro momento del 2020, cuando desde el mismo ministerio Escrivá aseguraba que el nuevo IMV iba a acabar con la pobreza severa, alcanzando a 2,3 millones de personas. En un informe publicado el pasado mayo, se afirma que esta medida solo ha “alcanzado el 46,2% de cobertura de la pobreza severa”. Falta de recursos humanos o callejones burocráticos han sido señalados como causantes, entre otros, de la falta de llegada del IMV. Resta por ver si la seductora cifra de 300.000 personas regularizadas por año, es decir 900.000 en los próximos tres años puede ser sostenida por la realidad y en particular por los recursos de la administración.

El ámbito de la extranjería y el refugio no son ajenos a estos callejones burocráticos, hace años que colectivos de migrantes y organizaciones, junto al Consejo General de la Abogacía en España, y el Defensor del pueblo, denuncian la pesadilla que ha devenido para muchas personas tanto conseguir una cita de asilo, como una de extranjería, con un sistema de citas recurrentemente colapsado, que conlleva, ante la desesperación de la gente, que se genere un mercado paralelo de venta de turnos. La constate presentación de quejas ante el ministerio de migraciones o el de interior no ha bastado para que se agilicen de manera estable los trámites. 

¿Qué pasa con la ILP?

Como recordaban desde el movimiento Regularización Ya, su lucha por una regularización extraordinaria en los últimos años se ha visto en cierto modo “respondida” por una serie de reformas del reglamento de extranjería que, mientras introducen mejoras menores, no responde a las demandas de las personas en situación irregular, dejando a gente fuera. Iniciativas como la que en 2022, perseguía facilitar la inserción laboral y social de las personas ex-tuteladas, o la que meses más tarde, introduciría el arraigo por formación, así como el reglamento aprobado la semana pasada, se conciben como fruto de la presión de este amplio movimiento migrante. Así, son numerosos los actores que han recibido la presentación del reglamento preguntando por la largamente esperada ILP, cuyo trámite fue desbloqueado el pasado septiembre tras meses de incertidumbre.  Así lo han hecho también las seis organizaciones unidas en alianza.

No se agotan ahí las críticas: la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APHDA) manifestaba la semana pasada, tras valorar positivamente las mejoras, que la reforma  “se realiza en base a criterios utilitaristas y mercantilistas”, señalando con contundencia que, a pesar de que desde el ministerio se afirma que al reglamento se ha llegado tras el diálogo con más de un centenar de actores incluidas ONG, “el nuevo texto parece responder más bien a las necesidades de empresas vinculadas a la hostelería y a la industria agroalimentaria, que necesitan mano de obra para empleos en condiciones de precariedad”.

En el mismo sentido el sindicato ELA criticaba la centralidad del trabajo y exigía: “aprobar la ILP que se está tramitando en el Congreso para regularizar a todas las personas que viven aquí, así como la derogación de la Ley de Extranjería”. Una ley de la que este reglamento ELA considera simplemente un desarrollo. Una contribución a un dispositivo “causante de que en la actualidad miles y miles de personas estén en situación de desprotección y desregulación, y vean vulnerados sus derechos más básicos”.