Fronteras
Proactiva Open Arms: “Quieren que desaparezcamos porque mostramos una realidad incómoda”

Cerca de 60.000 vidas son las que ha rescatado la ONG Proactiva Open Arms en sus 43 misiones en el mar Mediterráneo. Ahora su trabajo está en stand by desde que las autoridades italianas incautaran el barco Open Arms el pasado 18 de marzo y abrieran una investigación por facilitar la inmigración irregular contra el capitán de la nave, Marc Reig, y la jefa de operaciones, Anabel Montes.

Riccardo Gatti, coordinador de la organización en Italia, cree que esta operación forma parte de una campaña para acabar con las organizaciones que trabajan en el Mediterráneo rescatando a inmigrantes. Cuando navegan, afirma, son testigos de cómo actúan las autoridades libias, italianas y de la Unión Europea ante la crisis migratoria. También conocen de primera mano las condiciones en las que huyen estas personas. “Una vez subió al barco un joven que medía 1,70 metros y pesaba 35 kilogramos”, asegura a El Salto.

ONG como Proactiva Open Arms son una constatación de lo que está sucediendo en la Frontera Sur, donde cada año mueren miles de personas que intentan alcanzar el sueño europeo

ONG como Proactiva Open Arms son una constatación de lo que está sucediendo en la Frontera Sur, donde cada año mueren miles de personas que intentan alcanzar el sueño europeo. Según la Organización Internacional para las Migraciones, de 2014 a 2017 han fallecido unas 3.000 personas por año.

“Su único objetivo es que desaparezcamos, porque mostramos una realidad incómoda”, subraya Gatti. Por eso, cuando están en alta mar, manifiesta, reciben presiones de los barcos del Frontex, la agencia europea de la Guardia de Fronteras y Costas, así como de las fuerzas de seguridad italianas y libias.

Disputa con las autoridades libias

A pesar de que Gatti no estaba en el barco el día en que lo incautaron, actualmente se encuentra en Italia dando apoyo a sus compañeros y gestionando la actuación ante la justicia.

Todo empezó, relata Gatti, cuando la embarcación de la ONG fue a rescatar unos inmigrantes que estaban en una barcaza. Entonces, mientras los estaban subiendo en el barco, apareció una nave de los guardacostas libios. “Con un tono amenazante nos dijeron que les entregáramos a los refugiados, que se encargaban ellos”, explica Gatti. Los libios iban armados y los amenazaron con matarlos. Las autoridades italianas también les dijeron que dejaran a las autoridades del país africano que coordinara esa operación, pero la ONG se negó. “No podemos devolverlos a Trípoli”, resalta Gatti, quien afirma que, ahí, son víctimas de torturas y esclavismo.

“Finalmente, los guardacostas se dieron media vuelta y se fueron”, prosigue Gatti. Este cooperante italiano argumenta que el barco de la ONG se encontraba a 73 millas de las costas libias, en aguas internacionales, donde los guardacostas del país africano no tienen jurisdicción. De hecho, recuerda Gatti, los guardacostas solo pueden operar a una distancia de 12 millas desde la costa libia.

Tener la nave parada, expone Gatti, tampoco sale barato. De hecho, a la ONG le cuesta una media de entre 4.000 y 5.000 euros diarios

Por otro lado, Gerard Canals, jefe de misiones de Proactiva Open Arms, detalla que Libia no se encuentra en ninguna zona SAR de la Organización Marítima Internacional (OMI), un área de responsabilidad para coordinar rescates que puede ir más allá de tus límites marítimos, por lo que Proactiva Open Arms no tenía la obligación de entregar los inmigrantes a los guardacostas del país africano.

Después de la disputa con las autoridades libias, la embarcación pidió a Italia un puerto seguro donde desembarcar a las personas, pero las autoridades de este país les dijeron que tenían que gestionarlo con la nación de origen del barco, es decir, España. Ante la falta de coordinación, cuenta Gatti, decidieron ir a Malta a dejar una madre con su bebé que estaba gravemente enfermo. “Tenían desnutrición y el niño una infección por el cuerpo y la cabeza”, indica.

Finalmente, Italia les dio permiso para que acudieran al puerto de Pozzalo, en Sicilia. Una vez ahí, la policía subió al barco y pidió la documentación a Montes, y a Reig, que luego fueron a declarar a la comisaría. “No es la primera vez que lo hacemos”, dice Gatti, que explica que esto es común cuando hay algún incidente. La sorpresa de ellos fue cuando recibieron la notificación que estaban siendo investigados y, por tanto, se dieron cuenta que no estaban testificando como testigos, sino como acusados. En este sentido, Gatti resalta que, ante esta situación, tendrían que haber prestado declaración junto a su abogado y no solos.

Según el auto del fiscal de Catania, con fecha del 27 de marzo de 2018, el barco militar italiano Capri, que se encuentra en Tripoli, comunicó a Roma a las 05:37h del 18 de marzo que los guardacostas libios habían asumido la responsabilidad del rescate. Una hora más tarde, la nave italiana volvió a hablar con Roma para anunciarles que los libios habían llegado al lugar del avistamiento del rescate y pedía que el barco Open Arms se retirara del lugar. La patrullera libia también se comunicó con Roma para anunciarle que asumía la responsabilidad del rescate y reclamaba que el barco de la ONG se fuera de la zona.

Por eso, Roma contactó con los tripulantes del Open Arms para decirles que Libia se encargaba de este rescate. Sin embargo, los responsables del barco respondieron a las 09:26h que habían intentado contactar sin éxito con los libios y que, como había gente en el agua, procedían a salvarlos. Para Gatti, el auto pone de relieve que los responsables del barco Capri “estuvieron detrás del incidente entre los guardacostas libios y el Open Arms”.

El proceso judicial

El fiscal de Catania, Carmelo Zuccaro, les quería acusar de formar parte de una organización criminal de tráfico de personas. Para ello, según la legislación italiana, se requieren un mínimo de tres implicados. Por eso, aparte de Montes y Reig, el fiscal también consideró que Canals formaba parte de esta asociación criminal. “A mí nunca se me ha notificado por escrito, me he enterado de todo por la prensa”, señala el jefe de misiones, pese a no estar en el barco ni en Italia el día de la disputa con los guardacostas libios. De hecho, en el auto del fiscal se especifica que Canals tuvo una “participación (constitutiva) en el crimen”. Por este delito, el fiscal pedía quince años de cárcel para cada uno.

A finales de marzo, el juez de instrucción Nunzio Sarpiettro no encontró indicios de delito y retiró la causa contra Canals. Asimismo, declaró al fiscal incompetente y envió el caso a la fiscalía de Ragusa, a quien dio un período de 20 días para hacer su informe. No obstante, Montes y Reig se enfrentan a un delito de facilitar la inmigración irregular, lo que les puede acarrear una condena de hasta tres años de prisión y a una multa a cada uno de 15.000 euros por cada inmigrante rescatado en esa operación, lo que supone cerca de 1,5 millones de euros, indica Gatti. Por el momento, todos los miembros de la ONG están en libertad.

Sin embargo, el barco sigue incautado desde el 18 de marzo. Como mínimo, la ONG deberá de esperar los 20 días que tiene la fiscalía para presentar su informe y la decisión del magistrado. Si la causa no prospera, aclara Gatti, se les devolverá el barco al momento. Por contra, si la eleva a juicio entonces tendrán que esperar a que se celebre y haya una sentencia firme.

Tener la nave parada, expone Gatti, tampoco sale barato. De hecho, a la ONG le cuesta una media de entre 4.000 y 5.000 euros diarios. “No se puede dejar parado, requiere de una circulación mínima”, puntualiza Gatti y agrega que otro gasto importante es el generador de energía, que tampoco se puede parar.

Canals se muestra optimista y piensa que no hay “base legal” para inculpar a sus compañeros y cree que los absolverán. Ahora bien, advierte que la situación ha cambiado mucho desde que entró en vigor este año Themis, la nueva legislación de la Unión Europea (UE) para controlar la inmigración en el Mediterráneo. Esta ya no obliga a que se tengan que trasladar a Italia los refugiados rescatados en alta mar, como sí determinaba Tritón, la antigua ley. Según la nueva norma, el país que ha coordinado el rescate es el que tiene que organizar el desembarco.

“Esto deja un hueco para que sean los libios quienes lo hagan”, afirma Canals. Sin embargo, matiza que no pueden entregar a los inmigrantes a las autoridades de este país. “No quieren volver con los libios. No podemos rescatarlos y luego dárselos. Sería una contradicción”, dice Canals.

En cambio, Gatti no es tan optimista y no sabe qué va a suceder con sus compañeros. “No me fio”, asevera. Acusa a Italia de propiciar las devoluciones en caliente y entregar a los inmigrantes a los guardacostas libios. Por eso, expone que se quiere silenciar a las ONG.

Por otro lado, Gatti aseguró que en Italia se está vendiendo el discurso de que en las pateras también vienen terroristas. “Una evidente construcción mediática para manipular la opinión pública haciendo que ello sea motivo para aceptar violaciones de normativas y convenciones internacionales por parte del gobierno italiano y, de paso, lograr que desaparezcan las ONG por completo”, asevera Gatti.

Ahora, tras la incautación del Open Arms, tan solo queda el Aquarius, la nave de SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras. “Les molesta que estemos en primera línea y seamos testigos de lo que hacen”, opina Canals

De hecho, los dos miembros de Proactiva Open Arms coinciden que Italia ha iniciado una campaña contra las ONG que actúan en el Mediterráneo para salvar a refugiados. Hasta el año pasado había nueve organizaciones operando en este mar, pero poco a poco han ido actuando contra ellas. Ahora, tras la incautación del Open Arms, tan solo queda el Aquarius, la nave de SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras. “Les molesta que estemos en primera línea y seamos testigos de lo que hacen”, opina Canals.

Pese a la situación, Gatti y Canals afirman que volverán a navegar en el Mediterráneo para rescatar personas. Ahora su objetivo es conseguir una nueva embarcación mientras la actual sigue parada en Italia. Desde la organización estiman que el tipo de nave que requieren puede costar entre 780.000 euros y dos millones de euros. “Nosotros estamos haciendo esto porque hay una necesidad y los Estados no la cumplen”, sentencia Gatti.