Elecciones autonómicas
Fiesta de disfraces una semana antes de las elecciones en Castilla y León

Fiesta de disfraces: se llevan las prendas de color pardo, la pana, las chaquetas de marca Barbour y las boinas. Desfilan las figuras más conocidas de Vox y del Partido Popular. En la campaña, la expresión de lo rural parece la cacería de La escopeta nacional (Luis García Berlanga, 1978). Hay algo que no encaja completamente, pero las encuestas publicadas, de momento, están dando el aval a la que parece la fórmula que se establecerá en Castilla y León a partir del 13 de febrero. El relato más extendido de lo que va a pasar es este: Alfonso Fernández Mañueco será el candidato más votado —en 2019 ganó el PSOE— con una mayoría holgada, aunque no absoluta. Podrá gobernar gracias al lanzamiento de Vox en la comunidad autónoma. El partido de Santiago Abascal aspira a absorber el grueso de los procuradores de Ciudadanos, que perderá sus once escaños en la Junta y se seguirá desintegrando.

Hasta aquí el telegrama de lo que con más seguridad pasará el 13 de febrero. La pregunta es si puede pasar otra cosa distinta a lo que está previsto. La respuesta, para el PP, pasa por la participación. Los cálculos del equipo de Mañueco y del de Pablo Casado antes de la campaña eran que una participación por encima del 64% del electorado —en 2019 fue del 70%— puede permitirles llegar a la mayoría absoluta. La realidad es que se trata de las primeras elecciones autonómicas que se celebran aisladas de las municipales, lo que normalmente reducirá la afluencia a los colegios electorales. El descenso de la participación tendería a perjudicar al PP, que basa su fortaleza en el territorio en la multitud de alcaldías y en una base militante —hay quien diría clientelar— en cada pueblo, conseguida en 35 años de gobierno en la comunidad.

Clave uno. Blindaje.

El 20 de diciembre, unas horas después de que el BOE recogiese la disolución de las cortes y la convocatoria de elecciones, Juan Peña, politólogo y miembro de la colegiada de Izquierda Unida en Castilla y León, escribía en su blog una serie de reflexiones sobre los riesgos que tiene para Mañueco la cita de febrero. Unas semanas después, Peña sigue resaltando lo impredecible de una campaña que no está teniendo excesivo seguimiento mediático y que puede depender de factores tan volubles como el momento de la emergencia sanitaria o el clima que haga el día de las elecciones. Eso puede perjudicar las aspiraciones del PP, que basa su fuerza en el voto más envejecido, y favorecer a los ultras, que pese a los clichés, pescan sus votos en periferias urbanas —la “Castilla y León de las piscinas”— y en la franja de edad de 30 a 45 años.

El escritor y militante Abel Aparicio es de los que piensan que Mañueco puede haberse pasado de frenada con la convocatoria de elecciones. “Se la ha jugado”, sentencia en conversación telefónica con El Salto. Para Aparicio, la campaña no aborda los problemas propios del territorio y se entiende mejor en clave madrileña. En una de sus últimas comparecencias, Mañueco ha acusado a los socialistas de ser los causantes de “la España vaciada”, un síntoma más de desconexión con la realidad, ya que su partido dirige la comunidad desde 1987, fecha de la llegada de José María Aznar al Colegio de la Asunción y, desde ese momento, ha perdido casi 200.000 habitantes, algo menos del 10% de su población.

Fernández Mañueco y el PP de Castilla y León pueden asegurarse llegar hasta 2026 en el poder, independientemente del devenir de las causas judiciales en las que estás implicados

Junto a la disputa en clave nacional —o en clave madrileña— de estas elecciones, Abel Aparicio interpreta la convocatoria como un modo del actual presidente de la Junta de adelantarse a las investigaciones judiciales por la presunta financiación ilegal de la campaña de primarias en la que Fernández Mañueco superó al candidato oficialista, Antonio Silván, en 2017. El caso, que instruye el Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca, estuvo agitado por el envío de un escrito anónimo —supuestamente por miembros del equipo del candidato— implicando a Fernández Mañueco en el esquema de financiación ilegal del partido. A finales de enero, sin embargo, el juez dictaminó que el escrito no tiene valor probatorio para la causa. Un respiro que no cierra el caso ni acaba con la percepción de que el adelanto electoral pretendía anticiparse a una serie de procesos judiciales que se completan con el caso de la Perla Negra, ligado a otro proceso, la Trama Eólica, que afecta a altos cargos de la administración autonómica anterior en posibles delitos de cohecho y prevaricación, entre otros, y con las sombras en torno a la gestión del hospital de Burgos.

A diferencia de la Comunidad de Madrid, donde la convocatoria de elecciones en mayo de 2021 no abre un nuevo periodo de cuatro años, en Castilla y León, la legislatura echará a andar tras los comicios del 13 de febrero. De esta manera, Fernández Mañueco y el PP de Castilla y León pueden asegurarse llegar hasta 2026 en el poder, independientemente del devenir de esas causas judiciales. Un motivo que explica, según las personas consultadas por este medio, la convocatoria anticipada.

El segundo factor de blindaje está relacionado con las dinámicas de la derecha, explícitas desde la repetición electoral de 2019. Vox ha llenado el espacio que un día ocupó Ciudadanos. Las encuestas coinciden en que el partido dirigido en el territorio por Francisco Igea desaparecerá del mapa el 13 de febrero o quedará reducido a la mínima expresión, con la opción de obtener un solo procurador por Valladolid. 

El profesor de Filosofía y exdiputado autonómico bajo las siglas de Izquierda Unida José Sarrión cree que la convocatoria obedece a la incomodidad manifiesta del PP ante la fórmula de Gobierno de coalición que tuvo que aceptar tras los pésimos resultados de 2019. El objetivo de “quitar a Ciudadanos de en medio”, señala Sarrión, encaja en los planes del PP de que las elecciones sean una versión en miniatura del devenir de la política en clave estatal. Mañueco ha estirado ese chicle tomando la polémica de las macrogranjas como leit motiv de su campaña, una prueba más, para Sarrión, de que es “una pieza de Génova, encuadrado claramente en el ordeno y mando de su dirección nacional”.

El 10 de enero, al límite del plazo, se confirmaba que la marca España Vaciada aparecerá en las papeletas de cinco de las nueve provincias de la comunidad

El partido ultra, que presenta a Juan García-Gallardo como cabeza de lista, aspira a que la no coincidencia con las municipales lleve a votantes del PP, que tienden a votar en un pack al partido que gobierna su alcaldía, a apoyar una opción sin implantación en el territorio, teledirigido desde Madrid, pero con claro signo ascendente como es Vox.  

“La brecha fundamental es la generacional”, advierte Juan Peña, que reconoce que hay cierto voto rural que se ve referenciado en Vox, pero que en los ámbitos municipales tienen muy poca fuerza. Para este analista, lo que puede pasar es que un sector de derechas vea claro que el PP va a gobernar y se den ‘el gusto’ de votar en clave extremista.

Sarrión coincide en leer el medio rural como un entorno conservador pero no de extrema derecha. “Esos discursos tan encendidos sobre la caza, los toros, son más bien intentos simbólicos de dirigirse no ya al medio rural sino a una parte del electorado urbano que tiene una concepción muy determinada en su imaginación de lo que es el campo”. 

Clave 2. La España Vaciada

Barbour, purito faria, tirantes y pinta de mamarracho de capea. La caricatura conecta con uno de los puntos de inflexión que vive el territorio. La pugna entre el modelo neoliberal —escenificado en las macrogranjas pero también en la privatización de servicios públicos que ejemplifica el hospital de Burgos— y un modelo que incremente las posibilidades de un territorio envejecido y sin una locomotora económica clara. 

En este periodo ha cobrado fuerza el movimiento de la España Vaciada, que es el paraguas electoral de una serie de candidaturas provinciales que modificará la composición de las próximas cortes y, eventualmente, puede alterar la mayoría “a la madrileña” que pretende alcanzar Fernández Mañueco, es decir, a imagen y semejanza de los resultados de Isabel Díaz Ayuso en mayo de 2021: con un grupo amplio y el apoyo puntual —sin entrada en las consejerías— de los procuradores de Vox.

El 10 de enero, al límite del plazo, se confirmaba que la marca España Vaciada aparecerá en las papeletas de cinco de las nueve provincias de la comunidad. Cristina Blanco será la cabeza de lista de España Vaciada en Valladolid, la última provincia en sumarse a una ola que ya se había plasmado en Soria, Burgos, Palencia y Salamanca. El hecho de que Blanco venga de Ciudadanos —fue concejal en Medina del Campo— y que la lista esté plagada de excargos del partido naranja ha generado cierta polémica y ha sido interpretado como la prueba de que el odre de la España Vaciada puede ser un contenedor de personas rebotadas de otras opciones políticas. 

UPL introduce otro factor, menos conocido en el conjunto de España, que es la demanda de una consulta sobre un futuro Estatuto de Autonomía que pueda dar lugar a la escisión leonesa del antiguo reino de Castilla

Entre las salvedades, destacan las fuentes consultadas para este reportaje, está la candidatura de Soria —Ángel Ceña será el candidato de ¡Soria Ya! el 13 de febrero—, que parte de una plataforma social veterana, la más parecida a Teruel Existe de todos, reseña Juan Peña, que recuerda que dicha plataforma lleva funcionando veinte años y opera en condiciones muy determinadas: “Soria es un sitio donde la capital de provincia no tiene ni cuatro trenes al día, ahí sí hay una identidad importante y el proyecto puede conseguir un voto bastante transversal”. Otra de las personas consultadas pondera asimismo que “no es un producto de una negociación de 24 horas”. 

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Si antes era el momento de quienes representaban a los indignados, ahora surge el de los que dan voz a quienes quedaron condenados a la despoblación. El éxito asegurado del partido soriano en las elecciones de Castilla y León será el epílogo de lo que puede venir con España Vaciada en las próximas generales. Amplitud de pactos y ambigua posición frente a Vox.

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José Sarrión introduce el tema de la España Vaciada en la discusión sobre el proyecto de desarrollo para la comunidad, un “proyecto triple”, en sus palabras, consistente en ser la despensa de las grandes urbes —mediante el modelo macrogranja—, un destino para la gestión de residuos, merced al abandono de grandes extensiones de terreno, y a la minería extractiva, no ya de carbón, sino de tierras raras, litio o feldespato. La apuesta de Fernández Mañueco por ese modelo puede abrir el campo de juego a las candidaturas “vaciadas”, que ocuparían un espacio de proteccionismo de la economía y el entorno que el PP actual está dejando desguarnecido. 

“Desde el siglo XIX, Castilla y León siempre tuvo un papel secundario en la construcción económica de España —desarrolla Sarrión—. Las pequeñas islas de industria que tiene —Valladolid, Venta de Baños, y el eje burgalés— están relacionadas con el paso del ferrocarril desde Madrid y hoy, lo que queda, no impide la pérdida de población que no es solo del campo, no lo olvidemos, sino que se da también en las ciudades”. Para este profesor, sin embargo, el discurso de las candidaturas de la España Vaciada adolece de una mirada en clave de sistema: “Te pongo un ejemplo, ¡Soria Ya! no ha dicho una palabra en contra de la macrogranja de Noviercas”, posiblemente, indica, por la promesa de empleo asociada a esa explotación. “Los efectos locales suelen tener siempre una raíz sistémica y eso es lo que estos partidos no están haciendo ni van a hacer, entre otras cosas porque muchos de ellos asumen la ideología del sistema”, critica este profesor.

Clave 3. Lo que la izquierda puede esperar

Al margen de la mirada sistémica, lo que sostiene y avala el trabajo de esas candidaturas es la cercanía con la que apelan a una población en búsqueda de conquistas que pueden parecer modestas: mejores conexiones de transporte, que no cierre el consultorio o la sucursal bancaria de proximidad y que la política estatal no arrase con las demandas de cercanía. Junto a las emergentes candidaturas de la España Vaciada, se espera la presencia en las próximas cortes de otro proyecto veterano, la Unión del Pueblo Leonés, que de manera intermitente ha estado en la política institucional desde los años 80. UPL introduce otro factor, menos conocido en el conjunto de España, que es la demanda de una consulta sobre un futuro Estatuto de Autonomía que pueda dar lugar a la escisión leonesa del antiguo reino de Castilla. Un escenario que parece más propicio con un PSOE en la Junta que con el Partido Popular, que se ha negado históricamente a contemplar esa posibilidad.

Esa diferencia entre las dos almas de la Comunidad —la castellana y la leonesa— es también importante a la hora de analizar el estado en el que llega Unidas Podemos a las elecciones del 13 de febrero. Pablo Fernández, secretario general de Podemos en la comunidad, obtuvo en 2019 su escaño por León. En estas elecciones, sin embargo, se presenta por Valladolid, provincia donde parece que UP podrá obtener con más seguridad representación. Ese cambio de circunscripción ha generado ruido en lo que a priori parecía la mejor noticia para el espacio político: la confluencia de Izquierda Unida y de Podemos en un territorio en el que se presentaron por separado en 2019. Hace tres años, el desencuentro tuvo un coste evidente, con la pérdida de todas las opciones en Valladolid pese a que el espacio sumó más de 25.000 votos, suficientes para haber representación en las cortes.

Con esta fusión fría, los dos proyectos, que han aprendido a caminar juntos en Madrid pero que tienen rasgos distintos en Castilla y León, pretenden asegurar la presencia parlamentaria. Desde el espacio político de UP se echan números para obtener tres escaños y un 5% en el conjunto del territorio, lo que aseguraría formar grupo en las cortes. Lo segundo, superar el 5% del voto, parece más sencillo que lo primero, merced al sistema electoral, que favorece a las fuerzas más votadas respecto a las opciones minoritarias. El escenario para Unidas Podemos dista mucho del paisaje que se veía en 2015, cuando, por separado, se superaron los 200.000 votos y se alcanzó al 16% del electorado.

Las fuentes consultadas extreman la cautela a la hora de hablar de las condiciones de la confluencia. La decisión de ir en conjunto ha generado algunas fricciones en las direcciones de las organizaciones pero el problema parece ser más bien la falta de un proceso o un entusiasmo “por abajo” que supla la falta de sex appeal de la marca Izquierda Unida entre los nuevos votantes y la debilidad en los territorios —la falta de bases— de Podemos, factores que lastraron en el pasado a unos y otros. Aún así, las encuestas están siendo propicias, y es factible que UP consiga representación en Valladolid, León y Burgos y menos posible que se recuperen los procuradores que se obtuvieron en 2015 en las provincias de Segovia y Palencia.

En cualquier caso, la posibilidad de que se produzca un cambio de tendencia en el territorio pasa porque el PSOE no pierda los apoyos que obtuvo en 2019, que Unidas Podemos optimice al máximo sus posibilidades, que los votos de Ciudadanos resten al resto de la derecha y que la España Vaciada sea un factor disruptor en una comunidad tradicionalmente propicia al bipartidismo y muy en especial al Partido Popular. Conseguir que las elecciones aborden las problemáticas del territorio y no sean una fiesta de disfraces dirigida a un público acostumbrado al relato político dirigido desde Madrid puede ser la clave oculta con la que Fernández Mañueco no contaba cuando se lanzó a por una mayoría absoluta que, a siete días de los comicios, no le garantiza ningún sondeo.