Migración
Un año de vulneraciones de derechos en la Frontera Sur

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha publicado hoy su informe Refugiados y migrantes en España: los muros invisibles tras la frontera sur, en el que califica de “improvisada y arbitraria” la respuesta de las autoridades ante el incremento de llegadas de migrantes a las costas españolas en el año 2017. Este año se han triplicado con respecto a 2016 las llegadas, superando las 22.000, lo que supone casi un 13% de las llegadas por mar a Europa, frente al 2% del año anterior. Y en un día como el de ayer, 15 de enero, Salvamento Marítimo rescató a 144 personas que se encontraban en tres pateras a la deriva.

Para CEAR, los factores que han provocado este incremento de llegadas a las costas de la península van a continuar, por lo que insta al Gobierno a elaborar de forma urgente un plan de acción a nivel estatal con un protocolo “para unificar la actuación ante la llegada de personas migrantes y refugiadas a costas españolas”, y defiende que “la frontera sur española tiene que dejar de ser un limbo en el que se desvanecen los derechos”.

Desgranamos cinco de los puntos de este informe, en el que se denuncian irregularidades y vulneraciones de derechos que afectan de manera sistemática a las personas que tratan de cruzar la frontera sur buscando asilo o una vida mejor.

Rutas

En 2017 han descendido mucho las entradas a España a través de Ceuta y Melilla, pero han aumentado las llegadas a través del Estrecho y del mar de Alborán. Esto se debe, explica este informe, al incremento de efectivos que custodian las fronteras y al refuerzo de las vallas fronterizas que rodean los enclaves que se ha producido en los últimos años, lo que ha contribuido a la apertura de nuevas rutas más peligrosas. Es decir, el refuerzo de las fronteras terrestres no ha hecho descender los intentos de llegar a la península, sino que las personas que los protagonizan deben arriesgar todavía más sus vidas para lograrlo.

En 2017 han llegado a Almería 180 pateras con 4.862 personas a bordo, en comparación con las 86 que llegaron en 2016, con 2.058 personas rescatadas. En cuanto a Tarifa, han llegado 332 pateras con 4.222 personas, frente a las 131 pateras con 951 personas en 2016. El número de personas fallecidas en estas rutas (y de las que se tiene conocimiento) es de 223 personas hasta el 21 de diciembre de 2017, mientras que durante 2016 fue de 169.

CIE

Desde CEAR consideran “muy grave” el uso sistemático de las detenciones en los centros de internamiento de extranjeros (CIE), “sin tener en cuenta su situación individual, así como que la legislación española establece la privación de libertad como último recurso”. “No está permitido el uso de la detención automática como medida disuasoria; sin embargo, esta es la práctica habitual”, indica el informe, que añade que las alternativas a la detención deberían utilizarse de manera más efectiva.

Además, el informe se fija en las condiciones de detención de las personas migrantes. Con respecto a las dependencias policiales, el informe se hace eco de otro de Human Rights Watch, que ha denunciado que las dependencias policiales de Motril, Almería y Málaga a la que se traslada a inmigrantes “no cumplen con los estándares compatibles con la dignidad humana”.

En cuanto al CIE de Algeciras, reconvertido a partir de un antiguo centro penitenciario, “tiene la apariencia de una prisión orientada al castigo y rehabilitación de delincuentes, en lugar de ser un edificio destinado a custodiar a personas extranjeras sometidas al derecho administrativo sancionador”, por lo que se incumple la legislación que establece que los CIE son establecimientos públicos de carácter no penitenciario.

Tanto en lo que se refiere al CIE de Algeciras como al de Tarifa, la lista de deficiencias en las instalaciones y en los servicios, algunas de ellas muy graves, es interminable: humedades, barrotes, mamparas de cristal que impiden el contacto con los familiares, ausencia de armarios en las habitaciones, carencia de un mantenimiento mínimo, carencia de un espacio de lavandería, ausencia de planes de evacuación ni sistemas de extinción de incendios, ausencia de un servicio de asistencia jurídica, funcionarios policiales sin placa identificativa y que portan armas de fuego en algunos casos y práctica sistemática a todos los internos de la diligencia de desnudo integral a su llegada, una práctica que carece de amparo legal.

A pesar de todas estas irregularidades y de las constantes peticiones por parte de organizaciones de la sociedad civil que reclaman su cierre, en 2017 se anunció la creación de tres nuevos CIE en Málaga, Algeciras y Madrid.

Menores

El informe recuerda que la detención de niños o niñas realizada en razón de la condición migratoria del menor o de sus padres “constituye una detención arbitraria y contraviene el principio del interés superior del niño”, por lo que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas insta a todos los Estados a poner fin a la detención de los niños por motivos relacionados con su estatus migratorio.

A pesar de ello, en Málaga, Almería, Motril, Cádiz y Canarias, los niños y niñas llegados junto a sus progenitores o uno de ellos son detenidos “para proceder a su identificación y a la incoación del procedimiento de devolución”. Además, en las cuatro ciudades andaluzas, si los niños alegan ser mayores de edad sin llevar un documento que lo corrobore, “aunque su apariencia evidencia su minoría, no se realiza ninguna prueba para determinar su edad. Sin embargo, si estos/as afirman que son menores e incluso llevan un documento de su país de origen que así lo acredita, se les hace una prueba de determinación de la edad”.

Por último, en Almería y Motril, mientras se realizan las pruebas de determinación de edad, los menores permanecen detenidos en calabozos junto con adultos. Desde CEAR advierten que las pruebas radiológicas de la muñeca tienen un amplio margen de error y han sido ampliamente cuestionadas por la comunidad científica.

Devoluciones en caliente

Las devoluciones en caliente se han seguido produciendo en 2017. Aunque la Ley Orgánica de Extranjería del año 2000 introdujo esta figura para darle cabida jurídica a una práctica que ya se venía realizando, “dicha práctica es ilegal por ser contraria a la Constitución española, a la legislación de extranjería y asilo y a la normativa europea e internacional que España está obligada a cumplir”. Además, el 3 de octubre de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por varias devoluciones en caliente al considerar que las personas expulsadas no tuvieron acceso a los procedimientos y garantías oportunos y que se vulneró su derecho a un recurso efectivo.

Derecho de asilo, asistencia letrada e intérpretes

El informe apunta a las dificultades en Melilla y Ceuta para pedir asilo. De hecho, en esta última ciudad ninguna persona pudo solicitar protección durante el año pasado. Además, indica que en las costas andaluzas, excepto en Málaga, no se proporciona a las personas recién llegada información adecuada sobre el derecho de asilo.

CEAR denuncia que “en Almería y en Tarifa no se garantiza el derecho de los/as letrados/as a entrevistarse con las personas defendidas antes de que presten declaración ante Policía Nacional”. Además, en Almería, tras esta declaración, “en muchas ocasiones se obstaculiza la entrevista individual entre los/as letrados y las personas defendidas por parte de Policía Nacional, alegándose falta de medios y ausencia de condiciones de seguridad”. Además, en muchas ocasiones, cuando los abogados llegan para prestar asistencia, la policía “ya ha tomado declaración a las personas y ha dictado las correspondientes órdenes de devolución y solicitud de internamiento dirigida a la autoridad judicial”, solicitudes de internamiento en CIE que son sistemáticas, ya que “nunca se acuerda una medida alternativa a la detención”.

Al contrario de lo que sucede en Almería, donde no existe un turno de oficio especializado en migración, en Málaga, la existencia de un turno de oficio específico ha permitido que se formalicen 246 peticiones de asilo en 2017, frente a las 16 que se realizaron el año anterior.

En cuanto a los intérpretes, en términos generales no se garantiza de manera adecuada el derecho a un intérprete a la llegada a las costas, “lo que dificulta la identificación de necesidades de protección internacional”. El hecho de que a veces se utilice como intérprete a otra persona que viajaba en la embarcación resulta extremadamente problemático, indica el informe, “en el caso de mujeres potenciales víctimas de trata que pueden viajar con sus tratantes”. En el caso de estas víctimas, además, “la falta de enfoque de derechos humanos y de protección de las víctimas de trata se traduce en que la identificación de personas de personas víctimas de trata es prácticamente inexistente”.