Extrema derecha
Joaquim Bosch: “Si tenemos menos Estado social tendremos más Estado Penal”

El debilitamiento de las defensas institucionales de la democracia ha sido una constante en la esfera occidental en los últimos años. Una parte significativa de las ciudadanías europeas considera que no es esencial vivir en un país gobernado democráticamente y el informe de Freedom House anunció que más de cincuenta países decayeron en términos de libertades civiles y derechos en 2023, por solo 21 que mejoraron en ese aspecto. 

El magistrado Joaquim Bosch (Cullera, 1965), antiguo portavoz de Jueces para la Democracia, ha tratado de explicar cómo se deterioran las democracias y cómo crecen las organizaciones y los movimientos que ponen en peligro a la democracia. Jaque a la democracia (Ariel, 2024) da fe de ese intento. Se trata de un breve ensayo que parte de una conexión interesante: la revolución digital ha provocado alteraciones cruciales en las relaciones económicas hasta llegar a la Gran Depresión de 2008 y esta ha tenido un papel fundamental en la acentuación de las contradicciones en el sistema, que han explotado para beneficio de las extremas derechas y los actores enemigos de la democracia.

Rescatas una frase de Stefan Zweig: “He sido testigo, contra mi voluntad, de la más terrible derrota de la razón y el triunfo más salvaje de la brutalidad en la crónica de los tiempos”. ¿Estamos siendo testigos de la más terrible derrota de la razón?
Estamos asistiendo a un proceso en el que la razón de la Ilustración, basada en mecanismos de lógica, de convivencia, en el descarte de emociones primarias de tipo manipulador está, en determinados ámbitos, volviendo a cuestionarse. Afortunadamente, no vivimos en un periodo como el que le tocó vivir a Zweig. Pero sí que hay riesgos que remiten al mundo de ayer.

La democracia se basa también en tolerar que crezcan sus potenciales enemigos. ¿Cómo sobreviva con esta debilidad intrínseca?
El problema o la virtud que tiene la democracia es que no puede actuar contra sus enemigos por medios antidemocráticos. Sabemos que eso ha sucedido, pero no debería suceder. Por otro lado, las democracias nunca serán perfectas. Lo digo porque a menudo la gente se queja, y me parece comprensible, de que no vivimos realmente en una democracia. Hay muchas limitaciones, pero solo un conjunto de seres humanos perfectos llevaría a una sociedad democrática perfecta. Como no podemos serlo, hay que aceptar que las democracias siempre van a tener insuficiencias. De hecho, la democracia española tiene muchos déficits. Podemos crecer mucho en calidad democrática, pero sí que se pueden marcar unos estándares mínimos: elecciones libres, pluralismo político, respeto a los derechos fundamentales, mecanismos de contrapeso que, sobre todo, eviten las acumulaciones despóticas de poder. Desde la Grecia clásica ese es el gran objetivo: que el poder esté distribuido, que haya los máximos niveles de igualdad entre las personas y que esto no pueda llevar a situaciones abusivas que aplasten los derechos de las personas. Yo creo que este es el gran debate actual: si actuamos sobre las insuficiencias de las democracias que existen para crecer en calidad democrática o si somos arrasados por mecanismos de democracia autoritaria como los que se están empezando a implantar en algunos países.

El sistema de la Transición posibilitó la implantación de prácticas corruptas muy presentes, muy vinculadas al tejido empresarial, a sectores de la gran empresa, de carácter estructural

Has mencionado esos momentos en los que la defensa del rol del Estado ha servido para justificar métodos no democráticos. El hecho de que haya habido este tipo de prácticas ha hecho que que partidos que hablan abiertamente de sistemas de hombres fuertes, caudillos, etcétera, tengan ahora más cartel en las instituciones democráticas.
El amor a la democracia nunca ha sido incondicional. Tampoco en los tiempos antiguos. La democracia ha sido un sistema funcional que es apreciado por la ciudadanía si resuelve los problemas de la gente. Si el sistema democrático permite que la gente no llegue a final de mes, que sea muy difícil encontrar una vivienda, si no hay prestaciones sociales que garanticen las necesidades básicas, si tenemos un vector importante de corrupción instalado en las instituciones... esto genera distanciamiento ciudadano. Eso favorece poca identificación con el sistema democrático y puede facilitar que haya soluciones autoritarias o incluso en tránsito hacia dictadura. Por eso a mí me gusta recordar que la nueva extrema derecha puede desmantelar los valores democráticos, pero, al mismo tiempo, el crecimiento de la extrema derecha es un síntoma de las insuficiencias de nuestra democracia.

En el caso concreto del Reino de España, ¿cuáles son esas insuficiencias?
La Transición fue un periodo muy importante porque ahí se decidieron muchas cuestiones que hoy siguen vigentes: desde la propia Constitución a un tejido empresarial como el actual, que tiene muchas continuidades con la dictadura franquista. También se define un Estado social muy débil, que aún hoy no es capaz de resolver necesidades de las personas. Al mismo tiempo, el sistema de la Transición posibilitó la implantación de prácticas corruptas muy presentes, muy vinculadas al tejido empresarial, a sectores de la gran empresa, de carácter estructural. Prácticas que, al mismo tiempo, están muy vinculadas a la financiación de los principales partidos del país.

“El franquismo fue en gran parte una utopía empresarial”

Pablo Elorduy

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Historia

Xavier Domènech “El franquismo fue en gran parte una utopía empresarial”

Pablo Elorduy

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El historiador Xavier Domènech defiende que fue el conflicto de clase lo que permitió la llegada de la democracia. Una afirmación a contracorriente de las lecturas que sitúan el consenso como motor de la transición política.

También se suele subrayar que la democracia se quedó a la puerta de las instituciones de control como la policía.
Las continuidades durante la dictadura y el actual sistema democrático fueron muy importantes en los aparatos policiales, hasta el extremo de que esas continuidades han llegado en una parte no desdeñable hasta nuestros días. Casos como el de Villarejo, el de miembros que han participado presuntamente en la Operación Kitchen, en la ‘policía patriótica’… Hay un hilo directo con la policía política del último franquismo. Es lógico que personas informadas que conocen todas estas continuidades desconfíen de las instituciones democráticas. 

Con el Procés saltan las costuras en el poder judicial. ¿Era algo previsible?
Desde una perspectiva jurídica yo tengo claro que en el Procés se cometieron delitos. Los propios dirigentes independentistas dijeron literalmente que iban a desobedecer el ordenamiento jurídico y la Constitución. Pero a pesar de ello, también creo que hubo una sobreactuación institucional. A mi juicio, la respuesta judicial a algunos aspectos fue desproporcionada. Y esto hay que conjugarlo con una cuestión fundamental: en territorios como Catalunya, en Euskadi, en ámbitos ciudadanos que defienden a las instituciones íntegras, limpias y sin corrupción —con un Estado social que redistribuya mejor los recursos que tiene el país— me parece comprensible que pueda haber desafección, distanciamiento de los ciudadanos y que se considere que nuestra democracia tiene carencias relevantes. En el libro no solamente planteo una valoración del crecimiento de la derecha, sino explico cuáles son las debilidades de nuestro sistema institucional.

En España hay medios que se dedican sistemáticamente a difundir falsedades tóxicas, considero que esto requiere una respuesta institucional

Se suele marcar como un momento fundamental de ese sobrecalentamiento del poder judicial la manifestación de las togas, en la que jueces y personal judicial salieron contra la promulgación de la Ley de Amnistía. ¿Crees que, en efecto, fue un paso de la escalada de la guerra de los jueces?
Yo creo que la libertad de expresión y el derecho de manifestación son auténticos pilares de cualquier sociedad democrática. La desafección ha crecido cuando hemos visto titiriteros en prisión por hacer una obra de marionetas, raperos condenados o personas con sentencias en el ámbito penal por hacer chistes sobre Carrero Blanco. Pienso que las manifestaciones de jueces con sus togas forman parte de la libertad de expresión y del derecho de manifestación. Al mismo tiempo, los jueces no pueden pensar que son seres sagrados y que no se les puede cuestionar. Del mismo modo que ellos salen a mostrar su disconformidad con una ley discutida democráticamente en el Parlamento, deben aceptar ser cuestionados y criticados por la ciudadanía, por los medios y por otros ámbitos sociales. Y se puede también criticar, a veces incluso de manera frontal, el posicionamiento de la judicatura. Me parece que hacen falta reformas democráticas en la judicatura precisamente para —en un momento en el que hay acusaciones de lawfare contra ámbitos judiciales— que la ciudadanía pueda tener la garantía de que no hay jueces o juezas que pueden querer interferir en la vida política.

El Gobierno ha presentado un plan de regeneración democrática. ¿Es suficiente?
En el plan se incorporan cuestiones sobre separación de poderes, y también habla de medidas contra la desinformación. En este último caso, mi impresión es que no se le está dando la importancia que merece. La libertad de información es una de las claves de toda sociedad democrática. De hecho, uno de los rasgos distintivos de una dictadura es que esta se dedica a difundir desinformación, a mentir, para mantener el control. En una sociedad democrática no está reconocido ningún derecho a mentir. Se reconoce el derecho a difundir información veraz, no cualquier tipo de información. Por ello la ciudadanía tiene derecho a que los medios no difundan mentiras. En España hay medios que se dedican sistemáticamente a difundir falsedades tóxicas que luego son redifundidas en las redes sociales a través de instrumentos automatizados, ejércitos de bots. Considero que esto requiere una respuesta institucional. No podemos aceptar que se estén vulnerando de una manera tan palmaria los derechos de la ciudadanía a ser informados verazmente sin que el ordenamiento jurídico tenga una respuesta.

Las grandes empresas no suelen aparecer en los titulares cuando están implicadas en la financiación ilegal de los partidos, en todo tipo de tratos de favor

¿Medidas de qué tipo?
Además de cuestiones que afectan a la transparencia, como por ejemplo conocer quiénes son los titulares de estos medios, es necesario saber quiénes los financian, especialmente las entidades públicas, que los nutren de todo tipo de ayudas. Debería articularse un procedimiento judicial en el cual se pueda declarar que si hay medios que difunden informaciones de manera dolosa, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad; esos medios puedan ser condenados con un catálogo de sanciones de tipo económico, y que entre ellas esté la prohibición de recibir subvenciones públicas. La sociedad no puede estar financiando medios que se dediquen a vulnerar sus propios derechos.

Ayuso y Jiménez Losantos: 1,7 millones de euros en publicidad institucional en cuatro años

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EsRadio y Libertad Digital son dos de los medios favoritos de la Comunidad de Madrid para inyectarles ingentes cantidades de dinero público cada año en forma de contratos de publicidad institucional.

¿Cómo se puede evitar esta conexión entre poder político, poder judicial y medios?
Es cuestionable es que haya medios que tengan como único instrumento de financiación a determinadas instituciones muy concretas. Porque a la conclusión a la que llegamos es que son medios creados para difundir propaganda política y para destruir al adversario valiéndose a veces de buenos contactos en la administración de Justicia o en otros ámbitos. Es un objetivo de transparencia. Quien actúa honestamente no debe de tener miedo de saber si un ayuntamiento concreto o un gobierno autonómico concreto es el que nutre y en qué porcentaje su actividad periodística.

Puede empezar a morir la democracia en el palco de un gran estadio de fútbol como el Santiago Bernabéu?
Yo no he estado nunca en el Bernabéu, ni mucho menos en el palco, y no puedo saber qué negocios pueden gestionarse ahí. Pero sí que tengo la convicción de que desde el franquismo ha habido demasiadas amistades peligrosas entre las élites empresariales españolas y el poder político, y que esto no se rompió con la llegada de este sistema democrático. Yo escribí anteriormente un libro sobre la corrupción en España…

La patria en la cartera.
…Y todos los datos nos muestran que en muchas de las grandes sentencias por corrupción de este país aparecen algunas de las grandes empresas españolas que forjaron sus fortunas en el franquismo. Me parece muy razonable que el foco mediático, periodístico y jurídico se ponga en los políticos. Pero en cambio, me parece muy desacertado que el foco no se ponga también sobre esas élites empresariales. No hay ni un tratamiento legislativo adecuado a esa intervención y, en líneas generales, estas grandes empresas tampoco suelen aparecer en los titulares cuando están implicadas en la financiación ilegal de los partidos, en todo tipo de tratos de favor. 

Es la marginalidad y la exclusión lo que lleva a la criminalidad y no el color de la piel de las personas

¿Puedes poner un ejemplo?
Para entender de que estamos hablando: en los hechos probados de la sentencia del caso Palau se demuestra que hubo una financiación ilegal de Convergència Democrática de Cataluña a través de varios millones de euros que fueron entregados directamente al tesorero del partido a cambio de una serie de adjudicaciones multimillonarias de obra pública. Todo el mundo conoce que hubo actividades corruptas por parte del gobierno autonómico catalán, pero casi nadie sabe quién es la empresa que estaba detrás de esa financiación y esas actividades corruptas. La empresa, según los hechos probados de la sentencia, era Ferrovial, empresa que defendiendo el libre mercado, ha cambiado su sede a otro país. En esas adjudicaciones no se defendió exactamente el libre mercado, sino que claramente hubo un trato de favor a cambio de la financiación ilegal de un partido. En esos ámbitos empresariales me parece que todavía hace falta mucho por mejorar en calidad institucional y democrática.

¿Hay una relación entre el crecimiento de la extrema derecha y esos fenómenos de corrupción?
Como nos indican los estudios de la Unión Europea, hay conexiones entre los elevados niveles de corrupción en España y el descrédito hacia los principales partidos políticos, pero no es el único factor. Hay una combinación de factores que explican el crecimiento de la extrema derecha en España. Entre ellos el Procés y la reacción del españolismo exacerbado ha sido muy importante. Pero también influyen las dinámicas de la revolución digital, de las redes sociales, de algoritmos que benefician la difusión de bulos xenófobos y racistas. Y, en última instancia, también se da por una percepción de peligro ante la posibilidad de opciones políticas democráticas que pusieran en cuestión el sistema que se instauró en su momento en la Transición. Yo creo que todo eso favoreció la aparición y el desarrollo de otras opciones políticas que compitieran en las redes sociales. Yo, que me he volcado bastante en el estudio de la corrupción en España, no creo que ese sea el único factor que explique el crecimiento de la extrema derecha en España.

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El periodista de The New Yorker pasó tres años investigando a los principales generadores de odio y teorías conspiranoicas de la extrema derecha estadounidense.

¿Cómo se puede transmitir que las políticas de mano dura no son las únicas posibles en un ámbito que, como has mencionado, es tan importante para el crecimiento de la extrema derecha como es el de las migraciones?
En realidad, la política migratoria de mano dura es puramente simbólica, oportunista y está encaminada a conseguir beneficios electorales. No aporta una solución real tampoco desde la perspectiva de la nueva extrema derecha, en su objetivo final declarado o idealizado, que es el de no mezclarse con gente que viene de fuera y el de una hipotética expulsión de todos los extranjeros. Vivimos en una sociedad multicultural: en España hay más de seis millones de extranjeros, la mayoría con residencia legal, y cerca de dos millones de españoles de origen extranjero que son igual de españoles con independencia del color de su piel, de su religión o de su cultura. Es absolutamente imposible deportar a millones de personas del país. El sueño húmedo que plantean los racistas —a veces veladamente, a veces de forma directa— es imposible. Y por eso esos discursos de mano dura son simbólicos, puntuales, con acciones a veces concretas, efectistas, pero nunca pueden ser una política real de gestión de los fenómenos migratorios. 

¿Cuál es la salida democrática?
La única gestión posible es la convivencia constructiva y la integración social de las diferencias. Ese es el único camino racional. Los conflictos raciales, culturales o religiosos son un problema histórico de la humanidad. Esto no lo inventó Hitler. Es muy anterior, y siempre ha sido un caldo de cultivo para el enfrentamiento, para sacar partido de choques culturales, religiosos o de tipo racial. Pero no solucionan los problemas.

¿Cómo han evolucionado los discursos de odio?
Históricamente esos discursos de confrontación se han basado en mentiras tóxicas. En la Edad Media ya había matanzas de judíos porque se les acusaba de envenenar las aguas para crear la peste. El nazismo inventó todo tipo de bulos y mentiras maliciosas. Ahora se sigue con todo tipo de mentiras, diciendo que todos los extranjeros comenten todos los delitos del país. Yo, que soy juez, te puedo asegurar que la mayoría de los acusados que he visto en todos mis juzgados eran españoles y muy españoles. El 98% de los extranjeros en España no comete ningún delito. Los delitos cometidos por extranjeros se cometen en el mismo porcentaje que el de los españoles que están en la misma situación social que los extranjeros, lo cual te demuestra que es la marginalidad y la exclusión lo que lleva a la criminalidad y no el color de la piel de las personas. En consecuencia, la gestión de la multiculturalidad es el debate de fondo. Lo otro son respuestas simbólicas. Podemos decir que hay que hacer más altas las vallas en Ceuta y Melilla, que hay que poner más concertinas, pero serán respuestas erróneas y puramente simbólicas que no van a resolver los conflictos culturales que solamente pueden superarse a través de medidas de integración.

¿Cómo salir de este momento en el que estamos de jaque a la democracia?
Las democracias más avanzadas siempre han sido aquellas que han tenido un estado social más desarrollado; y lo han conseguido a través de mecanismos de redistribución de la riqueza. A mí me gusta poner el ejemplo de Dinamarca. Dinamarca, hace un cuarto de siglo, antes de la ruptura de la revolución digital que trajo la eclosión de la nueva extrema derecha, era un país con un estado social avanzadísimo y, junto a otros países escandinavos, lideraba los niveles de acogida en materia de asilo, de refugio y de gestión ejemplar de las migraciones. A partir de la Gran Recesión y de los recortes en materia social, Dinamarca redujo sus prestaciones sociales. La consecuencia directa es que, primero, sus propios nacionales quedaron en peor situación. Y, en lugar de exigir más a su propio Estado, lo que hicieron algunos sectores fue embestir contra los extranjeros bajo el lema de “los daneses, primero”. Hasta entonces apenas existían esos discursos xenófobos. No solo han hecho crecer a la extrema derecha, sino que han llevado a que incluso la propia socialdemocracia en el gobierno, que creó hace décadas el Estado social, asumiera algunos de los patrones de los discursos xenófobos. Es decir, en lugar de reconducir al Estado social, se está haciendo todo lo contrario y esto efectivamente está haciendo crecer a la extrema derecha en los países escandinavos. Se ha recortado el Estado social, y hay menos Estado social para los daneses, pero también para los extranjeros, y al mismo tiempo hay medidas más restrictivas en materia de asilo, de refugio. Creo que ese ejemplo se puede trasladar a nuestro país. 

¿Cómo?
Si tenemos menos Estado social tendremos más Estado Penal, habrá más conflictos, más discursos xenófobos, habrá más desencanto con las fuerzas políticas y con la democracia. Por tanto, a mí me parece que es fundamental reforzar las instituciones de la democracia desde la perspectiva del Estado social. Y añado que eso no es una mera opinión personal. El artículo primero de nuestra Constitución dice que España es un Estado social.