Justicia
Piden indultar a María Sevilla: “Se está criminalizando a una persona no solo inocente, sino protectora”

Un total de 36 asociaciones piden que se indulte a María Sevilla, condenada a 2 años y 4 meses de prisión por un delito de sustracción de menores, una sentencia hecha pública el 19 de octubre y contra la que la defensa de Sevilla ha interpuesto recurso de apelación. Detrás de esta petición está el Grupo de Apoyo de Madres Protectoras, que conoce de cerca la situación que atraviesan las madres que denuncian abusos sexuales contra sus hijos por parte de los progenitores o de otros miembros de la familia. “Queremos que la sociedad conozca lo que ocurre con las madres que quieren proteger a sus hijos del abuso sexual infantil, porque ellas son pocas, están desgastadas y han sufrido mcuha violencia”, dice una de sus integrantes. 

Este grupo, que recoge ahora apoyos a la petición del indulto a través de una recogida de firmas, cree que la sentencia que condena a María Sevilla ha ocasionado “indignación, impotencia y una terrible sensación de desamparo” en las asociaciones que luchan contra los abusos sexuales a menores. “La sociedad está ciega, nos creemos que el incesto solo se da por parte de ogros que están desequilibrados, que son personas alejadas de nuestra vida, de nuestra sociedad, pero no es así”, explican desde el grupo, que recuerda que la mayoría de los abusos sexuales contra la infancia son cometidos por familiares de la víctima.

Las “madres protectoras”, explica la misma integrante del grupo, son mujeres que “con mucho desconcierto descubren que sus hijos están siendo abusados sexualmente por parte de sus padres”, algo que no es fácil de identificar y que en ocasiones se produce a través de la alerta del colegio o de expertos de otros ámbitos. “Después de procesos muy duros, tratan de denunciar, pero sus denuncias son desestimadas, y tras mucha desesperación deciden protegerlos”, explica. 

“La condena a María Sevilla es la punta del iceberg de un proceso de violencias contra las madres protectoras y un castigo por no cumplir con el statu quo”

“La condena a María Sevilla es la punta del iceberg de un proceso de mucha violencia y también un castigo medieval a madres que han sido contestatarias y han tratado de proteger a sus hijos, y no cumplir con el statu quo, que dice que te tienes que callar, o no creértelo”, concluye.

El grupo recuerda los datos que toma como referencia el Consejo de Europa, que indicarían que uno de cada cinco menores ha sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su infancia y adolescencia. El 85 % de los casos, dice el Consejo, se dan en el entorno familiar a manos de los padres, tíos y/o abuelos, que se aprovechan de la vulnerabilidad, del miedo y la indefensión de los niños y niñas. Además, recuerdan que estas situaciones han empeorado gravemente por el confinamiento debido a la pandemia y el aislamiento de los menores, como han denunciado en los últimos meses distintas organizaciones expertas en abusos a la infancia.

Un sistema reacio a suspender las visitas

Entre las organizaciones que apoyan la petición se encuentra también la Plataforma 7N contra las violencias machistas de la que forma parte Consuelo Abril, abogada con larga trayectoria en derecho de familia. “María, al ver que la justicia no la protege, ha incumplido el régimen de visitas; y, para la justicia patriarcal, el incumplimiento de una resolución judicial es lo peor”, resume. 

Abril explica que la condena a María Sevilla se entiende dentro del contexto de una justicia patriarcal en la que la suspensión del régimen de visitas en los juzgados es prácticamente inexistente. “No hay apenas sentencias de suspensión del régimen de visitas, incluso en casos con sentencia firme de malos tratos hacia la madre, y yo tengo sentencias así”, explica.

Plataforma 7N contra las violencias machistas: “Al niño no le escuchan, piensan que miente, que está coaccionado por la madre, o que lo utiliza para quitar el régimen de visitas al padre”

Cuando se trata de abusos sexuales contra la infancia “pasa lo mismo que con el régimen de visitas, que es dificilísimo obtener una sentencia por abuso: al niño no le escuchan, piensan que miente, que está coaccionado por la madre, o que lo utiliza para quitar el régimen de visitas al padre”, añade.

La plataforma, explica, apoya la petición de indulto a Sevilla —aunque la condena no es firme, ya que se ha interpuesto recurso de apelación— porque “María ha intentado proteger a su hijo”: “Cualquier madre ante una situación de peligro lo que hace es proteger a su hijo. Es una postura humana ante la falta de respuesta por parte de la justicia, es hasta natural”.

Feministas Prospe: “Esta es una situación que la ciudadanía no está queriendo ver y también está costando mucho que desde los espacios feministas haya implicación con estas compañeras”

El colectivo Feministas Prospe es otro de los firmantes. El colectivo, que desde hace un tiempo trabaja asuntos de infancia y ha lanzado varias campañas para denunciar los abusos sexuales contra la infancia, cree que no es solo la justicia quien mira a otro lado: “Esta es una situación que la ciudadanía no está queriendo ver y también está costando mucho que desde los espacios feministas haya implicación con estas compañeras”, dice Edurne Batanero, una de sus integrantes. 

Batanero recuerda otra cuestión que entra en juego: el supuesto Síndrome de Alienación Parental (SAP), un falso síndrome desrecomendado por el Consejo General del Poder Judicial que, sin embargo, se utiliza habitualmente para desestimar los testimonios de las madres y de sus hijos. “En estos procesos, el testimonio de las peques no se suele tener en cuenta y el de las madres es sistemáticamente puesto en duda, alegando muchas veces alegan el Síndrome de Alienación Parental, que solo es una excusa para seguir encubriendo la realidad del abuso infantil y del sistema patriarcal en el que vivimos”.

El caso Infancia Libre

Los antecedentes del caso contra Sevilla se remontan a 2012. Entonces, María Sevilla fue demandada por su expareja y se abrió un juicio de familia. A partir de ahí, empezó un camino marcado por juicios de familia —hasta nueve— en los que el padre pasó de tener visitas en un punto de encuentro a conseguir finalmente la custodia, algo que ocurre en 2017, después de que María decidiera incumplir la sentencia ocultándose con su hijo. 

El 30 de marzo de 2019, un grupo de policías de la Unidad Adscrita al Juzgado de Plaza de Castilla irrumpió en el domicilio de María Sevilla, que vivía junto a su hijo, su pareja actual y otra hija en común. El niño fue entregado al padre y Sevilla quedó en libertad con cargos y con una orden de alejamiento de su hijo.

Tras esta detención se sucedieron las de Ana María Bajo y Patricia González, en ambos casos con gran repercusión mediática. Unos meses después, la Unidad de la Policía Adscrita a los Juzgados entregó un informe a la Fiscalía de Madrid donde recopilaba información que apuntaría a la existencia de una presunta “trama” cuyo objetivo era denunciar en falso. Según pudo saber El Salto, este informe incurría en varios errores y contradicciones. De hecho, en enero de 2020, la Fiscalía concluyó que no existían datos objetivos para abrir una causa.