Migración
Colectivos migrantes en el País Valencià se manifiestan por el colapso en las citas de extranjería

En el marco de las movilizaciones convocadas este año por el Día Internacional de las Personas Migradas, diversos colectivos de personas migrantes y por el derecho a migrar denuncian el colapso de las citas para realizar los trámites de extranjería en el País Valencià. Una vulneración que se suma a las restricciones que ya impone la propia Administración a través de la ley de extranjería.

Las organizaciones convocantes también reclaman memoria y justicia para las personas fallecidas en el Mediterráneo, con especial alusión a las cerca de 500 muertes ocurridas recientemente entre las costas de África y las Islas Canarias. Una ruta que, según ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, se perfila como “una de las más mortíferas” para quienes intentan llegar a Europa. “Denunciamos el cementerio en que se ha convertido el Mediterráneo, con miles de personas que emprenden la ruta migratoria y que no llegan a ninguna parte porque mueren en el mar”, señala Marlo Thobi, vicepresidenta de la Federación Unión Africana. 

Exigen además memoria por Samba Martine, “quien tras pedir más de 10 veces asistencia médica, murió un 19 de diciembre, hace nueve años, por negligencia del Estado español”, así como para las cuatro personas que murieron quemadas en el incendio de Badalona, “como consecuencia de la exclusión a las que nos somete la ley de Extranjería y el racismo institucional”, relata el manifiesto.

“Es un día fundamental para poner el foco en que vivimos en una sociedad multicultural, y que necesitamos justicia social para que todos estemos en igualdad de condiciones”, apunta Gabriella Nuru, socióloga y activista panafricanista, cofundadora del colectivo Uhuru.

Bajo el lema “Regularización Ya: no es caridad, es justicia social”, las organizaciones convocan una marcha que partirá mañana sábado, a las 17:30 horas, desde la plaza del Ayuntamiento de València, hasta llegar a la sede de la Delegación de Gobierno. También se ha organizado una mesa redonda en la que participarán activistas antirracistas y colectivos por los Derechos Humanos, hoy viernes a las 17 horas en el barrio valenciano de Torrefiel.

Bloqueo y burorrepresión

“Sin citas nos condenan a quedar sin la documentación en regla”, apunta una joven estudiante que llegó a València hace cerca de dos años y cuyo permiso de residencia caducó incluso antes de que lo pudiera tener en sus manos. “He vuelto a presentar el trámite de renovación aún sin tener la tarjeta anterior”, explica.

Tal y como expresaba hace unos días la Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Migrants, existe un retraso “sin igual” en las comisarías valencianas de policía, que se encargan de gestionar los trámites de “puesta de huellas” y de expedición o renovación de las tarjetas de residencia. Un colapso que no ocurre con la tramitación de documentos para ciudadanos españoles, y que está ocasionando numerosos “daños colaterales”, como la irregularidad sobrevenida, al no poder tramitar las solicitudes de renovación dentro de los plazos establecidos.

La imposibilidad de obtener la tarjeta física de residencia conlleva dificultades para acceder a los servicios sanitarios, centros educativos, firmar contratos de trabajo o alquiler, solicitar becas, abrir cuentas bancarias o pagar facturas y trámites

Reclaman además que la imposibilidad de obtener citas para la “puesta de huellas”, está dejando a muchas personas con la resolución del expediente favorable pero sin posibilidad de obtener la tarjeta física de residencia, lo que también conlleva dificultades para acceder a los servicios sanitarios o a los centros educativos, la firma de contratos de trabajo o alquiler, la solicitud becas de estudios, la apertura de cuentas bancarias o el pago de facturas y trámites con otras instituciones de la propia administración.

Ana Hervas, letrada y miembro de la sección de extranjería del Colegio de Abogados de València, apunta que también las abogadas se han visto perjudicadas por este colapso, al no poder llevar a cabo sus servicios por la imposibilidad de acceder a una cita. Expone también el retraso de otros trámites más allá de extranjería, como por ejemplo en las oficinas de registro para solicitar el empadronamiento o en la tramitación de los subsidios para las empleadas del hogar.

“Cualquier ciudadano español que quiera renovar su DNI obtiene fácilmente una cita. Las personas migrantes también deberían tener ese servicio y esa efectividad, porque también tienen que seguir trabajando, pagando facturas, comprando medicamentos”

“Cualquier ciudadano español, que quiera renovar su DNI, obtiene fácilmente una cita para la semana siguiente y con una oferta de distintos de horarios. Las personas migrantes también deberían tener ese servicio y esa efectividad, porque ellos también tienen que seguir trabajando, pagando sus facturas, comprando sus medicamentos”, afirma Hervas; y reclama una solución “inmediata” por parte de la administración. Una respuesta que podría pasar, propone la abogada, por incrementar el número de citas disponibles; aumentando el personal o habilitando este tipo de trámites en otras comisarías u oficinas de la administración.

No hay citas disponibles, excepto si compras una

En paralelo, las organizaciones señalan la existencia de una especie de “mercado negro” donde las citas de extranjería se pueden comprar y vender. Un comercio fraudulento que funciona sobre todo a través de internet, con la publicación de anuncios o mensajes en redes sociales que ofrecen la obtención de una cita incluso en menos de 48 horas. Un fraude que también sucede en otros territorios del Estado español, donde la situación de “colapso” también empuja a que las personas migrantes accedan a pagar para obtener una cita.

“Las tarjetas ya se han caducado y aún no hemos conseguido citas para renovarlas. Mi hija de 17 años está haciendo una formación profesional y la dirección del instituto le está pidiendo la renovación”, reclama Elhadj con su testimonio. Cuenta también que conoce a otras personas que han recurrido a comprar las citas, pagando entre 50 y 300 euros. También conoce casos en que tales citas ni siquiera existían, sino que se trataba de citas falsas que resultaban inexistentes a los registros de la administración.

“¿Quien se está lucrando con nuestras citas?”, cuestiona Dolores Jacinto, portavoz del movimiento 'Regularización Ya' e integrante de AIPHYC  —Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados—. “Nosotras tardamos meses para conseguir una cita pero hay gente que las puede conseguir en cuestión de horas, y nos cobran por ello”, plantea. “No podemos permitir que se estén lucrando con nuestros derechos y que tengamos que pagar para conseguir una cita”.