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Representantes de del PSOE, Unidas Podemos, PP, ERC, PNV y EH Bildu han acudido hoy, 7 de noviembre, a la infraestructura fronteriza de Barrio Chino en Melilla para visitar los puntos en los que se produjo la avalancha que el pasado 24 de junio costó la vida de entre 23 y 37 personas —según las organizaciones locales— en el paso entre Nador y la ciudad autónoma.
La visita ha recorrido los lugares en los que el documental de BBC Death on the Border localizó los cuerpos de algunos de los fallecidos en esa jornada. Emplazamientos en los que aparecen cuerpos inertes en el vídeo y que pertenecen a la jurisdicción española.
Además, la comandancia de la Guardia Civil ha confirmado a la delegación la cantidad de material empleado en aquel operativo: 28 botes de humo, 86 botes gases lacrimógenos, 65 balas de goma, 41 aerosoles de pimienta y 12 de otro tipo.
Jon Iñarritu (EH Bildu), uno de los diputados presentes en la visita, ha denunciado que en esas localizaciones bajo soberanía española ocurrieron “hechos importantísimo, no tangenciales como ha asegurado el ministro de Interior español”. Después de la visita, el diputado abertzale ha pedido una aclaración sobre el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las horas críticas, por qué se autorizó a la policía marroquí a entrar en el perímetro controlado por la Guardia Civil y “¿quién retiró los cuerpos y a los heridos que estaban en suelo español?”.
Coincidiendo con la visita de esta Delegación a Melilla, un grupo de 116 organizaciones han entregado una carta con una serie de solicitudes para el esclarecimiento y reclamar justicia en el caso. ONG como CEAR, Save The Children o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncian cómo aquel día “700 personas se quedaron encerradas” en la zona de Barrio Chino “lo que provocó muertes por sofocamiento sin que las autoridades españolas facilitaran asistencia médica. Además, se constató la actuación de agentes marroquíes en territorio español, ejecutando devoluciones sumarias y el uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza”.
El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska ha asegurado hoy mismo en un acto en Cuenca que “no hubo ningún muerto en territorio español”. Marlaska sigue defendiendo que los agentes de la Guardia Civil actuaron “con toda la legalidad y proporcionalidad necesaria que los acontecimientos requerían”.
Sin embargo, las ONG insisten en la denuncia de que aquel día se produjeron devoluciones en caliente en contra de la garantía de no devolución de personas en situación de vulnerabilidad o con necesidades de protección que está contemplada en la legislación nacional e internacional. El 14 de octubre, el Defensor del Pueblo cifró en 470 las devoluciones en Melilla llevadas a cabo durante la tragedia del 24 de junio.
Las entidades firmantes han exigido cuatro medidas a los grupos presentes hoy en Melilla. Una de ellas atiende a las obligaciones internacionales respecto a la búsqueda de personas desaparecidas. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) calcula que hay 77 desaparecidos como consecuencia de los hechos del 24 de junio.
También se reclama la apertura de una comisión de investigación en el Congreso, una medida que ha sido retomada el pasado 3 de noviembre tras la publicación del documental Death on the Border. En septiembre, el PSOE rechazó en la Junta de Portavoces del Congreso la apertura de una mesa que había sido reclamada en julio por la izquierda parlamentaria. Las ONG reclaman que se dirima qué influencia tuvo en el resultado de muertes “tanto el uso de material antidisturbios por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas (...) como la inacción de las autoridades para realizar tareas de rescate”.
Por último piden que de esa investigación parlamentaria salgan medidas para la depuración de responsabilidades, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición.
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Demasiados casos de vulneración de Derechos Humanos en las espaldas del ministro Marlaska. Que dimita o que lo echen. Ni un minuto más en el Gobierno.