Laboral
El Instituto Cervantes lleva 14 años sin subir el sueldo a su plantilla en el exterior bajo la ley local

En el Instituto Cervantes —creado en 1991 para “promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español”, según se lee en su página web, y dirigido en la actualidad por Luis García Montero— hay asignaturas pendientes y estrategias de futuro para ir solventándolas, como aseguraron los máximos responsables del organismo en la última Reunión Anual de Directores celebrada en Granada en diciembre. Mejorar las condiciones laborales de trabajadores que llevan hasta 14 años sin subida salarial es una de las primeras pero no parece figurar en las segundas. Así lo ha denunciado buena parte del personal de los centros situados en el extranjero de esta institución cultural pública secundando la huelga de una semana —del 23 al 27 de enero— convocada para exigir cuestiones básicas como el aumento de sueldo, un convenio o la retribución de las bajas médicas para quienes trabajan en el Cervantes pero sus contratos se rigen por la legislación local de cada país, no por la española.

“El seguimiento de la huelga no ha sido enorme, pero ya lo preveíamos por la dificultad de una movilización de estas características”, valoran desde la sección sindical de CGT en el Instituto Cervantes, sindicato convocante de los cinco días de huelga del personal sujeto a legislación local en los centros en el exterior. Trabajan como auxiliares y oficiales administrativos, pero también pueden ocupar otros puestos como profesores y bibliotecarios. Son contratados por la dirección de cada centro y se rigen por la legislación del país en el que trabajan. Asimismo, el personal de los centros que no es de nacionalidad española está sujeto a la legislación local, aunque estos casos son pocos. La huelga fue especialmente secundada en Francia, Italia, Irlanda, Hungría o Portugal y en algunas sedes de Reino Unido. Fuera de Europa, la convocatoria se notó principalmente en Egipto y Estados Unidos.

La tabla de reclamaciones de la huelga incluía una actualización salarial que subsane la “enorme pérdida de poder adquisitivo sufrida por el colectivo”, cuyos sueldos no se han revisado desde 2009 y sufren un agravio comparativo con el personal sujeto a la legislación española. En total, en los centros del Cervantes en el extranjero trabajan unas 750 personas, y en torno a la mitad de ellas están bajo la legislación de cada uno de los 45 países en los que la institución está presente.

Desde la sección sindical de CGT explican que la estructura salarial del Instituto Cervantes es caótica, con muchos niveles y disparidad de sueldos para el mismo puesto de trabajo, en función del país en el que se encuentre el centro y de la legislación por la que se rige el contrato, local o española. La plantilla bajo la normativa local tiene el salario fijado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR). Profesores, bibliotecarios y gestores culturales contratados bajo legislación española tienen un salario base que se actualiza como el de los empleados públicos en España. También hay profesores colaboradores que suelen ser falsos autónomos, sin contrato ni vinculación laboral oficial. “En torno al 75-80% de las clases en el Cervantes las imparten estos colaboradores. Algunos trabajan con visado de turista”, precisan desde CGT. En lo alto de la pirámide salarial del Cervantes —en cuyo Consejo de Administración se sientan representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de Educación y Formación Profesional; y de Hacienda—, los directivos y directores de los centros tienen un salario base y complementos, como el IPA (Índice de Poder Adquisitivo) y por desplazamiento.

Otra de las demandas que motivaron la huelga, tras una primera convocatoria el 18 de noviembre, es el desarrollo de un convenio colectivo que asegure la aplicación de incrementos salariales a todo el personal del Instituto, sin discriminar al sujeto a legislación local, y la creación de una escala de clasificación profesional para el establecimiento de funciones claras, atribuidas a cada puesto de trabajo, con retribuciones justas y adaptadas a cada uno de los países en los que está presente el Cervantes.

La retribución del 100% de las bajas por incapacidad laboral “para que cese la discriminación del personal con legislación local y se recuperen las condiciones anteriores a 2012 de las que ya disfruta el resto del personal” y el acceso a los servicios sanitarios en las mismas condiciones que la plantilla sujeta a la legislación española son dos mejoras también incluidas en las reclamaciones de los trabajadores, así como la posibilidad de teletrabajar.

La respuesta del Instituto Cervantes ha sido, según afirma la sección sindical de CGT, declararse incompetente para subir los salarios o pagar las bajas médicas del personal bajo la legislación local

Hasta el momento, la respuesta de la institución ha sido, según afirma la sección sindical de CGT, declararse incompetente para subir los salarios o pagar las bajas médicas y remitir a la CECIR como responsable de esa congelación salarial. “Y para el teletrabajo, que parece que sí es su competencia, aluden a que el sello del Instituto Cervantes en el exterior es la presencialidad”, apuntan los sindicalistas, que también destacan la “enorme decepción que ha supuesto Luis García Montero para los trabajadores del Cervantes, porque había muchas expectativas puestas en él”.

Laura Zorrilla es una de las empleadas que secundó la huelga la semana pasada. Trabaja desde hace cuatro años y medio como auxiliar administrativa en el Instituto Cervantes de Mánchester. Lo que le llevó a hacer huelga es lo “insostenible” de la situación, según cuenta. “Hay una congelación salarial absoluta para el personal local desde 2009, no se han subido ni un céntimo los sueldos en 14 años. Hay situaciones gravísimas: en países como Reino Unido estamos rozando el salario mínimo. Si no suben nada, en breve estaremos por debajo del salario mínimo, algo absolutamente ilegal”.

Ella repasa las respuestas que la empresa ha ofrecido, descargándose de responsabilidad y sin plantear seriamente algunas soluciones que podrían aplicarse: “El Cervantes dice que han solicitado repetidas veces que revisen nuestros sueldos y que les responden que no. Sabemos que la CECIR ha dicho que no porque no están planteando bien la petición de revisión de sueldos. Les exigen que se haga una repartición más equitativa del dinero del que dispone el Cervantes, que se amorticen puestos de trabajo vacantes, que nunca se van a rellenar, o incluso otras propuestas como pueden ser rebajar mínimamente complementos que tienen los directivos, unas cantidades de dinero vergonzosas”. Y lo resume en una frase muy clara: “No es que los auxiliares administrativos pretendamos ganar lo mismo que el director del centro, pero creo que hay cosas que se pueden hacer en ese sentido”.

Zorrilla destaca la situación de limbo en la que se encuentran quienes, como ella, trabajan bajo la legislación local pero están contratados por el Cervantes, sin un convenio, y también menciona un problema añadido tras el Brexit que no ha sido tenido en cuenta por la institución: “Ahora se necesita un permiso de trabajo para venir a Reino Unido. Para un puesto de auxiliar administrativo no conceden esa visa porque se considera de baja cualificación. No puede venir nadie de España para trabajar de administrativo y quienes residen aquí no quieren trabajar en estas condiciones. Salen plazas y se quedan desiertas. Así que el Cervantes va a tirar de ETT para contratar de manera externa”.

Una industria cultural entre el aprendizaje y el turismo

Las malas prácticas laborales del Instituto Cervantes no son materia novedosa. En su conversión en la gran multinacional de enseñanza del español, ha recibido denuncias por sus condiciones laborales. “El Instituto hace uso de contratos mercantiles para esconder una relación laboral con sus profesores colaboradores”, aseguraba a Diagonal en 2009 María Antonia López, entonces secretaria para el personal del Cervantes de CC OO-Exterior.

Ese mismo año, el Instituto también firmó un polémico acuerdo, relacionado con su Aula Virtual de Español (AVE), donde se imparten cursos a través de internet. El convenio permitía que el AVE apareciera en la intranet de la cadena de cafeterías Starbucks, de modo que sus miles de trabajadores en Estados Unidos pudieran aprender español mediante esa plataforma.

La institución ha rubricado convenios con los principales agentes del turismo idiomático —esa industria que entiende los idiomas, en este caso el español, como una parte más del mercado, sujeta a explotación para la extracción de beneficios— en España, como la Universidad de Salamanca, la Federación de Escuelas de Español como Lengua Extranjera (FEDELE) y la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica.

También mantiene alianzas con empresas españolas comprometidas con la promoción del valor económico del español como Telefónica, el Banco Santander, Iberdrola, Endesa, PRISA, Repsol e Iberia; organiza el sector y garantiza su sello de calidad mediante una serie de instrumentos de acreditación (como el SACIC o Sistema de Acreditación de Centros de Enseñanza, que administra desde 2000), certificación (como el DELE o Diploma de Español como Lengua Extranjera, que administra desde 2002, y el SIELE o Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, lanzado en 2016 por el Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires, y administrado por la Fundación Telefónica) y estandarización (como el PCIC o Plan Curricular del Instituto Cervantes, creado en 1994 y actualizado en 2006 conforme al Marco Común Europeo de Referencia).