Ley de costas
El caso Monkey y la desconfianza ante el cambio de competencias de Costas en Canarias

Una de las leyes que marca la línea roja en cuanto a la protección del medioambiente es la Ley de Costas. En Canarias esta competencia ha sido desarrollada hasta ahora por el Estado. Sin embargo, a partir del 1 de septiembre el Ejecutivo canario comenzará a gestionar sus costas. La decisión alegra a empresarios y preocupa a los más desconfiados debido a casos como el del Monkey Beach, en Adeje.

En 2008, los vecinos del pueblo pesquero de Cho Vito (Tenerife) fueron los primeros en sufrir los estragos de la Ley de Costas dado que las viviendas de la zona no cumplían con dicha legislación, encontrándose en dominio público terrestre. Tras una intensa lucha de los vecinos de este pueblo de Candelaria por mantener sus casas, finalmente se produjo el derribo de las viviendas costeras. El caso sentó precedente y generó temor en muchos ciudadanos que levantaron casas ubicadas en zonas costeras en los años 70.

Catorce años después del derribo de Cho Vito, Canarias asumirá a partir del 1 de enero la competencia en Costas al igual que sucede en Catalunya o Andalucía. Mientras desde el Gobierno autonómico se señala que “no habrá mano blanda” en los expedientes de Costas, desde las asociaciones empresariales y hoteleras de las islas ya se está pidiendo a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias estar presentes en la comisión técnica que analizará los expedientes. A su vez, Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno autonómico junto a PSOE, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera, ha pedido que expertos en medioambiente y anticorrupción formen parte de dicha comisión técnica para evitar casos como el Monkey Beach, El Mamotreto o Las Teresitas.

“Las diferencias son muy claras, se aplica de manera diferente cuando hay detrás grandes empresarios a si hay personas humildes”, denuncia Kike Villalba

El abogado José Luis Langa, de la Asociación Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas, explica que la plataforma tiene un acuerdo de cooperación con el Gobierno de Canarias desde el año 2016 y señala que primero se debe reunir la comisión técnica para analizar los casos, municipio por municipio, tanto “técnica como jurídicamente” y analizar profundamente las competencias transferidas.

“La Ley no se va a reinterpretar, se va a interpretar teniendo en cuenta la singularidad de Canarias, siempre cumpliendo con la legalidad”, señala el letrado. “En el acuerdo firmado en 2016 con el Gobierno de Canarias se hace mención al valor etnográfico, histórico y espiritual del pueblo canario y tenemos que hacer todo lo posible e imposible para que queden desafectados la mayoría de los núcleos costeros que están afectados como Ojos de Garza (Gran Canaria), Valle Gran Rey (La Gomera) o Bocacangrejo (Tenerife), de la misma forma que ocurrió en Formentera. ¿Qué diferencia hay entre Formentera y cualquiera de las islas que conforman el archipiélago canario?”.

Por su parte, Kike Villalba, de la Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza (ATAN), indica que desde esta organización están “totalmente en contra de las competencias de Costas al Gobierno de Canarias dado las actuaciones del gobierno y sus pretensiones”. “El traspaso de competencias en los parques nacionales ha sido un paso atrás muy fuerte. Está claro que lo que pretenden es seguir sacando dinero de las costas en combinación con empresarios sin escrúpulos. Hay casos puntuales de personas que se trata de su primera vivienda o construida antes de la Ley, pero no son la mayoría.”, explica.

Asimismo, Villalba añade que “el caso del Monkey Beach es un ejemplo de lo que hacen nuestras instituciones, ayuntamientos, gobierno y cabildos, respecto a la urbanización de nuestras costas”. En su opinión, se ha permitido que se actúe de manera ilegal en beneficio de unos empresarios, “y como se hace la vista gorda, encima ahora le damos la competencia”. El activista resalta asimismo que existen grandes diferencias a la hora de aplicar la Ley: “Las diferencias son muy claras, se aplica de manera diferente cuando hay detrás grandes empresarios a si hay personas humildes”.

Monkey Beach

“De Tenerife a Monkey, de Monkey al cielo” es uno de los eslóganes que utiliza el Monkey Beach Club para vender a sus clientes una experiencia con la que casi se puede “tocar el cielo” a través de sesiones de música con distintos deejays, comida y las vistas de la playa de Troya (Adeje), en Tenerife. El club, que se construyó a pie de playa en la década de los 70, se convirtió en noticia en 2018, cuando en Mírame Televisión contaron la denuncia emprendida por la comunidad de vecinos del complejo de propietarios La Galaxia debido a unas ampliaciones que podrían incumplir la Ley de Costas de 1988. El complejo incrementó su superficie en 440 metros cuadrados y su altura en dos plantas a pesar de su  ubicación, en plena playa.

Aunque la obras realizadas contaban con el permiso del Gobierno de Canarias y con el de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Adeje, la denuncia vecinal desencadenó un caso en el que se encuentran investigadas por posible delito de prevaricación urbanística trece personas, entre ellas el exviceconsejero de Política Territorial de Canarias, Jesús Romero (CC); el alcalde de Adeje y líder socialista, José Miguel Rodríguez Fraga; la actual directora insular de Desarrollo Socioeconómico del Cabildo de Tenerife, Ermitas Moreira; y la exjefa de Demarcación Provincial de Costas, Teresa Sánchez.

“¿Qué diferencia hay entre Formentera y cualquiera de las islas que conforman el archipiélago canario?”, se pregunta el abogado José Luis Langa

¿Qué se investiga? La Ley de Costas señala en el artículo 25.2 que, “con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas”. “En todo caso —continúa el texto— la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público”.

La interpretación que se haga sobre si se trata de un “servicio conveniente” es la clave de la causa judicial, ya que su incumplimiento podría dar paso a la disposición transitoria cuarta de la Ley, en la que se señala que solo podrán realizarse obras de “reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento del volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes”.

La razón principal que argumentan desde las administraciones para la aprobación de los permisos es el cumplimiento del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM). No obstante, el plan está anulado por el Tribunal Supremo desde 2019, tras los recursos de casación presentados por el Gobierno de Canarias ante una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.