Fondos buitre
Fondos buitre en tu casa (Parte II)

Vimos en la primera parte del artículo cómo, por el rescate de los mismos bancos que habían provocado la crisis, el Estado y las instituciones europeas cargaron su deuda privada sobre las víctimas desahuciadas y sobre todos los ciudadanos. Mostraremos ahora cómo la fragilidad del Estado provocada por los Tratados de la Unión Europea (UE) y por la conversión de esta deuda privada en deuda pública y la fragilidad de las familias está siendo el caldo de cultivo que alimenta a los fondos buitre.

Los PIIGS, el acrónimo  de Portugal-Italia-Irlanda-Grecia-Spain, con resonancia de la palabra inglesa pigs (cerdos), fue usado en la City de Londres y en Wall Street para denotar la fragilidad de estos países y las oportunidades de negocio que ofrecían. Fragilidad porque, por los Tratados de la UE, han perdido su soberanía monetaria de forma que no tienen capacidad de gestionar su moneda y su deuda conforme a sus intereses. Y porque al Banco Central Europeo (BCE) se le impide financiar la deuda pública directamente, acudir al rescate de los Estados; sólo tiene que ocuparse de controlar la inflación.

Las corporaciones financieras globales entendieron que estos países podían ser agarrotados por sus deudas y finanzas, y por lo tanto, tendrían que soltar a precio de ganga gran parte de su patrimonio y sus servicios públicos, que podrían ser comprados ventajosamente por fondos y bancos globales

Saqueo de vivienda pública

La deuda del Ayuntamiento de Madrid, a consecuencia del despilfarro que había favorecido a las grandes constructoras y bancos, pasó de 990 millones de euros en el año 2000 a 7.733 millones en 2012. Para afrontar la amortización de esta deuda, el Ayuntamiento llegó a dedicar uno de cada tres euros de sus cuentas al pago de la deuda.

Con esta finalidad, en 2013 vendió pisos de protección oficial a fondos buitre, al adjudicar 1.860 viviendas a Blackstone, a precio de ganga. Y lo hizo, según la Cámara de Cuentas, vulnerando las más elementales reglas de buena gestión, saltándose la ley de concursos públicos, sin los informes técnicos que avalasen la necesidad de la operación.

Por otro lado, el gobierno de la Comunidad de Madrid despojó en 2013 al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) de 2.935 viviendas del plan Joven. Las vendió al fondo de inversión Goldman-Sachs Azora por 210 millones de euros. Según un informe de la Cámara de Cuentas, las 32 promociones tenían un valor de 300 millones de euros.

En diciembre de 2019 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que determinó la nulidad de esta operación, porque había quebrado “la protección social” de las personas que vivían en ellas. Señaló que dicha adjudicación “no se ajusta a derecho” y no estaba justificada por ningún “informe o análisis complementarios de carácter técnico, económico, financiero y legal”.

Acumulación de vivienda privada

Viviendas procedentes de la “burbuja-estafa hipotecaria”, de las que habían sido desahuciadas las familias, incluyendo los inmuebles de avalistas que no pudieron salvar su propia vivienda. Y que los bancos habían traspasado a la SAREB. Este organismo, creado por decisión gubernamental, que tiene su 55% de capital privado y el 45% de capital público, hubiera podido ser una herramienta de política pública para hacer frente al problema de la vivienda de tantas familias. Sin embargo, la SAREB repartió estos activos inmobiliarios en grandes paquetes entre fondos buitre en condiciones muy ventajosas; condiciones a las que no pudieron optar las familias desahuciadas. 250.000 viviendas sufragadas con dinero público terminarán en manos de estos fondos, dejando además una enorme deuda ( 50.000 millones) que será asumida por el Estado.

Además de la compra de viviendas traspasadas a la SAREB, los buitres se han alimentado de operaciones que las propias entidades financieras realizaban directamente para desprenderse de activos deteriorados. La banca (Santander, BBVA, Popular, Bankia y Liberbank) ha vendido créditos con hasta el 98% de descuento a fondos buitre. En 2018 CaixaBank vendió inmuebles al fondo buitre Lone Star Funds por valor de 12.800 millones de euros. El Sabadell abrevó a los fondos buitre de Cerberus y Deutsche Bank por 11.500 millones de euros. Y el Santander también al insaciable Cerberus por 6.900 millones de euros.

La propaganda oficial promocionó la idea de que se recuperaba la confianza y venían los fondos a invertir arriesgando enormes fortunas. Pero sólo se trataba de un conjunto de operaciones especulativas realizadas en un entorno de desconfianza hacia la entidad financiera y el sistema bancario en general por su carencia evidente de liquidez. Para garantizar aún más su negocio el gobierno aprobó las SOCIMI, para especular en bolsa con el mercado del alquiler. Tienen un régimen fiscal que les exime de pagar el impuesto de sociedades. El número de sociedades de inversión en alquileres se disparó un 40% en 2018. Muchas tienen también como accionistas a bancos y fondos buitre; Blackstone es el propietario de cinco SOCIMI en el Mercado Alternativo Bursátil.

Oligopolio y revalorización de los activos

Todas estas medidas del poder político consiguieron que en 2018 bancos y fondos gestionaran más de 240.000 viviendas en España, que Blackstone fuera el mayor casero privado del país, con una cartera de 32.000 viviendas.

Al día de hoy, el parque de pisos públicos en arrendamiento en España es sólo del 4%, mientras que Francia más que lo triplica y los Países Bajos rozan el 38%. España tiene un 14% de inmuebles vacíos, el triple que Alemania y Dinamarca,. Eso lo hace vulnerable ante los flujos especulativos de actores como los fondos buitre. En Dinamarca el gobierno ha frenado a Blackstone endureciendo la regulación del alquiler.

Esta enorme concentración de la propiedad inmobiliaria da lugar a prácticas oligopólicas: control del mercado, distorsión del precio de la vivienda, bloquear toda iniciativa que perjudique su negocio, como la construcción de vivienda pública, o la regulación de alquileres. Amenazan al Gobierno con una caída de las inversiones y una subida de precios si lleva a cabo su plan de Vivienda. El representante de Blackstone en España considera ”un atropello“ que se ”legisle claudicando ante Podemos y la PAH“. La amenaza ha tenido su resultado: finalmente los desahucios se paran sólo hasta mayo de 2021 y, a cambio, los grandes propietarios recibirán una suculenta compensación económica.

Tal oligopolio tiene sus consecuencias en el mercado. Dos años después del saqueo de vivienda pública en el Ayuntamiento de Madrid, Blackstone informaba de que su operación había conseguido una plusvalía del 36%. El precio de mercado que entonces tenían esas viviendas llegaba a los 317 millones de euros, cuando el precio que habían pagado al Ayuntamiento era de 201 millones.

En 2019 revalorizaba sus inversiones con la venta de inmuebles y los alquileres abusivos. En 2020 sus beneficios han crecido un 86% respecto a 2019. Y Testa, SOCIMI de Blackstone, calcula que aún hay margen para subir el precio de los alquileres, aunque un informe del Banco de España señala que se había disparado un 50% en los últimos cinco años.

De esta manera, los desahucios sin alternativa de vivienda continúan. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2020, se han producido 18.903 (datos provisionales), entre hipotecas y alquileres.

Las mayorías sociales no disponen de recursos para alquilar o comprar; los fondos buitre, ante la falta de rentabilidad y entrada en pérdidas, están vendiendo aceleradamente su cartera de viviendas y el sector inmobiliario en general vuelve a paralizarse.

Habrá fondos para la reconstrucción, que llegan de Europa, dedicados a vivienda. Para acceder a ellos, el Gobierno del Estado español plantea la Colaboración Público-Privada: que se les ceda suelo público durante 75 años para construir y gestionar 20.000 viviendas en régimen de alquiler “barato”. Tal operación supondría unos beneficios para el sector de entre 4.600 y 6.500 millones de euros, pero no la creación de vivienda social, gestionada por el Estado. Un nuevo rescate para las inmobiliarias, los fondos y sus accionistas.

Nuestras propuestas

La Constitución Española ampara los derechos sociales básicos (vivienda, sanidad, educación, derecho al trabajo, etc.) sólo como “principio motor”. Los derechos sociales han de ser blindados, obligando al Estado a protegerlos. Ha de reconocerse su exigibilidad: posibilidad de promover acciones jurídicas ante los tribunales con tanta legitimación como la que disfruta el derecho de propiedad.

Sobre vivienda, a corto plazo, se deben paralizar los desahucios sin alternativa habitacional. Establecer el derecho de tanteo y retracto por parte del deudor o de la administración, ante una venta a terceros de inmuebles por las entidades financieras.

Además, se debe ampliar los plazos de los contratos de alquiler, e incluso hacerlos indefinidos, como ya se ha hecho en Alemania. Limitar la subida de precios del alquiler, en la línea de la “Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas” aprobada en septiembre de 2020 por el Parlamento catalán, y de otros muchos países europeos o ciudades de EEUU. Establecer alquileres sociales que no supongan más del 20-30% de los ingresos mensuales de cada hogar, tanto en las viviendas públicas como en el mercado privado. Ofrecer alternativas, creanado un parque público de vivienda social equiparable al de otros países europeos, con garantías jurídicas de que las viviendas no puedan ser vendidas a fondos buitre. Lo que no significa necesariamente construir nuevas viviendas. En Francia se están planteando expropiaciones a bancos y empresas para acabar con las viviendas vacías. Se podrían recuperar los pisos de la SAREB, etc. También proponemos eliminar los privilegios fiscales de las SOCIMI.

A medio plazo, proponemos que debe plantearse una reforma constitucional para que algo tan esencial para el desarrollo de las personas como es el acceso a la vivienda se convierta en derecho fundamental y obligue al Estado a protegerlo.

Derogar la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el Decreto del 8 de febrero de 1946, reformado en 2015 que dice: “los deudores tienen que hacer frente a la deuda entera, a pesar de que el precio del piso en plena crisis haya caído a la mitad de su valor, cuando firmaron los documentos de compra”. Adoptar leyes que eviten la entrada de los fondos buitre en los sectores de servicios básicos y promuevan una gestión orientada a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.

Mientras tanto, tomar medidas para proteger a las personas, familias y empresas, siguiendo la estela de la Ley belga sobre las deudas de los Estados. No reconocer la personalidad jurídica, para intervenir en el tráfico mercantil, a las sociedades constituidas o residentes en paraísos fiscales.

Establecer la cogestión para la licencia de actividad a todos los fondos, incluidos los no residentes, extendiendo a los fondos lo que es obligatorio para otras empresas, como ya se realiza en Alemania y otros países del Norte. Esto es, que las empresas y fondos que actúan en el ámbito de los servicios públicos sean obligadas por ley a constituir un Consejo de Vigilancia donde el 50% esté formado por trabajadores, usuarios y demás partes interesadas.