Elecciones generales del 28 de abril
Nos están mandando callar, callar en las urnas

La preocupación ha crecido entre quienes sabemos lo que significa que dos años de funcionamiento de la subcomisión encargada de reformar la ley electoral haya tenido un resultado nulo. La propuesta de ley presentada por los grupos PSOE y Unidos Podemos ha caído en saco roto, una vez más, dejando al colectivo de españoles que residen en el exterior en grandes dificultades para ejercer, de facto, su derecho al voto, recogido en la Constitución Española. La avalancha de consultas auguran que habrá una grandísima frustración entre el colectivo migrante, dados los pésimos porcentajes de participación previsibles  a tenor de las desafortunadas fechas de la convocatoria de las elecciones generales, que abocan a la práctica imposibilidad de votar a menos que se tomen medidas drásticas por parte de la Junta Electoral Central.

Propuesta de ley por vía urgente, al traste

La propuesta de ley presentada el 8 de febrero fue acogida con una indescriptible alegría entre las personas que trabajamos en el Grupo de Voto de Marea Granate. Conteníamos el aliento, entre la incredulidad y el miedo a otro porrazo ante una propuesta que, a pesar de presentar aspectos mejorables, recogía gran cantidad de los aspectos señalados por Marea Granate en el informe remitido a la Subcomisión. La propuesta parecía un sueño, un ejercicio de voluntad política para recobrar, de forma responsable, seria y sólida el voto exterior, perdido tras la reforma de la LOREG en 2011.

No tardó en congelársenos la sonrisa ante la inmediata convocatoria de elecciones por parte del ejecutivo de Sánchez, puesto que arroja la propuesta a las cañerías y aboca, una vez más, a un abstencionismo forzoso a la migración. Las cosas son muy complicadas, pero, es inevitable pensar: si realmente había voluntad de aprobar la ley tal como estaba redactada en estos términos, ¿por qué no se hizo antes? ¿Era acaso, más que una propuesta de ley, una promesa electoral extremadamente creíble? 

La inmediata convocatoria de elecciones por parte del ejecutivo de Sánchez arroja la propuesta a las cañerías y aboca, una vez más, a un abstencionismo forzoso a la migración

Y si se quiere, la duda se extiende más adentro, porque en realidad podríamos preguntarnos cómo funciona la democracia de nuestros días: por un lado, no solo sorprende sino que escandaliza que una Subcomisión que ha estado funcionando alrededor de dos años no haya sido capaz de traer al mundo ni una sola modificación de la ley electoral con respecto a ninguno de los puntos a tratar. Por otro lado, la incapacidad política para recuperar la participación de la diáspora, dejando atrás el principio más recio de la democracia, el que lo legitima: la participación del pueblo en las elecciones. Si éste no es el principio básico en el que las fuerzas políticas de cualquier signo deberían estar de acuerdo sin reticencias, ¿no deberíamos acaso cambiar el nombre al sistema y llamarlo “urnocracia”?

Garantismo

El informe que Marea Granate envió a la Subcomisión fue el fruto de años de trabajo, tanto de intensa lectura como de experiencia, de un conocimiento exhaustivo de las diferentes casuísticas. En este trabajo, por supuesto, no se pasaba por alto la necesidad de un sistema garantista. Pero las reticencias de algunas formaciones resultan, cuanto menos, chocantes: por un lado, es irónico e incluso tragicómico, que la formación política que acumula más acusaciones sobre fraude electoral, (la última, sobre la financiación ilegal de la campaña de 2015), presente dudas sobre el potencial fraude en la identificación del elector, en una rigurosa verificación de identidad a través de documento de inscripción censal y fotocopia del pasaporte o DNI. Esta duda no es seria y eleva la sospecha de que, en realidad, otras cuestiones motivan la persistencia en bloquear lo que supondría un alivio, repetimos, garantista y un incremento de la participación electoral de la comunidad residente en el exterior.

La otra formación que presentaba dudas lo hacía sobre la solución propuesta para aligerar los plazos en la medida de lo posible: el envío de una papeleta en blanco, a rellenar con la candidatura elegida por el elector, una vez que se hubieran proclamado las candidaturas aceptadas por la Junta Electoral Central. La duda no sería banal, porque podría provocar, de no tomarse las precauciones necesarias, la nulidad del voto al haberlo emitido con anterioridad a la publicación de las listas definitivas, porque cabría esperar errores en la transcripción del nombre de la candidatura. Pero no hay que olvidar que este método no es ninguna novedad, ya que es utilizado hoy día para el electorado que reside de forma temporal en el extranjero, y porque la propia propuesta anticipaba esta potencial problemática anotando la prevalencia de la voluntad del elector sobre la corrección ortográfica.

Participación cercana al 0%: fechas y ruego solapado     

A menos que se tomen medidas drásticas desde la Junta Electoral Central, la participación exterior en las convocatorias de abril y mayo corre el peligro de ser prácticamente nula: Marea Granate ha recibido ya una avalancha inusual de consultas sobre el procedimiento de voto, pero este grandísimo interés por participar en los comicios puede verse frustrado hasta la práctica nulidad de la participación.

Marea Granate ha recibido una avalancha de consultas sobre el procedimiento de voto, pero este interés por participar en los comicios puede verse frustrado hasta la práctica nulidad de la participación

La dificultad del procedimiento es ya comúnmente conocida: entre los obstáculos habituales, se cuenta la exigüidad (o absoluta insuficiencia) de los plazos, que se dejan por el camino un gran número de votos.

En el caso de las elecciones del 28 de abril, el caso es tan sangrante que podría imposibilitar del todo la votación desde el extranjero: el envío de las papeletas y documentación electoral, en caso de producirse impugnaciones a las listas, algo muy habitual, deberían salir de España el 16 de abril, en plena Semana Santa. Esto provocaría que las papeletas no viajaran desde España hasta el 22 o 23 de abril, es decir, el último día que tienen los electores para remitir sus papeletas, de forma que sería materialmente imposible emitir el voto, puesto que las papeletas apenas habrían iniciado su viaje de ida. Marea Granate confía en que la Junta Electoral Central adopte una medida extraordinaria, y de verdadera eficacia, porque la solución habitual de prorrogar el plazo de voto en urna consular ha demostrado su profunda esterilidad, dado que los votos deben alcanzar el escrutinio general, tres días después.

En el caso de las elecciones del 26 de mayo, la traba multiplicada es la complicación del procedimiento, al solaparse los trámites que tienen que hacer quienes quieran ejercer su derecho al voto: es altamente probable que muchos no vayan a realizar el segundo ruego, entre el 3 y el 27 de abril, bien sea por olvido o bien porque, dado que rogar el voto supone un esfuerzo considerable, comprobar que este no ha servido para nada, al no haber recibido la documentación electoral para la convocatoria de abril, esto supondrá un factor de desmotivación altísimo para las segundas elecciones.

Nos están mandando callar, callar en las urnas

A la desilusión máxima producida por el arrollamiento que ha sufrido la oportunidad de modificar una ley electoral desastrosa, Marea Granate suma una profunda preocupación ante la escabechina que se avecina. No nos rendimos, eso lo sabe quien ha seguido la trayectoria de este colectivo: Continuaremos luchando porque si hay algo que se nos da fatal es callar.