Medio ambiente
Las macroplantas solares amenazan el interior rural valenciano

Un buen día llegó una carta de la Conselleria a casa de Víctor “hablando de una expropiación”. Poco tiempo después, el 16 de diciembre de 2022 en el BOP y el 19 diciembre del 2022 en el DOGV, dos documentos oficiales recogían un listado con todas las parcelas afectadas acompañadas del término “expropiada”, sin lugar a negociación. Víctor es propietario de dos parcelas en las que se proyecta la instalación de una gran planta solar en Villar. El terreno, cultivado con olivos centenarios y almendros en plena producción, fue comprado por su abuela hace muchos años. “No es que suponga para mí un negocio, pero es venir a robarme lo que es mío”, lamenta con indignación el afectado.

En un momento crucial de crisis ecosocial global, con el cambio climático sin freno, la amenaza del agotamiento de los recursos fósiles y la constante pérdida de biodiversidad es una realidad. Este contexto obliga a generar un cambio de modelo y una transición energética de la forma más acelerada posible. Sin embargo, esta transición, impulsada por el despliegue de infraestructuras de fuentes de energía renovable, presenta desafíos y nuevos impactos que deben abordarse con una planificación adecuada.

En los últimos años, el País Valencià ha sido testigo de un fenómeno, el desembarco de grandes fondos de inversión con un claro objetivo en la implantación de macroplantas fotovoltaicas en terrenos del interior rural valenciano. Esta situación ha alterado el equilibrio energético y económico de la región y ha generado tanto oportunidades como desafíos en las zonas más rurales.

La región ofrece extensas áreas de suelo que son consideradas idóneas para la instalación de paneles solares y aprovechan la abundante radiación solar

El afán de los fondos de inversión por instalar las macroplantas solares en municipios de interior valencianos se fundamenta en diversas motivaciones. En primer lugar, la región ofrece extensas áreas de suelo que son consideradas idóneas para la instalación de paneles solares y aprovechan la abundante radiación solar. Las compañías buscan capitalizar las condiciones climáticas favorables y los incentivos gubernamentales para la inversión en infraestructuras fotovoltaicas a gran escala. Los parques eólicos, situados principalmente en zonas de alta montaña con poblaciones mermadas, generan impactos paisajísticos y dificultan los procesos de repoblación.

Todo ello viene a su vez potenciado por las políticas de apoyo a las energías renovables implementadas por el gobierno regional y nacional que han creado un entorno propicio para la inversión extranjera en este sector. Algunas de las personas afectadas consideran que las decisiones actuales, impulsadas por decretos del Consell, amenazan la autonomía municipal y excluyen la participación ciudadana en la planificación territorial de estas instalaciones en suelos no urbanizables. “Cualquier fondo buitre busca su beneficio en base a las debilidades de los vecinos, pero la Conselleria debería de trabajar en nuestro beneficio, no en el de ellos”, denuncia Víctor.

Una polémica ubicación

Sectores como la agricultura y las comunidades rurales expresan inquietudes sobre el uso de tierras de alto valor agrícola para la instalación de macroplantas y sus posibles consecuencias en la economía local y la sostenibilidad alimentaria. Las plataformas ecologistas señalan la importancia de encontrar soluciones que equilibren los beneficios económicos con las preocupaciones y necesidades de las comunidades afectadas. “No se trata de estar en contra de la energía solar, pero debe de ser compatible con la conservación del terreno”, aclara Víctor.

Además de los efectos ambientales, la ubicación de estas plantas genera polémica no solo por su deslocalización de los puntos de consumo principales sino también por su implantación desigual. Una realidad que reflejan las cifras: solo dos comarcas, la Vall d’Ayora y el Alt Vinalopó, tienen la misma potencia en tramitación que toda la provincia de Castellón. A lo que hay que añadir que el proceso de implantación de las energías renovables, centrado principalmente en macroproyectos fotovoltaicos y eólicos, sigue un modelo centralizado que, en muchos casos, aleja estas instalaciones de las áreas urbanas y de consumo.

Este modelo, basado en grandes empresas, requiere extensas líneas de evacuación que afectan a numerosos territorios de los alrededores

Este modelo, basado en grandes empresas, requiere extensas líneas de evacuación que afectan a numerosos territorios de los alrededores. De la misma forma, “los grandes campos fotovoltaicos también pueden influir en el clima de forma directa, calentando la superficie, influenciando los flujos locales de aire y desembocando en la formación de ‘islas de calor’” tal y como Stern explica en Solar panels forest and its radiative forcing effect. Ello provocaría el aumento de la temperatura en los territorios circundantes.

Asimismo, la ubicación de parques fotovoltaicos en suelos agrícolas de alto valor entra en conflicto con el objetivo de preservar la agricultura, lo que pone en riesgo la soberanía alimentaria y el mosaico agrario valenciano. “Nos están vendiendo que tenemos que volver al campo porque se está produciendo un éxodo, pero todo son trabas para poder trabajarlo, lo único que se hace es facilitar que la ‘España vaciada’ cada vez sea mayor y la gente se tenga que ir de los pueblos a buscarse la vida”, desespera el villarenco. En su caso, la implantación de la planta solar, se llevaría a cabo en un territorio de regadío.

Existen estudios como Soil properties changes after seven years of ground mounted photovoltaic panels in Central Italy coastal area que advierten de que la reducción de la lluvia en los terrenos y los cambios en las propiedades del suelo, tienen efectos incluso después de siete años de ocupación de las tierras con paneles solares.

Las dos caras de las energéticas

Las voces que defienden la necesidad de considerar los beneficios económicos de estos proyectos marcan como principales ventajas la diversificación económica, la creación de empleo y la contribución a la sostenibilidad. Para el País Valencià –tradicionalmente dependiente de sectores como la agricultura y el turismo– la generación de energía solar a gran escala se presenta como una oportunidad estratégica para impulsar la diversificación económica y reducir así la dependencia de sectores tradicionales. 

De hecho, la ley estatal de cambio climático prevé en su artículo 25 que la implantación de plantas fotovoltaicas “perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio donde se realice el referido despliegue para activar su economía y combatir el declive demográfico”. Sin embargo, hasta ahora la ley solo prevé un canon de un 2% de los costes estimados de las obras de edificación y de las obras necesarias para la implantación de la instalación, por lo que, al dejar fuera a los costes de la instalación, “el canon no se notará en las arcas municipales y difícilmente conseguirá reactivar la economía y combatir el declive demográfico”, como explican desde la Coordinadora Valenciana Por una Ubicación Racional de las Energías Renovables.

Otro de los argumentos a favor de las macroplantas fotovoltaicas radica en su capacidad para generar empleo significativo. La fase de construcción de estas infraestructuras requiere una mano de obra diversa, y una vez completada, las promotoras de estos proyectos fotovoltaicos aseguran la oferta laboral para el mantenimiento de estas instalaciones a largo plazo. Sin embargo, es un argumento que no comparte la población que vive en los núcleos afectados. Víctor lo explica comparándolo con otros sectores que activan la oferta laboral en la actualidad: “El empleo que ofrece una planta y el de, por ejemplo, una cooperativa (que es para toda la vida) no tiene punto de comparación” –y añade– “En vez de generar empleo, lo que vienen es a destruirlo”.

La sostenibilidad es otro de los argumentos que ocupa un lugar central en la defensa de las macroplantas fotovoltaicas. El papel de las infraestructuras solares como motor de transición hacia fuentes de energía renovable se posiciona como un recurso clave para enfrentar los desafíos medioambientales actuales. Al generar energía limpia y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, estas instalaciones contribuyen al compromiso con prácticas más sostenibles y permiten cumplir los objetivos estratégicos de la Unión Europea marca en la Agenda 2030.

Sin embargo, Víctor, –al igual que muchas de las personas que se posicionan contra estos proyectos– considera que la instalación de estas plantas, lejos de promover políticas medioambientales, viene motivada por los intereses económicos de grandes fondos de inversión. “No se trata de ningún proyecto medioambiental, quieren obtener beneficio le pese a quién le pese”, no duda en afirmar Víctor. 

Resistencia local

Las voces críticas no están solas, 65 colectivos entre plataformas en defensa del territorio y grupos ecologistas del territorio valenciano se han unido en la Coordinadora Valenciana Por una Ubicación Racional de las Energías Renovables para combatir esta tendencia que afecta a pequeños pueblos de toda la Comunidad. Con recursos limitados, estas comunidades envejecidas se movilizan para proteger su hogar, su forma de vida y su entorno natural.

65 colectivos entre plataformas en defensa del territorio y grupos ecologistas del territorio valenciano se han unido en la Coordinadora Valenciana Por una Ubicación Racional de las Energías Renovables para combatir esta tendencia

Quienes se oponen a la implantación de macroplantas fotovoltaicas destacan su resistencia a los oligopolios energéticos que, según ellos, podrían surgir como resultado de estos proyectos. Este cambio, según las comunidades ecológicas, amenaza no solo la economía de los municipios –centrada en la agricultura– sino también la biodiversidad, el paisaje y el valioso patrimonio histórico y natural que, en conjunto, conforman la identidad colectiva de los territorios afectados.

Las organizaciones expresan su inquietud por la especulación fotovoltaica, que podría llevar a la expropiación de tierras fértiles en beneficio de intereses privados. A su vez, buscan evitar la despoblación del mundo rural y la sobreexplotación de acuíferos y luchan por el respeto a las zonas protegidas y la toma de decisiones participativa que incluya a la población afectada. En su rechazo, proponen alternativas de localización y abogan por una implantación ética y racional de las energías renovables, para evitar así la industrialización del territorio rural, que temen se convierta legalmente en “polígonos industriales de placas solares y aerogeneradores”.

La cuenta atrás

25 de junio, esa es la fecha fijada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que los entre 80 y 100 proyectos de energías renovables impulsados –tanto a nivel autonómico como estatal– obtengan la autorización administrativa de construcción favorable. Hasta esa fecha, las organizaciones ecologistas se han unido para frenar esta situación. El día 20 de enero, más de 80 asociaciones se reunirán en una manifestación a las 12h en València “para pedir una transición energética planificada, que no sacrifique el mundo rural”.

El día 20 de enero, más de 80 asociaciones se reunirán en una manifestación a las 12h en València “para pedir una transición energética planificada, que no sacrifique el mundo rural”

La movilización, que recorrerá la ciudad desde la Plaza de la Virgen hasta la Delegación del Gobierno, insta a las instituciones a paralizar el modelo actual y priorizar una transición basada en la eficiencia energética, comunidades energéticas locales y de renovables y el autoconsumo. Las organizaciones y grupos territoriales demandan una legislación clara que potencie este modelo distribuido, cercano a las zonas de consumo. Además, desde la coordinadora enfatizan la importancia de la producción pública de energía para personas vulnerables y la implicación directa de las administraciones en el desarrollo de comunidades energéticas a nivel local.

La coordinadora subraya la necesidad de unir fuerzas entre el mundo rural y la población urbana para evitar las consecuencias negativas de esta transición y animan a proteger el patrimonio natural y agrícola, a través de la apuesta por un modelo energético que priorice la sostenibilidad ambiental y la soberanía energética. “No podemos cargarnos el mundo rural en pro de las energías renovables”, explican desde la Coordinadora.