Policía
¿Reforma o decrecimiento policial? Los ecos del ‘Defund the Police’

Desde la muerte en 2014 de Michael Brown en Ferguson, el movimiento Black Lives Matter ha visibilizado con éxito el racismo institucional y la violencia policial en Estados Unidos. La culminación de ese proceso de denuncia derivó en la demanda Defund the Police tras la muerte de George Floyd en Minneapolis en la primavera de 2020, invitando a desnaturalizar la existencia de la policía y a pensar en alternativas a la misma. Más allá de la atención mediática, aún queda mucho camino para que en Europa y España cale esta singular demanda.

Europa ha sido testigo de episodios de reacciones juveniles a las actuaciones letales de policías en lo que llevamos de siglo, de manera especial en Francia en 2005, en Grecia en 2008 o en Inglaterra en 2011. No obstante, la intensidad de las protestas antipoliciales es menor que en Estados Unidos, algo que podría explicarse por la menor letalidad de las fuerzas de seguridad (según Laurent Bonelli, apoyándose en la web Basta!, en Francia se reportan 16 muertes al año frente al millar que denuncian las organizaciones en EEUU), la debilidad de movimientos de organización comunitaria en los territorios y la incidencia de la mayor violencia institucional en espacios invisibilizados, como son las fronteras.

Tarajal: seis años después las familias siguen sin poder identificar a las víctimas

Pablo 'Pampa' Sainz

El Tarajal

Tarajal: seis años después las familias siguen sin poder identificar a las víctimas

Pablo 'Pampa' Sainz

En el sexto aniversario por las muertes ocurridas en la playa de El Tarajal (Ceuta), organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos vuelven a reclamar frente al Congreso que el gobierno autorice a las familias de las víctimas los desplazamientos que les permitan reconocer e identificar el cuerpo de sus seres queridos.

En España, desde los 2000 las críticas a la violencia policial se han centrado en la denuncia del papel de las fuerzas de seguridad en la gestión de las fronteras externas (con la tragedia del Tarajal de 2014, en la que murieron 15 personas a causa de la intervención de la Guardia Civil, como hito más relevante) e internas (en los CIEs y en las redadas, fundamentalmente).

Cinco reflexiones tras la muerte de Mame Mbaye

Sarah Babiker

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Racismo

Cinco reflexiones tras la muerte de Mame Mbaye

Sarah Babiker

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Ellos y ellas han entendido que nadie va a defenderles en su lugar. Ellos tienen la agencia que mucha gente viene buscando durante años cuando despertamos del sueño de la representación. Que nadie se quede sin escucharlos.

En marzo de 2018, la muerte de Mame Mbaye en las calles de Lavapiés (Madrid) tras ser perseguido por la policía dio lugar a una de las reacciones más sonadas a la violencia policial en los últimos años. La paradoja (o no) es que la muerte de Mame se produjo bajo un gobierno municipal, el de Ahora Madrid, que intentó por todos los medios apaciguar a la policía mediante la reforma policial.

¿Qué es la reforma policial?

Estados Unidos es junto con Reino Unido uno de los mayores exportadores de modelos de reforma policial. El sociólogo Alex S. Vitale ha caracterizado los principales asuntos que han abordado dichas reformas: la apertura a la diversidad, la formación, la policía comunitaria, la rendición de cuentas o la instalación de cámaras en los uniformes. Todas ellas buscarían recuperar una legitimidad perdida por los “casos” de racismo y evitar los excesos policiales.

Las reformas policiales buscarían recuperar una legitimidad perdida por los “casos” de racismo y evitar los excesos policiales

En España asistimos en las últimas dos décadas a distintas tentativas de reforma. Cambios de acuerdo con un giro preventivo, encadenado semánticamente a los conceptos de “prevención”, “modernización”, “profesionalización”, “diversidad” y “proximidad”, que han seducido a gestores políticos de todo signo y en todas las escalas territoriales en las que actúan las policías (desde el PP de Gallardón en la policía municipal de Madrid, la vieja CIU en la gestión de los Mossos o el PSOE cuando ha tenido bajo su mando el Ministerio del Interior), pero de manera especial a gobiernos locales progresistas (Bildu en municipios guipuzcoanos, Barcelona en Comú o Ahora Madrid). Se trata de adaptaciones institucionales a las denuncias de impunidad y discriminación, y demandas de transparencia y proximidad, que se llevan a cabo desde una diversidad de agentes (movimientos sociales, ONGs, juristas y algunas voces policiales).

Entre los enunciados del discurso de la reforma policial en España, y sus derivaciones prácticas, encontramos que «hay que ir más allá de la policía reactiva y caminar hacia una policía preventiva». Madrid y Barcelona cuentan desde hace años con sustanciales mejoras en la recogida de información cuantitativa (denuncias, intervenciones), cualitativa (reuniones con vecindarios y comerciantes) y visual (videovigilancia) con el fin de anticiparse a los acontecimientos. También cuentan con la presencia de “policías blandos”, como los agentes tutores o los agentes mediadores, que buscan ganarse la confianza en los territorios. El mayor reto que se plantean es la gestión del enorme volumen de información con el que cuentan para transformarlo en “inteligencia”, que no es otra cosa que predicción.

Un segundo aspecto que algunos ayuntamientos han tratado de abordar en los últimos años es «hacer frente a la discriminación y caminar hacia el respeto a los Derechos Humanos y la diversidad». Municipios como Girona o Fuenlabrada son pioneros en materia de control del profiling, acciones que el Madrid de Carmena trató de copiar (Programa para la Identificación Policial Eficaz, PIPE).

Para realizar el anterior enunciado es necesario «cambiar la cultura policial». Se intenta escapar del perfil masculino hegemónico (estilo Robocop), y para ello algunos cuerpos locales han tratado de modificar el perfil de acceso (reduciendo la estatura requerida a mujeres) y formar en Derechos Humanos, diversidad y modelos comunitarios al personal, asignar tareas propias del trabajo social —algo en lo que el ayuntamiento de Ahora Madrid puso especial énfasis— o modificar la imagen pública de los cuerpos (portavocías femeninas en medios de comunicación).

Así mismo, bajo gobiernos progresistas en los que se produce un tímido reconocimiento de la violencia policial, se trata de «combatir los excesos con autocontrol». Madrid implantó un Comité de Ética a partir de su Plan Director de Policía Municipal de 2016.

También se intenta conectar a la policía con otros profesionales (mesas de coordinación con servicios sociales, centros escolares, etc.) y con “la ciudadanía” con el fin de «superar la ineficiente soledad policial e incorporar la participación de la ciudadanía en la gestión de la seguridad». Esta co-producción de la seguridad tiene en el modelo de policía comunitaria que Madrid intentó implantar en 2018 su máxima expresión.

Las asociaciones vecinales han sido las más insistentes en demandar desde la década de 1980 «presencia policial, pero de proximidad». El ayuntamiento de L´Hospitalet es uno de los que más experiencia tiene en la incorporación de la policía en tareas de mediación vecinal como modo de gestionar los conflictos desde la proximidad y desde roles y destrezas distintas de la mera fuerza intimidatoria.

Por último, en la última década hemos visto arribar a España el concepto de «seguridad humana para ir más allá de la seguridad centrada en el delito» y ampliar la idea de seguridad a las condiciones de vida. Dado su marcado carácter progresivo, este es el enunciado que más dificultades ha encontrado para hacerse hueco en el discurso de la gestión policial, si bien, la integralidad a la que remite (seguridad alimentaria, ambiental), habilita a la policía a intervenir en todo tipo de cuestiones, como la salud, tal y como hemos apreciado en la gestión de la pandemia. Su uso retórico ha sido empleado hasta por el Ministerio del Interior de Grande-Marlaska.

La policía del cambio

El caso más paradigmático de intento de reforma policial siguiendo los anteriores postulados es el del ayuntamiento del cambio madrileño (2015-2019). En un clima de intimidación llevado a cabo implacablemente por sindicatos ultraderechistas, la oposición y los medios afines desde el minuto uno (caso Titititeros, “escrache” al concejal, Plan de Gobernanza Comunitaria de Lavapiés), el área de gobierno dirigida por Javier Barbero pronto encontró los límites de las acciones transformadoras, que en ningún caso se iban a acercar al enfoque despolicializador de los conflictos urbanos que inspiró el programa electoral con el que Ahora Madrid concurrió a las elecciones de 2015.

Sin embargo, sí fue capaz de producir una agenda propia en materia de reformas policiales consistente en introducir algunos mecanismos de autocontrol (programa PIPE, Comité de Ética) y en profundizar lo iniciado por los gobiernos anteriores del Partido Popular en materia de gestión preventiva de la “convivencia” (en un contexto de decrecimiento de los delitos) y acercamiento banal de los policías al trabajo social y comunitario.

En 2019, una vez recuperado el gobierno municipal, el Partido Popular barrió de un plumazo todo aquello que tenía que ver con el autocontrol policial nada más recuperar la alcaldía, al tiempo que daba continuidad a los proyectos de gestión de la convivencia (al fin y al cabo, tenían su propio sello), si bien borrando el nombre de las cosas que habían sido objeto de guerra cultural, como “policía comunitaria”.

Mucha policía en Madrid

Ana Encinas Christian Martínez

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Securitización

Mucha policía en Madrid

Ana Encinas ,  Christian Martínez

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Más agentes y más cámaras de vigilancia: esa es la seña de identidad del nuevo modelo securitario, que da la mano a la gentrificación en Lavapiés, Vallecas y Tetuán.

Sin duda, lo mejor de aquellas reformas hay que buscarlo en la introducción de mecanismos de control de la acción policial, cuya eficacia estriba más en lo que comunica (la existencia de violencia institucional) que en una verdadera rendición de cuentas (pues no se trata de una fiscalización externa e independiente).

Estas reformas obviaron la autonomía policial y las estructuras culturales que atraviesan a la institución

No obstante, aquella reforma policial pecó de dos problemas, para nada menores. Bastó un simple cambio de gobierno, que en este caso llevó aparejada la entrada indirecta de Vox en el gobierno municipal, para que los mecanismos de control preventivo mediante la intensificación de la presencia en los espacios de vida (espacio público, colegios, asociaciones vecinales) se reutilicen para fines menos “nobles” que para los que fueron creados.

Pero, además, estas reformas obviaron la autonomía policial y las estructuras culturales que atraviesan a la institución. El intento de transformación de los policías en agentes de intervención social no contó con la resignificación de los conceptos procedentes de la acción comunitaria (“comunidad”, “participación”) y la refuncionalización de las formas de hacer del trabajo social por parte de los agentes. Tanto los conceptos como las tareas “sociales” quedan subsumidas a la lógica del control cuando son reapropiadas por la Policía.

Pareciera que, ante la inoperancia de los servicios sociales y otras políticas redistributivas, se hubiera querido hacer políticas sociales con policías

Una mera conversación con cualquier mando policial revelará las intenciones de estas reformas: la colonización de los espacios vecinales, la prefiguración de una comunidad que legitime las intervenciones policiales y la obtención de información mediante radares vecinales y el acceso a lo que otros profesionales conocen (en servicios sociales, institutos).

Pareciera que, ante la inoperancia de los servicios sociales y otras políticas redistributivas, se hubiera querido hacer políticas sociales con policías. Pero la Policía jamás ha sido un agente de democratización social.

No fracasan las reformas, sino su fe en ellas

El fracaso de la reforma narrado no es el resultado de unos políticos incompetentes, sino el fruto de lógicas estructurales que definen el funcionamiento de la Policía. Distintas investigaciones que se han acercado a las reformas policiales en distintos contextos han constatado su inutilidad. Alex F. Vitale o Keeanga-Yamahtta Taylor nos advierten sobre el efecto inocuo que ha tenido la inclusión de policías afrodescendientes en las relaciones con la comunidad o los niveles de violencia policial en Estados Unidos. Elif Babül concluye que los programas de formación en Derechos Humanos de la Policía turca derivados de los acuerdos con la Unión Europea no revierten en un mayor respeto de los derechos ciudadanos, sino en la ampliación del poder de la institución bajo una legitimidad revestida de experticia. Adam Crawford han destacado el papel reproductivo de desigualdades que tiene la policía comunitaria en Reino Unido al responsabilizar a las comunidades de sus problemas sociales y al privilegiar la participación de aquellos ciudadanos con mayores capitales frente a los más excluidos.

A esto habría que sumar los pobres resultados de las reformas policiales acometidas por Obama, que nos hablan de tan solo 11 policías declarados culpables por disparos fatales entre 2005 y 2015 (en un país en el que se dan casi mil muertes al año a manos de la policía) y de cámaras que se apagan justo en el momento en el que se producen los episodios violentos.

La Policía moderna nació con un mandato que nunca se ha modificado: el control colonial y de clase

Y es que se olvida que la Policía moderna nació con un mandato que nunca se ha modificado: el control colonial (caso de guardia irlandesa que patrulló en la colonia británica a comienzos del XIX) y de clase (caso de la propia Policía Metropolitana de Londres, que surge en el contexto de las reacciones luditas contra el nuevo orden liberal-industrial). Se olvida que la Policía es en sí mismo un cuerpo relativamente autónomo dentro del Estado (y más cuanto más poder tiene) y que sus límites definitorios tienen que ver con la conservación del orden desigual capitalista: la Policía nunca, en ningún contexto, ha redistribuido poder y recursos de arriba abajo, al contrario que otras políticas, que sí pueden hacerlo.

La policía es irrelevante para la seguridad ciudadana

Justin Podur

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Violencia policial

La policía es irrelevante para la seguridad ciudadana

Justin Podur

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¿Tiene la policía actualmente el derecho a matar? Por supuesto. En Estados Unidos la policía ha matado al menos a 12.600 personas desde 2005 hasta 2019. En ese periodo, tres policías en total han ido a la cárcel por homicidio sin que los recursos hayan afectado a la condena. Es menos que una décima parte del 1%, pero se puede redondear fácilmente a cero.

Se olvida que lo definitorio de su trabajo es, más allá del discurso formal (hacer cumplir la ley), el uso de la fuerza que se realiza al margen de la ley, y que es el verdadero secreto de su eficacia: como recuerda el antropólogo Didier Fassin, a los policías corruptos se les castiga, pero a los que llevan a cabo abusos de fuerza, no.

A los policías corruptos se les castiga, pero a los que llevan a cabo abusos de fuerza, no

Por todo ello, los controles internos en forma de deontología y comités éticos son vacunas muy débiles para prevenir los abusos. Por más reformas que se hagan a través de la formación de los agentes (en derechos humanos, diversidad, género), la cultura policial no deja de traducir en violencia directa la violencia estructural.

Lo que si logran las reformas policiales es aumentar el poder de la propia institución policial en presupuestos, competencias, capital técnico, espacios de intervención y roles, algo que no cesa de crecer en las últimas cuatro décadas al ocupar el terreno baldío de la desinversión social neoliberal.

Lo que si logran las reformas policiales es aumentar el poder de la propia institución policial

La izquierda institucional, en cuanto toca poder, obvia los riesgos que entraña la apuesta por la reforma como principal política policial. Como afirma Tamar Pitch, “la seguridad es patrimonio de las derechas, no declinable por parte de la izquierda”: la sola invocación de la seguridad deviene en el refuerzo de la securitización. Por tanto, la apuesta transformadora no pasa tanto por reformar a la policía como por restarla poder.

Alternativas socio-comunitarias

Ángela Davis planteó la pregunta ineludible sobre qué hacer si quitamos espacio a la Policía justo en el momento en el que escalaban nuevas demandas del movimiento Black Lives Matter en la primavera de 2020, Defund the Police y la más atrevida Abolish the Police. Intentando responder al desafío, proponemos aquí un mapa de acciones despolicializadoras.

En primer lugar, tenemos el ejemplo de algunas ciudades estadounidenses que han decididos limitar los poderes a la Policía. San Francisco, ha sido la primera ciudad en prohibir usar técnicas de reconocimiento facial. Pero sin duda, es la desfinanciación la demanda más estratégica, si consideramos que la Policía es la institución pública que más ha aumentado sus  presupuestos con las políticas neoliberales. La ciudad de Chicago gasta 10,5 millones de dólares anuales para los servicios de salud mental de la comunidad, lo mismo que gasta en dos días en su cuerpo de Policía.

Que sonase con fuerza ‘Defund the Police’ ya es un logro histórico que lanza la pregunta sobre si es necesario vivir con policía

La decisión del ayuntamiento de Minneapolis de desmantelar su departamento de Policía a partir de la muerte en sus calles de George Floyd, retirándole los fondos progresivamente para reinvertirlos en servicios a la comunidad y en personal alternativo que aborde distintos conflictos, constituyó un punto de inflexión histórico que por primera vez daba marcha atrás al proceso de aumento de competencias, recursos y poder policial en décadas. Aunque la propuesta se desinfló por la retirada de apoyo de algunos ediles demócratas, que sonase con fuerza `Defund the Police´ ya es un logro histórico que lanza la pregunta sobre si es necesario vivir con policía.

En segundo lugar, habría que cuestionarse, como hace Alex. S. Vitale, en qué trabaja la Policía y plantear alternativas institucionales. La primera es evidente: la despenalización de las drogas, el trabajo sexual y las prácticas de supervivencia de las personas sin hogar y otros colectivos minorizados haría decrecer ostensiblemente el sistema punitivo. En su lugar, habría que ofrecer una fuerte reinversión en programas de salud pública, salud mental, housing first, equipos de calle especializados en crisis y acción comunitaria en barrios deprimidos.

A nivel de recursos humanos, se trata de reforzar los servicios sociales, educativos y de salud con equipos de mediación, y de potenciar el entrenamiento en la gestión de conflictos por parte de profesionales y otros agentes comunitarios a través de la desescalada y la negociación. No se trata de inventar nada nuevo, pues todas experiencias ya existen, sino de apostar por ellas y adaptarlas a los contextos concretos.

Pero las alternativas a la policía no las van a proporcionar únicamente profesionales de lo social. Una inspiración fundamental nos viene de movimientos autónomos indígenas, que en Guerrero o Michoacán reinventan y adaptan instituciones tradicionales de justicia comunitaria a los contextos de conflicto actuales. Con sus límites, pero también con sus experiencias de autonomía en la gestión de bienes comunales (las rondas de Cherán), estas experiencias tienen bastante en común con lo producido en Rojava, la región kurda autónoma del norte de Siria, que trata de poner el peso en los mecanismos comunitarios de mediación, honor y reparación, y en una Fuerza de Defensa Civil formada por miembros de la comunidad, especialmente mujeres y ancianos.

Algunas propuestas comunales contemporáneas sustituyen la seguridad por una confianza colectiva lograda a través de prácticas igualitaristas y cooperativistas

En contextos urbanos, algunas propuestas comunales contemporáneas sustituyen la seguridad por una confianza colectiva lograda a través de prácticas igualitaristas y cooperativistas, como Cocoserola, “un supermercado cooperativo venezolano donde no hay seguridad privada porque no hace falta: aquí hay muchos menos robos que en los supermercados privados que tienen vigilantes de seguridad privada armados”, en palabras de Raúl Zibechi.

Otras construyen propuestas de justicia transformativa y autogestión de la seguridad y los conflictos mediante estrategias y protocolos de prevención, gestión y reparación que parten de la necesidad de no llamar a la policía en casos de violencia de género, conflictos con violencia y hasta en la investigación de asesinatos.

Por último, en Europa las referencias abolicionistas remiten a las luchas de la antipsiquiatría y al abolicionismo penitenciario de la década de 1970 más que a la sustitución de la policía. Sin embargo, de aquella crítica al daño social que producen el sistema punitivo y las instituciones totales heredamos los postulados de la justicia restaurativa, y la progresiva introducción de mecanismos de mediación y reparación en el propio sistema de justicia penal (si bien a veces de un modo banalizado). Se trata de devolver la gestión del conflicto a las víctimas y a las comunidades, quitándoselo al Estado y los expertos. Algo que, por otro lado, ocurre en la vida cotidiana de muchos espacios urbanos y rurales donde quedan girones de relaciones comunitarias.

Este incompleto mapa puede servirnos de inspiración para el desafío de construir una alternativa despolicializadora sólida, un camino que los ayuntamientos del cambio perdieron la oportunidad de explorar.