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SDDR, ¿un mundo sin botellas ni latas tiradas?

Son como cualquier deidad, omnipresentes. Están en nuestras calles, abandonadas por el suelo. Las encuentras cuando te alejas de la civilización y caminas por el medio natural. A menudo incluso prenden fuego al campo. Dicen que en las costas de los polos ya no sólo se ve hielo y nieve, también están allí, llevadas por las mareas. Las puedes encontrar incluso en el estómago de un cachalote. Y si tu barco naufraga en medio del océano Pacífico, es posible que te topes con una isla hecha, en gran parte, de ellas. Son las botellas de plástico, las latas de aluminio… envases llamados “de un solo uso” que compras en el comercio de la esquina. Y son billones.

Sólo en el País Valenciano se generan siete millones en un solo día, de los cuales cinco, tal como apunta el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Álvaro, acaban tirados en el medio ambiente, en el mar o en vertederos. Son parte de los 484,4 kg de residuos sólidos urbanos que cada habitante genera al año en el Estado español.

Así que la Generalitat Valenciana ha decidido actuar y ha anunciado, de forma pionera en España, la implantación en 2018 de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), una histórica reivindicación del movimiento ecologista que ha desatado las críticas de los dos monopolios de la gestión de envases de un solo uso, Ecoembes (plásticos, latas, bricks…) y Ecovidrio (cristal), formados por distribuidoras, embotelladoras y fabricantes.

En el País Valenciano se generan siete millones de envases al día. Cinco de ellos no se reciclan

¿Qué es un SDDR? Se trata de una iniciativa por la cual el ciudadano paga un canon por cada envase de un solo uso –en el caso del País Valenciano serán 10 céntimos–, cantidad que se le retorna cuando los devuelve al establecimiento. “Es la única forma de solucionar que tengamos que ir limpiando todo lo que dejamos tirado por ahí”, explica Miquel Roset, director ejecutivo de Retorna, organización que aboga por este tipo de sistema, integrada por actores de la industria del reciclaje, ONG, sindicatos y asociaciones de consumidores.

Los envases devueltos son almacenados por los establecimientos que los venden, que a su vez los entregan a un sistema de recogida que los lleva a plantas de conteo, donde se separarán por tipología, para más tarde transportarlos a las plantas de Ecoembes y Ecovidrio, reintegrándolos en el circuito actual.

Se trata de una iniciativa que funcionará en paralelo a los dos sistemas integrados de gestión (SIG) actuales —Ecoembes y Ecovidrio—, con la idea de que los complementen, aumentando las tasas de reciclaje. En concreto, la Generalitat ha decidido comenzar con los envases de agua, zumo, cerveza y refrescos en sus formatos lata, vidrio, plástico y tetra-brick, los más consumidos en las calles, a los que en el futuro se podrían sumar otros.

El sistema funciona en 40 países y regiones del mundo, en solitario o en paralelo a los SIG, y en algunos de ellos se dan varias de las tasas de reciclaje más altas del planeta. Es el caso de Alemania (96,8%), Noruega o Finlandia (más del 90% en ambos casos). Aunque hay otros, como Bélgica, con altas tasas de reciclado que no poseen un SDDR, pero sí otras iniciativas, como multas a quien no separe de forma adecuada.

Guerra de números

Pero no todo el mundo está contento con la iniciativa. Juan Quintana, secretario general de la Plataforma Envase y Sociedad (PES), lobby que agrupa a Ecoembes y Ecovidrio, además de otros agentes del sector –que el responsable de Residuos de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, califica de “delegación de Ecoembes” y Roset tilda de “lobby que ha montado Ecoembes para tener varias caras ante la sociedad y varios puntos de ataque”–, expone que “la implantación de un SDDR en la Comunitat Valenciana y en España no es viable”.

Varios estudios realizados por sociedades y universidades, hechos con financiación de Ecoembes, afirman que el coste del presupuesto de la gestión de envases se multiplicaría entre seis y ocho veces para aumentar la tasa de reciclaje entre un 2% y un 3%, datos que “coinciden con lo que ha pasado en Alemania”, afirma Quintana, país que implantó un SDDR paralelo a los SIG en 2003.

En este punto de la historia, apoyar o vilipendiar el SDDR es una guerra de cifras, comenzando por la misma tasa de reciclaje. Según Ecoembes, en 2015 se reciclaron más de 1,3 millones de toneladas de envases ligeros, de cartón y papel en todo el territorio nacional, alcanzando una tasa del 74,8%. Cuando se les menciona la cifra a Retorna y ecologistas, la risa se introduce en la conversación. “Es rotundamente falso, y me encantaría que me pusiesen una denuncia por decir esto. Ningún sistema voluntario de contenedores en el mundo pasa del 40%, ¿y aquí en España estamos al 75%? Es una tomadura de pelo”, dice Roset.

“El SDDR es la única forma de solucionar que tengamos que ir limpiando todo lo que dejamos tirado”

La Generalitat Valenciana maneja cifras radicalmente diferentes a las de Ecoembes, entidad que ingresa varios céntimos por cada envase que, en teoría, gestiona. En concreto, el secretario de Medio Ambiente de la Generalitat la reduce a la mitad, algo que afirman desde Ecologistas en Acción: “No hablamos de pasar de un 73% a un 75%, sino de un paso de gigante al aumentar el 35%, que es la realidad”, afirma Arribas.

Alguien miente

Para justificar que Ecoembes miente, Arribas hace un repaso del recorrido de un envase, y dónde puede acabar, además de cómo se contabiliza. “Ellos ingresan unos céntimos por parte de los envasadores por cada envase que se pone en el mercado al que se le pone el punto verde, que es la figura que supuestamente garantiza el reciclaje. Pero eso no garantiza nada”.

En primer lugar, el responsable de Residuos hace referencia a los envases que acaban tirados en las calles de las ciudades, que, al ser recogidos por los servicios municipales de limpieza, van generalmente de forma directa a vertedero.

También están todos los que se pierden en el medio natural y marino, “que nadie recoge ni trata, pero por los que los envasadores han pagado una cantidad a Ecoembes, formada por ellos mismos, por la que deberían ser reciclados, dinero que se queda Ecoem­bes”. Además están los que, siendo depositados en el contenedor amarillo, se envían a una planta de tratamiento. “Ese envase en el mejor de los casos se va a reciclar, pero en otros se lleva a una incineradora donde se va a quemar. En ambos casos se considera reciclaje”.

Por último, están los envases que no son depositados en los contenedores correctos. “El del contenedor gris, el de todo mezclado, que en el mejor de los casos va a una planta, pero que suele acabar en vertedero”. Un ejemplo es la Comunidad de Madrid, donde, según Arribas, “el 25% de la basura que se genera va a vertedero directamente, sin pasar por ninguna planta”.

Otra cifra que ofrece dudas sobre las tasas oficiales de reciclaje en el Estado es la aportada recientemente por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Según ésta, España está a la cola de Europa y sólo recicla el 16% de sus residuos urbanos, conformando los envases entre el 30% y el 35% de esa basura urbana. Quintana, por su parte, no ve incongruencias en ello y afirma que desde Retorna “mezclan los datos”, y que Eurostat habla del total de residuos urbanos, no sólo de los envases. “Las cifra es la oficial, está auditada, es la que utiliza el ministerio y la utilizada como referencia por la Comisión Europea”, concluye.

La PES, además del encarecimiento de los costes de gestión, algo que niegan los ecologistas, ve otros inconvenientes a la implantación del SDDR, como la inversión que las grandes superficies tendrán que realizar en máquinas para la gestión de esos envases; las molestias para el consumidor, que deberá devolverlo a los comercios sin que estén deteriorados, y las tareas que realizará el pequeño comercio, que deberá habilitar espacio en las tiendas y gestionar la devolución.

Desde la Generalitat Valenciana y los sectores a favor del SDDR contraargumentan que la inversión en máquinas se amortizará en poco tiempo y que el pequeño comercio sacará un beneficio por el depósito y la gestión de envases, ya que se quedará con dos de los diez céntimos ingresados por unidad. Según la Generalitat, una tienda que recoja 150 envases al día recibirá entre 1.500 y 2.000 euros al año, cifra que asciende a entre cinco y seis millones para una gran superficie que consiga 3.000.

Puestos de trabajo

La guerra de cifras también llega al plano laboral. Mientras que el Ejecutivo autonómico habla de creación de 1.400 puestos de trabajo, Quintana afirma que “es un tema con el que se hace mucha demagogia” y niega este hecho, ya que, en su opinión, no hace un análisis neto. “Si esos recursos los invirtiésemos en potenciar el sistema actual, también se genera­rían puestos de trabajo. Por otro lado, desaparecen envases del circuito actual y eso genera un efecto inverso”. Por ello, desde la PES abogan por desarrollar los SIG actuales –“El sistema no ha tocado techo”, señala Quintana– y el crecimiento continuo de la tasa de reciclaje que aportan. También remarcan que “hay que seguir concienciado y sensibilizando”.

Por el contrario, Roset expone que el sistema hace tiempo que llegó a su límite y destaca: “Llevamos 20 años concienciado. Tenemos un problema, cada día cinco millones de latas y botellas acaban en nuestro entorno, y hay una solución muy fácil que se ha hecho hasta los años 80, que cuando compras una botella, dejes 10 céntimos que te devolverán luego”.

Cifras aparte, es un hecho que los SDDR aumentan las tasas de reciclaje y contribuyen al fin del abandono de envases en el medio y vertederos, ya sea por la devolución de envases por el propio consumidor como por personas que palien su precariedad recogiendo los envases del suelo.

Los sectores pro-SDDR ven en la negativa de la industria los intereses de las grandes compañías. En el consejo de administración de Ecoembes están los grandes actores del sector, de Pepsico y Coca-Cola a Carrefour, Día o Danone, empresas que fueron obligadas por la directiva europea 94/62/CE a hacerse cargo de los residuos que producían. La Ley 11/1997 plasmó esa orden en la legislación española, pero en el proceso de alegaciones envasadoras y embotelladoras consiguieron ser eximidas de esa responsabilidad “cuando participen en un sistema integrado de gestión de residuos de envases y envases usados derivados de los productos por ellos comercializados”, según dicta la propia ley. “Ésa fue su gran victoria. Le dieron la vuelta a la ley y se han escapado por la puerta de atrás”, denuncia Roset.

En medio de la polémica, la iniciativa mediterránea sigue adelante, y no es la única administración que lo plantea. Balears, Canarias y Catalunya ya lo están estudiando. Veremos qué pasa.