Educación pública
Seguridad anti-covid en las aulas andaluzas: ¿habrá clases presenciales?

Después de varios meses de confinamiento, el curso pasado terminó con las aulas vacías debido a la pandemia del coronavirus. Con la necesidad de reanudar las clases presenciales aún con rebrotes de Covid-19 por todo el país, surgen cuestiones sobre la organización de las aulas para afrontar no solo una ‘vuelta al cole’ segura.

A medida que las fechas de incorporación a los centros escolares se aproxima: el 10 de septiembre para Primaria y Educación Especial; y el 15 para Secundaria, FP, Escuelas Oficiales de Idiomas, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente, las protestas de la comunidad educativa se suceden. Madres, padres y el personal docente defienden la educación presencial, pero temen su mantenimiento en las aulas porque consideran que la administración educativa andaluza no ha proporcionado medidas que garanticen la seguridad en las aulas ante el coronavirus.

La Junta de Andalucía terminó reclamando la intervención del Gobierno central para coordinar el inicio del curso

Durante este mes de agosto se han sucedido las denuncias sobre la pasividad de la Consejería de Educación y la Junta de Andalucía en marcar directrices claras sobre cómo afrontar este curso escolar. La Junta terminó reclamando la intervención del Gobierno central para coordinar el inicio del curso y este jueves 27 de agosto participará, junto al resto de comunidades autónomas, en la Conferencia Sectorial convocada por los ministerios de Sanidad y Educación para tratar ‘la vuelta al cole’. Se trata de una reunión clave que se celebra dos semanas antes de las fechas de inicio del curso. Esta semana, CGT Enseñanza Andalucía denunció a la Consejería de Andalucía ante la Inspección de Trabajo e hizo un llamamiento a toda la comunidad educativa de la escuela pública para secundar una jornada de huelga el 18 de septiembre contra la situación educativa por el COVID 19 y señala que estudian ampliarla a otras fechas.

Nacho Contel, uno de los denunciantes y secretario de Acción Sindical de la Federación Andaluza de Enseñanza de CGT, explica en declaraciones a El Salto Andalucía que el planteamiento del nuevo curso realizado por la Junta de Andalucía, está plagado de afirmaciones imposibles, como la separación segura ‘anti covid’ de dos metros de distancia entre individuos, protocolos de higienización para cada alumno y material de protección para docentes y trabajadores de los centros de enseñanza reglamentaria.

Contel explica el contenido de la iniciativa: “Denunciamos la dejación de la Consejería de Educación y la falta de reacción de la Junta de Andalucía en cuanto a la salud laboral del personal laboral educativo. Con las condiciones que hay, no se pueden garantizar las medidas de seguridad si no hay una mayor inversión y una mayor dotación de recursos por parte de la consejería. En tema de ratios de alumnado, las aulas ya estaban a un tercio más de la capacidad que corresponde. Cuando hay un problema de saturación y se da una situación de emergencia, como la crisis sanitaria que estamos atravesando, no se pueden activar los mecanismos necesarios para afrontarla. Es parecido a lo que ha pasado con la sanidad pública, años de recortes han provocado que no estemos preparados para una pandemia como la que estamos viviendo. Sin medios, no tenemos capacidad de reacción, cuando llega una situación compleja chocamos contra la realidad y no puedes reaccionar, pero lo peor es que no hay voluntad de reacción por parte de la administración andaluza”.

Clases sí, Covid no

Otra de las denuncias de la CGT ante la inspección de trabajo es que la Consejería de Salud no está tomando en cuenta las últimas evidencias científicas del coronavirus porque “la Junta de Andalucía hizo las previsiones cuando la pandemia estaba controlada”. Según Contel, “el concepto de la consejería de ‘clase burbuja’, la clase que no se va a mezclar, que no va a interaccionar con nadie, no va a ser posible, entre otras cuestiones porque la ratio de 15 alumnos por grupo para controlar posibles brotes se ha ampliado a 25, 30 y 35 alumnos según los niveles educativos”. Además, “en los grupos de infantil y primaria entran profesores que interactúan con otros grupos: música, dibujo, gimnasia”, comenta Nacho, que añade que en secundaria por cada grupo pueden pasar al menos 10 profesores, cada uno de los cuales da clase hasta a 10-12 grupos.

Nacho Contel (CGT): “Nos preguntamos qué pasará cuando vuelvan los dos millones de personas implicadas en la enseñanza pública andaluza”

Contel relata que los últimos estudios de incidencia y prevalencia del virus han mostrado que, aunque pocos niños desarrollan una variante grave de la enfermedad, los estudios serológicos que se han hecho hasta la fecha confirman que se infectan en la misma proporción que los adultos y que, a partir de los 10 años, contagian a otras personas exactamente igual que los grupos de mayor edad. Así que padecen la enfermedad y la transmiten pero no la desarrollan, son asintomáticos, y en este caso la enfermedad es imposible de detectar, “de estos vamos a tener prácticamente en todas las aulas. Con los asintomáticos vamos a ciegas. Soy profesor de música y por mi aula pasan cuatro grupos al día, entre 100 y 150 personas, en espacios cerrados y sin medidas ni equipos de seguridad. Nosotros queremos trabajar y sabemos que podríamos contraer el covid en cualquier otro lugar pero con estas condiciones es muy probable que lo vayamos a contraer. Tenemos todos los números de la lotería”. Y lo dice porque lo han comprobado con las escasas aulas estivales: “este verano, cuando había una milésima parte del alumnado, se han producido brotes de coronavirus. Nos preguntamos qué pasará cuando vuelvan los dos millones de personas implicadas en la enseñanza pública andaluza: un millón ochocientos mil alumnos, más ciento y pico mil profesores, más personal de limpieza, conserjes, ... Estamos hablando de una cuarta parte de la población en Andalucía. Sí todo esto explota, va a ser como una bomba. Esta es la situación actual, de acumulación de dejadez de funciones de la Consejería de Educación andaluza, que ha provocado que el presidente de la Junta de Andalucía pida la intervención al Gobierno central porque la situación va a estallar”.

Profesorado con perfiles de riesgo

En Sevilla, el Área de Vigilancia de la Salud denegó a más de mil docentes la adaptación de su puesto de trabajo por pertenecer a grupos de riesgo ante el coronavirus. Lo mismo ha ocurrido y sigue ocurriendo en el resto de provincias. Según CGT Enseñanza, al 90% del profesorado que lo ha solicitado se le ha denegado. “Esta gente no se va a incorporar jugándose la vida, va a ir a un médico para que le de la baja como sea. Pero incluso si la consiguen seguirán en vilo porque tendrán que esperar a que las bajas firmadas por sus médicos sean autorizadas por las Inspecciones Médicas de las Delegaciones Territoriales de Educación. En cuanto empiecen las clases, en cuanto empiece el curso, esto va a ser un completo desastre. Nosotros creíamos que el confinamiento se podría producir a finales de octubre o noviembre, ahora creemos que hay una gran probabilidad de que nos vayamos a casa a final de septiembre, y no queremos, creemos que las clases presenciales son necesarias para todos”.

María Gutiérrez es profesora y trabaja en un instituto de secundaria en Málaga. En el Área de Vigilancia de la Salud del Centro de Prevención de Riesgos Laborales , le reconocieron como perteneciente a un grupo de riesgo pero le enviaron una carta comunicándole que tendrá que volver a trabajar con “normalidad”. La carta dice: "No procede la adaptación de su puesto de trabajo. No obstante, todos los puestos de trabajo deben respetar las recomendaciones y medidas actualizadas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias con el objetivo general de evitar los contagios. Las medidas organizativas dependen directamente de la organización de cada centro”. Es decir, comenta María, “que si yo me contagio de COVID y acabo con secuelas o muero, la culpa será del equipo directivo del instituto que no ha establecido las medidas adecuadas para evitar contagios”.

María Gutiérrez (profesora de ESO): “a quienes somos personal de riesgo nos dicen que no nos conceden las adaptaciones y que deberemos ir a trabajar como el resto de docentes, sin medidas excepcionales”

María tiene asma y aunque cree tenerla controlada, asegura que “cada vez que cojo cualquier gripe o catarro, desarrollo crisis graves o severas con las que me ahogo y por las que he llegado a necesitar tratamiento incluso durante un año. Mis pulmones no aguantarían la Covid. Los tratamientos para salvarme la vida me dejarían gravísimas secuelas en los pulmones de por vida”. Gutiérrez explica que todas las evidencias científicas dejan muy claro que los centros educativos van a suponer una exposición de riesgo para quienes trabajan en ellos.

El protocolo del Ministerio de Educación asegura que van a ser espacios de riesgo bajísimo y que el propio ministerio no ha modificado nada, a pesar de haberse demostrado que los asintomáticos y presintomáticos contagian, que adolescentes y niños pueden ser incluso más contagiosos que los adultos hospitalizados y que el virus se transmite por aerosoles, “por eso, a quienes somos personal de riesgo —mujeres embarazadas, personas con patologías respiratorias, hepáticas, renales, cardiovasculares, con diabetes, inmunodeficiencia, cáncer en tratamiento, y a las mayores de 60 años— nos dicen que no nos conceden las adaptaciones y que deberemos ir a trabajar como el resto de docentes, sin medidas excepcionales. Las mascarillas no son EPIs. Las EPIs incluirían mascarillas FPP2 como mínimo, traje, gafas, guantes. ¿Nos los van a proporcionar en los centros? si los celadores los están pidiendo y no se los dan”.

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Ocho historias sobre la planificación del inicio de curso en los centros de primaria y secundaria del País Valencià. Líderes educativos se han visto obligados a desplazar los aspectos pedagógicos para centrarse en las medidas sanitarias que contengan los rebrotes de covid-19.

Confiesa esta profesora de Málaga que tiene mucho miedo, porque tendrá que dar clase a entre 150 y 180 adolescentes que no aguantarán las más de 6 horas que pasarán en el instituto con las mascarillas bien puestas, en aulas abarrotadas y mal ventiladas, muchas en semisótanos. Cree que en secundaria habría otras soluciones, como una enseñanza semipresencial, e incluso a ciertas edades completamente telemática. Considera que los institutos no son los únicos espacios de socialización para los alumnos de esas edades, defiende que los espacios al aire libre serán mucho más seguros para ellos que institutos abarrotados y en los que el nerviosismo y estrés se disparará por el miedo al contagio, “los docentes de grupo de riesgo queremos trabajar, pero no vivir en pánico constante por nuestra salud. Seremos como los canarios que llevaban los mineros para detectar gases tóxicos”.

Cuando la educación presencial lo es todo

Raquel es madre de Martín. Para ella y su familia el hecho de que Martín asista presencialmente a sus clases es fundamental porque su educación no es sólo académica sino vital; sufre una enfermedad rara, un síndrome genético con muchos síntomas similares al autismo y asiste desde los cinco años a clases de educación especial en un aula dentro de una escuela ordinaria. Este año comenzará una nueva modalidad en un colegio específico de educación especial.

Raquel (madre de alumno con necesidades especiales): “Durante el confinamiento no solo no progresó o se mantuvo, sino que sufrió un gran retroceso en su estado”

Raquel, que ha sido delegada del aula TEA en la escuela de Granada donde aprendía Martín, nos explica que él necesita mantener una estructura temporal y espacial y que su familia, con otra hermana de 10 años en casa, no puede mantenerla tal y como se produce en las aulas de educación especial. “Durante el confinamiento no solo no progresó o se mantuvo, sino que sufrió un gran retroceso en su estado”. Su madre no lo atribuye únicamente a la pérdida de rutinas y organización. Aunque la familia tiene formación sobre las necesidades especiales de Martín, no lo tiene en lengua de signos y otras especificidades del profesorado de educación especial, y además, tienen que atender el resto de necesidades familiares. Durante el confinamiento, Martín sufrió trastornos de sueño, aumentó su hiperactividad y perdió calidad de vida: “de repente había perdido todos sus referentes terapéuticos, lo que tanto le había costado adquirir lo perdió en unos meses, y su estado influenció el de todo el hogar, el de todos nosotros y nuestras vidas”.

Para la familia, el hecho de que Martín asista a clase es de suma importancia y no se pueden imaginar volver a lo que han pasado durante estos meses. Afirman que en las clases de educación especial se cumplen las ratios y hay suficiente espacio, sin embargo el reto es otro: “es complicado el uso de mascarillas para este tipo de niños. Martín toca todo y se lleva todo a la boca, no solo atiende al lenguaje oral, también al corporal, al movimiento de labios; con mascarilla no entiende, no se comunica de la misma manera”.

Las AMPAS andaluzas proponen una bateria de medidas para afrontar el curso escolar postcovid

Alfonso Torres

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Reducir la ratio, contratar más personal, crear los puestos de enfermería escolar y educación social, aumentar el presupuesto de los centros o restar importancia al libro de texto. Son algunas de la medidas propuestas por CODAPA, la mayor confederación de AMPAS de Andalucía, para afrontar en la autonomía el próximo curso escolar, el primera de la era postcovid. 

Otro asunto de importancia en su educación es la integración y el aprendizaje social porque “hacen actividades en aulas con alumnos que no son de educación especial para aprender a desenvolverse en distintos contextos, salen de la escuela en actividades de la vida cotidiana para aprender a interactuar. Todo esto es muy, muy importante para ellos, no lo pueden perder”. Los padres de Martín no quieren volver a la situación del confinamiento, cuando desde el colegio les enviaron actividades individualizadas y hubo muy buena voluntad, pero se sintieron impotentes por la imposibilidad de conciliar las necesidades de Martín con las de toda la familia. “Ponemos todo de nuestra parte para que vaya al colegio, para Martín es importante recibir sus clases, da igual que repita o no, para él lo que pierde es irreversible. Entendemos que es difícil organizarse pero no pueden dejar a estos niños y niñas en casa, quizás les puedan agrupar por necesidades específicas. Entendemos que no todas las familias tienen estas necesidades, las hay que son más flexibles y pueden atender las actividades académicas de sus hijos en sus casas”.

La solución: más espacios, más personal

Para CGT Enseñanza, la solución pasa por que las distintas administraciones trabajaran de manera conjunta habilitando espacios públicos para poder garantizar esa seguridad, como polideportivos o bibliotecas. “Lo importante es impartir una enseñanza presencial pero segura. Pero es que no hay espacios, hay que invertir en espacios. Por ejemplo, no hay espacios con sombra en los patios escolares. El 90% de las escuelas andaluzas no tienen espacios sombreados, está todo expuesto al sol. Si tuviéramos esas zonas sombreadas, podríamos salir fuera. Y en el caso de centros con patios pequeños se podrían buscar otras zonas al aire libre para acondicionarlas para poder dar clase. En Andalucía, con este clima, podríamos impartir clases al aire libre al menos hasta noviembre, donde el riesgo de contagio es menor, y podríamos mantener la distancia. A estas alturas, podríamos tener una lista de espacios posibles, pero la Junta de Andalucía no ha previsto nada de esto porque hay un precedente de falta de espacio, una trayectoria de aglomeración en los centros educativos, que, cuando pasa algo así, estalla”, declaran desde el sindicato. Después, mejorar infraestructuras y construir nuevos centros, contratar más profesorado y personal de administración y servicios (especialmente de limpieza) para garantizar unas medidas mínimas de prevención y control de la pandemia. “La falta de recursos para una escolarización segura le va a salir muy cara a toda Andalucía en vidas, salud, gastos sanitarios, negocios”, consideran en CGT.

Sin embargo, advierten que, estando las cosas como están, si la Consejería solo hace una chapuza, pronto se generará una situación en la educación presencial tal que el alumnado tendrá que volver a las casas. “Han comprado muchas tablets para decir que no dejan a nadie sin educación. Eso es lo único que van a hacer”, añaden. Es por este motivo que han convocado una huelga en la que exige a la Consejería de Educación que se garantice la enseñanza presencial segura y que se asegure una inversión en la educación pública o “muchos hogares cerrarán su persiana”.