México
Ayotzinapa: cuatro años buscando verdad y justicia

El tiempo corre demasiado rápido pero, seguramente, para las madres y padres de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Estado de Guerrero (México), estos cuatro últimos años habrán sido los más largos de sus vidas: además del dolor por la pérdida de sus hijas e hijos han tenido —y siguen teniendo— que soportar la cruel y desgarradora tortura de no saber qué les pasó y dónde están.

Aquella noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa se dirigieron a Iguala para conseguir autobuses con los que poder viajar a Ciudad de México para participar en la marcha anual que conmemora la masacre de estudiantes de Tlatelolco, acaecida el 2 de octubre de 1968. En la terminal de autobuses consiguieron varias unidades —en total cinco— y, cuando se disponían a regresar a la escuela, fueron interceptados por civiles armados y cuerpos de seguridad del Estado: 43 de ellos fueron detenidos y desaparecidos, seis personas fueron asesinadas —tres de ellas estudiantes— y 40 quedaron heridas, dos de ellas de extrema gravedad.

La estrategia del Gobierno mexicano se fundamentó en la construcción de una “verdad histórica” sobre lo sucedido, basada en afirmar que los jóvenes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, cerca de Iguala. Verdad desmontada primero por el Equipo Argentino de Antropología Forense en su informe de febrero de 2016, en el que afirmaron que no existían, en el terreno, pruebas de un fuego de la magnitud requerida para la incineración de 43 cuerpos. Más tarde, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sus investigaciones realizadas entre 2015 y 2016, reiteró con pruebas periciales la imposibilidad de la versión difundida por el Gobierno. Pero, además, en su primer informe explican, de manera detallada, cómo el atentado contra los estudiantes se dio en varios tiempos y lugares y que, difícilmente podía ser “casual” ya que, durante horas, fue controlado un perímetro de 80 kilómetros donde las fuerzas de seguridad de diferentes niveles y competencias —municipales, ministeriales, federales y militares—, así como agentes de inteligencia y narcodelincuentes, coordinadamente, acorralaron y persiguieron salvajemente a los jóvenes. También demuestran que el propio ejército denegó auxilio y asistencia médica a los heridos.

El GIEI finalizó su segundo informe señalando indicios y nuevas líneas de investigación: los móviles de algunos de los estudiantes siguieron funcionando horas y días después de lo sucedido; policías y soldados estuvieron presentes en los lugares de los hechos; señales de torturas en los detenidos autoinculpados y, la más importante: el quinto autobús —inexistente en el expediente oficial y cuya prueba fue alterada— podría servir para el tráfico de heroína de Iguala a Chicago y fue tomado, accidentalmente, por los estudiantes. Este último indicio podría justificar la cacería desatada contra los jóvenes. Hipótesis, por otro lado, confirmada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) al afirmar que las organizaciones criminales transnacionales usan los autobuses de pasajeros para trasladar droga desde México hacia Estados Unidos.

Pese a dicho informe, la postura del Gobierno de Peña Nieto ha sido inamovible, intentando cercar las responsabilidades al ámbito local y deslindarse del narcoterrorismo. Además, el ejecutivo mexicano obstaculizó y retardó buena parte de las diligencias solicitadas por el GIEI, impidiendo, por ejemplo, entrevistar a miembros del Batallón 27 del Ejército Mexicano, directamente implicados en los hechos. El propio GIEI sufrió el descrédito por parte del Estado, que sembró difamaciones contra sus miembros, alcanzando también al abogado de las familias, Vidulfo Rosales. Del mismo modo, se ha pretendido dividir al movimiento de padres y madres, comprar su silencio y desgastar unos pies que, pese a todo, no han dejado de peregrinar en busca de verdad y justicia.

Así, el día 26 de cada mes han marchado por las calles de Ciudad de México y han tenido que aprender a enfrentarse a una realidad desconocida para ellos: las desapariciones forzadas. En este tiempo, algunos de sus corazones se han apagado, como el de Minerva Bello, madre del desaparecido Everardo Rodríguez Bello, quien murió de cáncer el pasado 4 febrero.

Dentro de las recomendaciones del GIEI aparecía la necesidad de realizar un diagnóstico del impacto psicosocial y en la salud de las víctimas de Ayotzinapa que pudiera servir para guiar la política de Estado en la atención a familiares de desaparecid@s. El resultado ha sido el informe Yo solo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, presentado el 14 de marzo de 2018 en Ciudad de México y elaborado por un equipo interdisciplinar, a través del acompañamiento y las entrevistas realizadas a las víctimas. La reparación integral del daño solo tendrá sentido a partir de la verdad y la justicia, concluye el informe. Esta búsqueda de justicia se ha convertido en parte del proceso de duelo, aunque las autoras hablan de “duelo congelado” en los casos de desaparición forzada por cuanto “la impunidad arrebata la posibilidad de duelo”. 

La esperanza está en la verdad

En esta larga noche iniciada en 2014, una pequeña luz apareció el pasado mes de mayo en forma de sentencia. El tribunal federal de Tamaulipas, encargado de resolver los amparos promovidos por los detenidos en el caso, quienes acusaron a la PGR —la fiscalía mexicana— de haber infringido torturas— emitió una sentencia esperanzadora. Exige reiniciar la investigación por la gravedad de las irregularidades cometidas y, además, como proceso alternativo para subsanar la actuación deficiente de la PGR, ordena la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, en la que participen las víctimas, sus representantes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales. Frente a los recursos interpuestos por instancias federales contra dicha sentencia, el Tribunal se pronunció, el pasado 20 de septiembre, para ratificar su fallo y remarcar que el Estado mexicano no puede eximirse de sus obligaciones internacionales arguyendo el derecho interno. Corresponderá al próximo presidente, López Obrador, quien asumirá su cargo el 1 de diciembre, ejecutar dicha sentencia. Ya se ha adelantado a afirmar su compromiso en la creación de la Comisión de la Verdad, enmarcada en su llamado “modelo de justicia transicional a la mexicana”. “Esperanza sí; cheque en blanco, no”, afirman padres y madres de los 43 ante las declaraciones del nuevo presidente.

Ayotzinapa visibilizó el nuevo patrón de las desapariciones forzadas en México, donde se da una connivencia entre el narco y las autoridades y cuerpos de seguridad del Estado. “Fue el Estado” o “México es un narco-estado” fueron los gritos lanzados por la multitud en las grandes marchas durante el primer año de búsqueda de los 43. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), existen en México —hasta el 30 de abril de 2018— 37.435 desapariciones denunciadas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció en 2017 la localización de 855 fosas clandestinas entre los años 2006 y 2007. Cifras espeluznantes para un país en guerra no declarada. La tragedia de Ayotzinapa afectó a organizaciones de familiares de desaparecidos y desaparecidas, quienes no solo revivieron su trauma sino que sintieron frustración al no ver avances después de décadas de lucha.

Como documenta el informe Yo solo quería que amanecira, algunas organizaciones buscaron aunar esfuerzos y otras lamentaban no haber recibido la atención mediática, política y social que Ayotzinapa logró. Sin duda, todas anhelaron que este caso pudiera representar un antes y un después en el drama de las desapariciones forzadas.

Las madres y padres de los 43 también han tejido solidaridad con otros movimientos en defensa de los derechos y el territorio como Atenco y su lucha contra el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la comunidad otomí de Xochicuautla y su resistencia contra la construcción de una autopista que pretende destruir su bosque sagrado o la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán (Ciudad de México), desde donde se oponen al ecocidio inmobiliario y la gentrificación. Fueron también recibidos en territorio autónomo zapatista, donde el Subcomandante Galeano les transmitió el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN): “Su lucha es ya una grieta en el muro del sistema. No dejen que se cierre Ayotzinapa. Por esa grieta respiran no sólo sus hijos, también las miles de desaparecidas y desaparecidos que faltan en el mundo”.

Y así es, la guerra no ha acabado, las desapariciones forzadas no descienden y los asesinatos no se detienen. Pero estas madres y padres, desde el dolor, han vencido a un gobierno que pensaba agotarlos con su “verdad histórica”; han traspasado fronteras, poniendo el foco sobre una realidad ocultada a golpe de tratados comerciales; han abierto la puerta a un mecanismo novedoso como el GIEI que enseña otro modo de defensa de los derechos humanos, donde la búsqueda organizada de verdad y justicia y la red de apoyo tejida en el camino, crean una “trama social”, un espacio que ayuda a las familias a nombrar y compartir el dolor, la esperanza, la rabia y el tiempo “detenido”; han conseguido, en definitiva, cuestionar todo el sistema de impunidad que permite la multiplicación de las desapariciones forzadas en México.