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La patronal condiciona su apoyo al aumento del SMI si le sale gratis al sector agrario y licitaciones públicas

Entre 2018 y 2023, el SMI ha aumentado un 47%, pasando de 707 a 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas (662 y 1.008 euros netos, respectivamente). El objetivo era cumplir con el mandato de la Carta Social europea, la cual estable que el salario mínimo interprofesional debe ser, como mínimo, el 60% del salario medio (2.186 euros brutos al mes en 2023). El Ministerio de Trabajo propuso ayer a la mesa de diálogo social un aumento del 4% para el próximo año, elevándolo a 1.123 euros mensuales brutos. Según el INE, la inflación anual estimada del IPC a noviembre se situó en el 3,2%

De momento, los sindicatos que participan en dicha mesa —CC OO y UGT— han valorado que es una cifra que se acerca a sus posiciones, mientras que la patronal condiciona el aumento a dos supuestos, las cuales harían que la subida les saliera gratuita: una deducción del 20% de las cuotas sociales en el sector agrario y un aumento del presupuesto de las contratas públicas para sufragar el aumento del 4% del salario de los empleados. Es habitual que trabajadores agrarios y empleados subcontratados por las administraciones públicas en el sector de la limpieza, la atención domiciliaria, la jardinería y los monitores de polideportivos, entre otros, cobren el SMI.

2022, el año en que perdimos salario y no pasó nada

Gessamí Forner

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Laboral 2022, el año en que perdimos salario y no pasó nada

Gessamí Forner

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2021 cerró con 3.650 convenios firmados con una subida salarial media del 1,69%, según los datos del Ministerio de Trabajo mientras la inflación anual alcanzó el 3,1% de media anual, según el INE. En 2022, el incremento salarial es del 2,65% y la inflación media del 8,4%. Hemos perdido ocho puntos —un salario mensual—.

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Fuentes consultas del Ministerio de Trabajo indican que ambas son “reclamaciones de la patronal” y que Trabajo las planteará a los ministerios competentes —Seguridad Social y Hacienda— para que valoren su repercusión. Pero recuerdan que la subida del SMI es una “decisión política” en la que el diálogo social es un plus pero no una necesidad. De hecho, las tres últimas subidas han contado solo con el apoyo de CC OO y UGT. La patronal solo firmó la de enero de 2020 —de 900 a 950 euros—.

La aprobación del incremento del SMI parece plantearse este año como un trámite que conviene realizarse en diciembre, para arrancar el siguiente ejercicio con el salario actualizado acorde al IPC. Su aprobación solo requiere del refrendo del Consejo de Ministros y, luego, su correspondiente publicación en el BOE. A la salida de la reunión, ante los medios de comunicación, Yolanda Díaz se ha mostrado confiada en alcanzar el acuerdo al menos con los agentes sociales.

El nuevo SMI alcanza a los convenios estatales más precarios: TIC, Contact Center y Centros Especiales

Gessamí Forner

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1.080 euros El nuevo SMI alcanza a los convenios estatales más precarios: TIC, Contact Center y Centros Especiales

Gessamí Forner

En un contexto inflacionista, el próximo salario mínimo interprofesional de 1.080 euros crea un nuevo paradigma laboral en el que un número mayor de colectivos con sueldos precarizados se acercan al SMI, incluso en convenios recién firmados, como las TIC, los Contact Center y los Centros Especiales de Empleo.

La propuesta de la patronal es que, de asumir sus dos reclamaciones, la subida sea de un 3% más un 1% si la inflación supera los tres puntos. La propuesta de CC OO es de un incremento del 5%, para compensar una cesta de la compra cada vez más cara. Por su parte, UGT no ha ofrecido una cifra, aunque reconoce que la inflación terminará muy cerca del 4% al acabar el año. Esta central ha recordado que el SMI debería alcanzar los 1.200 euros al terminar la legislatura.

Sobre la petición de bonificación del 20% en las cuotas del sector agrario, ambos sindicatos han coincidido en su rechazo y lo que esperan es que las empresas y las patronales del sector desbloqueen la negociación colectiva en los convenios que ya han sido superados por el SMI. “Buena parte de las empresas incumplen de forma sistemática los convenios colectivos así como la aplicación del SMI en aquellos lugares que carecen de convenio colectivo y bloquean de forma constante el desarrollo de la negociación colectiva”, ha denunciado Mª Cruz Vicente, responsable de Acción Sindical de CC OO.

En cuanto a que las instituciones públicas asuman el incremento del 4%, están de acuerdo, aunque destacan la contradicción de que son los propios organismos quienes otorgan una licitación a las empresas que plantean un precio más bajo. Es decir, las que ofrecen el SMI a sus trabajadoras.

Subsidio de desempleo

Por otra parte, en la pugna que están manteniendo el Ministerio de Trabajo con el de Economía sobre la actualización de los subsidios de desempleo —la prestación cuando se agota el paro—, Ernest Urtasun ha recalcado hoy que el modelo de Sumar no es el de percepciones decrecientes que defiende Economía. 

La Unión Europea le ha pedido a España en la componente 23 de los fondos Next Generation que varíe esta prestación. Se trata de las nuevas políticas públicas “para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”. La UE destaca la “elevada tasa de desempleo estructural y de paro juvenil, la excesiva temporalidad y rotación de contratos, la baja tasa de ocupación y la persistente brecha de género” como resultante de una “baja inversión en capital humano, baja productividad y una elevada desigualdad económica y social”. 

Para ello solicitan una reforma del mercado laboral español con un “impulso a las políticas activas de empleo, orientándolas a la capacitación de los trabajadores en las áreas que demandan las transformaciones”, junto con la digitalización del SEPE. 

Esta componente exige regular el trabajo a distancia —reforma ya cumplimentada—, medidas para eliminar la brecha de género, regulación de los riders —hecho también—, simplificación de contratos —tal y como realizó la reforma laboral—, modernización de políticas activas de empleo, establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna y recualificación de trabajadores en transición, subvenciones y bonificaciones a la contratación laboral, modernización de la negociación colectiva —CC OO y UGT instaron a crear un índice económico para facilitarlo—, modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales, simplificación y mejor del nivel asistencial del desempleo y digitalización del SEPE.