Derecho a la vivienda
El privilegio de una vivienda digna

Entre tanta promesa electoralista y destinada a paliar la situación de crisis económica causada por el covid-19, como ayudas o limitación de los precios del alquiler,  el ingreso mínimo vital o la construcción de viviendas sociales, el problema de la vivienda sigue afectando a muchas personas, la mayoría en situación de vulnerabilidad.

Según el artículo 47 de la Constitución Española, “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, correspondiendo a los poderes públicos establecer las normas necesarias para hacer efectivo este derecho y evitar la especulación, algo que está muy lejos de la realidad.

Este derecho no sólo es reconocido por nuestra Constitución, sino también a nivel internacional. Así, a modo de ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25.1 establece que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado” que le garantice, entre otras cosas, como salud, alimentación o vestido, una vivienda. En el mismo sentido se pronuncia el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11, indicando que los Estados son quienes deberán adoptar las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho.

No obstante, las medidas tomadas por la Administración para garantizar el derecho a una vivienda digna son insuficientes o inmediatas, sin que supongan una solución real a este problema estructural, lo que supone que en la actualidad sigamos encontrándonos en una situación de emergencia habitacional, más agravada aún tras la crisis del covid-19.

Así, en España, ha habido más de un millón de desahucios ejecutados entre 2008 y 2020 mientras hay 3,5 millones de viviendas vacías. En concreto, en Sevilla, en las últimas tres semanas, se han producido varios desahucios, muchos de ellos promovidos por CaixaBank, y dirigidos contra personas en situación de vulnerabilidad y riesgo social. Así, algunas de estas personas desahuciadas han sido un mujer víctima de violencia de género y su hermana con una discapacidad del 69%, una pareja de jóvenes con un hijo de 1 año, y una mujer de más de 60 años con una discapacidad del 72%, habiendo sido echados a la calle sin una alternativa habitacional a largo plazo.

Mientras tanto, España es uno de los países que menos invierte en viviendas de protección oficial a nivel europeo. Según los datos publicados en el Boletín Especial de Vivienda Social del año 2020, España tiene menos de 1 vivienda social por cada 100 habitantes, frente a las 4 de la Unión Europea.

Esta falta de respuestas ante el problema habitacional provoca que el número de personas sin hogar no deje de aumentar, sin que tampoco reciban la asistencia necesaria una vez se encuentran en la calle. Así, en la actualidad, se calcula que hay unas 1.000 personas sin hogar en Sevilla, mientras que sólo hay unas 350 plazas disponibles en albergues.

No obstante, estos albergues están gestionados por empresas privadas subvencionadas por el Ayuntamiento, como “Grupo 5”, y suelen tener normas muy estrictas a las que las personas sin hogar deben someterse si quieren tener acceso a ellos, sin tener en cuenta sus necesidades concretas. Esto es: horarios estrictos de entrada y salida, prohibición de las parejas a dormir juntas, no llevar mascotas, o no poder dejar en ellos el carro con el que recogen chatarra, siendo éste a veces su único medio de vida. Además, por la falta de camas, el tiempo máximo para estar en estos albergues, salvo casos excepcionales, es de una semana al mes, debiendo la persona en cuestión buscarse otra alternativa para las próximas tres semanas, lo que supone que vuelvan de nuevo a la calle.

Debemos destacar que, a veces, parece que más que medidas por parte de la Administración para solucionar de raíz esta problemática, tratan de ocultarla con el fin de que la imagen nuestro país o de la ciudad en cuestión no se vea perjudicada, y siga siendo el principal destino de turistas e inversores. Una de estas estrategias es a través de lo conocido como “arquitectura hostil”.

Un ejemplo de esta arquitectura puede verse en muchas ciudades de España, entre ellas ciertas zonas de Sevilla, donde  los bancos donde suelen dormir, o simplemente estar durante el día personas sin hogar, desaparecen, les colocan reposabrazos a lo largo del mismo o los sustituyen por bancos de un solo asiento, para que así las personas sin hogar no puedan dormir en estos lugares públicos. Lo que no se ve, no existe.

No obstante, este tipo de arquitectura no es el único obstáculo con el que se encuentran las personas sin hogar a la hora de dormir en la calle, sino que también tienen que enfrentarse a que sus pertenencias, y lo único que tienen, como mantas o sacos para dormir sean destrozadas o tiradas por la empresa de limpieza y recogida de residuos del Ayuntamiento. 

Estas y otras reivindicaciones son proclamadas por la Asociación de Drogodependencia y Exclusión social del Barrio de Triana en el siguiente manifiesto.

Esta ayuda superficial, que no trata de resolver el problema de raíz ni de dar una alternativa habitacional real, va ligada a la mercantilización de la vivienda, su concepción como un recurso económico con el que lucrarse y no como un bien que cumple o debiera cumplir una función social y cubrir una necesidad básica. De esta forma, el mercado de la vivienda se rige como cualquier otro bien de consumo por las reglas de la oferta y la demanda.

Del mismo modo, como otra forma de negocio con este bien básico hemos podido apreciar el aumento de viviendas para turistas (Airbnb) a precios desorbitados, lo que igualmente afecta a este mercado de la vivienda.

Todo ello favorece la especulación y  dificulta el acceso a techo, pues da lugar a precios excesivos, tanto para el alquiler como para la adquisición de una vivienda, convirtiéndose, en muchos casos, en un lujo que no todos pueden permitirse.

Ante esta situación y tras años viendo como el problema de la vivienda sigue quedando en segundo plano, en Sevilla hay varios colectivos y proyectos que denuncian esta realidad, y luchan por el derecho a una vivienda digna, entre ellos podemos mencionar algunos como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Oficina de Derechos Sociales (ODS), Colectivo-Asamblea Contra la Turistización de Sevilla (CACTUS), las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), etc.

Entre uno de ellos, se encuentra el colectivo La Carpa, cuyo fin desde años es colocar en distintas partes de la ciudad varias carpas a modo de albergue (con aseos, camas, zonas de estar...) pero atendiendo a las necesidades reales de cada persona y sin las restrictivas normas de los que actualmente existen, como permitiendo la entrada de animales o que pudieran guardar sus pertenencias en algún espacio. No obstante, a pesar de que no piden financiación, sino simplemente el terreno donde poder colocar estas carpas, el Ayuntamiento sigue negándolo e impidiendo que pueda realizarse este proyecto.

Además de ello se dedican a repartir ropa, comida, colchones, mantas o productos de higiene a los temporeros de la costa de Huelva o a las personas sin hogar en Sevilla.

Como una alternativa más a esta emergencia habitacional, en febrero de 2018 un grupo de personas, muchas de ellas sin hogar, decidieron ocupar un edificio de una inmobiliaria que creían vacío con fines especulativos para tratar de dar un techo a las personas que vivían en la calle y que no podían acceder a los albergues.

Estas personas fueron desalojadas al día siguiente por policías vestidos de paisanos y que no se identificaron a pesar de los requerimientos de los ocupantes del edificio, acabando con personas identificadas y 6 de ellas mandadas a prisión preventiva, donde estarían 56 días tras pagar una fianza de 500€ (recordemos que algunas de las detenidas eran personas sin recursos y sin hogar).

Ahora les piden entre 3 y más de 5 años de cárcel, multas elevadas y una fianza de 21.000€, ya que les acusan de haber producido daños en la vivienda y agredir a algunos policías. Según afirman los afectados, ninguna de estas acusaciones es cierta, considerando que puede deberse a los intereses en conflicto que tienen en el caso algunos de los policías que realizaron el desalojo, ya que alguno de estos agentes era propietario de pisos en este edificio aunque aún estaba deshabitado, algo que ninguno de los ocupantes conocía y que, según manifiestan, de haber sabido que había particulares propietarios no se hubiera producido la ocupación.

Por lo tanto, nos encontramos ante medidas públicas insuficientes, destinadas a paliar la situación, pero que no erradican el problema, falta de apoyo a proyectos sociales y fuerte represión para los que tratan de buscar una alternativa digna que haga efectivo este derecho humano básico.

Sin embargo, nada de esto desanima ni es motivo suficiente para dejar a un lado esta lucha. Porque tus posibilidades económicas, no deben determinar los derechos a los que tienes acceso ni en qué medida. Por una vivienda digna y adecuada para todos.