Editorial
Un pasaporte clasista

En julio de 2020, Isabel Díaz Ayuso propuso un “pasaporte inmunológico” para que las personas que certificaran haber pasado la enfermedad, y estuvieran temporalmente inmunizadas, viajarán libremente. Las críticas no se hicieron esperar: “irresponsabilidad” —fetiche del “progrerío” institucional— fue la más repetida.

Salvador Illa dijo entonces que la OMS no lo contemplaba y que, por tanto, el gobierno de coalición tampoco. Vanesa Lillo, portavoz de sanidad de Podemos en la Comunidad de Madrid, afirmó que el pasaporte no respondía a ningún criterio científico.  Aquella rotundidad choca con la actual reclamación por parte del Gobierno de Coalición de un “Pasaporte de vacunación”, homologable a nivel europeo, y que debería estar operativo para junio, a más tardar. Acompañan esta petición “irresponsable” los gobiernos de Grecia e Italia, también dependientes del turismo. Ya no se habla de la posible discriminación de unos ciudadanos europeos sobre otros, ni de los riesgos sanitarios —de los que alerta, igual que en julio, la OMS—.

Pero la lógica que ha operado en la gestión política de la pandemia no ha sido nunca sanitaria, sino mercantil y colonial. En la geopolítica y en los flujos económicos de la economía europea, las provincias española o vasca son receptoras netas de un turismo con poder adquisitivo medio. Es decir, son máquinas de producir burbujas inmobiliarias, de desahucios y de depredación medioambiental. Y esto es así aunque, en el apartado de humoradas locales, el PNV haya asegurado que agilizará el pasaporte de vacunación con una “perspectiva sanitaria, y no turística”.

¿Qué queda fuera de este debate, pretendidamente ético, en torno al pasaporte? La distribución de la riqueza. El pasaporte de vacunación aumentará los privilegios de la ciudadanía de los países más ricos del planeta. Esos mismos que han acaparado el 90% de las vacunas y que ni siquiera han sido capaces de crear un mecanismo de distribución equilibrado en Europa. De ahí que la ineficaz compra mancomunada haya mostrado, tan burdamente, la enésima transferencia de capital público a manos privadas.

A escala estatal, conocemos bien las cifras de la mentira que sostiene el paradigma del acceso universal a la movilidad turística: el 40% de la población no puede permitirse unas vacaciones de una semana fuera de su ciudad. A ese sector pertenecen las personas que padecen la brecha digital —la mayoría de las 600.000 personas que no ha podido acceder al Ingreso Mínimo Vital han quedado atrapadas en la madeja burocrática de internet—, y dado que, a día de hoy, el documento va a ser exclusivamente informático... la libertad, la privacidad y la equidad del pasaporte de vacunación no son para ellas, como tampoco lo son para los millones de seres humanos del sur global que arriesgan sus vidas para entrar a la fortaleza europea.

No es un pasaporte con vocación universal, gratuita e igualitaria, sino un salvoconducto para garantizar los privilegios de las clases medias turísticas.