Guatemala
Mirtala Hernández: “Mi hermana desapareció en 1982, hasta 2023 no ha arrancado el juicio”

Mirtala Hernández lleva 40 años buscando a su hermana Luz Leticia Hernández. Busca a su hermana y busca justicia para ella. Luz Leticia fue detenida y desaparecida por un operativo militar durante el sangriento mandato del dictador Efraín Ríos Montt en Guatemala en octubre de 1982. Un mandato que se saldó con 10.000 personas asesinadas en tan solo sus tres primeros meses de gobierno, tal y como documentan organizaciones de derechos humanos. Su lucha individual se ha convertido en una lucha colectiva a través de la unión de familias de las personas desaparecidas en el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), un colectivo pionero en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto armado interno de Guatemala. La familia de Luz Leticia ha tenido que esperar hasta 2023 para ver su caso ante un tribunal.

Siempre con la imagen de su hermana a cuestas Mirtala Hernández llega a la sede de El Salto, de la mano de las Brigadas Internacionales de Paz, en el contexto de una gira europea que les ha llevado también al Parlamento Europeo. Quiere difundir el caso, que se encuentra de plena actualidad por el proceso judicial que han conseguido abrir y se tambalea por momentos. También compartir experiencias con las víctimas de la dictadura franquista, quienes no han conseguido aún la apertura de ningún proceso judicial contra los responsables de los crímenes.

Tu hermana Luz Leticia desaparece en noviembre de 1982. Pero vosotros tardáis como unos meses en conocer su desaparición. ¿Cómo os enteráis?
Mi hermana perteneció a un grupo disidente que se llamaba Nuestro Movimiento. Entre los miembros del grupo hay una compañera que es secuestrada y detenida por las Fuerzas de Seguridad del Estado el 25 de septiembre del 82. Entonces, para recuperar a esta compañera, su grupo decide secuestrar a una persona, al sobrino de Efraín Ríos Montt, Jorge Mario Ríos Muñoz, que se produce el 13 de octubre. Tras 40 días de operativos del Ejército y de movimientos de fuerzas de la Policía, el Ejército cae en la casa donde tienen al sobrino. Y ahí está mi hermana. Ese día son apresadas cuatro personas: mi hermana Luz Leticia Hernández, María Cruz López Rodríguez, Ana María López Rodríguez, hermana de la primera y Leandro Gabriel Calate. Y resulta que una de ellas es consignada a tribunales de fuero especial y finalmente amnistiada, al otro se le aplica la ley de fuga y dos personas son desaparecidas, que son mi hermana y Ana María.

Después de muchas búsquedas en los documentos oficiales del archivo de la Policía Nacional, aparecieron miles de documentos del caso, desde el momento de la captura de Jorge Mario Ríos Muñoz hasta el día de su liberación. El dictador dio las órdenes expresas, como lo dijo el juez Miguel Ángel Gálvez en una de sus audiencias, de que las fuerzas de seguridad podrían hacer lo que quisieran con los capturados.

Mi papá cuenta que una noche llegó a buscarlo un hombre que llevaba un arma para contarle que su hija acababa de ser capturada por las fuerzas del Estado y la tienen detenida. No sabemos dónde, pero se la llevaron. “Vayan enfrente del Palacio Nacional y ahí hacen huelga de hambre o miran qué pueden hacer ustedes”, les dijeron a mis padres. 

¿Y qué hicieron?
Siempre hemos vivido en un estado represivo en donde se sucedían asesinatos, desapariciones y balaceras en la calle. Mis padres empiezan a buscar en los hospitales, en la Cruz Roja, en los lugares de detención, para ver si aparecía mi hermana. Se encontraban con otras familias buscando a desaparecidos y esa unión propiciada por coincidir exactamente en esos lugares para saber de sus desaparecidos es lo que lleva a formar el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). Mi mamá colaboraba repartiendo víveres, acompañando en las marchas y realizando cualquier trabajo de cocina para repartir entre los miembros. 

Volviendo un poco a tu hermana, pertenecía a una organización que se llamaba Nuestro Movimiento. Háblanos un poco de esta organización.
El origen de la organización es de un grupo militante de la guerrilla cuyo fin es defender al pueblo de la precariedad, los abusos de poder y de la manera de actuar de las fuerzas de seguridad. En 1980 ella había ingresado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, era perito contador y trabajaba en el Banco del Ejército. La universidad estaba siendo atacada porque muchos de sus miembros, entre maestros, estudiantes y dirigentes, estaban desapareciendo y siendo asesinados. Esa fue una de las razones por las que nosotros creemos que mi hermana acudió a Nuestro Movimiento, que era como un grupo insurgente con gente joven de la capital, que estaba poniendo en jaque a las fuerzas de seguridad y del interior de la República.

Cuando mi hermana cae en esta detención, para nosotros fue una bocanada de agua fría. Y cuando no volvimos a saber nada de ella fue todavía más duro porque todavía pasamos por eso

Luz Leticia no tuvo un juicio, pero sí lo tuvieron otros de los detenidos, como me has contado antes. ¿Por qué creéis que a ella la hicieron desaparecer?
Nosotros no sabemos exactamente cuál es el móvil de una desaparición forzada, nosotros no podemos dimensionar qué piensa esta gente. Creemos saber algunas cosas, pero esas son suposiciones porque nosotros no hemos podido constatar esa realidad. Mi hermana era clave en aquella situación porque ella y su pareja vivían en el reducto donde tenían al sobrino de Efraín Ríos Montt. Ellos se mostraban como la pareja que vivía en el lugar y allí fue donde ellos fueron capturados. En cualquier momento ellos podían haber sido considerados como responsables.

Cuando mi hermana cae en esta detención, para nosotros fue una bocanada de agua fría. Y cuando no volvimos a saber nada de ella fue todavía más duro porque todavía pasamos por eso, ante no tener su cuerpo y no tener sus restos que puedan confirmar el hecho acaecido, es para nosotros una cosa que está en el limbo. Imagínate las torturas que le pudieron haber infringido, la brutalidad que esos hombres militares de alto rango destinaban para sacar información de alguien. Ella, tal y como yo la conocía, seguro que nunca abrió la boca.

Pasa el tiempo y una de las detenidas consigue la amnistía.
Así es, es María Cruz López Rodríguez. Ella es capturada y es la que negocia. Les dice que tienen que ofrecerles un salvoconducto y llevarlos a Nicaragua o a Cuba, o permitirles que salgan y entonces se entregan ellos y liberan al detenido. En este canje se mezcla un prelado de la Iglesia Católica, la Cruz Roja y el Gobierno de Guatemala y ofrecen a las personas que estaban en el reducto un salvoconducto. Les ofrecen llevarlos en una ambulancia para lograr su liberación después y que ellos puedan decidir a dónde van. Y resulta que los miembros de la ambulancia eran miembros del Ejército, se los llevan, los capturan y según la declaración de María Cruz López Rodríguez, quien ya falleció en 2003, fueron llevados a los reservados de la Escuela Politécnica, que es una base que está en el centro de la ciudad. Ahí ellas sufrieron torturas y violencia sexual.

María Cruz López Rodríguez fue sometida a tribunales de fuero especial, que fueron unos tribunales puestos para evadir el acceso a la justicia, tribunales que juzgaban con el rostro cubierto. Ella es condenada y de ahí se le da la opción de que se ampare a la amnistía. Entonces ella es amnistiada y enviada a un centro de detención femenina que en ese entonces se llamaba COF (Centro de Orientación Femenino), que es la cárcel de mujeres. Ella decía que no sabía leer ni escribir, esa pudo haber sido una de las razones por las cuales la dejaron en libertad. Pero ella sí sabía leer y escribir, y de su puño y letra está hecho su testimonio, en donde ella cuenta cuál fue el motivo de su captura, cuál fue el operativo, en donde las detuvieron, a quiénes vieron y qué les hicieron.

¿Cuándo tuvisteis acceso a ese testimonio?
Ese salió en los periódicos. Tuvimos acceso a otros testimonios porque mi hermana Martha Rosa Hernández Agustín fue a hacer un año sabático en los archivos de la Policía Nacional y ahí aparecen más de mil documentos de movimientos de los grupos armados del Estado y de quienes dirigían y dieron las órdenes.

¿Cuándo decidís empezar la batalla judicial?

En 1987, mi hermana era una exiliada política en Canadá y mi madre fue con ella. Mi hermana accede a un puesto en el Gobierno de Canadá y con el sueldo deciden comenzar esta lucha legal. Contrataron la asistencia jurídica del bufete de derechos humanos dirigido por Edgar Pérez Archila, uno de los abogados que lleva varios casos del genocidio en Guatemala.

En 2006 nos tomaron una declaración acompañadas del Ministerio Público, se hicieron pruebas de ADN y empezó la investigación, porque el caso de nosotros, debido a la firma de los acuerdos de paz, entra como uno de los casos de justicia transicional. Pero para que nos consideraran parte de esto, tuvimos nosotros que también dar la batalla, porque la justicia no es una opción para conocer la verdad. La justicia es algo que tiene solo sentido para la gente que tiene dinero y para la gente que tiene poder. 

En 2006 nos toman de declaración y el juicio no arranca hasta 2023. Esa es la lucha que llevamos. Imagínate, mi hermana desapareció el 22 de noviembre del 82, el día de su cumpleaños. Llevamos 42 años de lucha. Al principio era un ir y venir ante las autoridades y que se rieran en la cara de mis padres porque les decían que mi hermana no había sido capturada, que no estuvo en las instalaciones y que además era posible que hubiera salido para Nicaragua o para Cuba, que eran los dos países donde decían que iban a dar todos los desaparecidos.

¿Qué esperáis de este juicio?
Primero, que se condene y se juzgue a quienes fueron parte de la captura de mi hermana. Que estas personas no sean absueltas como se está haciendo en la actualidad. Se están dando medidas sustitutivas o se le está dando la oportunidad a la gente que vaya a su casa o que pague para no estar en prisión. Al Estado le pedimos que investigue y haga una averiguación. Tienen archivos del Ejército. En el gobierno de Álvaro Colom, en 2012, nos ofrecieron abrirlos y no los abrieron.

Además, nosotros queremos que haya una ley de búsqueda de desaparecidos. Y aparte de eso, queremos crear un museo para todas las familias del conflicto armado interno que tienen detenidos, desaparecidos para que se cuente nuestra historia a todas las generaciones de nuestro país.

Nosotros estamos acudiendo ante las instancias legales, dando la cara y exigiendo que se nos haga justicia, porque cuando esta se logre llevar a cabo nosotros sabremos que Guatemala ya ha crecido

En Guatemala lo cierto es que están sucediéndose condenas para los culpables de la dictadura, aunque como tú dices a veces no están siendo efectivas. Como sabes, en España hubo una dictadura y no se ha condenado absolutamente a ninguno de los victimarios de esa dictadura. ¿Qué estrategia habéis seguido vosotras?
Nosotros no ambicionamos que nos condenaran a un policía raso, nosotros queríamos a la gente que había estado en lo alto de la cadena de mando. En nuestro caso había cuatro imputados, entre los que estaban el propio Efraín Ríos Montt y Juan Francisco Cifuentes Cano, excomandante de la Policía Nacional, que es el que está vivo y está imputado en otro caso.

Y entonces cuando esta gente se entera el Estado empieza a coaptar, a impedir, a tejes toda su telaraña de corrupción. ¿Y qué pensamos nosotros? Que si esta lucha no la hubiéramos empezado, si cuando ellos nos querían meter temor no lo hubiéramos hecho, no estaríamos disfrutando del hecho de que ahora tenemos un Gobierno progresista que cuenta con el apoyo de los pueblos originarios. 

Nosotros estamos acudiendo ante las instancias legales, dando la cara y exigiendo que se nos haga justicia, porque cuando esta se logre llevar a cabo nosotros sabremos que Guatemala ya ha crecido y ha superado parte de las cosas que nos están aquejando.

Y ya se han conseguido sentencias. Cuéntame.
Se han otorgado sentencias. Por ejemplo, en el caso Molina Theissen -que fue la desaparición forzada de un niño de 14 años hijo de una familia insurgente-. Pero el problema es que cuando uno va a por un pez gordo es gente que tiene mucho poder y las instituciones están creadas, como me imagino aquí con ustedes, para servir y proteger a quienes les dieron el puesto y a quienes les protegen.

Hay gente que está poniendo su granito de arena para evitar que esto suceda. Ahí es donde nosotros creemos que es importante nuestra lucha, porque en el caso Molina Theissen -donde se condenó a 58 años de prisión a tres militares- también querían liberar a los militares hace como mes y medio más o menos y se pudo impedir. Pero en el caso de nosotros, no sabemos que va a suceder.

Así como llegan muchos a ser juzgados, también son liberados porque están entrados en edad, pueden morir antes de que se dicte la sentencia final. Y pueden morir los testigos que están contando su propia historia. Entonces se da uno cuenta que es una política de Estado que te revictimiza y que no te permite acceder a la justicia.

El crimen de desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. Yo no sé si la gente me va a entender, pero ese es un dolor para toda la vida, lo llevas hasta la muerte

Aquí los juzgados lo que dicen es que los crímenes ya están prescritos. No sé si estáis enfrentando esa misma situación.
El crimen de desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. Imagínate. Yo no sé si la gente me va a entender, pero ese es un dolor para toda la vida. Lo llevas hasta la muerte. Es un delito que vulnera la integridad física y mental de una persona. Nosotros no contamos con salud mental. Nosotros todavía sufrimos por no tenerla. Y entonces tú no puedes decir que ya es un pasado y seguir viviendo como nada, mientras no se averigüe.

Estamos en el camino de la justicia, pero eso no nos garantiza nada a nosotros. La fuerza de los grupos que conforman el Estado es más grande que la nuestra.