Marea Verde
25M: escuela pública y negación de títulos a personas sin papeles

El deterioro y desmantelamiento de servicios públicos continúa rampante en la Comunidad de Madrid bajo las políticas neoliberales del gobierno de Ayuso. La estrategia es sencilla: por un lado, deteriorar los servicios públicos existentes y, por el otro, incrementar el gasto y la inversión pública en apoyo de iniciativas privadas. Por tanto, la ciudadanía se va acostumbrando a equiparar los servicios públicos a una atención deficiente, mientras se anima cada vez más a invertir en servicios privados que le puedan garantizar una atención de mayor calidad. De esta forma, se transfieren los impuestos de la clase trabajadora a la iniciativa privada y se amplían los espacios de acumulación de capital para las grandes empresas.

Frente a esta situación, diferentes movimientos y organizaciones han emprendido múltiples iniciativas de lucha social, destacando en los últimos meses las huelgas y movilizaciones en defensa de un sistema de salud pública de calidad. Pero otros sectores no se quedan atrás. Este sábado 25 de marzo le toca el turno a la movilización en defensa de un sistema de educación pública de calidad, con una manifestación convocada por la Marea Verde a las 18h de Neptuno a Cibeles.

No faltan razones para movilizarse en defensa de la educación pública en la Comunidad de Madrid. En la actual convocatoria de movilización, desde la Marea Verde apuntan a reivindicaciones en las que confluyen antiguas y nuevas exigencias. Las antiguas se conectan con la larga lucha contra las políticas educativas neoliberales emprendidas por los sucesivos gobiernos autonómicos del PP. Madrid fue un laboratorio de experimentación de estas políticas. Por ejemplo, desde 2004 se implementaron evaluaciones estandarizadas de etapas y desde 2009 se comenzaron a liberalizar los criterios de acceso a los centros, promoviendo el ánimo empresarial y la competencia entre centros educativos que condujo a una generalizada segregación socioeconómica del alumnado. Esta tendencia se fortaleció con la llegada al gobierno nacional del PP, comenzando en 2011 una serie de fuertes acciones estructurales contra los servicios públicos, presentadas como la mejor forma de enfrentar el impacto de la crisis del 2008 en la economía nacional. Es decir, la solución a una crisis económica provocada por los excesos de especulación de los grandes capitalistas recaía una vez más sobre la clase trabajadora, el grupo poblacional que más precisa de los servicios públicos en su vida cotidiana.

Las reformas estructurales neoliberales contra los servicios públicos tuvieron un auge desde 2011, traduciéndose en una reducción drástica del gasto público en el sistema público de enseñanza

Las reformas estructurales neoliberales contra los servicios públicos tuvieron un auge desde 2011, traduciéndose en una reducción drástica del gasto público en el sistema público de enseñanza. Entre las consecuencias de este recorte destacaron: la ampliación de las ratios de estudiantes por aula, la reducción del número de plazas ofertadas —especialmente en educación infantil y formación profesional—, la ampliación del número de horas semanales de clase por docente —reduciendo así la implicación del profesorado en proyectos y labores de organización para la mejora de la docencia y la atención socio-educativa—, la subida de las tasas de matriculación —especialmente en la educación superior universitaria—, el incremento del número de docentes con contratos temporales —interinos e interinas—, etc. Todos estos recortes implicaron una reducción de la calidad del sistema público de enseñanza, que sufrieron y sufren especialmente las familias de clase trabajadora que no cuentan con recursos para paliar sus efectos a través del pago de clases particulares de apoyo o la matriculación en centros privados/concertados.

Frente a esta coyuntura, en el mismo 2011 nació la Marea Verde, una de las principales plataformas de organización de la comunidad educativa para hacer frente a este ciclo de recortes. Se emprendieron manifestaciones, huelgas, concentraciones continuadas y toda una serie de acciones y luchas sociales que continúan hasta hoy en día, debido al recrudecimiento de los recortes que se viven en la actualidad, especialmente en comunidades autónomas gobernadas por la derecha neoliberal, como la Comunidad de Madrid. En este territorio se agravan los recortes en el sistema público de enseñanza, destacando acciones recientes como la concesión de suelo público a bajo coste para escuelas concertadas y la ampliación del presupuesto público para su financiación. Frente a esta situación de agravamiento del ciclo de deterioro del sistema público de enseñanza, la Marea Verde refuerza sus reivindicaciones este sábado 25 de marzo con la convocatoria a la manifestación en Madrid.

Sin embargo, hay algunas cuestiones que no parecen estar recibiendo especial atención dentro del actual ciclo de movilizaciones contra el deterioro del sistema público de enseñanza. Entre ellas podríamos destacar el caso específico de la situación de las personas de origen extranjero. Este grupo social sufre de forma agravada el deterioro de la escuela pública. Para empezar, hay que tomar en cuenta su desigual punto de partida. En su mayoría proceden de familias migrantes con pocos recursos, que vienen de vivir situaciones familiares y sociales difíciles en sus países de origen, que de hecho han provocado su necesidad de migrar. Estas personas migran cuando pueden, en momentos que casi nunca coinciden con el inicio del calendario escolar, por lo que nada más llegar a su nuevo contexto se enfrentan a procedimientos de escolarización a través de una “incorporación tardía” que, en la mayoría de los casos, abocan a este estudiantado a insertarse en cursos inferiores a la edad que tienen, así como a una casi inevitable repetición de curso. No hay recursos ni existen mecanismos de compensación para la situación de estas personas, que provienen de sistemas educativos diferentes y se enfrentan a una serie de lenguajes y formas de aprendizaje distintas a las de sus países de origen.

Madrid es una de las ciudades que más segrega a su alumnado por razones socioeconómicas en toda Europa

Además, este estudiantado, al incorporarse tardíamente e instalarse en barrios obreros y zonas de la ciudad con alquileres más asequibles, suele ser derivado a una serie de centros específicos, muchos de ellos catalogados en la Comunidad de Madrid como de “especial dificultad”, situados la mayoría de ellos en el cinturón obrero de la ciudad, fuera de la M30. Esto contribuye a la segregación y formación de guetos educativos, estableciendo grandes diferencias de clase y origen social entre el alumnado de los mismos centros públicos, que provocan que Madrid sea una de las ciudades que más segrega a su alumnado por razones socioeconómicas en toda Europa. Es decir, se concentra al alumnado con más necesidades en centros determinados, donde se multiplican las labores especiales de atención educativa y se terminan por tanto sufriendo de forma agravada las implicaciones de los recortes presupuestarios.

Pero las dificultades no terminan aquí para el alumnado de origen extranjero. En los últimos años se ha empezado a implementar una política destinada específicamente a amedrentar a este estudiantado basada en no entregar titulaciones al alumnado que no tenga regularizada su situación migratoria y sea mayor de edad en el momento de terminar una etapa educativa. Es decir, por ejemplo, a una persona que ingresa siendo menor de edad a una etapa educativa —ESO, Bachillerato o FP—, pero que cumple los 18 años antes de la tramitación del título de la etapa, inspección educativa no le firma y entrega el título que ha conseguido si no tiene regularizada su situación migratoria, lo que dificulta todavía más su inserción laboral y desarrollo personal en la sociedad. Hay miles de estudiantes en esta situación.

En los últimos años se ha empezado a implementar una política destinada específicamente a amedrentar a este estudiantado basada en no entregar titulaciones al alumnado que no tenga regularizada su situación migratoria y sea mayor de edad en el momento de terminar una etapa educativa

Esta política, que contraviene el derecho humano a la educación y pone aún más dificultades sociales a un grupo de personas que ya de por sí sufre segregación y diversas prácticas agravadas de desigualdad educativa, ha sido enfrentada por diversas organizaciones e incluso gobiernos autonómicos del Estado español, como es el caso del gobierno de Navarra, que ha interpuesto recursos de inconstitucionalidad ante esta práctica. Lamentablemente, la lucha jurídica no ha obtenido grandes resultados, y la situación actual sigue permitiendo que sea legal no entregar titulaciones a personas que las han terminado de forma efectiva.

En definitiva, el deterioro del sistema público de enseñanza provocado por las políticas neoliberales afecta a la sociedad en su conjunto, pero sus implicaciones afectan de forma específica y agravada a las familias de clase trabajadora. Dentro de la clase trabajadora, las familias migrantes sufren todavía más las consecuencias de los recortes, enfrentándose a toda una serie de políticas gubernamentales que dificultan su desarrollo y su misma existencia. Siguiendo a los militantes afroamericanos Stokely Carmichael y Charles V. Hamilton, bien podríamos definir esta serie de prácticas como una forma de racismo institucional, destinado a poner dificultades y trabas estructurales específicas al alumnado migrante y de origen extranjero. Se fomenta así desde el Estado la segregación social de este alumnado, reduciendo de forma drástica sus oportunidades de desarrollo social y abocándoles, en la mayoría de los casos, a no tener más opción que ser mano de barata superexplotada dentro de un mercado laboral cada vez más precarizado.

Este 25M saldremos a manifestarnos en defensa de la educación pública, poniendo especial énfasis en la defensa de quiénes más sufren su deterioro: el alumnado de clase trabajadora, y especialmente el de origen extranjero. Porque la defensa de la educación pública será antirracista o no será.