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Argentina
El desalojo de Guernica
El 29 de octubre Guernica despertó envuelta en nubes de humo. En medio de la madrugada, un ejército de miles de policías había rodeado los cuatro barrios surgidos en tiempos del coronavirus, en el frío invierno bonaerense, y donde residían según el censo 1.450 familias. A las cinco de la mañana comenzaron a desalojarlo, casilla por casilla. Arrastraron, golpearon o dispararon a las personas que intentaron interponerse, derrumbaron o prendieron fuego a sus chabolas. Detrás venían las máquinas. El humo gris de incendios y los gritos se colaban entre las paredes improvisadas y despertaban a quienes aún dormían.
Alrededor de 4.400 residentes se quedaron sin techo, incluyendo más de 2.000 menores de edad. En el fuego se perdieron documentos de identidad y otros objetos personales.
Los destruidos barrios de Veinte de Julio, San Martín, La Lucha y La Unión se ubicaban en el municipio que comparte nombre, Guernica, con la ciudad bombardeada por los nazis. Se trata de una zona poco urbanizada, repleta de tierras baldías (“tierras ociosas”) sin un dueño claro. Salpican también el paisaje algunas urbanizaciones cerradas para ricos (countries o “clubes de campo”), atraídos por estos lugares casi inaccesibles en transporte público. En un acto de solidaridad el 6 de noviembre en la plaza del Obelisco de Buenos Aires, una anciana del movimiento de memoria por los desaparecidos argentinos comentó que los primeros countries que se construyeron en la zona “son de la época de Videla”.
Casi la mitad del asentamiento se situaba sobre tierras abandonadas cuyos “dueños”, en su mayoría ligados al poder político local, no podían demostrar documentalmente que fueran los propietarios
De la última dictadura militar data igualmente el fenómeno de las tomas de tierras. Según tres geógrafxs de la universidad de Buenos Aires, la urbanización informal mediante asentamientos en tierras baldías comenzó a principios de los ochenta “como consecuencia de la creciente pauperización socio-económica y de las políticas expulsivas de población de la ciudad llevadas a cabo por la última dictadura cívico-militar”. Cuarenta años después, quienes recuperaron tierras abandonadas en Guernica el 20 de julio eran en su mayoría personas que “no han podido continuar pagando un alquiler por la falta de ingresos –e incluso han sido desalojadas de los lugares donde alquilaban–, o escapan de situaciones de hacinamiento extremo”. También había mujeres que llegaron huyendo de situaciones de violencia de género.
La propiedad fantasmagórica de la tierra, o dos modelos de ciudad
La recuperación de tierras en Guernica enseguida se judicializó. Las autopistas recientemente construidas habían incrementado el valor futuro de la zona a través de la especulación, así que pronto surgieron reclamos de propiedad en contra de los nuevos habitantes. Casi la mitad del asentamiento se situaba sobre tierras abandonadas cuyos “dueños”, en su mayoría ligados al poder político local, no podían demostrar documentalmente que fueran los propietarios. A pesar de ello, las autoridades de la provincia de Buenos Aires se posicionaron rápidamente “del lado de la propiedad privada”. Políticos y medios de la derecha lanzaron un pánico moral en torno a los “usurpadores” a los que acusaron de tener, quizás, ya una vivienda. La “propiedad privada” devino un símbolo vacío de contenido jurídico, agitado como estandarte contra los moradores.
“No solamente nos estamos peleando por el derecho a la vivienda sino que también la recuperación de territorio implica [...] cómo queremos que nuestros hijos y nuestras hijas se críen”, dice una de las manifestantes
El 55% de las tierras tomadas sí que tenían un dueño demostrable: eran de la constructora Bellaco, que planeaba usarlas para edificar un conjunto de urbanizaciones cerradas de lujo con piscina y canchas de rugby. Para que esta parte del asentamiento no fuera ilegal, geógrafos y urbanistas de la Universidad de Buenos Aires lo rediseñaron junto con los habitantes de modo que las tierras pertenecientes a Bellaco supusieran un 10% del total que la empresa iba a destinar al complejo de barrios de lujo. Ese es el porcentaje que un gran emprendimiento inmobiliario puede ser obligado a ceder a alojamientos sociales o de bajo coste según la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. En el juego político que siguió a la toma, la ley 14.449 resultó ser papel mojado para los vecinos de Guernica.
La propuesta de la Comisión de Urbanismo del asentamiento buscaba en el contexto de la pandemia crear un hábitat digno e higiénico para familias de las capas populares: los cuatro barrios creados, con “una superficie de 200m2 como plantea la Ley 14.449 en su artículo 20”, mantendrían el trazado de la zona urbanizada del municipio y contarían con espacios comunes para reforzar la integración social, espacios al aire libre de uso recreativo, huertas barriales y un paseo ribereño junto al cauce de agua. Cosas de las que en general carecen las mayorías sociales relegadas a los barrios hacinados de la periferia de Buenos Aires.
Como explicó una joven en el acto del 6 de noviembre, “no solamente nos estamos peleando por el derecho a la vivienda sino que también la recuperación de territorio implica [...] cómo queremos que nuestros hijos y nuestras hijas se críen, queremos plaza, queremos una salita cerca, queremos una escuela cerca, queremos sistemas cloacales, queremos luz... […] Por eso se votó por asamblea “recuperación de tierras” para resignificar un montón de derechos que nos han sido negados”. En respuesta, las autoridades ofrecieron inicialmente un acuerdo de retirada a cambio de una pequeña ayuda económica o algunos materiales para que construyeran sobre las viviendas de familiares o conocidos. Los tribunales dictaminaron que el asentamiento debía ser desalojado para permitir la construcción de countries y clubes de campo.
De Guernica a Stone, y la imagen de Evita
Las autoridades avisaron que desalojarían Guernica el 30 de octubre, pero comenzaron por sorpresa en la madrugada del 29. Durante el desalojo, que empleó 4.200 policías con todo tipo de vehículos, la fuerza pública utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y balines de plomo contra los residentes y personas solidarias. Tras dos meses de debate sobre el posible desalojo, las imágenes de brutalidad policial convirtieron a Guernica en uno de los principales temas de debate público. El gobierno regional, dirigido por el kirchnerista Axel Kicillof, se escudó en que “no era el final que deseaban” pero tenían que cumplir la orden judicial. Dos días después del desalojo, su ministro de Seguridad Sergio Berni publicó un vídeo de propaganda institucional de tono militarista sobre la operación, en un tweet titulado “El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada son innegociables. #FuerzaBuenosAires”.
El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada son innegociables. #FuerzaBuenosAires pic.twitter.com/UmPbeqQVN4
— Sergio Berni (@SergioBerniArg) October 31, 2020
La violencia del desalojo de Guernica llevó a los afectados de una estafa de compra de tierras en el barrio Stone (Escobar) a aceptar su desalojo pacífico el martes siguiente. Como explicó un joven en el acto del 6 de noviembre, “...llegamos a un acuerdo con las autoridades [...] para no tener que exponer a nuestras familias, para evitar esto que... que todos conocemos que pasó en Guernica. Nosotros nos retiramos voluntariamente firmando un acuerdo por el cual si nosotros salíamos pacíficamente ellos se comprometían a darnos una solución habitacional inmediata, lo cual obviamente no se cumplió. Se comprometieron a alojarnos en hostelería, a evaluar caso por caso... Esto no fue así, y hoy en día estamos con el compañero y con muchas familias desparramados, desparramadas como ustedes saben por casas de parientes. Nosotros estamos alojados en un jardín, nos tienen custodiados, nos persiguen en el distrito...“. Según otro joven que le acompañaba, ”Estamos esperando que cumplan con su palabra y nos den lo que está firmado acá. [...] Nuestros hijos están asustados. No queríamos que les pasara lo mismo que les pasó a los chicos de Guernica“.
Diversos aliados del gobierno, especialmente del movimiento de derechos humanos y madres de la plaza de mayo, han denunciado los hechos de Guernica como una “vergüenza”
El desalojo violento de Guernica quizás buscaba un efecto ejemplarizante para el movimiento de recuperación de tierras y las organizaciones piqueteras. Pero podría revelarse un error político. Diversos aliados del gobierno, especialmente del movimiento de derechos humanos y madres de la plaza de mayo, han denunciado los hechos de Guernica como una “vergüenza” que no esperaban; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado informes de lo ocurrido. El escándalo que ha supuesto el desalojo para los sectores de izquierda puede debilitar parte del apoyo al gobierno regional en su enfrentamiento contra el macrismo. Parece que el Frente para Todos perdió en Guernica una oportunidad para demostrar que son efectivamente el “gobierno de los pobres” y tienen una agenda sobre hábitat y vivienda diferente de la de los poderes fácticos. Una fractura política similar podría darse en España, donde la crisis del coronavirus está incrementando la desigualdad mientras persiste la burbuja de los alquileres y la carencia de viviendas sociales.
La tarde caía lentamente sobre la multitud congregada en el acto de solidaridad con Guernica del 6 de noviembre. Cerca del obelisco, un gigantesco mural de Evita parecía contemplar la concentración. Un médico pediatra de la Comisión de Salud expresó lo que muchas personas mayores estaban quizás sintiendo: ”La lucha que se pierde es la que se abandona. Tenemos que volver [...]. ¡Delante de la imagen de Evita quisiera decir que... tiene que perdonar a esta gente que se cree que sigue sus ideales y los traiciona!". ¿Qué pensaría Evita de todo esto? Mientras continúan los desalojos de tierras, los alojamientos sociales que construyó Evita languidecen y se profundiza la fractura urbana.