Gasto militar
El gasto militar se camufla en los presupuestos

La pandemia no ha reducido el gasto que el Gobierno progresista destina al Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados para 2021 reflejan que el gasto crece hasta los 9.411 millones de euros respecto a los 8.737 millones del ejercicio anterior, es decir, representa una subida del 7,7%. Hay que tener en cuenta que tanto los PGE de 2020 como los de 2019 fueron prorrogados de los que fueron aprobados en 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y María Dolores de Cospedal como ministra de Defensa.

Ningún Gobierno desde el que presidió Felipe González hasta el actual de Pedro Sánchez, pasando por las legislaturas de Aznar, Zapatero y Rajoy, ha reflejado el gasto militar real en el presupuesto de Defensa. En el caso concreto de los PGE presentados por el Gobierno de Sánchez, a esos 9.411 millones hay que añadir 1.151 millones correspondientes a los organismos autónomos del Ministerio de Defensa y los 299 millones con los que está dotado el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algo que ha ocurrido en todos los gobiernos anteriores, con algunos matices y variaciones.

El presupuesto consolidado de 2021 ascendería a 10.863 millones respecto a los 10.198 millones de 2020, según el cálculo elaborado por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Por tanto, el presupuesto consolidado de 2021 ascendería a 10.863 millones respecto a los 10.198 millones de 2020, según el cálculo elaborado por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, entidad independiente especializada en análisis de paz, seguridad y defensa, en su informe Análisis crítico del Presupuesto de Defensa de 2021. Además, existen otras partidas escondidas en otros ministerios que, siguiendo el criterio de organizaciones como la OTAN o el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), se deberían contabilizar como gasto militar.

Estas partidas ‘ocultadas’ incluyen las pensiones militares (clases pasivas militares), las pensiones de guerra, las aportaciones a la mutua militar del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), los fondos destinados a la Guardia Civil (Ministerio del Interior), los créditos a interés cero en I+D militar (Ministerio de Industria), los organismos militares internacionales (Ministerio de Exteriores) y la diferencia entre el presupuesto inicial aprobado en el Congreso de los Diputados y el presupuesto liquidado al finalizar el año. Añadiendo estos emolumentos, como refleja el Centre Delàs en su informe, siguiendo el criterio de la OTAN y del SIPRI, el gasto militar en 2021 asciende a los 20.444 millones respecto a los 18.528 millones gastados en 2020.

Cuentas maquilladas

Este organismo va más allá e incluye también en el gasto final los intereses de la deuda pública. En total, el Centre Delàs concluye que el gasto militar total se sitúa en 21.623 millones —un 1,8% del PIB— en 2021 respecto a los 19.762 millones —un 1,76% del PIB— que se gastaron en 2020, lo que supone un aumento del 9,4%. Esta cifra constituye un nuevo récord histórico en el Estado español. “Es un dato preocupante, que muestra que ni tan siquiera en una situación de emergencia como la del covid-19 se ha destinado ese aumento en responder a las necesidades sociales, como la emergencia sanitaria y el presupuesto de Educación, en momentos en que había que reducir la ratio [de las aulas]”, explica a El Salto Jordi Calvo, investigador y coordinador del centro de investigación.

El maquillaje de las cuentas públicas, por el que el Gobierno quiere hacer creer que el gasto en defensa representa el gasto militar en su conjunto, “es hacerse trampas al solitario”, afirma Jesús A. Núñez, economista, militar en reserva y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria

Esta manera de maquillar las cuentas públicas, en las que el Gobierno quiere hacer creer que el gasto en defensa representa el gasto militar en su conjunto, “es hacerse trampas al solitario”, afirma Jesús A. Núñez, economista, militar en reserva y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). En su opinión, los diferentes Gobiernos que han pasado, desde González hasta Sánchez, tienen una mirada cortoplacista y temen que la transparencia les pueda suponer un coste en las siguientes elecciones. “En lugar de hacer pedagogía política y promover un debate público sobre qué defensa necesitamos, cuánto empleamos e invertimos en ella de manera ponderada, junto a lo que hay que invertir en otros asuntos, que podría llevar a un resultado que no conocemos, prefieren tratar a la población como si estuviéramos en una guardería y disimular, en buena medida, el verdadero gasto que se realiza”, lamenta Núñez, quien considera que la sociedad española es suficientemente madura como para entender las cosas si se le explican transparentemente.

Las cifras en contexto

Antes de aprobar los PGE de 2021, el Gobierno en solitario de Sánchez prorrogó los presupuestos de 2018 de Rajoy para 2019 y 2020. Por tanto, desde 2018 hasta 2021, Defensa dispuso de un presupuesto de 8.737 millones. En 2018, el gasto militar total, siguiendo el criterio que utiliza el Centre Delàs, se situó en 19.843 millones; en 2019, en 19.823 millones; y en 2020, en 19.762 millones, según consta en los informes Crítica a la razón del presupuesto militar (años 2019 y 2020) y Análisis crítico del Presupuesto de Defensa en 2021. Por este motivo, apenas hubo variación en el gasto militar de los cursos 2018, 2019 y 2020.

En años anteriores, el presupuesto de Defensa pasó de 5.787 millones en 2016 a 7.638 millones en 2017. Si se incluyen las cantidades que no constan en el presupuesto y se tienen en cuenta las variaciones que se producen a lo largo de la legislatura, el gasto militar total —que incluye los intereses de la deuda, criterio que no sigue la OTAN— pasó de 16.861 millones en 2016 a 18.661 millones en 2017. Además, si se analizan las diferencias económicas de los presupuestos entre 2017 y 2018, comprobaremos que pasaron de 7.638 millones a 8.737 millones. Y si a estas cantidades se les añaden los gastos que se atribuyen a otros ministerios y se suman los intereses de la deuda, el gasto militar total se sitúa en 18.611 millones en 2017 y 19.843 millones en 2019. En conclusión: aumentó en un 10,3% entre 2016 y 2017 y en un 6,6% entre 2017 y 2018.

“No ha habido nunca diferencias sobre cómo abordan el gasto militar el PSOE o el PP. Han hecho exactamente lo mismo”, valora Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs

“No ha habido nunca diferencias sobre cómo abordan el gasto militar el PSOE o el PP. Han hecho exactamente lo mismo”, valora Jordi Calvo. Para argumentar su postura, pone el foco en las misiones militares y en la inversión armamentística. “Ha ido a más, con unos gobiernos y con otros”, asevera. Paradójicamente, la austeridad económica de la primera legislatura de Rajoy condujo a que el gasto en Defensa pasara de 6.316 millones en 2012 a 5.787 millones en 2016. Cinco años después, en 2021, se sitúa en 9.411 millones, lo que supone un aumento de un 62,6% y una diferencia de más de 3.600 millones. Pese a estas cifras, el Centre Delàs calcula que el gasto militar total ha pasado de 16.861 en 2016 a 21.623 millones en 2021, es decir, casi 5.000 millones más

Para hacerse una idea aproximada de lo que supone un incremento así, basta con poner el foco en la medida que el Gobierno progresista anunció como nuevo derecho social: el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado en plena desescalada de la primera ola del coronavirus y cuyo coste supone unos 3.000 millones anuales, según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Es decir, durante el presente año, el Gobierno va a destinar siete veces más dinero en gasto militar que en el IMV. Matizar que hablamos de gasto militar y no del presupuesto en Defensa es importante, porque este es tres veces —y no siete— superior al destinado al IMV. El presupuesto del ministerio también está muy por encima de lo destinado a otras políticas sociales, entre ellas el fomento del empleo (7.405 millones), los servicios sociales (5.201 millones), la inversión en política de vivienda (2.253 millones) o la inversión en Cultura y Deporte (1.148 millones).

Más inversión en armamento

El complejo militar industrial del Estado español tampoco descansa en pandemia. El programa 122B, bajo el título Programas Especiales de Modernización, que oculta cuidadosamente la palabra armamento, tiene asignados gastos en los PGE del 2021 por valor de 2.341 millones de euros. Una cifra que supera en 177 millones el presupuesto de 2020, es decir, supone un aumento del 8,18%.

El documento argumenta que estos programas están destinados “a la fabricación de equipos y sistemas de armas” y que su elección está determinada por “una combinación de necesidades político-estratégicas, económicas, industriales y tecnológicas”. El texto también explica que estos programas son necesarios para cumplir con los compromisos de España con la UE, fijados en la política comunitaria en seguridad y defensa, así como con los acuerdos suscritos con la OTAN.

Entre los gastos más importantes, destaca el avión de combate Eurofighter (EF-2000) con 488 millones, el avión de transporte militar A-400M con 321,5 millones, el submarino S-80 con 300 millones, los helicópteros multipropósito NH90 con 280 millones, los vehículos de combate 8x8 (los blindados Dragón) con 245 millones y las fragatas F-110 de Navantia con 218 millones. Si sumamos el resto de las partidas, entre ellas, los helicópteros Chinook CH47 (165 millones), los vehículos de combate Pizarro (71,5 millones), los helicópteros de ataque Tigre (69 millones), la nueva generación de aviones de combate Next Generation Weapons System-FCAS (53 millones), el buque de salvamento marítimo BAM IS (53 millones), el tanque Leopardo (48 millones), el misil contracarro (20 millones) y otro Buque de Acción Marítima (5 millones), alcanzamos los mencionados 2.341 millones.

Este aumento es, para Calvo, otro ejemplo más de que las políticas del Gobierno en materia de defensa no dependen de que gobierne la izquierda socialdemócrata o la derecha liberal conservadora. “En cuanto a grandes inversiones en programas de armamento, lo que decide un gobierno lo cumple el siguiente sin cuestionarlo. El Gobierno actual, de PSOE y Unidas Podemos, parece que ha llegado a un pacto en el que Unidas Podemos no existe en todo lo que se refiere a Defensa. Así nos lo han hecho saber desde el grupo parlamentario”, remarca Calvo.

Respecto a los compromisos de España con la UE y la OTAN, Núñez explica que hay gobiernos más atlantistas, es decir, más posicionados a favor de la OTAN, y gobiernos más europeístas, más favorables a que la UE apueste por su autonomía estratégica. Sin embargo, matiza, ningún gobierno prescinde totalmente de uno u otro actor. “La primera opción fundamental es la UE, pero no tiene capacidad real para atender a todos los riesgos o amenazas que le afectan, mientras que la OTAN lleva décadas funcionando”, afirma Núñez, con lo que la política en defensa bascula entre estas dos posiciones a distintos niveles. “Lo que acaba de ocurrir en Afganistán demuestra, otra vez, que la UE no tiene capacidad propia ni siquiera para montar una operación de evacuación de su propia gente y que sigue dependiendo hoy, igual que ayer, de EE UU”, analiza.

Hacia dónde exportamos armas

De entre todas las exportaciones de armamento que realiza el Gobierno, hay dos destinos que son especialmente sensibles a la opinión pública: las monarquías absolutas de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. España ha exportado a la dictadura saudí armas como munición y morteros por 48,3 millones en 2020 y ha autorizado 26 licencias por 215 millones en aeronaves y buques de guerra, según el informe Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso del año 2020 de la Secretaría de Estado de Comercio. Asimismo, ha exportado a Emiratos Árabes Unidos pistolas y granadas por 27,7 millones en 2020 y autorizado 34 licencias en munición, explosivos y otros materiales por 60 millones.

El otro inconveniente que tiene firmar acuerdos con estos dos países es que ambos forman parte de la coalición encabezada por Arabia Saudí que participa en la guerra de Yemen desde 2015. Todas las partes implicadas en el conflicto armado han cometido violaciones graves del derecho internacional y abusos contra los derechos humanos, según han denunciado organizaciones como Oxfam Intermón o Amnistía Internacional. “La población de Yemen ha sufrido más allá de la capacidad humana”, aseguró Michele Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el pasado 1 de marzo de 2021. Albert Garrido, periodista experto en el mundo árabe y profesor universitario, va más allá. “La situación en Yemen es catastrófica. Es uno de los países del mundo donde ahora mismo hay más problemas de desabastecimiento, hambre y muchas enfermedades infantiles. La intervención de Arabia Saudí ha masacrado al país”, explica a El Salto.

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, explicó el pasado 24 de junio en una comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso que el Gobierno empezó a aplicar, en mayo de 2020, un mecanismo de control para comprobar el uso y destino final del armamento que se exporta, empezando por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. “Es una de las zonas grises que existen a nivel mundial con el tratado de comercio de armas”, sostiene Núñez, quien asegura que prácticamente no hay manera de comprobar que esas armas no se estén utilizando en la guerra de Yemen. “Se está estudiando cómo perfeccionar esas medidas de control para evitar que luego haya reexportaciones a otros países o para evitar que se estén usando para fines que no son los declarados inicialmente, pero sigue siendo una asignatura pendiente”, explica.

Es una opinión con la que coincide Garrido. “No hay manera de verificar que el armamento vendido no se utilice en la guerra de Yemen”, asegura. Núñez lo ejemplifica de la siguiente manera: en otras zonas de conflicto han aparecido armas fabricadas en territorio español, pero suponer que eso es una venta de España a ese país es solamente eso, una suposición. “El mercado negro determina que al final puede aparecer un arma en cualquier rincón del planeta, sin que detrás haya una operación de Estado a Estado”, aclara.

En cuanto a la exportación de armamento anual, no tiene sentido compararla año a año porque los contratos para un determinado programa se alargan en el tiempo desde su firma hasta su fabricación y posterior exportación. “Esta controversia mediática, política y social ha hecho que la venta de armamento a estos dos países probablemente haya quedado congelada, haya sido más discreta o se haya quedado más escondida, pero, en realidad, no se ha paralizado”, afirma Calvo. Ejemplo de que el Ejecutivo progresista no ha cambiado su política de exportación de armas son las cinco corbetas que Navantia fabrica para Arabia Saudí. “A medida que se vayan entregando, deberían aparecer en las estadísticas de exportación”, explica Calvo, aunque eso no siempre ocurre, recuerda, como la mayoría de las armas que Everis vendió al régimen saudí en 2018 y que la secretaría de Estado de Comercio no incluyó en sus estadísticas de exportaciones. “El Gobierno tiene la posibilidad de no informar de aquellas cuestiones que considera que tienen que ver con aspectos delicados de la seguridad nacional”, lamenta Calvo.

En este sentido, durante toda la historia democrática española, ha habido una falta de transparencia importante. “España no se distingue, dentro de la UE, por tener una política de transparencia y comunicación al nivel que sería deseable”, según Núñez. Y esa falta de transparencia, explica, acaba redundando negativamente sobre las decisiones que toma el Gobierno. Incluso acaba alimentando bulos.