Juicio del 1 de Octubre
Cinco reflexiones sobre el juicio del Procés

Quedan pocos días para comenzar el juicio en el que 18 líderes independentistas (nueve de ellos en prisión preventiva desde hace más de un año) serán juzgados por cargos como el de rebelión o malversación. Desde el día 20 de septiembre de 2017, momento en que se cocinaron las acusaciones por rebelión y sedición que convertirían a 'los Jordis' en los primeros presos políticos del Procés, se han sucedido un seguido de detenciones y periplos legales que tenían como factor común un juicio que parecía que no llegaría.

Finalmente, con la fecha ya fijada para el 12 de febrero y los presos trasladados a Madrid el primer día de este mes, todas las miradas están fijas en el Tribunal Supremo, donde se celebrarán estas vistas que ya han despertado dudas entre organizaciones de defensa de los derechos civiles. La dilatación en la decisión de la fecha, exigir que los presos fueran puestos a disposición judicial antes de tener un día marcado en el calendario, que el Tribunal no haya aceptado la presencia de observadores internacionales o que haya negado a los presos introducir en las cárceles madrileñas cualquier objeto con algún detalle amarillo, ponen sobre aviso de la tónica que se seguirá los meses que duren los juicios.

¿Hay transparencia e imparcialidad entre los magistrados del Supremo? ¿Está dictada ya la sentencia? ¿Son propicios los cargos de rebelión o sedición? ¿Fue delito? ¿Se cumplirán los derechos de los y las presas durante el proceso judicial? Estas y otras dudas hace meses que planean sobre la sociedad catalana y buena parte del estado español. Recuperamos cinco voces representativas de diversos movimientos, colectivos e ideologías que reflexionan sobre estas preguntas.

Santi Vila: “Demasiados meses de prisión preventiva avalan la tesis de penas duras”

Santi Vila, exconsejero de Territorio, de Empresa y de Cultura, es una de las 12 personas que serán juzgadas en el Tribunal Supremo a partir del 12 de febrero. Tanto fiscalía como la Abogacía del Estado le piden siete años de prisión por los cargos de malversación y desobediencia, por haber aprobado el decreto de convocatoria del Referéndum del 1-O. Vila dimitió como consejero el 27 de octubre de 2017, pocas horas antes de que se proclamara la república. Él fue de los que, a puerta cerrada, discutía los días anteriores sobre si se debían convocar elecciones o 'hacer vía', ante la amenaza de la aplicación del 155.

Vila, que apostaba por las elecciones, decidió plegar. No sin que ello le comportara haber sido acusado de pactar con la Fiscalía a cambio de dimitir y conseguir así una exculpación. Finalmente, será juzgado. Se muestra dudoso de la “magnitud de la represión que habrá con los juicios” y asegura que, “o hay un sentido de Estado, una generosidad y lucidez enorme por parte de quien tiene la posición de fuerza o será muy difícil tener actitudes centradas y moderadas”. Vaticina, avalado por “demasiados meses de prisión preventiva”, unas penas duras. “¿Cómo se acredita ante el mundo que hayan tenido personas un año en prisión y luego queden absueltas?”, opina.

En su caso personal, dejó la política desde su dimisión y, aunque dice que quisiera volver, tiene miedo a una inhabilitación. Aunque habla de un periplo judicial que hasta ahora considera como “despropósito”, considera “injusta y ofensiva” la imagen de una España “negra y pseudofranquista”.

Montserrat Comas: “La Fiscalía ha hecho una interpretación errónea: en Catalunya se han dado ilegalidades pero no han sido violentas”

Montserrat Comas, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, califica de “duro” que la Fiscalía solicite penas de 25 años de cárcel para Oriol Junqueras, a quien se piden casi diez años más de prisión que al resto de líderes. Comas asegura no querer sumarse a las “valoraciones de tipo político que ya se han hecho” pero considera que esta disparidad responde a una “contradicción a la hora de calificar los hechos por parte de la Fiscalía” y que podría abrir las puertas a defender que no ha habido en Catalunya un delito de rebelión.

Y es que, para Comas, la calificación de la Fiscalía es “técnicamente errónea, ya que el Código Penal exige que, para que haya delito de rebelión, haya habido un levantamiento violento público y tumultuario. Para hacer esta acusación, la Fiscalía acepta hechos en diferido, ocurridos desde 2015”, apunta. Si fuera así, pues, si la Fiscalía reconociera hechos violentos en Catalunya desde hace cuatro años, para Comas “no se entiende que el Estado lo permitiera durante tanto tiempo”.

Considera que “aún no se ha escrito la última página del libro sobre la judicialización del Procés” y denuncia que alrededor de los juicios, “que serán largos”, haya tantas presiones. Sin embargo, confía en la “independencia” de los siete magistrados que deberán tomar la decisión final.

Miquel Iceta: “No ha habido rebelión, sino desobediencia y, tal vez, el intento de algo que finalmente no fue”

Miquel Iceta, primer secretario del PSC, fue de las primeras personas en hablar de indultos, ya a finales de 2017, los mismos meses en los que el PSOE votó a favor de la aplicación del 155. Pero ahora, más de un año después, considera que hablar de indultos es “contraproducente, como prefigurar que habrá condenas”. Cree, pues, que la política solo tendrá que buscar caminos para resolver los problemas una vez la justicia haya dictado sentencia.

Afirma que “la ventaja de vivir en un Estado de derecho es que los únicos que pueden establecer si se produjeron delitos, cuáles y sancionarlos, son los jueces. Los otros podemos opinar, con más o menos conocimiento de causa o buena voluntad”. Sin embargo, no le tiembla el pulso al afirmar que “es muy evidente que alguna ilegalidad se cometió: el independentismo debería ser sincero. Romper la unidad de España y vulnerar la Constitución es delito en cualquier país del mundo. Los jueces deben apreciarlo y dictaminar cuál debe ser la pena por haberlo cometido. Lo que no se puede pretender es que no ha pasado nada”.

Pero entre estos “delitos” que ve claros, Iceta no contempla ni la rebelión ni la sedición. Considera que es una “lástima” que la política no encontrara una solución dialogada, “en lugar de llevar las cosas a un callejón sin salida”. Y es que opina que los juicios ponen de relieve el “fracaso de la política”, por lo que afirma que “interesa que se celebren con plena garantía para los derechos de todos”.

José María Mena: “El único levantamiento que se ha hecho ha sido ponerse de pie y cantar Els Segadors”

José María Mena es exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Nacido en Burgos, era un fiscal que no gustaba al franquismo y fue trasladado forzosamente a Barcelona. Se afilió al PSUC, fue uno de los fundadores de la Unión Progresista de Fiscales y ha presidido la Asociación Catalana de Juristas Demócratas. Su nombre quedará vinculado históricamente al del también fiscal Carlos Jiménez Villarejo, con quien preparó la querella contra Jordi Pujol y una cuarentena de dirigentes de Banca Catalana a principios de los años ochenta. En 2010 ambos recibieron la Cruz de San Jorge. Eran tiempos del tripartito progresista.

Ahora, ante el juicio por el Procés independentista, Mena asegura que las acusaciones por rebelión y sedición no se sustentan, dice “que de rebelión, nada”. Además, desde la postura de abogado defensor, Mena cree que se podría argumentar. Primero, porque “los Jordis no tenían la culpa de que hubiera 60.000 personas en la calle el 20 de setiembre: no fueron porque los convocaran, sino que se fueron concentrando”. Segundo, Mena declara que no hubo fuerza: “Una manifestación pacífica es 'vía legal' porque lo prevé la Constitución, aunque fueran 200.000 personas. Estar en la calle todos juntos dando voces es una vía legal”.

Sobre el discurso que se ha generado alrededor del Procés y del juicio, Mena considera que “decir que no son 'presos políticos' sino 'políticos presos' es una forma de humillación”. Añade que “políticos presos' son los de la Gürtel”, ya que a su entender, “'presos políticos' son los que están presos como consecuencia de una actividad política”.

Mena no es optimista a corto plazo, ya que cree que “ni están dejando vía libre a la Fiscalía para una acusación más moderada ni al tribunal para que decida una rebaja relevante respecto a lo que diga la Fiscalía”. Sí es optimista a la larga: “Se sabrá que esta gente nunca ha sido rebelde, no ha organizado actos violentos, no ha programado actos de violencia contra el Estado. La historia dará la razón a los que no son rebeldes. No les dará la independencia, pero no quedarán como delincuentes”.

Montserrat Tura: "A las personas que están en el exilio se les debería pedir durante estos meses que no interfieran"

Montserrat Tura ya hace unos años que está alejada de la actividad política activa, pero sigue la actualidad, todavía hechizada por la que fue su profesión durante muchos años. Fue consejera de Interior con el PSC de Maragall. Cree que los meses de los juicios serán largos y que “vamos a sufrir”. Preguntada sobre si cree que las condenas serán duras, apunta que “para aquellos que creen que solo se juzga el hecho de haber votado, la sentencia será dura e injusta si se establece que se produjeron hechos delictivos”. Ella así lo cree, ya que “no respetar al Constitucional supone un delito de desobediencia”.

Así, pide a la ciudadanía catalana que esté preparada para aceptar una condena por desobediencia, aunque descarta la rebelión: “Todos estamos dispuestos a explicar que no ha habido violencia nunca en Catalunya”. En esta línea, confía en la independencia de los magistrados, aunque asegura que es “muy difícil defender la forma en que la Fiscalía General del Estado y el juez instructor se han comportado este tiempo”, y es que considera que no son normales las medidas cautelares tomadas por el juez Llarena.

Cree, por tanto, que la prisión preventiva era “innecesaria” y atribuye a “gestos” de Pedro Sánchez el hecho de que los presos fueran acercados a Catalunya por el juez Grande-Marlaska y considera que el inicio del juicio sería mucho más convulso si Mariano Rajoy continuara el frente del Ejecutivo español.