Migración
Colombia contada desde València

Casi un ser mitológico, así es el asilo político en España. A esa conclusión se llega en una conversación informal con la abogada Sandra Ramos. “En mi experiencia personal, después de más de 20 años ejerciendo la abogacía y tramitando este tipo de peticiones, primero como voluntaria de la Cruz Roja y después como abogada de extranjería del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de València, jamás he visto una solicitud de asilo concedida, ni he conocido a ningún compañero de profesión que me comentara lo contrario”. Según CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), España solo ofrece protección a uno de cada 20 solicitantes, una cifra muy alejada del 30% de media europea.

Por frustración personal, Ramos abandonó la abogacía de extranjería. “La burocracia perversa es casi inherente a todos los ámbitos de la Administración Pública”. En el ámbito de la extranjería lo encuentra, especifica, “especialmente tortuoso”: “Solo alguien que haya tenido que enfrentarse a una solicitud de residencia sabe los innumerables obstáculos que deben superarse; documentos que a veces no existen en el país de origen, legalizaciones y traducciones carísimas cuya obtención se hace eterna porque han de supervisarse por un sinfín de autoridades”.

Una vez ya se tienen todos estos documentos, continúa la experta, “solo te falta que la persona que te quiera contratar esté dispuesta a reservarte el puesto de trabajo hasta que la oficina de extranjería resuelva”. Además, añade, ha de ser un contrato de al menos un año a tiempo completo, y antes de todo eso, el solicitante tiene que acreditar llevar al menos tres años viviendo de forma continuada en España. A lo que se suma que “si el solicitante comete el más mínimo error, su solicitud será desestimada con la sola posibilidad de recurrirla en la vía judicial”.

El asilo en España, a grandes rasgos

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 son los principales instrumentos legales que subyacen a la institución del asilo. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ejerce de guardián de la Convención, un texto que define el término ‘refugiado’, establece sus derechos y se erige en un principio fundamental, el de la no devolución, que afirma que una persona refugiada no debe ser devuelta a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad.

De forma simplificada, la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y quiere regresar a él.

La investigadora Blanca Garcés Mascareñas apunta en su artículo Ser o no ser: deficiencias del sistema estatal de acogida que “parece que España sí se ha convertido en país de asilo pero sus políticas no parecen reconocerlo todavía”. España es a día de hoy, expone, el cuarto país de la Unión Europea con mayor número de solicitudes: “Una de las críticas más recurrentes al sistema estatal de acogida es su rigidez. Rigidez en primer lugar por no adaptarse suficientemente a la diversidad de perfiles de los solicitantes de asilo. En consecuencia, es habitual que personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad tengan que salir de los dispositivos de acogida sin una alternativa clara a su situación”.

Lo que está pasando en Colombia

Alejandra vino a España en el 2017 para completar su formación. Su caso es similar a otras personas migrantes que, por capacidad económica y encontrarse en período de estudios, pueden emplear esta vía para residir de forma regular en España. “He tenido algunos de los años más difíciles de mi vida. Están todos los abismos de regular tu situación, y contando yo con ciertos privilegios”, introduce. “Se necesita un estado de resiliencia constante. Pienso que cuando venimos de Latinoamérica ya cargamos con un estigma, que no hay un trato equitativo”.

Destaca las dificultades que encuentran en la parte burocrática. “Incluso para abrir una cuenta bancaria, hay mil movidas para demostrar todas las garantías de solvencia”. También denuncia algunas actitudes: “En un momento de estar cursando mis estudios, no entendí un referente porque era europeo, y pedí al profesor que los explicara y dijo: 'Se nota el déficit de cultura que tiene Latinoamérica por todo el tema del narcotráfico'”.

A finales de abril, las calles de las principales ciudades de Colombia se agitaron por el paro convocado para protestar contra la reforma tributaria del presidente Iván Duque. Aunque las movilizaciones populares hicieron que el presidente paralizara la reforma tributaria, el desmesurado uso de fuerza institucional contra los manifestantes sacó a relucir un malestar social que provenía de años atrás y que con la pandemia se agravó. La violencia policial y el acoso y abuso hacia mujeres por parte de las fuerzas de seguridad alertaron a la comunidad internacional.

En 2020 el PIB cayó un 6,8%, durante las oleadas más fuertes del coronavirus quedó patente la deficitaria gestión de la situación social, económica y sanitaria por parte de las autoridades. En marzo de 2021 la tasa de desempleo se situó en un 14,2% y según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, en el 2020 un 42,5% de la población estuvo en condición de pobreza, lo que supuso un aumento de 6,8 puntos en comparación al 2019. Si a estas cifras le sumamos la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, la violencia y las consecuencias del conflicto armado interno, es decir la guerra civil protagonizada por las FARC entre otras facciones que van desde cárteles de droga, pasando por grupos paramilitares y el gobierno, damos con un caldo de cultivo para que se produzca un aumento de las solicitudes de asilo político. El año pasado 27.576 personas con nacionalidad colombiana lo solicitaron. CEAR expresa la escasa protección internacional concedida a las personas de esta nacionalidad, ya que una inmensa mayoría recibieron una respuesta negativa.

Como apunta Alba Abellán, de CEAR, “es especialmente preocupante el tratamiento militar que se le ha dado a la protesta social y los señalamientos a las y los manifestantes, organizaciones sociales y de derechos humanos, así como la vulneración del derecho a la protesta ya la libre manifestación consagrado en la carta constitucional, equiparando la situación actual de descontento social en 'terrorismo urbano'”.

La campaña “Defender la libertad, asunto de todxs” promovida por una red de organizaciones que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia, publicó el pasado 12 de junio un boletín informativo sobre las violaciones a los Derechos Humanos que se produjeron en Colombia desde el 28 de abril hasta el 11 de junio en el territorio nacional.

Las cifras señalan que se produjeron 78 homicidios de personas civiles, de los cuales 24 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública; 1.522 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados; 178 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social; 707 mujeres víctimas de violencias policiales; 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género; se realizaron 1.434 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Además, 84 personas siguen desaparecidas según la Fiscalía General de la Nación.