Laboral
Proponen nacionalizar la Nissan para crear un parque público de coches compartidos eléctricos

Nacionalizar la Nissan y que los trabajadores tomen el control. Salvar 3.000 puestos directos y 22.000 indirectos. Evitar la miseria de 25.000 familias. Pero no solo eso, lo que la CGT, la CUP y Anticapitalistes proponen es que por fin el Gobierno catalán y el español muevan ficha y se organicen estratégicamente ante un mundo deslocalizado en el que el Estado siempre pierde, después de haber vendido la industria pública automovilística (Seat, 1986), privatizado el sector ferroviario (Renfe, 2003) y regalar fondos millonarios a multinacionales extranjeras. 

En los últimos diez años, aseguran que la Nissan ha recibido 180 millones en ayudas. Sin contar la generosa rebaja del alquiler donde se asienta la planta, suelo público en la Zona Franca de Barcelona.

La propuesta es, además de sencilla, cómplice con el futuro: la producción de una Nissan socializada se entroncaría con la transición ecológica. El sindicato propone fabricar vehículos eléctricos compartidos o transformar los ya existentes. Uno por cada cien habitantes. La opción más barata para la población serían los bonos mensuales de diez euros. Si el 25% abandona la idea de disponer de un coche privado, o pone el suyo al servicio de la reconversión eléctrica, el retorno económico ascendería a 1.400 millones al año, para una inversión que requiere 950 millones anuales durante una década. Carsharing se llama en inglés. Carsharing público, propone CGT. 

La demografía está de parte del sindicato. Los jóvenes ya no quieren un coche, pozo sin fondo de gastos —combustible, seguro, ITV, reparaciones—, sino el mejor móvil que puedan permitirse con el escaso sueldo al que aspira la generación milenial y también la Z.

El Gobierno francés, que tiene una participación del 15% en Renault, cerró filas durante la pandemia: el presidente Emmanuel Macron presentó el 26 de mayo un plan de 8.000 millones de ayudas al sector automovilístico, que incluía el compromiso de PSA y Renault de fabricar en Francia sus vehículos eléctricos e híbridos. El 2 de junio, Nissan comunicaba al Gobierno español el cierre de la planta de Barcelona. La planta no es deficitaria, pero Renault y Nissan son compañeros de grupo empresarial y Renault quiere fabricar y vender sus coches limpios en Europa, y que Nissan se centre en el mercado asiático y estadounidense. Así se reparten el mundo estas empresas ajenas a los problemas económicos y sociales que generará el cierre de la planta en el cinturón industrial catalán. 

“No entendemos porqué los gobiernos desde la Transición no han tenido intención de crear una soberanía industrial en este país”, sostiene Diego Errejón (CGT)

Sin rastro en el plan del Gobierno

El Gobierno español publicó el 15 de junio un plan para el sector automovilístico, y se ha reunido con un sector que representa el 9% del PIB y el 19% de las exportaciones. España es el segundo mayor fabricante de automóviles de Europa, el octavo del mundo. 

El plan del Gobierno cuenta con un presupuesto de solo 3.750 millones, de los cuales 2.690 se destinarían en inversiones en cadena de valor de la industria. Industria que ni está nacionalizada, ni está participada. Es decir, se ayudaría a la Volkswagen, Mercedes, Seat o Renault, y a los ciudadanos que deseen renovar su automóvil (250 millones).

Si la propuesta del carsharing no convenciera al Gobierno, el sindicato está elaborando una alternativa: fabricar transportes eléctricos para mercancías, personas y residuos. Comprar una patente de un camión de la basura y que ese sea el camión que ayuntamientos compren para su flota. Comprar una patente para fabricar una motocicleta y que sea esta la que Correos utilice. Etcétera con coches patrulla, ambulancias y demás transporte de servicio público. 

“Esta puede ser una victoria con perspectiva de futuro o la enésima derrota a asumir en nombre del mal menor”, alerta Vidal Aragonés (CUP)

Los trabajadores de Nissan llevan hoy 83 días de huelga indefinida peleando por un futuro que quieren anclar a un proceso de reindustrilización fuerte y todo lo ecológicamente posible. Diego Errejón, sindicalista de la CGT, afirmaba ayer en la presentación de la propuesta que “no entendemos porqué los gobiernos desde la Transición no han tenido intención de crear una soberanía industrial en este país”.

Vidal Aragonés, de la CUP, recordó que el Estado es un monocultivo de cuatro semillas: automóvil, agrícola, turismo y construcción. Y que solo los primeros dos pueden ser sólidos en el tiempo. “Mantener la Nissan es un decisión política y no se puede asumir que ahora venga una segunda oleada de destrucción de la industria. Esta puede ser una victoria con perspectiva de futuro o la enésima derrota a asumir en nombre del mal menor”, alertó. 

“No hay otra manera que asumir que debe existir un cambio en el modelo de movilidad, y sustituir el parque privado de coches por coches compartidos y vehículos colectivos”, añadió Daniel Milero, de Anticapitalistes.

“Desde febrero no fabricamos un coche”, recordó el trabajador Javier Turrillo. “Nissan podría ser el inicio de la transición ecológica, nos quedan menos de diez días para que acabe el mes y saber qué decisiones toman con los trabajadores”, indicó el operario que se turna con sus compañeros ante la puerta de una fábrica que no quieren ver cerrada.