Laboral
Microsoft o democracia, la objeción de conciencia digital se convierte en motivo de dimisión

Lucía es el nombre ficticio de una mujer de treinta y tantos años que recientemente ha dimitido de su puesto en una prestigiosa ONG. Se declara objetora de conciencia en contra de la digitalización. Lucía trabajaba en el área económica, justificando proyectos que reciben subvenciones europeas. En todas las tareas que realizaba estaba incluida la cesión de datos a terceras empresas, desde las videollamadas a la captura digital de facturas.

El Salto no ha podido encontrar un caso similar en los sindicatos consultados, indican que no tienen constancia de una dimisión así. Pero más allá de Lucía, está lo importante, sobre lo que ella reflexiona y desea que los demás también se planteen: ¿cómo están cambiando las dinámicas de trabajo de lo que los teóricos han acuñado como capitalismo digital y a quién benefician? 

Lucía consiguió el trabajo en mayo —para el que tenía experiencia, ya que ha trabajado en diferentes países como cooperante en el área económica— y dice que pronto le vio “las orejas al lobo”: “En el documento que sentaba las bases del proyecto aparecían conceptos que me rechinaban, como la ciberasistencia y el internet de las cosas”. La ciberasistencia se refiere a los cuidados que haría un trabajador social a la antigua usanza y que esperan sustituirse telemáticamente. Sin presencialidad, sin visitas a domicilio. El internet de las cosas —internet of the things, término habitual por su raíz anglófona— se refiere a los dispositivos conectados en red capaces de intercambiarse datos.

El proyecto en el que trabajaba Lucía se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia, elaborado por el Gobierno para canalizar en España los fondos europeos para reparar los daños provocados por la crisis del covid-19. Este plan tiene como objetivos impulsar la “transición verde” y la “transformación digital”. Se espera que autónomos, Pymes, grandes empresas y la administración digitalicen procesos de trabajo. La premisa es que la digitalización permite un trabajo más eficaz. Pero la pregunta de trasfondo es: ¿eficaz para quién? ¿Trabajadores, receptores de ese trabajo, la sociedad, grandes corporaciones?

Medir el progreso

Hay avances en la digitalización que han supuesto un enorme alivio social. El más emblemático, que aúna ciberasistencia y el internet de las cosas, es el collar-botón que llevan colgando muchas personas mayores que viven solas en sus casas. Cuando lo aprietan, una persona de carne y hueso les atiende telefónicamente para solventar la emergencia que, en muchos casos, como las caídas, exige de la intervención física de otras personas —familiares, bomberos, sanitarios—. Hay otro cambio que es necesario desde hace tiempo e incluso se ha convertido en imperativo legal —desde septiembre de 2021—, pero la Administración sigue sin activarlo en su sistema informático: el cruce de datos entre los juzgados de Violencia de Género y los de Familia, responsables de los acuerdos de custodia. Este cruce podría haberle salvado la vida al niño de 11 años que fue asesinado por su padre en Sueca (València) el pasado abril en un caso de violencia vicaria.

La utilidad social, unida a un sistema propio de datos en los que no se mercadea con la información personal, podría erigirse como el mejor criterio en el proceso de digitalización, donde salvar vidas supone un beneficio seguramente indiscutible. En el otro extremo, en el de la inutilidad, podría situarse el beneficio económico de unas pocas y enormes empresas, la contaminación que produce lo digital en un contexto de crisis climática y el perjuicio sobre las personas en las que recae el “avance digital”.

Para este caso, el ejemplo más claro se encuentra en las escuelas. El primero de los últimos progresos llegó con la pizarra digital, que son más caras que las tradicionales, consumen energía eléctrica y requieren una capacitación para usarlas. Tras el maestro digital, llegó el alumno digital: hay alumnado de primaria que obligatoriamente dispone de un ordenador de Google (Chromebook, en su nombre comercial), aumentando el tiempo que pasan delante de pantallas, dejando a un lado el aprendizaje de la escritura manual y cediendo sus datos personales y su historial de navegación a una gran corporación tecnológica gracias al permiso institucional, como ocurre en el País Vasco. Este segundo progreso ha generado algunas tensiones sociales, solucionadas por parte del Departamento de Educación abasteciendo gratuitamente a las familias con los ordenadores —el presupuesto para el plan de digitalización en las escuelas vascas es 202 millones en tres años—, pero sin remediar el fondo de la cuestión.

El día a día de Lucía

Volvamos a Lucía y su proyecto. Durante la pandemia empezó a interesarse por los procesos de digitalización y a comprender sus intereses y la terminología empleada. Su bagaje le llevó a exponerles a sus jefes que la manera de gestionar el proyecto para el que había sido contratada se insertaba de forma “muy marcada” en la transformación digital que consideraba negativa —el capitalismo digital—. El trabajo se organizaba en plataformas ajenas a la ONG: a través de una intranet de Microsoft, donde toda labor quedaba registrada en una nube, también de Microsoft. “Al inicio me costó entender el funcionamiento y no tener el dominio de mis archivos, ya que cualquier persona podía entrar, lo cual generaba a veces copias dobles que debía revisar. Por una parte, sentía que perdía la autonomía de mi trabajo, por otra, dedicaba tiempo a arreglarlo y, finalmente, me generaba inquietud que toda la información, con datos sensibles de niños y personas migrantes, se almacenara en servidores ubicados en el exterior de las fronteras de España”. 

Para interactuar con sus compañeros disponían de una red social que les notificaba cualquier interacción: “Desde un emoticono hasta un párrafo, algo que me aturdía”. Para las reuniones, utilizaban las videollamadas de Microsoft Teams. La presencialidad en la oficina se limitó a dos días a la semana y en verano se impuso el teletrabajo, “decían que para facilitar la conciliación y las vacaciones”. La ONG otorgó una cantidad económica para adaptar el hogar al teletrabajo, pero no abonó los gastos que genera el teletrabajo en casa, como el aire acondicionado en un verano tórrido. 

“Desgraciadamente, la organización para la que trabajaba es el modelo de otras más pequeñas —remarca— y todo se colgaba en su versión digital, apenas se generaban documentos físicos”. Este detalle colmó el vaso: “Siempre que sea posible, prefiero que me den en mano las facturas”, explica. Le resulta más fácil trabajar con ellas en papel, pero el método empleado en la ONG era hacer una foto con una conocida app de gestión de facturas. “Como Microsoft, esta aplicación también se queda con los datos de las facturas, y eran también datos sensibles”, apostilla preocupada. Aparte, tampoco considera que con la app ganara eficacia: “Tenía que revisar las capturas y muchas tenían partes de la imagen pixeladas, incluyendo los importes a abonar, por lo que perdía más tiempo rechazando capturas que si hubiera recibido la factura en papel”.

Lucía recuerda que el Plan de Recuperación pretende digitalizar desde la educación y los servicios sociales hasta la agricultura, sin cuestionar por qué y para qué. “Ahí detrás hay lobbies imponentes y debe haber un debate social, que tendrá que venir desde abajo”, confía. “Si quiero ser fiel a mis principios, no me siento cómoda en un trabajo en el que día a día otorgamos nuestra información privada a grandes corporaciones para que mercadeen con ella. Si estás en ese bucle y no eres conscientes, contribuyes a proveerles. Pero si eres consciente, ya no puedes mirar hacia otro lado. Las implicaciones son tan bestiales como el caso de Cambridge Analytica, en el que el uso de los datos se convirtió en un ataque a la democracia y, si no hay democracia, la alternativa es la dictadura. Suena todo como muy grande y fatal, pero estamos minando nuestras democracias de una forma bestial y, cuando eres consciente, resulta muy difícil seguir haciéndolo”, reflexiona.

Recuerda, además, que “estas empresas tecnológicas se están saltando con total impunidad derechos que están en nuestra constitución, como el derecho a la intimidad, que no puede ser mercadería bajo ningún pretexto y, sin embargo, a día de hoy operan sin que nadie les frene, con la complicidad de Gobiernos, que en muchos casos incluso son sus clientes”. Su trabajo le suponía “un conflicto ético casi a diario”. Tras esperar a que la ONG encontrara una persona para sustituirla, lo dejó. Asegura que prefiere trabajar en organizaciones más pequeñas donde tenga autonomía de trabajo, que garanticen la privacidad de los servidores y donde se prioricen las reuniones personales a las videollamadas.

Dejación de funciones gubernamentales

Simona Levi, fundadora de XNet y codirectora del curso de postgrado en Tecnología y Derechos en la Era Digital, impartido por la Universitat de Barcelona, advierte que para que la digitalización pueda ser democrática debe asegurar “en todo momento” que se respetan los derechos humanos en los entornos digitales, con códigos auditables y nubes soberanas. “Lo más grave es que nuestras instituciones tienen la responsabilidad de que se respeten nuestros derechos humanos, sin embargo, no solo hacen una dejación de funciones, sino que son las primeras en utilizar herramientas que cada día los vulneran. Esto es un hecho grave cuando ocurre en empresas privadas, e incluso criminal cuando sucede en los servicios públicos como la educación y la sanidad”, alerta.

El 34% de las empresas se muestran “preocupadas” por las consecuencias de la robotización/mecanización en la supresión de tareas y ocupaciones dentro de la organización, frente a un 48% que afirma estar poco o nada preocupadas

Ser objetora digital no se encuentra entre las preguntas de las encuestas que investigan la relación entre la salud mental y las inquietudes de las personas trabajadoras. Sin embargo, la tecnología, de una manera apolítica, se reconoce como causa de estrés. El reciente estudio del Observatorio Adecco sobre Bienestar emocional y factores psicosociales en el entorno laboral —realizado entre el 19 de septiembre y el 7 de octubre de 2022 con una muestra de 43.000 empresas que operan en España— destaca en el epígrafe de flexibilidad y digitalización que el 62% de las compañías consideran que el tecnoestrés o la tecnofatiga ya son factores de riesgo con impacto en su organización, lo que supone ocho puntos más que el año anterior. Asimismo, el 34% de las empresas se muestran “preocupadas” por las consecuencias de la robotización/mecanización en la supresión de tareas y ocupaciones dentro de la organización, frente a un 48% que afirma estar poco o nada preocupadas. 

Momento crucial

“El capitalismo atraviesa hoy uno de sus momentos cruciales”, afirma el economista Gonzalo Fernández, experto en multinacionales y miembro del colectivo Omal. El Foro Davos de 2016 acuñó el término de cuarta revolución industrial, en el que las plataformas digitales serían la base de esta nueva economía posibilitando, gracias a sus extensas redes, el acceso y sistematización de todo tipo de datos —la minería de datos—, convertidos en materia prima de primer orden. “Su propiedad y su control, conjugado con los avances de la inteligencia artificial, constituyen el epicentro de la transformación económica actual”, sostiene. 

Para ello, añade el investigador en capitalismo digital Ekaitz Cancela, dispone de “un número de trabajadores que ha aumentado considerablemente, debido a la ubicuidad de las plataformas” y la flexibilización del trabajo. Sin límites éticos y democráticos, debido a la dejación gubernamental, las grandes compañías se beneficiarán indirectamente de las subvenciones públicas para acometer la “transformación digital”, eufemismo de capitalismo digital. Cancela desgrana las partidas económicas actualmente en vigor: 1.960 millones del Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios; 1.514 para la Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G; la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial recibirá 600 millones; el Plan Nacional de Competencias Digitales (3.593 millones); el Plan de Digitalización de pymes (5.000); el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas (3.165); España Hub Audiovisual de Europa  (1.600), y el Plan Nacional de Ciberseguridad, otros 1.000 millones de euros.