Antiespecismo
Muere activista atropellada en una protesta contra la ley mordaza agropecuaria

Retrocedamos unas décadas. El 1 de febrero de 1995, moría Jill Phipps en Baginton, Inglaterra. La activista británica por los derechos de los animales fue atropellada – deliberadamente, según testigos– cuando intentaba bloquear un camión cargado de terneros, en una protesta contra el transporte de animales vivos. 

Phipps era consciente del peligro que corría con el activismo que llevaba a cabo, y llegó a declarar que estaba segura de que alguien terminaría resultando herido. Así de hostiles estaban las cosas en las protestas pacíficas de la Inglaterra de los ochenta, en la militancia por los derechos de los animales.

25 años más tarde, imposible no recordar a Phipps. El 19 de junio de 2020 en Canadá, muere Regan Russell, activista por los derechos de los animales. De nuevo es un camión lleno de animales el que golpea. En este caso, el cargamento son cerdos en dirección a su destino final: el matadero. Russell se encontraba participando en una vigilia organizada por Toronto Pig Save, en la zona que muestran estos vídeos filmados por otro activista, frente al matadero de Fearmans Pork Inc. en Burlington, en el extremo noroeste del lago Ontario.

En El Salto hemos podido hablar con compañeras de Russell, quienes no descartan que el accidente se trate de un asesinato, pero permanecen atentas a la investigación policial en curso antes de hacer declaraciones oficiales al respecto. Afirman, asimismo, que emprenderán las acciones legales que sean necesarias. Anita Kranjc, cofundadora de Toronto Pig Save, avanzó por su parte que “la nueva legislación tuvo un papel en todo esto. Era una vigilia especial porque dicha ley había sido aprobada dos días antes. El proyecto de ley pudo haber envalentonado al conductor y a la industria de agricultura animal para actuar de forma más peligrosa, intimidante y agresiva”.

Vigilias antiespecistas: testimonio y empatía con quienes son llevados al matadero

La idea de las vigilias nació en 2007 también en Canadá, a una hora escasa de viaje desde Burlington, en Toronto, gracias a la propia Anita Kranjc, después de casi terminar en la cárcel por haber ofrecido agua a unos cerdos a los que llevaban al matadero.

Hay que tener en cuenta que los cerdos explotados por su carne son transportados en camiones con pocos o ningún tipo de acondicionamiento climático en su carga, cuyo interior puede llegar a más de 35 grados de temperatura. Los cerdos viajan hasta durante 36 horas sin agua, comida o descanso, independientemente del clima que haga.

Desde el incidente con Kranjc, el movimiento de las vigilias creció, y hoy en día se replica ese primer acto frente a desolladeros de muchos lugares del mundo, donde las activistas documentan el sufrimiento de los cerdos, que en ocasiones llegan ya muertos al final de su viaje, debido a golpes de calor. A su llegada, las activistas aprovechan para ofrecer agua fresca y gestos de consuelo a los animales, justo antes de que arriben a su última parada.

En la web de Toronto Pig Save dan importancia al testimonio del sufrimiento de los animales explotados por sus cuerpos que dan las activistas, y citan a Tolstoy para explicar la relevancia de la puesta en práctica de la empatía: “Cuando el sufrimiento de otra criatura te hace sentir dolor, no te sometas al deseo inicial de huir de quien sufre, sino por el contrario, acércate, tan cerca como puedas a quien sufre, y trata de ayudarla” (Leo Tolstoy, 1906, A Calendar of Wisdom).

La propia Anita Kranjc y Jenny McQueen, compañeras de Russell en la organización, cuentan que “Regan Russell pasó sus últimas horas mostrando compasión, dando testimonio y ofreciendo agua a los cerdos sedientos”.  La vigilia en la que Regan murió atropellada era un evento especial en el que se protestaba contra el proyecto de ley 156 “Ag-Gag” (tal y como se conoce a las leyes mordaza en los países angloparlantes) “de Seguridad contra Intrusos y Protección de la Seguridad Alimentaria”. Es decir, una ley que trata de evitar precisamente la actividad de quienes pretenden dar testimonio de lo que ocurre en las instalaciones de explotación animal y sus aledaños, que había sido aprobada en Ontario el miércoles 17 de junio.

Así es la vida de los cerdos explotados por su carne

María R. Carreras

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Jaulas tan estrechas que impiden a las cerdas darse la vuelta; lechones a los que se mutila la cola y se castra de forma rutinaria sin anestesia.

En el matadero de Fearman en Burlington se mata a 10.000 cerdos cada día. Los activistas de Toronto Pig Save llevan haciendo vigilias frente a sus instalaciones desde 2011. Tras la muerte de Regan, la organización pidió al matadero que les dejase liberar a los cerdos que iban en el camión que atropelló a la activista, con el fin de llevarlos a un santuario, como signo de compasión y respeto. Sin embargo, desde la empresa ignoraron esta demanda y continuaron matando cerdos durante todo el día, para responder más tarde con unas declaraciones en las que informaban de que “un peatón fue golpeado y murió”.

Para las oranizadoras de Toronto Pig Save, Regan Russell “murió luchando contra la industria de la agricultura animal que oculta la verdad, tal y como muestra la aprobación de esta ley, que ha sido diseñada, precisamente, para prohibir las protestas y vigilias legales en los mataderos”.

Tal y como detallan sus compañeras, “Regan llevaba siendo defensora de los animales desde 1979; asistió a vigilias semanales durante años y se preocupaba profundamente por la justicia para los animales, la justicia racial y la protección de los vulnerables en general”.

Leyes “Ag-Gag” o mordaza y movimiento de liberación animal

Este tipo de legislación tiene uno de sus primeros hitos en la “Animal and Ecological Terrorism Act” de 2002 redactada por el think tank conservador American Legislative Exchange Council (ALEC), y distribuida entre lobbistas y legisladores, que tenía por objetivo prohibir documentar o filmar la actividad en granjas sin el consentimiento de sus dueños, sobre todo dirigidas a quienes denuncian la situación de los derechos animales confinados en este tipo de instalaciones. También proponía un “registro terrorista” para aquellos activistas que acabasen siendo condenados. Quienes apoyan este tipo de leyes argumentan que sirven para proteger la industria ganadera de las repercusiones negativas de la exposición a la que les someten los denunciantes.

En la década de 1990 se establecieron algunas leyes contra activistas encubiertos del Frente de Liberación Animal en varios estados en el centro y el norte de Estados Unidos (Kansas, Montana y Dakota del Norte), mediante las que filmar o fotografiar instalaciones ganaderas sin el consentimiento del dueño pasaba a ser considerado un crimen.

La ley aprobada recientemente en Ontario va aún más allá y prohíbe concretamente “interactuar con animales de granja transportados por un vehículo motorizado sin consentimiento previo explícito”; condena también “detenerse, obstaculizar, obstruir o interferir con un vehículo motorizado que transporta animales de granja” y también hace imperativo el “consentimiento previo explícito para acceder a zonas de animales en granjas o mataderos”, entre otras cuestiones.

En una carta firmada por más de 40 juristas expertas en derecho constitucional en febrero de este año y dirigida al Gobierno de Ontario, se denunciaba que hay aspectos de esta legislación que “infringen los derechos individuales de libertad de expresión y reunión pacífica, por lo que violarían la Carta de Derechos y Libertades Canadiense”. Se criticaba también el poder que se les otroga a los granjeros para arrestar ellos mismos a individuos que estén en su propiedad, y el hecho de que se criminalicen las reuniones pacíficas en terrenos públicos aledaños a las instalaciones.

Las leyes mordaza son un tipo de legislación muy contestada, por enfrentarse al derecho de libertad de expresión, incluso en la vía pública. Precisamente en el país vecino, concretamente en el estado de Carolina del Norte, un tribunal federal declaró inconstitucional una ley de este tipo hace apenas unos días, y prohibió al gobierno estatal hacer cumplir partes clave de la ley contra periodistas o denunciantes, al concluir que dicha legislación violaba la Primera Enmienda, eliminando varias disposiciones de la ley.

Se trata del quinto estado de Estados Unidos que anula una de estas “leyes mordaza” a través de un tribunal federal (los otros son Idaho, Iowa, Kansas y Utah), ante el interés público que supone permitir que personas y organizaciones ejerzan sus derechos de la Primera Enmienda y “eduquen al público acerca de asuntos importantes de bienestar animal y seguridad alimentaria”, tal y como explicaron los abogados y profesores de derecho canadienses en su carta.

Las leyes mordaza ganaderas son, básicamente, un intento de conservar el secretismo de lo que ocurre en las instalaciones de este tipo, respaldado por empresas cuyo objetivo es criminalizar y silenciar la difusión de imágenes de explotación animal. Pretenden disuadir a empleados y activistas de hacer fotos y vídeos que puedan documentar situaciones de explotación y abuso, y silenciar a quienes intentan dar a conocer los efectos perjudiciales de la actividad de las empresas ganaderas, tanto en los animales, como en las personas empleadas y en el medio ambiente. 

Tal y como argumentan los mismos juristas, “los denunciantes han desempeñado durante mucho tiempo un papel vital, al exponer la crueldad hacia los animales, las condiciones de trabajo inseguras y los problemas ambientales que suponen las operaciones agrícolas industriales. Tales denuncias son de interés público, y promueven un diálogo abierto sobre prácticas de uso de animales y seguridad alimentaria”. También inciden en que “es de interés público para los empleados exponer actividades ilegales y poco éticas, incluso cuando hacerlo requiera no revelar sus intenciones completas a su empleador”.

En la misma carta también se explica un problema fundamental de estas leyes, y que “no tienen conexión con la protección de la propiedad y la bioseguridad”, aunque son así definidas, sino que “convierten en objetivos a los periodistas de investigación”, y concluyen que “en una sociedad democrática abierta, las calles y otros lugares públicos son un lugar importante para la discusión pública y la expresión política”, por lo que proteger el derecho a protestar en los espacios públicos es crítico para salvaguardar la libertad de expresión, y su corolario, el derecho a escuchar y ser informadas. 

 Leyes mordaza a la catalana

A finales de 2019 el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya distribuyó un documento en el que explicaba a los ganaderos qué hacer en el caso de encontrarse en presencia de activistas en sus instalaciones. “Ese mismo año”, tal y como explica el abogado Daniel Amelang, “anunciaron que reformarían la ley vigente desde 2002 para incluir sanciones que podrían variar entre los 6.000 y los 100.000 euros, aunque esta reforma aún no se ha producido”.

Este documento apareció tan solo unos meses después de que Teresa Jordà (consejera del departamento) se reuniese con representantes de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultors (ASAJA), en la que se acordó tomar medidas contra lo que esta asociación calificó de “intrusismo de grupos animalistas”.

Según Amelang, esta legislación sería “la primera ley Ag-Gag del Estado y sancionará las entradas ilegales de personas ajenas en las explotaciones ganaderas. Eso sí, no con el pretexto de proteger el derecho a la intimidad empresarial del ganadero, sino con el de proteger la sanidad animal, evitar el contagio y propagación de enfermedades y garantizar el bienestar de los animales”.

Para activistas por la liberación animal, estas leyes “no solo persiguen las protestas y allanamientos masivos a explotaciones ganaderas por parte de activistas, sino que tratan de impedir las investigaciones encubiertas, alentando a la represión del movimiento de derechos animales”, en un sector que realiza, proporcionalmente muy pocas inspecciones.

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Hablamos con el autor de la mayor investigación realizada hasta la fecha sobre la realidad de los mataderos.

La protesta, amordazada en España

La censura ante las protestas no es monopolio de la ganadería en España. Según el abogado Daniel Amelang, “en el Estado español no existen, propiamente dichas, Leyes Ag-Gag. Pero eso no quiere decir que cualquier investigación está permitida. Se pueden prohibir mediante la aplicación de leyes genéricas, como la Ley de Seguridad Ciudadana y, sobre todo, el Código Penal”. Tal y como confirma Amelang, El Código Penal castiga el allanamiento “esto es, la entrada no autorizada en instalaciones donde se desarrolla la actividad de una empresa. Y el delito de revelación de secretos, por su parte, prohíbe la revelación de cuestiones íntimas que tengan derecho a estar protegidas”.

En concreto, de cara a los negocios de explotación animal, Amelang precisa que “en cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, cabe señalar que es cierto que el artículo 36 sanciona 'la intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo'”, pero el mismo Amelang matia que “es bastante discutible que las granjas sean instalaciones que prestan servicios básicos. Además, solo se sanciona esta intrusión 'cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento'”.

“Otra conducta que sanciona la Ley Mordaza”, continúa el abogado, “es la celebración de actos de protesta –por ejemplo a las afueras de la entrada de acceso a una granja– sin comunicación previa a la Delegación de Gobierno, la liberación de animales si corre peligro su vida y los deslucimientos de bienes inmuebles –como las pintadas, por ejemplo–”.

El próximo 1 de julio será, por cierto, el 5 aniversario de la reforma de la Ley Mordaza o Ley de Seguridad Ciudadana. Para activistas de todos los ámbitos, desde la entrada en vigor hace cinco años en el Estado Español de la Ley Mordaza “los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, información y manifestación han sufrido un claro retroceso desde su aprobación” y por ello desde asociaciones como Amnistía Internacional, No Somos Delito, la Coordinadora de ONG de España y Greenpeace han impulsado un manifiesto para reformar la ley.

Recordando a Regan Russell

Como consecuencia del trágico evento, activistas de todo el mundo están respondiendo a la noticia con gestos de solidaridad, como la reciente liberación en Inglaterra de 50 pavos destinados a su consumo en Navidad, firmada por el Frente de Liberación Animal.