Extremadura
Acerca de los presupuestos de Extremadura para este año

Los presupuestos regionales que ha aprobado la Asamblea de Extremadura no van a resolver ninguno de los problemas que tienen las clases trabajadores y los sectores populares de la sociedad extremeña; todo irá a peor, por mucho que se haya empeñado el gobierno regional en mostrarnos la bondad de los mismos en las campañas publicitarias de la que vienen precedidos.

Asamblea Extremadura zoom

Los presupuestos de Extremadura 2020 dejan de lado el tremendo problema del desempleo que hay en la región. A pesar de la propaganda tan repetitiva con la que nos quieren hacer ver que cuantitativamente son muy importante los fondos destinados a combatir esta lacra propia del capitalismo, la realidad es que son muy insuficientes, sólo hay que ver el escaso número de desempleados y desempleadas que se verán favorecidos por estas partidas presupuestarias. Por mucho que se insista, ni siquiera dan para tranquilizar la conciencia de quienes ocupan las instituciones políticas. Lo cierto es que seguirán agravándose las dificultades económicas y sociales que padecen muchas familias extremeñas.

Los fondos destinados a combatir el paro son muy insuficientes, sólo hay que ver el escaso número de desempleados y desempleadas que se verán favorecidos por estas partidas presupuestarias
Por otro lado, el poder político tiene poco interés en modificar las ridículas cantidades de dinero que perciben los miles de desempleados y desempleadas por diferentes conceptos como prestaciones, subsidios o ayudas sociales; aquellas son tales que difícilmente pueden satisfacer las mínimas necesidades vitales y alcanzar cierto bienestar. Los requisitos administrativos que hay que cumplir para lograr algunas de las ayudas sociales se olvidan del estado de pobreza o necesidad, y se establecen con el único objetivo de no aumentar el gasto público, asignándoles magnitudes reducidas en los presupuestos, como es el caso de la renta básica.

Además, son insolidarios y exiguos ya que se van a minimizar y reducir, respecto a presupuestos anteriores, partidas como las destinadas a Mínimos Vitales y Ayudas a Domicilio que debieran ser lo suficientemente amplias pues realizan una doble función; por un lado, permiten la creación de puestos de trabajo, y por otro, alivian el estado de desamparo y privación de familias o personas que atraviesan momentos económicos difíciles, y proporcionan la prestación de asistencia a personas mayores y/o dependientes, y en definitiva contribuyen a sostener a quienes más necesitan del apoyo y ayuda de la protección social.

Se van a minimizar y reducir, respecto a presupuestos anteriores, partidas como las destinadas a Mínimos Vitales y Ayudas a Domicilio
La política de viviendas sigue estando bajo mínimos, no se hace nada por solucionar el enorme déficit que hay en nuestra región, no hay interés en las construcciones de viviendas sociales, ni intervenciones de otro tipo que permitan dar utilidad pública al importante parque de viviendas en manos de las entidades financieras y de instituciones estatales. Las ayudas de alquiler que se proponen, además de ser insuficicentes por las nimias cantidades consignadas en las partidas presupuestarias, son prácticamente inalcanzables para la mayoría de los mortales ya que para acceder a ellas hay que superar una verdadera barrera de obstáculos burocráticos, a lo que se añade los habituales retrasos en la percepción de estas ayudas.
La política de viviendas sigue estando bajo mínimos, no se hace nada por solucionar el enorme déficit que hay en nuestra región, no hay interés en las construcciones de viviendas sociales
En cuanto a ciertos servicios públicos como Educación o Sanidad, se siguen subvencionando y privilegiando a centros educativos privados que en su mayoría están en manos de la Iglesia Católica, retrayendo de la enseñanza pública cantidades próximas a los 90 millones de euros que van a parar a la concertación educativa. Mientras, en materia sanitaria, se adolece de una política de choque que disminuya las listas en la que se encuentran miles de personas esperando para acceder a las visitas médicas, pruebas o intervenciones quirúrgicas.

Por tanto, consideramos que la aprobación de los presupuestos regionales no va a provocar transformaciones importantes que mejoren las condiciones de vida de las clases trabajadoras extremeñas, ni va a combatir la precarización y la explotación laboral. No obstante, servirán para que ciertos sectores minoritarios y empresariales coligados con el poder político sigan disfrutando y obteniendo buenos réditos a costa de los presupuestos extremeños.

Por otro lado, hasta la fecha el gobierno del PSOE -UP a nivel nacional ha dejado bien claro en sus declaraciones que las pocas cosas que se hagan no van a molestar ni a tocar los intereses de quienes hacen las contrataciones laborales o disponen de los medios de producción y controlan la distribución y comercialización de las producciones agrarias y hortofrutícolas; tampoco se va avanzar mucho en la recuperación de la memoria histórica ni en la mejora de las pensiones. De hecho, un buen número de jubilados y pensionistas de todo tipo van a seguir en situaciones de precariedad y pobreza con míseras pagas. No mejorarán su nivel de vida por mucho que se venda que se ha subido un 0,9 % de acuerdo al nivel de vida, al compás del IPC, lo que como máximo equivale a unos 7 u 8 euros al mes.

Los jubilados y pensionistas van a seguir en situaciones de precariedad y pobreza con míseras pagas. La subida del 0,9 % de acuerdo al nivel de vida, al compás del IPC, equivale a unos 7 u 8 euros al mes
La subida del SMI se hace con la aceptación de la gran patronal, los agentes sociales y el gobierno, con la excepción de los representantes de algunas organizaciones patronales agrarias que ya han dejado bien claro que se negarán a la aplicación de la subida. Algo habitual con lo que vienen haciendo a lo largo del tiempo, porque ahora y siempre han entendido que sus beneficios están ligados con los salarios de indigencia de los jornaleros agrícolas.

En todo caso, lo que está claro es que los resultados de las políticas de los gobiernos nacionales o regionales serán favorables a los intereses de las clases trabajadoras y sectores sociales populares solo en la medida que seamos capaces de establecer con las movilizaciones sociales relaciones de fuerza y cooperación para obligarlos a cumplir sus promesas.

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